1. Cuerpos subversivos en los márgenes de la historia. Acerca de la violencia estructural del Estado hacia las personas trans

En el sur global, y específicamente en América Latina, las experiencias, demandas, e intereses de la población travesti, trans se han articulado en la esfera pública por medio de diversas estrategias en los últimos treinta años, desde la negociación de figuras del sufrimiento y la desprotección, pasando por artilugios de celebración y escándalo, y finalmente llegando a la politización de la vida callejera, el trabajo sexual, y la afirmación de las disidencias sexo-genéricas.

En 2012, se sancionó la Ley de Identidad de Género y el INDEC junto al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, desarrollaron la Primera Encuesta sobre Población Trans, que incluyó no sólo a travestis, transexuales y mujeres trans, sino también a hombres trans ^{(INDEC, 2012;Rueda y Serbia, 2014)}.

Cabe mencionar que la posibilidad de acudir al sistema judicial para denunciar violaciones a sus derechos encuentra las mismas barreras que en otros ámbitos (discriminación, prejuicios transfóbicos, violencia institucional). Esto es clave, teniendo en cuenta que muchas personas trans no saben cuáles son sus derechos y/o cómo defenderlos. Ya con la Ley de Identidad de Género, el Estado y distintas organizaciones del colectivo LGTBIQ+ desarrollaron material educativo y de capacitación relacionados específicamente a este tema ^{(Maffia, 2008;Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 2015)}.

Activistas trans buscaron, bajo el lema "Reconocer es reparar", la visibilización por parte del Estado de la violencia institucional que sufrieron las personas del colectivo trans y travesti; especialmente, aquellos/as/es que fueron detenidos/as/es ilegalmente mediante edictos policiales vigentes hasta 1995. En 2006, Diana Conti -exdiputada por el Frente para la Victoria- junto a diputados y diputadas del Frente de Izquierda presentó en un primer proyecto de ley la necesidad de una pensión graciable a personas víctimas de la violencia institucional por identidad de género, una demanda de distintas agrupaciones LGTBIQ+, con Lohana Berkins y Marlene Wayar como propulsoras de la iniciativa.

Con el paso de los años, los proyectos de ley que buscaban esta reparación histórica se caían. De hecho, durante 2023 se presentaron tres proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación; si bien todos corresponden a diputadas pertenecientes al Frente de Todos, cada una de ellas lo hizo de manera separada: uno fue presentado por Mara Brawer, otro por Mónica Macha y otro por Gabriela Estevez. El objetivo era lograr que la reparación histórica para personas mayores travestis y trans fuese ley en 2023, acto que no sucedió.

Con la Pensión reparatoria para personas mayores travestis y trans se pretendía reconocer la vulneración de derechos humanos que sufrió este colectivo y, a través de esta medida, garantizar una vejez digna, al integrar a estas personas al sistema de seguridad social y así poderles garantizar la percepción de una pensión similar a la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM). Un dato relevante para mencionar es que se pretendía que la reparación histórica estuviese vigente desde su sanción hasta un periodo de diez años, con posibilidad de prórroga en caso de que el Poder Ejecutivo lo considerara necesario. En Santa Fe, provincia del Noroeste de Argentina, hubo dos antecedentes de esta iniciativa. El primero fue en 2018, cuando once mujeres trans de Rosario y ocho de la Ciudad de Santa Fe accedieron a la pensión que se les otorga a víctimas de la dictadura, mediante la Ley Provincial 13.298; ésta determina el pago de una pensión a todas aquellas personas que garanticen haber sido privadas de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. En esta provincia, a partir de la sanción de esa ley, se les otorgó una pensión a todos/as aquellos/as que fueron presos/ as durante la última dictadura cívico-militar. Pero, hasta 2018, no había sido incluido el colectivo travesti-trans. Esto, a pesar de que la identidad de género fue un factor político castigado y reprimido, ya que el colectivo LGTBIQ+ iba en contra de lo que el gobierno de facto defendía con su ideal de sociedad cimentado sobre el trinomio Dios, Patria y Familia.

El segundo antecedente se remite al 24 de noviembre de 2023, cuando se sancionó la ley 14.220 -la autora del proyecto fue la diputada provincial Matilde Bruera-, mediante la que se reconocía la violencia institucional que sufrieron las mujeres trans y travestis por parte de las fuerzas de seguridad. Lo característico de esta medida fue el lapso que pretendía abarcar: el periodo correspondiente al 10 de diciembre de 1983 -restauración de la democracia en Argentina- al 10 de junio de 2010 -momento en el que se derogaron los códigos convencionales que penalizaban a la prostitución y al travestismo-.

