La perspectiva de las mujeres en el debate constituyente1

 

Katia Uriona G.2

 

Hace dos años más de 25.000 mujeres articularon redes, sueños, compromisos y desafíos para lograr que el nuevo pacto social para la construcción del país sea inclusivo. Las mujeres estuvieron presentes en la historia, al igual que sus demandas, recuperadas en el nuevo texto constitucional.

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Cuestionamiento a las estructuras del Estado boliviano

Los procesos sociales instaurados en la última década en el país cuestionan las diferentes formas de discriminación y exclusión generadas por el Estado y sus estructuras sociales, económicas, políticas y culturales.

La pobreza, el agotamiento del modelo económico, el deterioro de la calidad de vida así como la debilidad del sistema democrático representativo para generar inclusión social, con escasos niveles de democratización en la toma de decisiones y los espacios de representación;  la falta de reconocimiento de la diversidad y pluralidad cultural del país y la  falta de reconocimiento y  oportunidades para el ejercicio de los derechos de las mujeres, los indígenas, los originarios y los campesinos, definieron la movilización de importantes actores sociales indígenas campesinos y urbanos en la búsqueda de la necesaria transformación del Estado.

La transformación del Estado se constituye en un desafío planteado por los movimientos sociales, inicialmente en 2002, a través de la marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas, luego  la “guerra del agua” y los hechos de octubre de 2003. Estas movilizaciones impulsaron la convocatoria e instalación de la Asamblea Constituyente, en agosto de 2006. En este escenario, y en el caso de diferentes expresiones y organizaciones de mujeres, articuladas como Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia, se define un posicionamiento político respecto a cinco elementos que han definido la estructuración del Estado boliviano³:

Un Estado colonial que ha generado la subordinación y exclusión de pueblos y naciones considerados como inferiores por el orden dominante de un grupo o elite que ha impuesto sus visiones de vida, sus instituciones y sus normas, planteando una homogenización que no reconoce la diversidad, las diferencias ni las especificidades. “Hay una relación de dominación entre diferentes modelos de organización social y uno de ellos, el que corresponde a la sociedad culturalmente vinculada a occidente, es el hegemónico y se activa sobre los demás, es decir, sobre los pobladores ‘originarios’ de territorios que fueron ocupados por fuerzas coloniales y que hoy luchan por su autodeterminación. En ese sentido, la contradicción se da entre diferentes formas de vida, una de las cuales apunta al Estado colonial y la otra a la Comunidad local, cada uno con su historia y sus valores propios, incluidos los que conciernen a las relaciones entre hombres y mujeres, explicables en sí mismos y con argumentos propios, al margen de toda valoración universal”(Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia, 2005).

Un Estado capitalista desde el cual se establecieronmodos de producción, propiedad privada y tenencia de la tierra,  basados en la explotación y la división del trabajo, generando así una división entre ricos y pobres. 

A partir de 1985 se implementó el modelo neoliberal. El mercado es el regulador de las relaciones sociales y, por lo tanto, de los derechos ciudadanos. El Estado pasó a ser privatizado en su organización económica y social, y esto ocasionó la masificación de desocupados, el  deterioro de la mano de obra, la informalización, el individualismo, el debilitamiento de las organizaciones obreras y sindicales tradicionales, etc. “El contexto de la des-socialización laboral, la fragmentación política y la naturalización de las relaciones sociales implicó un proceso de agudización de las condiciones de subordinación de las mujeres más pobres, poco integradas al esquema estatal-nacional post 52 o expulsadas de los pactos que este supuso en el ámbito laboral y de los cuales ellas participaron indirectamente”(Idem., 2005).  Las mujeres se vieron obligadas a ingresar al mercado laboral en condiciones precarias y de subsistencia.

Un Estado centralista comoforma de gobierno que ha generado un desarrollo desigual de las regiones, los municipios y las comunidades, sin criterios de redistribución y equidad, expresado también en la ausencia del Estado en todo el territorio nacional.

Un Estado patriarcal queestablece un sistema de relaciones de poder desde el cual se discrimina, subordina y excluye a las mujeres. Las mujeres enfrentan las más altas tasas de mortalidad,  menor acceso a la educación, mayores índices de violencia, menores oportunidades de acceso al trabajo y  a la producción, a los servicios básicos y a la vivienda; menor acceso a la tierra y a la participación en los espacios de decisión. La mayoría de las mujeres no cuenta con seguro médico ni jubilación.

