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Punto Cero

versão On-line ISSN 1815-0276

Punto Cero vol.21 no.33 Cochabamba dez. 2016

 

ARTÍCULO CIENTÍFICO

 

LA CONTINUIDAD DEL RÉGIMEN MEDIÁTICO HÍBRIDO EN BOLIVIA

 

THE CONTINUITY OF THE HYBRID MEDIA REGIME IN BOLIVIA

 

 

Andreas Hetzer

Es politólogo con énfasis en relaciones internacionales y comunicación política. Actualmente trabaja como profesor invitado en el Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Hizo un doctorado en Ciencias Políticas y un máster en Comunicación Social, Universidad de Siegen, Alemania. Es de nacionalidad alemana.
andreas.hetzer@posteo.de

El autor declara no tener conflicto de interés alguno con la Revista Punto Cero.

Recepción: 17/09/2016
Devolución pares ciegos: 28/11/2016

 

 


RESUMEN:

A más tardar desde finales de los años 90 del siglo pasado, en las Políticas Comparadas, se impuso el punto de vista de que los regímenes políticos híbridos se constituyen en la forma más frecuente de la organización política en diferentes países del mundo. De acuerdo con estas conclusiones, el presente trabajo parte del hecho, que la transferencia del concepto de los regímenes híbridos puede ser fructífero de la misma manera para el análisis del régimen mediático boliviano. Aplicando una evaluación cualitativa de cinco criterios básicos (control por el estado, violencia, efectividad de normas jurídicas, independencia política/económica, integración), se caracteriza el régimen mediático boliviano desde 1982, como híbrido que permanece relativamente constante bajo el gobierno de Morales. Si bien es cierto que después de la toma de posesión de Morales había mejoras en el marco de la regulación y en la consolidación de la infraestructura mediática, el régimen mediático debe ser caracterizado como dependiente de las intervenciones políticas y económicas; y excluyente con las zonas grises en la legislación de los medios de comunicación. La heurística de análisis de regímenes mediáticos propuesta en este artículo tiene el potencial de realizar debates de la sociedad civil con respecto a la democratización del régimen mediático existente, de acuerdo con el modelo y consenso socialmente deseable.

Palabras clave: régimen político; régimen mediático; híbrido; transición


Abstract

At the latest since the 1990s, in Comparative Politics the view has prevailed that hybrid regimes are the most common form of political organization in different countries all over the world. In accordance with this conclusion, the present work is based on the assumption that the application of the concept of hybrid regimes can be equally fruitful for the analysis of the Bolivian media regime. Based on the qualitative analysis of five basic criteria (state control, violence, rule of law, political and economic independence, integration), the Bolivian media regime since 1982 can be characterized as hybrid which remains relatively stable under the current government of Morales. Although there can be seen some improvements in the media regulation and consolidation of media infrastructure after Morales took up office in 2006, the media regime continues to depend on the political and economic intervention; and is still exclusionary with blind spots in media legislation. The heuristic for the analysis of media regimes suggested in this article may be useful for civil society debates about the democratization of the existing media regime according to the model and consensus of public interest.

Keywords: political regime; media regime, hybrid; transition


 

 