Con esta medida se estableció el otorgamiento de un haber mensual no contributivo -vitalicio- a personas trans-travestis que acreditasen haber sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos de su identidad de género; además, un punto clave es que se estableció la imprescriptibilidad del derecho a ser beneficiario/a/e. Las personas que deseasen acceder a esta pensión debían acreditar un registro de detenciones mediante un documento expedido por la autoridad judicial correspondiente, los datos prontuariales presentes en la Policía de la provincia de Santa Fe, documentos que se encuentren en el Archivo General del Servicio Penitenciario, artículos periodísticos certificados en los que se especifiquen las privaciones de libertad, al igual que aquellos documentos que se encuentren en el Archivo Provincial de la Memoria. También se solicitaron informes sobre el tratamiento psicofísico realizado que certifique lo padecido y se debía acreditar que el domicilio del damnificado/ a/e durante las detenciones fue la provincia de Santa Fe. Un aspecto clave es que todo el material presentado -con el resguardo de las identidades de las víctimas- fue agregado al Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe.

2. Reconocer es reparar. Aspectos teóricos y metodológicos

En base a lo expuesto en el apartado anterior, es preciso traer a colación que quienes deconstruyen la categoría transgénero resisten la tendencia de que ésta se aplique como una categoría de género diferente al binomio mujer-hombre ^{(Stryker, Currah y Moore, 2008)}. En este sentido, es importante mencionar que son escasas las investigaciones sobre los discursos que se aboquen a las identidades transgénero desde el Análisis Crítico del Discurso ^{(Martínez Guzmán e Íñiguez Rueda, 2010)}; por lo general, éstas están relacionadas a análisis de contenido. A través de este trabajo, no se pretende realizar un análisis lingüístico, sino que siguiendo la línea del Análisis Crítico del Discurso se observa cómo en los dichos, lenguajes y decires se manifiesta la relación entre la discriminación, la exclusión social y la construcción de las identidades sexo-género divergentes. En este sentido, es preciso añadir que se eligió este abordaje porque se busca lograr una comprensión más acabada de cómo las prácticas discursivas nos constituyen y atraviesan. Por esto, la relevancia del género se puede observar en (durante) la construcción social y colectiva de identidades, entre las que podemos ver las dominantes y, su antítesis, las excluidas, las dominadas o subyugadas ^{(Berkins, 2013)}.

El análisis de los discursos legislativos acontecidos el 24 de mayo de 2023 pretende ahondar en la evolución de las resignificaciones del reconocimiento de los derechos de este colectivo con la posibilidad del otorgamiento en carácter vitalicio de una pensión reparatoria.

El interés de observar estos discursos, tal como lo plantea ^{Stephen Whittle (2006)}, es el de lograr una articulación de voces y saberes trans. Los que permitirán crear las condiciones, en los últimos treinta años, para reconocer y luchar contra la injusticia de la transfobia, y asumirse como trans públicamente para representar de forma fidedigna a las víctimas y sobrevivientes de la transfobia; estar a cargo de lo que cada persona trans hace con su propio cuerpo al desfamiliarizarse de la subjetividad normativa por medio del rechazo de la adscripción de género y así reclamar el transexualismo del yo.

En este sentido, se destaca que los estudios transgénero demuestran que el soma -el cuerpo como una construcción culturalmente inteligible-, y el tecne -las técnicas a través de las cuales los cuerpos se transforman y posicionan se hayan interpenetrados de forma inextricable-. Esto es clave por las décadas en las que se patologizaron y criminalizaron a las identidades trans, recorriendo transversalmente toda una cadena de exclusiones. Por ejemplo: 1) la estigmatización y banalización de las identidades trans, llevadas a cabo por los medios masivos de comunicación (al asociar unilateralmente, por ejemplo, travestismo, prostitución, escándalo y narcotráfico), 2) la posibilidad de ser víctimas de crímenes de odio transfóbico, especialmente transfemicidios y travesticidios; 3) la violencia social e institucional ejercida en múltiples escenarios y 4) la falta de un DNI que refleje la autopercepción de la persona.

