Defensor del Pueblo

2006

 Derechos Humanos  y Acción Defensorial.

Revista especializada del Defensor del Pueblo de Bolivia. Número 1. La Paz: Defensor del Pueblo.

 

Carmen Betriz Ruiz[1]

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1. Provocaciones

Mi lectura de los artículos de la revista, particularmente los referidos a derechos indígenas, me facilitó una mirada a dos tensiones que en estos días en nuestro país están en primer plano: las visiones y prácticas de las institucionalidades estatales y las ciudadanías diferenciadas. ¿Qué Estado queremos en Bolivia según cómo nos ubicamos o reconocemos como ciudadanos/as?

En el país hay sobre esto un intenso debate, a veces solapado y otras veces explícito. Algunos se refieren al tema como el resultado de una construcción de “imaginarios”, aludiendo al ámbito de la representación simbólica que parte de perspectivas étnico culturales; mientras otros le llaman construcciones sociales, aludiendo a un carácter más práctico, tangible y concreto de la forma en que determinadas visiones se convierten en realidades.

Siguiendo las líneas de algunos artículos de la revista, hay aspectos que parecen ser, si no comprensiones más aceptadas, al menos planteamientos reconocidos en el debate, como la necesidad de la reconstrucción de los pactos sociales a partir de un nuevo tipo de relaciones de justicia que incluyen la perspectiva territorial, es decir lo local, departamental y nacional.

En directa relación con este punto ya nadie se “corta la venas” porque se hable de la posibilidad de autonomías indígenas (territoriales); o del imperativo de visualizar un futuro de país que se plantee la construcción intercultural de ciudadanía como desafío democrático, puesto que las estrategias de homogenización cultural fracasaron estruendosamente y son permanentemente interpeladas por los sujetos sociales; o que cuando se habla de forma extrapolada, casi excluyente, de derechos individuales y colectivos, se está incurriendo en un dilema falso, engañoso.

Pero, si estos son los puntos de partida para el debate actual, ¿dónde están sus desafíos inmediatos? Probablemente en ver todos y cada uno de estos puntos, los planteados en el primer número de la revista, los emergentes de la veta generosa de la experiencia cotidiana de la Defensoría y las elucubraciones de todos/as los articulistas, en un doble carril: el de lo jurídico/normativo y el de la política, entendida como disputa y construcción de poderes.

A manera de ejemplo:

• Tensión entre las autonomías indígenas y las institucionalidades estatales. ¿Cómo va a encarar la demanda de autonomías territoriales indígenas, en la práctica de la “realidad real”, este Estado débil, pensado y construido desde la homogeneidad? O cuando más no es suficiente, como parece mostrar el camino de la Asamblea Constituyente, ¿reformas constitucionales? Sí, pero más. ¿Acuerdos políticos? Sí, pero insuficiente  (Gilberto López y Rivas en: “Las autonomías de los pueblos indios en México”).
• Interpelaciones internas respecto a derechos indígenas. Gene-ralmente las interpelaciones culturales y políticas. ¿Qué pasa cuando son desde adentro, de sus propios sujetos autoreconocidos, como lo que plantean mujeres indígenas respecto a su posición y condición en sus propias comunidades y en el interior de un discurso democratizado, que no debe quedarse fuera de casa, sino que entra en ella, con derechos propios? (María Teresa Sierra en: “Las mujeres indígenas y sus derechos: retos de una justicia plural”).
• ¿Es posible trasladar la perspectiva plurinacional de la sociedad boliviana a una idea y práctica de Estado? El debate sobre el mestizaje que aparece hoy por hoy como una búsqueda/reafirmación de lugar para los que no nos autoidentificamos indígenas es un debate eminentemente político, no racial ni étnico. ¿Nos ofrece salidas para los nuevos pactos? (George Gray Molina en: “El Estado del interculturalismo”).