1. Introducción

Aunque en 1982 se presentó un cambio en el régimen político, al pasar de ser un régimen autoritario a un nuevo orden de gobierno, éste no resultó en una perfección de la democracia. La transición más bien desembocó en un régimen político híbrido el cual se estabilizó con los años y el cual continúa influyendo a manera de legado histórico-estructural de la constelación política. Luego de la agitación social que se presentó a comienzos del año 2000 y de la paulatina toma del poder del Movimiento al Socialismo (MAS) a partir del 2006, Bolivia ingresó a una nueva "fase de transición que se extendió por años" (Jost 2012:1), por cuya configuración están luchando diversas fuerzas sociales. Por lo tanto, para Bolivia se debe entender "la transición a la democracia como un inacabado proceso contradictorio, progresivamente retardado, que tomará más tiempo" (Zinecker 2007: 1070). A pesar de la alta dinámica del campo político y mediático durante el transcurso de la coyuntura política desde el año 2000 (Cf. Torrico 2007), deseo señalar la persistencia de las estructuras mediáticas (Cf. Rockwell/Janus 2003:7). En el siguiente artículo parto del hecho que los reconocimientos de la transición de la investigación política pueden ser fructíferos para el análisis de los regímenes mediáticos, y deseo proponer una caracterización del régimen mediático boliviano como híbrido, el cual también puede permanecer relativamente constante bajo el gobierno de Morales (y seguramente más allá del mismo). El valor agregado científico de tal descripción consiste en entender las dependencias del camino y las pre configuraciones del régimen mediático como restricciones estructurales, con el fin de comprender mejor las posibilidades de acción y reglas del juego del campo mediático (BOURDIEU 2005: 33).

 

2. Regímenes políticos híbridos entre democracia y autocracia

A más tardar desde finales de los años 90, en la Ciencia Política Comparada se impuso el punto de vista de que los regímenes políticos híbridos se constituyen en la forma más frecuente de la organización política (Cf. SZMOLKA 2010: 104; ROUDAKOVA 2012: 247). Los estudios de transición retomaron esa propuesta alternativa, la cual ya no se aferra a la dicotomía entre la autocracia y la democracia, es decir, de sus subtipos, sino que define un tipo de régimen independiente que une no solo elementos no democráticos sino también elementos no autoritarios (Cf. ZINECKER 2007: 1069).

Los regímenes políticos híbridos evitan el punto de vista teleológico de un "criterio de evaluación de los procesos democráticos de transición" (Arenhövel 1998: 21), puesto que no es necesario alcanzar el tipo democrático ideal y, por consideración a la realidad económica de desarrollo de los países en transición, éste ni siquiera es considerado posible. Por ejemplo, se pueden concebir unas elecciones libres y secretas y con ellas una democracia electoral las cuales, sin embargo, se lleven a cabo con base en una representación política plebiscitaria en vez de un concurso de partidos. El dominio se puede ejercer igualmente con base en el derecho disponible, cuando se gobierna mediante decretos o autorizaciones. Los funcionarios políticos pueden disponer de un acceso ilimitado a todos los campos de la sociedad porque las barreras jurídico-estatales o el control del poder horizontal se encuentran débilmente acentuados (Cf. Rüb 2002: 106). Los regímenes políticos híbridos son, por lo tanto, regímenes independientes que no recaen fácilmente en autocracias o que se convierten en democracias a corto o largo plazo. Demuestran un alto grado de estabilidad y en ningún caso representan una fase transitoria a corto plazo (Cf. VOLTMER 2012: 240).

La ventaja decisiva del concepto de regímenes híbridos consiste en que se toma en serio la doble transformación, es decir, el lado político y el lado socioeconómico del cambio. Con ello captura más que la "democracia política" y puede suministrar un modelo explicativo sobre la razón por la cual en sociedades de transición como Bolivia se puede llegar a una "coexistencia entre los procesos democráticos de decisión y la inequidad social estructurada", la cual no resulta "ni debido a defectos institucionales o tradiciones socialmente inclusivas, ni debido a una escasa participación democrática, es decir, la cultura ciudadana" (WEHR 2011: 14). Durante largo tiempo la tradición democrática liberal ha descuidado el conocimiento en cuanto a que las estructuras sociales tienen consecuencias para el modo de actuar, la adquisición de competencias y las posibilidades de acción de los individuos (Cf. BURCHARDT 2008: 50), de manera que no es posible establecer la inclusión política únicamente a través de los derechos participativos. En este aspecto, en una democracia siempre deberá posibilitarse la participación a través de derechos de acceso legalmente constituidos y de su protección institucional de tal manera que ésta se pueda utilizar "como >palanca< política para la imposición de una que pueda ser utilizada por la clase marginada para una redistribución fortalecedora, ya que éstas también tienen la posibilidad de intervenir en el proceso del mercado sin utilizar el sustituto de la >fuerza<" (ZINECKER 2007: 55). La meta normativa se limita en este concepto del desarrollo político de la democracia a poner los medios políticos a disposición de los marginados en el transcurso de la transformación doble del régimen político y socioeconómico, que les permita "imponer una redistribución socioeconómica a su favor y especialmente para la superación de la marginalidad." (íbid.)