Respecto a este último punto, es fundamental aclarar que esto fue antes de la sanción de la Ley de Identidad de Género en Argentina. Previo a ésta, poder acceder al cambio de nombre de nombre y sexo en el DNI implicaba un proceso judicial largo y costoso que, para que culmine con un fallo favorable, la persona debía someterse a distintos "controles" médicos y psiquiátricos que garantizasen que había una necesidad del cambio de datos, y del acceso a terapias hormonales y/u operaciones, ya que se les daba un diagnóstico patologizante: disforia de género.

Según un estudio realizado por ^{Berkins y Fernandez (2005)}, el 91% de las travestis encuestadas declaró que sufrió algún tipo de violencia y el 86% sufrió abusos policiales; los principales lugares de agresión fueron comisarías, calles, escuelas y hospitales. El 35% de las personas que participaron del estudio, expuso que abandonó la escuela por la discriminación de la que eran víctimas, el 20% especificó que no realizaba tareas remunerativas, mientras que el 80% trabaja informalmente. Un punto clave a resaltar es que el 83% de las mujeres trans y el 40% de los hombres trans del corpus que componen el estudio de ^{Berkins y Fernández (2005)} identifican a la Policía como la institución que genera más violencia y hechos de discriminación. A los fines de este artículo, nos centraremos en el cúmulo de excusiones estatales y sociales por el que atraviesan las personas transgénero.

Este dato puede ser considerado como un ejemplo de violencia estructural que recae sobre este segmento de la sociedad argentina. Estamos hablando de "un conjunto de prácticas reiteradas, sedimentadas en el tiempo y las instituciones, que sufrimos debido a nuestras identidades de género" ^{(Berkins, 2015, p.123)}. En 2012, con la sanción de la Ley de Identidad de Género, se produjeron algunos cambios positivos en cuanto al acceso a la salud, la educación, el trabajo e, incluso, al derecho a votar con un Documento Nacional de Identidad que refleje/manifieste debidamente el nombre, sexo e imagen de la persona. Este acto es clave, ya que se puede acceder a cualquier gestión de la vida cotidiana (registros, trámite de cualquier índole, entrevistas laborales, consultas médicas, etcétera). A pesar de que, a partir de 2012, se sancionaron diversas leyes que tenían como propósito mejorar la realidad de las personas del colectivo, la realidad dista de haber cambiado trascendentalmente. Hoy, sin poner en consideración la edad, etnia, condición de migrante, clase, y sólo visibilizando la identidad de género, las personas trans son uno de los sectores más transgredidos.

Uno de los ejemplos más resonantes de una "tregua" de la violencia estructural que venían sufriendo las personas trans, es el que sufrió Diana Sacayán, una representante travesti reconocida internacionalmente, quien fue asesinada en su hogar violentamente. Los dos sospechosos de su asesinato fueron procesados como coautores del "homicidio de una mujer mediando violencia de género-feminicidio". Ésta fue la primera vez que se empleó esa figura legal para identificar el asesinato de una mujer trans. En este sentido, el ^{Ministerio Público Fiscal (2016)} especificó con una resolución judicial que se "reconoce expresamente que la violencia contra personas LGBTIQ+ es un fenómeno estructural vinculado a la existencia de patrones culturales de discriminación, subordinación y marginación por razones de género" (p. 5). El hecho que el homicidio de Diana Sacayán haya sido caratulado como feminicidio simboliza, paradójicamente, el resultado de las luchas militantes de este colectivo trans. Es clave mencionar el hecho irrefutable que la expectativa de vida promedio de estos/as/es ciudadanos/as/es es de 35 años; es decir, menos de la mitad de la de cualquier argentino/a cisgénero ^{(Berkins, 2015)}.

Si se realiza una breve genealogía de la lucha por la adquisición de los derechos de las personas trans, indefectiblemente se debe mencionar -y subrayar- a Maricas Unidas Argentinas, una agrupación que tenía como propósito ayudar económicamente a las "maricas" que se encontraban en la Cárcel de Devoto ^{(Malva, 2010)}. Asimismo, se debe hacer referencia a Brigitte Gambini, la primera mujer trans registrada como exiliada por "razones de persecución sexual" en 1982 ^{(Rapisardi y Modarelli, 2001)}.

