SECCIÓN I

DOSSIER TEMÁTICO Y DIÁLOGO

INTRODUCCIÓN

Reforma del Estado: procesos, proyectos e identidades

Fernando Mayorga[1]

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Vivimos una fase de transición. La crisis del orden estatal que se configuró a mediados de los ochenta en torno a una política económica que privilegió el mercado, en desmedro del Estado, y a la “democracia pactada” como ejercicio del poder político, con base en  la formación de coaliciones parlamentarias y de gobierno, exige encarar desafíos de rediseño institucional  que, al dar forma estatal a una nueva relación entre política, economía, cultura y sociedad, profundice las transformaciones políticas acaecidas desde octubre de 2003. La Asamblea Constitu-yente es el escenario de debate de esos cambios, pero es necesario concebirla como la continuidad de un proceso y —si las cosas llegan a buen término— como un momento de inicio del esbozo legal de una nueva configuración estatal que deberá enfrentar los retos de su legitimidad. Es preciso poner de relieve el carácter procesual de la reforma estatal porque las respuestas a la crisis están en curso —por lo menos desde la reforma constitucional de febrero de 2004 y con énfasis a partir de la victoria electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones generales de diciembre de 2005, y con la realización simultánea del referéndum autonómico y de las elecciones para la Asamblea Constituyente— y no dependen del debate constituyente, aunque sus conclusiones serán decisivas respecto a su derrotero.

Este proceso de transición es resultado de una interpelación general al Estado en sus diversas facetas e involucra distintas divisiones o fracturas sociales, entre las que sobresalen el clivaje étnico y el clivaje regional,  que se enlazan con las nuevas pautas de relación entre Estado y mercado que ponen en vigencia, de nueva cuenta, el irresuelto asunto de la cuestión nacional.  Por eso el contenido de la reforma está matizado de nacionalismo, indigenismo y autonomías.

El Estado está modificando su rol como factor de integración y coordinación, y esta nueva orientación empezó a delinearse con el decreto de nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006 que continúa y profundiza la política definida en el referéndum vinculante de julio de 2004 y la nueva Ley de Hidrocarburos de mayo del año pasado. Si en este caso sobresale el retorno de una ideología nacionalista que se orienta a la recuperación del protagonismo estatal en la economía —en una suerte de revival a la matriz estado-céntrica del pasado— comporta rasgos específicos que se traducen en el establecimiento de nuevas pautas de vinculación con las empresas petroleras, cuyas inversiones no fueron objeto de confiscación ni expropiación. Tendencia que se repite en relación a la minería y a otros recursos estratégicos, y establece un patrón de conducta que debe, a mi juicio, apuntalar el cariz de la reforma estatal en este ámbito.

Lo cierto es que el nacionalismo ha retornado al centro de la discursividad política después de varias décadas y se expresa como soberanía estatal frente a las empresas extranjeras en relación a la propiedad y la gestión de los recursos naturales. Este eje discursivo es fundamental para explicar el apoyo electoral al MAS y su actual capacidad política, puesto que el nacionalismo es una de las ideologías con mayor capacidad de interpelación y opera como una suerte de sentido común que se expresa en la antinomia nación versus antinación, “espacios” que son ocupados por distintos actores en diversos períodos de la historia con un sentido progresista, esto es, nacionalismo revolucionario. Para el nacionalismo revolucionario, el pueblo y  el Estado representaban a la nación, mientras la antinación era el imperialismo y la oligarquía, y esa fue la visión dominante en Bolivia desde los albores de la “revolución nacional” de 1952 que retorna a comienzos del siglo XXI pero con nuevas características. El nacionalismo desplegado desde el gobierno y articulado al proyecto político del MAS tiene como protagonistas centrales a actores políticos y movimientos sociales de raigambre campesina e indígena y, en esa medida, comporta una respuesta al clivaje étnico cultural. El discurso del MAS recupera los códigos del nacionalismo revolucionario, sin embargo, el sujeto de la “revolución democrática y cultural” no es “el pueblo” como alianza de clases y sectores sociales sino un conglomerado de identidades y movimientos sociales con predominio de lo étnico   —“los pueblos indígenas”— que son interpelados como sujetos de un proyecto de reconfiguración de la comunidad política que ya no es concebida como “una nación” sino una articulación de “naciones originarias”, como un Estado plurinacional en alguna de sus proposiciones, que pone en evidencia la radicalidad de la interpelación al orden estatal. Por ello el énfasis en la inclusión social y el predominio político de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y las alusiones a los 500 años de “colonialismo interno” en el discurso gubernamental que, sin embargo, se combina con la recuperación de la memoria nacionalista del siglo pasado y la necesidad de un Estado “fuerte”. Y por ello la tensión entre “reforma del Estado” y “refundación del país”, y también la coexistencia, en el discurso del partido de gobierno, de una visión nacional-popular e intercultural y una visión indigenista y multiculturalista.