2. Perfil general de la revista

El Defensor del Pueblo de Bolivia ha producido y puesto en circulación el primer número de su revista semestral Derechos Humanos y Acción Defensorial, que nace con la promesa de producir y difundir dos números al año, y el propósito expreso de contribuir a la literatura de derechos humanos como un instrumento que, a su vez, fortalezca la promoción de estos, teniendo en cuenta que se trata de un mandato institucional que la Defensoría del Pueblo ha incluido desde el inicio de su corta pero intensa historia, de una manera especialmente dedicada.

La revista cuenta con una estructura que incluye tres     secciones: Posiciones, Avances y Retrocesos y Desenlaces, cada una de ellas con su propia intencionalidad, siempre en el marco del mandato institucional del Defensor del Pueblo, que es promover y defender los derechos humanos de la población boliviana.

Con las tres secciones la revista se propone perfilar un panorama integral de la perspectiva teórica y metodológica de la relación intrínseca entre acción defensorial y derechos humanos, prefigurada desde su propio nombre.

¿Con quiénes intenta dialogar la Defensoría del Pueblo desde y con las páginas de su revista? Parece que la perspectiva integral y el abanico amplio de articulistas con que fue concebida la publicación apunta a múltiples lectores, con sus diversos intereses, ya que quienes quieran una visión decantada de la práctica defensorial podrán encontrarla en la segunda y tercera sección, mientras que quienes quieran ir específicamente a la teoría podrán iniciar la lectura desde la primera sección. Obviamente, ni los intereses ni los recorridos no son excluyentes.

3. Menú del primer número

En la primera sección, denominada “Posiciones”, encontramos artículos de corte académico sobre distintos temas de derechos humanos. En este caso la sección se dedica a derechos indígenas. Esta sección incluye ocho artículos, que tocan diversas perspectivas de los derechos indígenas, recorriendo dos sentidos distintos a partir de la visión de derechos: la relación entre derechos indígenas, de-mocracia, ciudadanía y construcción estatal y propiamente la reflexión sobre derechos.

Al primer sentido aportan el ensayo sobre la posibilidad de un Estado Intercultural (George Gray Molina); una aproximación a la experiencia de autonomía de pueblos indígenas en México (Gilberto López Rivas); democracia y ciudadanía en la experiencia de los movimientos indígenas en Bolivia (Diego Iturralde) y la relación entre gestión de recursos naturales y territorialidad indígena (Carlos Romero Bonifaz). 

Al segundo aportan los   artículos sobre justicia indígena (Idon Moisés Chivi Vargas, en: “Justicia indígena y jurisdicción constitucional”), derechos a la tierra y el territorio (Arturo Villanueva en: “Derechos indígenas a la tierra y el territorio: Un lustro de luchas, conflictos y demandas. 2000-2005” perspectiva de los derechos de las mujeres indígenas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los Pueblos Indí-genas (Isabel Madariaga).

En la sección “Avances y retrocesos” encontramos descripción y análisis críticos de decisiones judiciales, normas, leyes o prácticas que reflejan, como el nombre de la sección indica, logros, obstáculos y desafíos para la vigencia de los derechos humanos. En este número hay cuatro artículos: uno sobre derechos de los refugiados en el derecho internacional (Juan Ignacio Mondelli en: “Los estándares internacionales de protección y el nuevo decreto supremo sobre refugiados: avances y retrocesos en el nuevo marco normativo interno”); uno sobre la tipificación de los crímenes internacionales en Bolivia (Salvador Martín Herencia Carrasco); el tercero es sobre un caso y el Sistema Impugnatorio Procesal Penal Boliviano (Pedro Calisaya); y el cuarto, analiza las restricciones de acceso a la justicia constitucional en nuestro país a través de una aguda mirada crítica a ciertas sentencias y normas internas del Tribunal Constitucional boliviano (Guido Ibarguen, quien también es el editor responsable de la revista, en: “Restricciones de acceso a la justicia constitucional”).