Cabe mencionar que, aunque no existan registros y/o relatos activistas sobre este sector antes de la década del '90, eso no es señal de que antes de este momento no hayan existido personas trans que se movilizaron políticamente -ya sea individual o colectivamente-. En este sentido, se puede inferir que, en Argentina, a principios del siglo XX, las condiciones de criminalización de las travestis les imposibilitaron la organización y creación de sus propios canales de difusión de información sobre la realidad que vivían en ese momento, algo que sí hicieron algunos grupos militantes de otros países (Fernández, 2004). Ante lo dicho, se puede observar que toda aproximación histórica a la constitución de los/as/es su¡etos/as/es políticos/as/es trans en Argentina, debe hacerse en términos de lo no dicho, lo no narrado. Esto como resultado de las operaciones de invisibilización de las personas trans por las distintas instituciones sociales y estatales (Rueda, 2013). Es esta la violencia institucional sobre la que el colectivo de personas trans reclama la reparación histórica. De hecho, en el país ya hay un antecedente de haber reconocido esta violencia y un intento para "reparar" y reconocer el daño realizado.

La necesidad de realizar este análisis está relacionada con visibilizar los discursos de una población silenciada. Muchos de los grandes relatos de la modernidad no sólo establecieron modelos socioculturales de aceptabilidad, como el ciudadano varón, heterosexual, cisgénero, esposo, patrón, autónomo, blanco-burgués, sino que también promovieron formas específicas de concebir e idealizar las diferencias socioculturales y materiales. Resulta curioso que, en contextos de pretendida y aparente libertad de expresión, en los que se consolidaron conceptos esenciales relacionados con la igualdad de las personas, así como sus derechos y prerrogativas para participar en la vida social y en la esfera democrática, hay valiosos relatos que operan de manera subyacente.

3. Cuerpos subversivos. Descripción del corpus del estudio

El ejercicio de la identidad autopercibida es una acción política. El reconocimiento de todos los crímenes y castigos ejercidos por odio contra las personas que se identifican con subjetividades sexo-genéricas disidentes resultan ser una brecha más entre los avances formales y la sustancia de los procesos de ciudadanización. Cuando se habla de género también se debe hacer alusión a las dinámicas que las relaciones sociales dominantes le imponen a las personas y que se les asignan como propias.

A los fines de este paper, se resalta que la organización jerárquica del ámbito sexual hace referencia al orden patriarcal a nivel institucional, interpersonal e, incluso, subjetiva. En este caso, se pretende resaltar dos operatorias sociales que se pueden identificar en la sociabilidad; por un lado, la identificación de personas como pertenecientes a una jerarquía de privilegios y desventajas (el ser mujer o varón -o autopercibirse como uno u otra-). Por el otro, observar cómo la perpetuación sociocultural de desigualdades materiales entre individuos privilegiados y desfavorecidos (la persistencia de roles, obligaciones y expectativas que configuran la vida diaria y organizacional de hombres y mujeres) es inherente a la estructura social. El sistema patriarcal, dada su naturaleza social, está intrínsecamente ligado a otras formas de dominación y explotación que modelan la estructura social. En este sentido, la posición social de las mujeres trans, en toda su complejidad y diversidad, se ve afectada y entrelazada por otras dinámicas de poder y estratificación, como la etnicidad, la raza, la clase social, las prácticas sexuales, la nacionalidad, el estatus legal y la capacidad.

Debido a las características del corpus, se optó por hacer un Análisis Crítico del Discurso con una mirada desde las epistemologías de la despatriarcalización. De manera sintética, y sin restar importancia a las marcadas diferencias y similitudes entre las distintas corrientes y críticas feministas, se considera factible clasificar las epistemologías de despatriarcalización siguiendo la siguiente exposición. La clasificación se basa en cuatro criterios fundamentales: el agente de la lucha feminista, los objetivos que promueven, las barreras que reconocen o pasan por alto, y el contexto histórico en el que adquieren mayor relevancia y su impacto en las políticas contemporáneas.

Se considera, entonces, que es relevante realizar una identificación de las representaciones de la identidad de género en los discursos legislativos acontecidos el 24 de mayo de 2023, con los que se reclamó por una Ley de Reparación Histórica para la población travesti- trans que vio vulnerados sus derechos. El corpus de este estudio está compuesto por los decires de Alba Rueda (representante de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores), Agustina Ponce (subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad) y Marlene Wayar (activista travesti, directora de la Asociación Civil Futuro Trans y psicóloga social). Estos discursos fueron examinados en relación con sus implicancias sobre la identidad de género, la discriminación estructural y las demandas de reparación.