El invariable esquema patriarcal se asienta en una forma de dominación reaparecida y naturalizada  en mujeres que se han convertido en las proveedoras de la subsistencia familiar, produciéndose la sobreexplotación de género. Se otorga a las mujeres un rol protagónico en las esferas de la sociabilidad primaria (familia, comunidad) al emularlas como los espacios “propios” y “naturales” de la feminidad, reforzando la postergación de  sus aspiraciones políticas por la igualdad, para pasar a depender  de las regulaciones establecidas por el libre mercado y la re-actualización de las costumbres en las que se sostiene la subordinación e inferiorización naturalizada de género.

Estado confesional. Bolivia es un país de múltiples expresiones espirituales y religiosas,  sin embargo define a su Estado como católico, existiendo una relación e influencia directa de la  doctrina religiosa sobre las decisiones políticas del Estado y su marco normativo. Las políticas públicas, en muchos casos, han sido influenciadas por la Iglesia, limitando de manera particular el ejercicio de los derechos de las mujeres.

Estos elementos, referidos a las estructuras del Estado, marcarán el análisis y el proceso que el  Movimiento de Mujeres impulsó hacia la Asamblea Constituyente, planteándose de manera contundente que las mujeres debíamos ser parte de un nuevo  pacto social, desde el cual se  visibilice la diversidad de un país plural, de hombres y mujeres de diversas pertenencias étnicas, culturales y sociales.  Un nuevo pacto que promueva mayor justicia social, eliminación de la discriminación, la  exclusión y la subordinación.

A partir de ello, se plantea como desafío para la Asamblea Constituyente revertir la sistemática exclusión  de la cual ha sido objeto la mayor parte de la población, especialmente las mujeres, los indígenas, campesinos y originarios. La construcción de un consenso social sobre  una nueva práctica política y democrática, la redistribución en el plano económico y  la igualdad real, desde el reconocimiento de la pluralidad y las especificidades de las mujeres y los hombres en el país.

La construcción de una propuesta diversa, integradora y plural

Miles de rostros  y voces de mujeres, hace más de dos años, articulamos redes, sueños, compromisos y desafíos para que el nuevo pacto social  y la construcción del país sean inclusivos de  todas las mujeres y hombres.

Diferentes espacios de discusión, reconocimiento  y reflexión, empezaron a tejer una mirada del país y a visibilizar un debate que desde nuestras particularidades definió mandatos hacia la Asamblea Constituyente.

Más de 25.000 mujeres diversas: indígenas, campesinas, originarias, afro descendientes, colonizadoras, trabajadoras del hogar, trabajadoras por cuenta propia y del sector informal, profesionales; mujeres del norte amazónico, mineras, agricultoras, vecinas, sindicalistas, obreras, cooperativistas, feministas; mujeres del campo y la ciudades de los 9 departamentos que hoy somos  parte del proceso constituyente, nos dimos la tarea de plantear las bases de discusión desde 170 municipios y más de 400 espacios de encuentro.

En medio de lo que sembramos, se realizó el Encuentro Nacional de Mujeres, con representantes de 22 organizaciones sociales y del Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia. Allí se elaboró una agenda traducida en el documento “Consensos de las mujeres  del país hacia la Asamblea Constituyente” y se dejó sentada la consolidación de múltiples expectativas y expresiones de las mujeres bolivianas.

Las voces de las mujeres, hoy como ayer, con la multiplicidad que representa el ser mujer en una sociedad como la nuestra, visibilizaron no sólo esa incontenible fuerza que acompaña el cuestionamiento al poder constituido; las mujeres también interpelaron el modelo estatal que, cambiante en su forma, ha mantenido, recreado y reproducido las peores formas de dominación: la discriminación en razón de género, la subalternización colonial, la dominación y la explotación.

En este sentido, se ha planteado que el nuevo Estado sea construido sobre los principios de redistribución económica, redistribución del poder y la toma de decisiones; redistribución de los beneficios, contemplando realidades étnicas, sociales, culturales y de género; reconocimiento de los principios de equidad y acción positiva, la igualdad y no discriminación; reconocimiento de derechos específicos, la democratización y reconocimiento del valor del trabajo doméstico; la homologación de derechos y el lenguaje no sexista, que tengan como base un Estado laico.

Los mandatos centrales expresados  en el debate constituyente

Ser parte del proceso constituyente ha significado no sólo el debate y  ejercicio plural y democrático para la construcción  y generación de  propuestas  y consensos  entre las mujeres, sino también una relación e interlocución permanente con las y los asambleístas, quienes encaran la difícil tarea de representar los mandatos de las mujeres y hombres en el país, desde una nueva práctica política transparente e inclusiva.