Es evidente que los contornos que adquirirá el nuevo Estado no se limitan a estas dos facetas sino que exigen la resolución del clivaje regional que se manifiesta en la centralidad que ha asumido la demanda de descentralización política. Esta demanda se traduce en el debate en torno al régimen de autonomías que, después de los resultados del referéndum de julio de 2006 y la postura del MAS, convertido en la principal fuerza política en la Asamblea Constituyente, no se limita a la reivindicación de las autonomías departamentales, sino que incorpora nuevos componentes como las autonomías indígenas. 

Si estas son las problemáticas de la transición estatal, el sustrato político es la democracia. Una democracia sometida, en los últimos años, a transformaciones en cuanto a reglas, actores y rasgos del proceso decisional político mediante la incorporación de instituciones de democracia semidirecta y la ampliación de la competencia electoral a fuerzas no partidistas. Cambios institucionales que se combinan con la emergencia y el predominio de nuevas demandas e identidades en la discursividad política que orientan el debate constituyente. El desafío central es enlazar la reforma estatal con la profundización de la democracia a partir de conciliar las demandas de cambio en un proyecto nacional-popular con capacidad de integración social de las demandas e identidades, bajo criterios de ciudadanía inclusiva y con capacidad de integración sistémica de las diversas esferas de la sociedad en un orden estatal sustentado en la descentralización política, la soberanía nacional y la interculturalidad.

A partir de estos criterios, realicé, a mediados de septiembre y bajo el cálido clima de Santa Cruz de la Sierra, entrevistas a destacados intelectuales que abordaron el tema de la reforma del Estado. El resultado, por un lado, es un diálogo con Fernando Calderón, sociólogo e investigador nacido en Charagua, que  desde su labor intelectual en diversas entidades en Argentina, Chile y Bolivia ha contribuido con importantes ideas a la comprensión de los procesos socio-políticos del país y de la región latinoamericana. Por otro lado, presento una conversación entre George Gray Molina, actual coordinador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD-Bolivia, José Mirtenbaum, librepensador que oficia en la actualidad como director de la carrera de Sociología de la UAGRM, y Carlos Valverde, agudo comunicador que ha revitalizado el espacio mediático con su programa Sin Letra Chica que se emite en la red PAT.

Con Fernando Calderón la mirada sobre el cambio político en América Latina adquiere otra connotación, a partir de los matices que resalta al incidir en la existencia de una diversidad de respuestas a la crisis del proyecto implementado en el marco del Consenso de Washington, y al agotamiento de los patrones de funcionamiento de la democracia centrada en los partidos políticos y en una ciudadanía de baja intensidad. Una mirada aguda que, en una perspectiva comparada de los procesos sociales y políticos en nuestro continente, insiste en la necesidad de reconocer la continuidad histórica para encontrar las claves del decurso de los proyectos de cambio en la región. Reacciones más que proyectos y  que no presentan un carácter homogéneo y exigen de la política no solamente apego a la historia sino capacidad constructiva en la búsqueda de una articulación entre reforma social y reforma institucional para fortalecer la democracia, convertida en el referente del accionar de los actores estratégicos y sus proyectos de futuro que deben, sin embargo, asumir una necesaria postura pluralista. El pluralismo democrático debe ser el correlato político al ejercicio de una ciudadanía compleja que marca la conducta de nuestras sociedades.

De manera complementaria, su reflexión apunta a un aspecto escasamente presente en el debate boliviano actual, me refiero a los desafíos de la inserción de nuestros países en la globalización bajo nuevos parámetros, considerando que la globalización es un elemento determinante en la definición del curso de un proceso de cambio caracterizado por el “retorno” del Estado. Acostumbrados a una lectura endógena y a desdeñar las influencias del contexto internacional, las reflexiones de Fernando Calderón invitan a pensar en la necesaria congruencia entre las transformaciones locales y la dinámica de la globalización.

Desde diversas perspectivas y con una inevitable valoración de la conducta gubernamental y los contornos del proyecto político que esgrime el MAS, Valverde, Mirtenbaum y Gray dialogan de manera específica en torno a la reforma del Estado en nuestro país. Y aunque sus lecturas apuntan a la necesidad de un fortalecimiento del Estado, las críticas advierten sobre las falencias en la capacidad de gestión estatal. También los matices se manifiestan cuando se relativiza la necesidad —o el grado— de influencia del cambio constitucional, o cuando se enfatiza en la capacidad de transformación política en democracia, que debe dar paso a la atención de aspectos institucionales para atender, precisamente, las demandas de una gestión estatal eficiente. O bien cuando se plantea relativizar la noción de crisis de las formas estatales del pasado que, en los hechos, no fueron tales si se analizan —con apego a la historia— las modalidades concretas de existencia del Estado en su materialización como aparato gubernamental. 