Como se mencionó, en consonancia a las características del corpus, se realizó un Análisis Crítico del Discurso con una mirada desde las epistemologías de la despatriarcalización. Este marco, que se vincula directamente con los feminismos decoloniales y las críticas al patriarcado, se centra en cuestionar las estructuras de poder que sostienen el sistema patriarcal y colonial que oprime, invisibiliza y excluye a sujetos no normativos, como las personas trans y travestis. Cabe mencionar que las epistemologías de la despatriarcalización son un enfoque crítico que surge desde los feminismos latinoamericanos, especialmente los de corriente indígenas y decoloniales, que buscan desafiar la hegemonía patriarcal no sólo desde una perspectiva de género, sino también desde la intersección de colonialismo, raza, clase y género (Lugones, 2005, 2008).

En el marco del análisis legislativo y el debate sobre los derechos de las personas trans y travestis, este enfoque permite desentrañar cómo las identidades sexo-genéricas divergentes han sido históricamente subordinadas por el binarismo de género y la norma cisgénero que refuerza el patriarcado y la colonialidad. Se optó por hacer el ACD desde una mirada de las epistemologías despatriarcalizantes, ya que se consideró a este enfoque acorde en el análisis del debate sobre la Ley de Reparación Histórica, ya que permite comprender cómo las identidades trans y travestis han sido excluidas, no sólo en términos sociales y políticos, sino también epistemológicamente. Estas identidades se sitúan fuera del binario hegemónico, lo que las convierte en cuerpos subversivos que desafían la lógica patriarcal. Desde esta perspectiva, el cuerpo se concibe no sólo como un objeto de control patriarcal, sino también como un espacio de resistencia y agencia. En el caso de las personas trans y travestis, sus cuerpos han sido históricamente criminalizados y patologizados. Las epistemologías de la despatriarcalización permitieron analizar cómo, a través de la autodeterminación del cuerpo y la identidad, estas personas desafían la normatividad impuesta por el patriarcado y el Estado.

En el análisis del debate legislativo, las epistemologías de la despatriarcalización permiten comprender que la discriminación hacia las personas trans y travestis no es únicamente por su identidad de género, sino que está atravesada por otras dimensiones como la pobreza, la exclusión racial y el acceso desigual a derechos. Esto es fundamental para entender cómo las demandas de reparación histórica no sólo buscan una compensación económica, sino también el reconocimiento integral de estas múltiples formas de opresión.

4. A hierro y fuego aprendió a jugar. Representaciones de la identidad de género

5. Reflexiones

En estas breves implicaturas analizadas destaca la exclusión de las personas transgénero, la criminalización y patologización que tanto la sociedad como el Estado han impuesto a este colectivo basándose en su identidad de género, como consecuencia de la arraigada estructura patriarcal y del binarismo de género. Se evidencia así la formación de una cadena de exclusiones que sistemáticamente priva a este grupo de derechos fundamentales.

Como se desprende de las implicaturas seleccionadas, a excepción de casos aislados, el Estado argentino no ha priorizado la recopilación de información sobre las experiencias vividas por esta parte de la población, lo que resulta en la ausencia de datos oficiales que permitan un análisis más detallado de esta problemática. El giro hacia políticas de identidad minoritaria que enfatizan lo subjetivo y las diferencias ha tenido repercusiones institucionales en América Latina, manifestándose principalmente a partir de las reformas constitucionales en la década de 1990, posterior al periodo dictatorial. Los proyectos nacionales han promovido niveles más profundos de reflexión, desafiando la exclusión histórica de comunidades y subjetividades que previamente habían sido consideradas marginales en los procesos de ciudadanización y desarrollo. Estas reformas constitucionales han generado un doble movimiento: en primer lugar, comunidades antes menospreciadas por la Nación, desde las personas con identidades sexuales no normativas, hasta los pueblos indígenas, afrodescendientes, grupos feministas, han logrado mayor visibilidad cultural y política; en segundo lugar, estas comunidades han reconstruido, de manera contingente, sus propias narrativas de identidad y representación.