En la sección “Desenlaces” se nos ofrece un reflejo del trabajo defensorial sistematizado a partir de la práctica concreta y cotidiana de la institución. De este modo podemos seguir, casi paso a paso, el vía crucis del ciudadano colombiano Pacho Cortés, cuyos derechos fueron conculcados, según la perspectiva defensorial, por la Comisión Nacional del Refugiado, instancia que, paradójicamente, debería haberlos protegido; la tenaz y valiente lucha del ciudadano Alfredo Díaz para defender y hacer prevalecer su convicción religiosa y ética de no realizar el Servicio Militar; y la denodada búsqueda de justicia de la familia de los hermanos Ticona, detenidos, torturados y uno de ellos desaparecido, como parte  —y víctimas— de una de las negras páginas de nuestra historia. 

¿A qué aluden estos títulos? ¿Se trata de historia negra, épica; son documentales de sexo y violencia, son argumentos de teatro o telenovelas? No, simple y sencillamente son historias humanas, las de cada día, las que las personas construimos en el desafío cotidiano de vivir mejor. Son las historias que el equipo del Defensor del Pueblo escucha, devela, confronta y muchas veces resuelve en un trabajo silencioso del cual, contradictoriamente, suele hacerse público lo más complicado y dramático. Porque en este recinto, como en el cine, los finales felices no voltean taquilla.

Y, sin embargo, son esas historia menudas, a veces solitarias, generalmente producto de la tenacidad de seres humanos excepcionales que nunca saldrán en los periódicos, las que alimentan la veta documental de la acción defensorial. Amparados en el potencial de esa veta, los colaboradores y el editor de la revista ofrecen a las y los lectores un diálogo abierto y plural, que, como todo diálogo, no es ingenuo ni está exento de provocaciones y confrontaciones.

Se pueden entrever confrontaciones en ese diálogo porque así como se nota una vocación pluralista, se nota también una, bienvenida, intención provocadora. Y seguro que no van a faltar respuestas, bienvenidas también. En esta línea veo el artículo sobre las restricciones de acceso a la protección constitucional, la descripción del proceso de Pacho Cortés y el alegato, ya que en definitiva lo es, por la inclusión del recurso a la objeción de conciencia.  

Pues bienvenidas provocaciones y respuestas porque son parte de un verdadero diálogo, que, de darse, estaría cumpliendo con el clásico, aunque esquemático círculo de la comunicación humana: emisión, mensaje/medio y recepción. Mal haría la Defensoría del Pueblo pensando que la revista es un documento que se publica y entrega al público sin esperar respuestas, como quien tira una botella al mar; al contrario, creo que, sin inocencia alguna, se están preparando para las reacciones que ésta tendrá, y las vendrán, de frente y de perfil.

4. Invitación  al diálogo

Hasta ahora, la práctica de los derechos humanos en nuestro país ha sido esencialmente “reinvindicacionista”, pegada a la realidad y, aunque es cierto que ésta es injusta, muchas veces cruel. No se trata de historias entre ángeles y demonios, sino de seres de carne y hueso… y el ciudadano víctima de una violación de sus derechos puede ser también el responsable de la afectación de derechos de otros.

Esperamos que los números futuros de la revista incursionen en esas contradicciones, para que quienes dialoguen/confronten con el Defensor no sean sólo instituciones, o personas representando instituciones, sino también ciudadanos y ciudadanas desde su vivencia concreta y práctica del ejercicio y garantía de derechos.

Relacionada con esta reflexión, el Defensor del Pueblo puede seguir analizando y recuperando su práctica cotidiana de promoción y defensa de los derechos humanos de la población boliviana para aportar al debate político sobre la construcción intercultural de ciudadanía como un desafío democrático. Ya es hora de que la idea de los derechos humanos deje ser una evocación de “los izquierdos humanos” para ser comprendidos y utilizados en el ejercicio pleno de ciudadanía democrática.

Mauricio Bayro Corrochano. El po’chaso (2006)

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 [1] Comunicadora y Magister en Ciencias Sociales. Actualmente dirige el proyecto de promoción y apoyo al proceso constituyente, “Apostamos por Bolivia”.