Al margen de estas miradas específicas, en todos existe una valoración de la democracia como un referente ineludible para pensar las reformas del Estado que, como en el caso de las autonomías, son concebidas bajo la idea de democracia descentralizada.  Al lector le corresponde juzgar si son pertinentes estas pistas de lectura; nosotros cumplimos con la tarea de propiciar un encuentro que proporcionó ideas sustantivas para reflexionar críticamente sobre los avatares del proceso de transición estatal y los temas de la reforma constitucional.

Si en las entrevistas se prestó atención a la dinámica latinoamericana y mundial en la que se inscribe el proceso de reforma estatal, y se abordaron sus diversas facetas —economía, política, gestión pública—, aparece otro aspecto que ocupa  una atención creciente en el debate boliviano y que está referido al tema de las identidades sociales. Existen posiciones que apelan a metadiscursos  —como aquel del “Estado plurinacional”— para caracterizar a la sociedad y transformar la institucionalidad estatal con base en identidades étnicas, así como reelaboraciones del nacionalismo revolucionario para recuperar el mestizaje como referente identitario y pensar lo nacional sin negar los rasgos pluriculturales y multiétnicos de la sociedad, o bien, apelaciones normativas a la ciudadanía como sistema de derechos y sentido de pertenencia a una comunidad sin prestar atención a la diversidad social. Si estos son algunos de los criterios predominantes en el ámbito académico y la discursividad política —cuyas fronteras, lamentablemente, son muy tenues en desmedro del debate intelectual que tiende a ser absorbido por posturas  ideológicas—, las percepciones sociales, el sentido común y la puesta en escena mediática al respecto denotan la vigencia de prejuicios y creencias que se traducen en discriminación y exclusión del “otro”. Retomando aquella distinción que establece Ortega y Gasset entre “ideas” y “creencias”, se relativiza la presunción de que las visiones que tenemos racionalmente definen nuestro comportamiento cotidiano; porque ideas “tenemos” pero “somos” creencias, y estas determinan nuestros actos. Algo similar planteó René Zavaleta al realizar la distinción entre “juicios” y “prejuicios”, porque podemos esgrimir valores democráticos —tolerancia, igualdad— pero actuar en sentido contrario, porque los prejuicios   —no los juicios— nos constituyen como sujetos.

Este breve recorrido sirve para señalar que, de manera análoga, es preciso reflexionar en torno a la identidad en términos relacionales, esto es, como proceso de producción de sentido y no meramente como un resultado, menos como un sentido cosificado. Por ello, tal vez resulte más apropiado hablar de “identidades” en plural, y no solamente por exigencias metodológicas a la hora de abordar esta problemática sino para evitar caer en esta subjetivación de la “diferencia” que impele a definirnos —y a definir a todos y todas las demás— bajo un único molde identitario, reduciendo la riqueza de sentidos que  caracteriza la vida de una sociedad, y la propia individual de hombres y mujeres, aquí y en todas partes.

Dos lecturas sugerentes sobre este tema conforman una suerte de Dossier Temático que indaga en torno a las identidades de cholo y mestizo.  Con una mirada histórica, y no sin interpelar la orientación del debate actual en torno a las identidades que no indagan acerca de sus nexos y resignificaciones, Ximena Soruco se refiere  a la disociación de los términos mestizo y cholo que, desde el siglo pasado, termina por propiciar un orden discursivo, vigente hasta nuestros días, que excluye a los cholos de una valoración positiva y refuerza las apelaciones a las identidades étnicas. Por su parte, a partir de comparar los datos e interpretaciones de tres estudios empíricos que desde diversas ópticas indagan sobre las autoidentificaciones y las identidades sociales, Moira Zuazo señala que la identidad mestiza permitiría conciliar las raíces indígenas y la pertenencia a la comunidad nacional como mundos de vida de los individuos.

Si el debate sobre la reforma del Estado apunta a los aspectos deficitarios de la institucionalidad democrática, prestando atención a la legitimidad, la representatividad, la participación y la eficacia decisional, la discusión sobre las identidades sociales comporta no solamente desafíos institucionales —que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de derechos—  sino la pertinencia de las caracterizaciones e interpretaciones de una sociedad en proceso de cambio.  Esta doble faceta del debate es presentada a los lectores de T’inkazos mediante un par de diálogos y dos textos que apuntan a esclarecer los contornos de un tema —el de la reforma estatal— que se enriquece y amplía a la par que se complejiza produciendo más preguntas que respuestas.

 

Mauricio Bayro Corrochano. Doblado devaluado. 2do premio de Dibujo del Salón Nacional de Arte (1987)

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 [1]  Sociólogo, doctor en Ciencias Políticas e investigador. Director invitado del número 21 de T’inkazos.

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