A mi entender, la descripción de los regímenes mediáticos en países de transición puede sacar provecho del debate de transición político-científico. "El resultado consiste en sistemas híbridos mediáticos que corresponden a, y están estrechamente relacionados con los sistemas políticos dentro de los cuales operan." (VOLTMER 2012: 238) En este sentido, los medios no se deben entender solo como instituciones en forma de variables dependientes que están sometidas al mercado o a la política, sino que representan una variable independiente como actores con sus propias articulaciones que pueden ejercer influencia en otros campos dentro del espacio social (BOURDIEU 1998: 76-77). La relación del campo mediático y político durante la transición se puede comprender a la luz de estas presentaciones como "una interdependencia no equivalente" (JAKUBOWICZ 2007: 4), donde los campos individuales siempre se encuentran incorporados al régimen disponible actual. Por este motivo, es muy probable que exista una relación recíproca entre el régimen político híbrido y el régimen mediático híbrido.

 

3. El enfoque del régimen mediático híbrido para caracterizar la realidad boliviana hasta el año 2005

La siguiente propuesta puede, en mi opinión, ayudar a diferenciar entre regímenes mediáticos autocráticos, híbridos y democráticos para los diferentes segmentos de un régimen mediático, así como incluir las causas de una clasificación correspondiente por país. La especificación de los subcriterios podrá explicar más detalladamente la razón por la cual la liberalización política en Bolivia trajo consigo una apertura más no una autonomía de los medios. La descripción de los subcriterios de un régimen mediático también ayuda a comprender por qué una liberalización del mercado y la competencia provocan cambios en el campo mediático, más no una pluralización de las estructuras de propiedad o una difusión de intereses contradictorios de lo político (Cf. MONTENEGRO 2007: 18).

Los siguientes criterios básicos (de A hasta E) se pueden diferenciar y especificar brevemente para Bolivia para la clasificación de regímenes mediáticos con sus subcriterios correspondientes. Con el fin de evaluar las violaciones de los criterios básicos se han formulado subcriterios en forma de preguntas dicotómicas (Cf. ZINECKER 2004: 249).

3.1. A - (No-)Control por el Estado

(en caso de incumplimiento: régimen mediático controlado por el Estado).

•   ¿existe una supervisión planificada, sistemática de la comunicación pública?

•   ¿falta específicamente un fomento de la política económica de las infraestructuras, de manera que se impida la ampliación técnica de los medios y se dificulte/evite el acceso a contenidos mediáticos?

•   ¿la autocensura se constituye en un problema estructural de la práctica periodística diaria?

•   ¿se ha prohibido a los periodistas informar sobre cualquier tema por miedo a una represión?

•   ¿existen cierres o prohibiciones de los medios políticamente motivados?

•   ¿las directrices de las organizaciones mediáticas son determinadas por un papel cada vez más predominante de los mercados publicitarios y recipientes por parte de actores políticos o de la política personal de las organizaciones mediáticas del Ejecutivo/Legislativo?

• ¿el acceso a la profesión periodística es controlado por el estado?