Es por ello que un debate expresado por mujeres diversas a lo largo del país debe encontrar su correlato en lo que será la  formulación del nuevo texto constitucional, representativo de las diferentes expresiones de movimientos sociales y ciudadanos que han enunciado sus propuestas para la constitución de un país con justicia, equidad, igualdad e inclusión. 

En este marco, las propuestas para alcanzar la  equidad de género y el ejercicio de los derechos de las mujeres,  que han sido incluidas en los informes de las comisiones y que deberán traducirse en la aprobación del nuevo texto constitucional, son principalmente las siguientes:

• Equidad de género y redistribución para avanzar en la igualdad y la justicia social, reduciendo o compensando las brechas que impiden el ejercicio y goce de los derechos de las mujeres.
• Prohibición y sanción de toda forma de discriminación para luchar contra las desigualdades e injusticias de género, expresadas en relaciones discriminatorias y de poder entre hombres y mujeres, y de éstas en los ámbitos familiares, organizativos, comunitarios y socioculturales. La discriminación no sólo debe ser prohibida, además se deben establecer leyes que determinen sanciones efectivas para quienes la cometan.
• Representación y participación política: paridad y alternancia, que garantizará la incorporación del 50% de mujeres  en todos los espacios de la gestión pública nacional y en los niveles departamental, municipal, indígena y  comunitario, no sólo por constituir la mitad de la población, sino también porque los principios de equidad y no discriminación deben traducirse de manera concreta en mecanismos que hagan efectivo este derecho.
• Estado laico, libertad de conciencia, espiritualidad, religión y culto. El Estado laico no elimina a ninguna iglesia o credo. Lo que se pretende es la separación Iglesia - Estado, y que el Estado no asuma posición respecto a ninguna confesión religiosa específica como condición indispensable para que sea posible adoptar  leyes y políticas públicas necesarias y pertinentes para garantizar a las mujeres y los hombres el ejercicio de sus derechos. El Estado no puede estar supeditado a ninguna doctrina religiosa.
• Tratados, pactos y convenciones internacionales. Elevar estos instrumentos internacionales, ratificados por el Estado boliviano, a rango Constitucional, permitirá que pueda exigirse de manera más efectiva su cumplimiento  a través del sistema de justicia.
• • Derecho a la vida. Se plantea la aprobación del derecho a la vida como un concepto amplio, sin restringirlo únicamente a la reproducción. Esto significa garantizar los medios para que toda la población cuente con las condiciones y  garantías necesarias para alcanzar una vida digna, el rechazo a la pena de muerte, así como la protección a la integridad física, psicológica y sexual de cada persona. 
• Derecho a una vida libre de violencia.  Su inclusión en la Constitución permitirá que esta problemática vivida por la mayoría de las mujeres salga de los hogares,  y sea asumida como un tema público y político, por lo cual el Estado debe ser responsable de garantizar los mecanismos para su prevención, erradicación y sanción. 
• Ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Se avanzará en la generación de mecanismos para  que estos derechos dejen de ser privilegio de quienes tengan recursos; se garantizará que mujeres y hombres, sin discriminación, tengan la libertad de tomar decisiones sobre sus cuerpos, cuenten con información, con métodos de planificación familiar, de su vida sexual y reproductiva; que los cuerpos de las mujeres, jóvenes, adolescentes, niñas  y niños no sean más  objeto de maltrato, violencia, violaciones y abusos.
• Tenencia, herencia y titularidad de la tierra. Se garantizará el acceso equitativo de hombres y mujeres a la tierra, priorizando la participación de la mujer en los procesos de saneamiento, así como la aplicación de medidas redistributivas para beneficiar a los sectores que más las necesitan.
• Derecho a una maternidad segura. Responde a la necesidad de evitar la muerte de cientos de mujeres, que por no contar con acceso y prestaciones de salud adecuadas pierden la vida. Se pretende que los servicios, a través de la seguridad social, sean universales y sin discriminación, pues la mayoría de las mujeres en el país no ven protegido este derecho por no pertenecer a un sistema de seguridad social.
• Prueba de paternidad. Se exige que en los procesos de Declaración Judicial de Paternidad, sea el demandado quien asuma la carga de la prueba para excluir su paternidad. Hasta ahora esta es una responsabilidad que ha recaído sobre las mujeres.
• Igualdad de derechos y obligaciones de los cónyuges en la familia. Se impulsa el reconocimiento de la igualdad de derechos y obligaciones de los cónyuges, tomando en cuenta que las obligaciones han recaído mayoritariamente sobre las espaldas de las mujeres. Esta situación deberá ser la base para la democratización de las relaciones de dominación al interior de las familias.
• Trabajo digno, sin discriminación y con igual salario. Se promueve la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, garantizando idéntica remuneración que al hombre por trabajo de igual valor, sin ninguna discriminación por estado civil, embarazo, edad, número de hijos u otros, tanto en el ámbito público como en  el privado; así mismo, la titularidad de los medios de producción, créditos y tecnología.
• Reconocimiento del valor económico del trabajo del hogar y reproductivo. Se busca reconocer el valor que tiene el trabajo reproductivo al interior de los hogares y, además, hacerlo visible; también reconocer su aporte a las cuentas nacionales, su  costo del mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo, y la adopción de medidas específicas destinadas a garantizar la democratización del trabajo doméstico.
• Educación con equidad de género, sin diferencia de roles y sin violencia. Promueve una educación no sexista, donde no se privilegien los derechos de los hombres, y se promuevan valores que ayuden a la construcción de una sociedad sin violencia.
• Asistencia y protección del Estado durante el embarazo y después del parto (Seguridad social).  La protección de la maternidad debe ser un derecho establecido para todas las mujeres bolivianas, de lo contrario las prácticas de exclusión y desprotección de las mujeres, en la mayoría de los casos de mujeres rurales y/o de escasos recursos, seguirán reproduciéndose cotidianamente.
• Prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género. A partir de su inclusión en la CPE, el Estado deberá adoptar políticas y mecanismos para la prevención, sanción y erradicación, de la violencia de género, transformando las relaciones de poder y los roles establecidos que tienen como víctimas a miles de mujeres.
• Lenguaje no sexista. Se  debe incorporar en la redacción de la nueva Constitución un lenguaje no sexista, visibilizando a hombres y mujeres como partes constitutivas de nuestra sociedad.