Durante décadas, se ha buscado precisamente desacreditar la idea de que la categoría o identidad de mujer trans o travesti pueda ser politizada hasta el punto de denunciar la existencia de un sistema patriarcal. Nótese que se plantea que es posible ser "mujer"; sin embargo, se castiga social y culturalmente a aquellas mujeres que utilizan su identidad de género para señalar que las mujeres constituyen una clase excluida y oprimida. El lenguaje androcéntrico busca subestimar el valor político de la identidad de mujer al negar su capacidad para explicar las injusticias y jerarquías derivadas del sistema patriarcal.

Los fragmentos analizados en este paper, en el contexto en el que se divulgaron, permitieron dar cuenta que la visibilización de situaciones opresivas no son suficientes para avanzar en la lucha contra todas las formas de violencia institucional. Estas mujeres establecieron conexiones entre la experiencia corporal y las identidades sociales, politizando así un puente entre experiencias corporales situadas.

Hay un punto clave que no se puede expresar por escrito en este análisis en cuanto a los silencios en los discursos recabados. Lohana Berkins habla de la indeterminación de los puntos suspensivos -entendidos como silencios, pausas-, pero vistos como una enunciación del yo soy. Es preciso recordar que "decir "yo soy" es bien revulsivo, revolucionario, feminista. Y que además puedo enunciarlo con puntos suspensivos, no es estático ni predeterminado. Es una expresión que me puede seguir transportando, transformando... espero que con la alegría que nace de la rebeldía, que libera de presiones y mandatos culturales" (Berkins, 2009).

El propósito específico de este estudio consistió en exponer, examinar y analizar las representaciones sociodiscursivas surgidas en el debate legislativo del proyecto de ley de reparación histórica para personas mayores travestis y trans en Argentina como herramientas de reconocimiento a partir de la creación de la Pensión Reparatoria para Personas Mayores Travestis y Trans de la cual serían posibles beneficiarios/as. De este modo, lo que se realizó fue analizar las representaciones de la identidad de género en relación con los factores de exclusión, violencia y omisión que han afectado a este colectivo a lo largo de décadas. Los diversos discursos analizados (se han seleccionado fragmentos breves debido a las limitaciones del estudio) han dejado en evidencia que la demanda de una reparación histórica no es más que un intento de mitigar las heridas y contrarrestar las persecuciones policiales sufridas por las personas trans debido a su identidad no cisgénero.

Este segmento de la sociedad ha sido vulnerado en todos los aspectos, tanto moral, física como espiritualmente, además de haber sufrido la violación de sus derechos y la privación de su ciudadanía. Como se desprende de las representaciones analizadas, la identidad de género, entendida como diferencia y cambio, se encuentra intrínsecamente ligada a conceptos que implican transformación, tales como la ley, la plena ciudadanía, la visibilidad, el reconocimiento, la inclusión y la igualdad.

Las distintas representaciones sociodiscursivas empleadas para describir la violencia sistemática contra la comunidad travesti trans implica una revalorización crítica de cómo se entienden y catalogan estos actos en el ámbito de los derechos humanos. Los discursos emitidos por estas activistas desafiaron la percepción de que las violencias sufridas son meramente incidentales o individuales. En cambio, se inscriben dentro de un patrón sistemático de opresión, que busca la eliminación de identidades que amenazan el orden normativo. Las implicaturas aquí se instalaron en que la memoria histórica y el reconocimiento no pueden ser desasociados de las demandas contemporáneas de justicia; ambos deben entrelazarse para desmantelar estructuras de violencia y construir un futuro inclusivo.

Los discursos de Wayar, Rueda y Ponce no sólo criticaron al Estado por su papel en la perpetuación de estas injusticias, sino que simultáneamente lo llama a asumir la responsabilidad de la reparación. Este punto resuena en la literatura académica sobre justicia transicional, que sugiere que el reconocimiento del sufrimiento pasado es una condición previa para la reconciliación y el progreso social. Las implicaturas que surgen de este llamado incluyen la necesidad de políticas concretas que no solo reconozcan la violencia sufrida, sino que también actúen para reparar a las víctimas.

Finalmente, la llamada a la acción que se desprende de los discursos implica una visión de un futuro donde las identidades travestis y trans no solo sean reconocidas, sino también celebradas. Se hace evidente que la lucha por la justicia social es a la vez un esfuerzo por construir una sociedad más equitativa y accesible para todos. La implicatura aquí es que la justicia no es un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual se pueden fomentar relaciones sociales más justas y humanas.