La censura estatal llegó a su fin luego de la caída del régimen militar. Después de 1982 no existieron autoridades de censura o control sistemático de los contenidos mediáticos. Los cierres institucionales o prohibiciones mediáticas no volvieron a presentarse en Bolivia desde entonces. Los intentos de censura por parte de los gobiernos durante las rebeliones sociales de 2002 y 2003 con el fin de influenciar la publicación de reportes se constituyeron más bien en excepciones (Cf. TORRICO2008:32). Las encuestas a periodistas muestran igualmente que la autocensura es un fenómeno usual. Sus causas no son tanto la presión de las instituciones estatales como la naturaleza política y económica de los empresarios mediáticos. No obstante, el descubrimiento de casos de corrupción política y la autoevaluación periodística de sus organizaciones mediáticas como libres y democráticas, muestra que no están sujetas a una represión permanente (Cf. PEÑARANDA 2003). La ampliación de las infraestructuras mediáticas fue trasladada a licitantes privados, de manera que se realizaron inversiones en los campos de la telecomunicación, televisión por cable o tecnología de telefonía celular. No se puede hablar de que en Bolivia exista una prevención del fomento económico desde el derrocamiento del régimen autocrático, como por ejemplo sucede en algunos países en cuanto a la infraestructura de internet (Cf. SCHWATE/VOWE 2007: 189-190). La influencia estatal sobre la política de las organizaciones mediáticas y personal fue suspendida totalmente después de 1982 durante el proceso de la reestructuración neoliberal. Tampoco se utilizó la posibilidad de doblegar a los medios a través de la entrega de licencias, subvenciones y recursos. La práctica común en América Latina de repartir inequitativamente los fondos destinados a la publicidad de las campañas políticas (Cf. FOX/WAISBORD 2002: 10) se observa pocas veces, como en el caso del periódico católico Presencia. Los medios estatales desempeñaron un papel más bien marginal en el mercado mediático predominantemente privado. Se trata, entonces, de un régimen mediático no dirigido que ha retrocedido las formas de censura y control estatal del campo mediático.

3.2. B - (No-)Violencia

(en caso de incumplimiento: régimen mediático violento)

• ¿los actores estatales o los grupos violentos no estatales ejercen una violencia física sobre los periodistas?

• ¿se han presentado detenciones de periodistas?

• ¿los periodistas han sido objetivo de asesinatos o se presentan atentados repetidamente?

• ¿la violencia ejercida contra periodistas no tiene consecuencias o queda en la impunidad?

• ¿existen amenazas e intimidaciones sistemáticas, que reprimen el libre trabajo periodístico?

La ventaja de Bolivia frente a los demás países de América Latina es que los militares se sometieron al control civil después de 1982, cuando desequilibrios sociales o conflictos ideológicos llevaron a conflictos no armados. La tasa de homicidios perpetrados contra periodistas en Bolivia es extraordinariamente baja en comparación con el resto del continente (Cf. UNDP 2004: 116), lo cual se tradujo en un índice bajo de violencia hacia los periodistas. No se llegó a una violencia física sistemática ni a encarcelamientos de periodistas, de manera que no surge la pregunta por la impunidad de los delitos. Gracias al régimen mediático no violento los periodistas tuvieron la posibilidad de vivir una situación laboral comparativamente segura, que solo se vio acompañada por algunas intimidaciones verbales puntuales por parte de determinados políticos. Debido a que la política no dispone de instrumentos de control o sanciones a las organizaciones mediáticas, la situación se limitó a ataques verbales que siempre se presentaban cuando los políticos no se sentían lo suficientemente representados o mal expuestos.

De la negación del catálogo de preguntas de los subcriterios se puede concluir que entre 1982 y 2005 tuvo lugar la disolución de un régimen mediático autoritario. Se cumplieron los criterios básicos "no control por el estado" y "no violencia". Solo cuando los siguientes tres criterios básicos se cumplan, es decir, se niegue la mayoría de preguntas de los subcriterios, es cuando me refiero a un régimen mediático democrático, donde se podrán infringir algunos subcriterios, más no los básicos. Los resultados, tanto de los estudios de sistemas mediáticos comparados (Cf. HALLIN/MANCINI 2004: 21-45) como de los estudios de medios de comunicación en la transición (Cf. HADAMIK 2004: 468), ingresan a los subcriterios. Por régimen mediático democrático describo a un tipo de régimen que garantiza de tal manera la elaboración del público político, que las diferencias de una sociedad se hacen visibles y todas las formas de expresión de lo político tienen las mismas posibilidades de alcanzar la hegemonía política, la cual a su vez puede ser puesta a disposición permanente. De esta forma se tendría un "pluralismo agonista" a largo plazo (MOUFFE 2008: 104).