La  construcción de la nueva historia de Bolivia ya no puede ser posible sin tomar en cuenta a la mayoría de la población. Las mujeres no sólo representamos el 50% de la población boliviana, sino que hemos planteado una propuesta emancipatoria que permitirá trasformar el Estado, sus instituciones y las relaciones que desde lo público y lo privado deben eliminar aquel ejercicio de poder que oprime, que excluye y que impide que las mujeres seamos también protagonistas visibles del desarrollo del país.

Múltiples actores y movimientos sociales han desarrollado procesos similares, al igual que las mujeres bolivianas. Adoptaron el compromiso con un proceso constituyente que incluya a protagonistas de carne y hueso, que sea capaz de articular debates  y propuestas en lo que esperamos sea  una evolución irreversible de inclusión y democratización.

Más allá de los resultados, las mujeres realzamos la posibilidad de superar nuestras diferencias y tejer y creer juntas en un mejor futuro, basadas en todo aquello que articulamos y por lo que peleamos en este tránsito histórico. La diversidad y las diferencias fueron los elementos centrales para enriquecer y democratizar el debate. Diferentes visiones fueron expresadas, y una propuesta de cambio consensuada e inclusiva fue construida; fuimos capaces de establecer acuerdos y consensos que aporten a la construcción de un nuevo país.

Ningún cambio es posible sin incorporar las voces, miradas, propuestas y reivindicaciones de las mujeres; por ello, desde todos los espacios, vigilamos que nuestros mandatos no sean alterados, eliminados, disminuidos o ignorados como comúnmente se ha hecho bajo lógicas patriarcales y colonialistas. La deuda histórica con los pueblos indígenas y las mujeres no puede seguir pendiente.

El proceso y el resultado

En diciembre de 2007, luego de un largo camino de encuentros y desencuentros, la Asamblea Constituyente aprueba en grande, detalle y revisión, la propuesta de nueva Constitución Política del Estado. La nueva Constitución recoge ampliamente las demandas que, durante tres años, impulsó el Movimiento Mujeres Presentes en la Historia, en alianza con organizaciones de mujeres del país.