3.3 C - Efectividad de normas jurídicas

(en caso de incumplimiento: régimen mediático iliberal).

• ¿hace falta una legislación de la libertad de prensa, de opinión y de información, es decir, existe una limitación de esas libertades?

• ¿los periodistas tienen acceso limitado a la información del gobierno y de las instituciones oficiales?

• ¿existe una falta de reglamentaciones adecuadas para la protección de fuentes e informantes?

• ¿hay una deficiencia de reglas en cuanto a la regulación de las prácticas anticompetitivas o la limitación a la concentración de medios?

• ¿se entorpecen de alguna manera los mecanismos de autorregulación o éstos funcionan de manera insuficiente?

• ¿hacen falta barreras civiles y penales, es decir, medidas cautelares para la protección de jóvenes y minorías?

• ¿hacen falta posibilidades para proteger/reclamar los derechos de los interesados a través del suministro de información?

La libertad de prensa, de opinión y de información fue confirmada constitucionalmente como derechos personales, sin que se hayan mencionado explícitamente los medios y la prohibición de la censura (Cf. GÓMEZ 2006: 79). Con la reafirmación de la Ley de Imprenta de 1925, es decir, del Estatuto Orgánico del Periodista de 1984 y la Ley de Telecomunicaciones de 1995, se crearon las bases de las normas sobre medios. La Ley de Imprenta reglamenta, entre otros, la protección de las fuentes e informantes, el secreto profesional de los periodistas, los derechos de terceros en casos de calumnia e injuria contra los particulares y el derecho a la réplica (Cf. CAJÍAS 2007: 24-25; GÓMEZ 2012: 61-62). El Estatuto Orgánico de 1984 constituyó por el momento el último intento del gobierno para aprobar la legislación del periodismo. La denominada "Ley Mordaza" de 1987 fue rechazada por la resistencia del sector mediático. No obstante, muchas preguntas quedaron abiertas con respecto a la legislación de los medios, y que no podían resolverse por sí mismas a través de la autorregulación del sector mediático: los Tribunales de Imprenta y Tribunales Éticos para la autorregulación realizaban su trabajo de manera ineficiente o no existían, de tal manera que no existía una adecuada protección contra la difamación o contra la violación de los derechos personales (Cf. EXENI 2010: 48-49). No existía una reglamentación sobre el acceso a la información por parte de los periodistas a la información pública relevante y para el control de la actuación del gobierno. Desde 1999 existen reglamentaciones para la protección del menor, aunque faltaban ampliamente las disposiciones para la prohibición de la discriminación y la protección de las minorías. Adicionalmente, después de 1982 comenzó la mercantilización del campo mediático y una estrecha concordación entre los políticos y los propietarios mediáticos, lo que representó una amenaza para el libre ejercicio de la profesión periodística. Desde un principio se desistió de un control de la concentración en materia de la competencia. Las Leyes SIRESE y de Telecomunicaciones se limitaron sobre todo a los aspectos técnicos, tales como las condiciones para la concesión de frecuencias y la duración de las licencias para la radiodifusión (Cf. GREBE 2004: 794; OTERO 2006: 18-20) y, en consecuencia, estuvieron sujetas a una desregulación del campo mediático. No se recopilaron sistemáticamente cifras de espectadores, cuotas o tiradas de medios, ni datos de las tarifas mediáticas de publicidad o de la propiedad (Cf. CAJÍAS 2007: 53). Estos déficit en las reglamentaciones, combinados con una falta de aplicación de las normas existentes trajeron como consecuencia la violación de numerosos subcriterios, los cuales impiden tanto el control democrático del campo mediático como la salvaguardia de los derechos de los periodistas. El criterio básico de efectividad de normas jurídicas se ha visto parcialmente violado, lo cual está relacionado con la "bulimia normativa" (EXENI 2010: 45) y el "cogobierno medios-partidos" (GÓMEZ 2012: 55).