En un balance inicial, podemos evaluar dos resultados tangibles:

1. La construcción de un espacio de fortalecimiento de diferentes expresiones del movimiento de mujeres a nivel nacional, en base a una agenda consensuada  que recoge la diversidad, y se potencia desde la articulación y una acción política colectiva e inclusiva, aportando con imaginarios de transformación para el país y en relación al ejercicio de nuestros derechos.
2. La inclusión efectiva de género y los derechos de las mujeres en los diferentes apartados de la propuesta del nuevo texto constitucional.

Si bien se dice que las transformaciones en leyes suelen ser más rápidas que los cambios de mentalidad, la visión de un país con mayor equidad, construida con el aporte de  miles de mujeres,  nos ubica ante la demanda clara de que un verdadero proceso de cambio no puede quedar al margen de la modificación de las relaciones inequitativas entre mujeres y hombres.

Las transformaciones propuestas no sólo apuntan a cambios simbólicos, sino también a modificaciones profundas en las instituciones. De esta manera se recogen y ratifican las competencias de los actores institucionales (estatales, municipales y regionales) en la tarea de promover políticas públicas sensibles al género.

Por otra parte, se reconocen los derechos específicos de las mujeres con rango constitucional, abriendo enormes posibilidades para transformar efectivamente nuestra sociedad, cambiar las relaciones de inequidad, las instituciones y aportar a la modificación de patrones socioculturales en las relaciones inequitativas de poder que generan desigualdad, discriminación y exclusión.

La incorporación de los principios de equidad e igualdad en el texto, que se expresan en diferentes articulados, permitirá intervenir en las situaciones de desigualdad e inequidad de mujeres para proponer transformaciones culturales, políticas, económicas y sociales que garanticen la eliminación de las formas tradicionales de subordinación y discriminación desde una visión que aborde, de manera efectiva, las perspectivas de etnia, clase y género.

Esto se traduce en el reconocimiento de los derechos a una vida libre de violencia, a la participación política; los derechos sexuales  reproductivos, el derecho a  la maternidad segura; la valoración del trabajo doméstico; derechos laborales de las mujeres; énfasis en la permanencia en la escuela como parte del derecho a la educación que cuestione la tradicional asignación de roles, entre otros.

Los aportes de la nueva Constitución en términos de equidad de género pueden evidenciarse con claridad en la prohibición de toda forma de discriminación, por la que el Estado se obliga a buscar mecanismos de sanción a las expresiones de este tipo; así como en la utilización del lenguaje no sexista, que simbólicamente tiene la potencialidad de transformar los imaginarios socioculturales, visibilizando la presencia y aporte de las mujeres en los procesos de desarrollo de nuestro país.

El proceso desarrollado y las propuestas recogidas en la nueva Constitución han enriquecido nuestras miradas. Las mujeres nos reconocemos muchas y diferentes, con intereses diversos y distintos, pero con la posibilidad de construir puentes que nos acerquen y nos unan. Del mismo modo, se presentan nuevos desafíos, orientados a lograr que la propuesta trascienda el texto escrito y se traduzca en verdaderas oportunidades para edificar una sociedad más justa y equitativa.

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BIBLIOGRAFÍA

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2007 Consensos de las mujeres del país. Documento de trabajo.

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2006 Propuestas de las mujeres hacia la Asamblea Constituyente. Documentos de Trabajo. Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia. Coordinadora de la         Mujer, AMUPEI, Plataforma de la Mujer, Foro Político Nacional de Mujeres. La  Paz: Coordinadora de la Mujer.

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2005  Módulos de formación. Documento de Trabajo. Coordinadora de la Mujer. La Paz: Coordinadora de la Mujer.

Salazar, Cecilia

2006 Entramados. Crítica y reflexión feminista. Género, etnia y clase. La Paz: Coordinadora de la Mujer.

 

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NOTAS

1   Este artículo recoge elementos del proceso y la reflexión desarrollados por el Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia.

2   Katia Uriona G. es comunicadora social, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer. Ha publicado varios artículos sobre la participación de las mujeres      en el proceso de la Asamblea Constituyente, el proceso democrático y los derechos de las mujeres.

3   Las propuestas planteadas son resultado de la discusión de mujeres indígenas, originarias, sindicalizadas, vecinas,  profesionales, de sectores y organizaciones      sociales,  tanto de espacios urbanos y rurales de los 9 departamentos, además de El Alto; a las que se sumaron 12 organizaciones matrices, y las  instancias      pertenecientes a la Coordinadora de la Mujer: AMUPEI, Foro Político, Plataforma de la Mujer. Todas bajo el denominativo de Movimiento de Mujeres Presentes      en la Historia.

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