3.4 D - Independencia política/económica

(en caso de incumplimiento: régimen mediático dependiente)

• Después de la caída del régimen autocrático ¿los viejos actores continúan dominando el campo mediático?

• ¿existen medios en manos de partidos políticos o del Ejecutivo?

• ¿existe la posibilidad de un cambio de carrera del campo político al periodístico y al revés?

• ¿el mercado publicitario es demasiado pequeño para financiar a un sinnúmero de diferentes organizaciones mediáticas?

• ¿la mayoría de las organizaciones mediáticas genera pérdidas, es decir, son de tal manera deficitarias que están sujetas a otras inyecciones de capital?

• ¿existen intervenciones regulares de los propietarios mediáticos en el trabajo de redacción?

• ¿el soborno a periodistas se constituye en una práctica usual, o la paga de los periodistas es tan pequeña que están sujetos a ingresos complementarios?

La liberalización de la economía y el desarrollo de un mercado publicitario que se desprende de ella para bienes y servicios trajeron consigo nuevas posibilidades de financiación y una pluralización de las ofertas mediáticas a partir de 1982 (Cf. TORRICO 2009: 5). En comparación con otros países latinoamericanos, las inyecciones de capital en Bolivia en el mercado mediático relativamente pequeño y poco rentable se limitaron a la corporación española PRISA. Las empresas familiares en forma de sociedades anónimas constituyen la normalidad en Bolivia. La mayor parte del mercado boliviano es controlado por corporaciones privadas-comerciales (Cf. TORRICO 2007) y se distingue por una alta concentración multimediática y horizontal. A pesar de ello, la lógica comercial como factor determinante nunca logró llevarse a cabo debido a que los intereses políticos y económicos de los propietarios mediáticos penetraron el campo mediático (Cf. VOLTMER 2008: 104).

"La ideología liberal de la prensa de los Estados Unidos no podía servir efectivamente como el principio organizador, ya que los propietarios de los diarios estaban interesados en cultivar relaciones estrechas con funcionarios gubernamentales y que las finanzas de la prensa estaban ancladas en el estado" (WAISBORD 2000: 50)

Aunque los medios de comunicación de los partidos pertenecen al pasado en Bolivia (Cf. ARCHONDO 2007: 539), el alto grado de interdependencia entre el campo mediático y el político condujo a que no se pueda hablar de una autonomía del campo mediático (Cf. FOX/WAISBORD 2002: 1). La causa de esta evolución se encuentra en el pequeño mercado de recipientes y publicitario, que poco asegura una autofinanciación de los medios, por lo que Archondo (2007: 536) habla de "empresarios débiles". Una mirada a los balances de las corporaciones muestra que solo una minoría es rentable y genera ganancias (Cf. MOLINA 2010: 202; HETZER 2015: 251-255). A causa del pequeño mercado de consumo, los productores mediáticos dependen de algunas pocas y poderosas grandes empresas así como de la publicidad estatal. La afirmación de Rockwell/Janus (2003: 127) en cuanto a que los medios son instrumentalizados repetidamente para obtener ganancias en otros campos sociales, se puede documentar con innumerables ejemplos en el caso de Bolivia (Cf. ARCHONDO 2003; CONTRERAS 2005: 73: 140; RAMOS 2009). "Con el fin de poder imponer los intereses económicos es fundamental tener acceso a los medios masivos como mecanismo de presión política" (HALLIN/MANCINI 2003: 20). Esta tesis se apoya en el hecho de que en Bolivia es frecuente el intercambio de carrera del campo periodístico al político (Cf. TORRICO 2009: 3). La determinación de los propietarios mediáticos sobre la directriz de las publicaciones y la intervención en el trabajo de redacción están a la orden del día en el campo periodístico (Cf. PEÑARANDa 2002: 223). No obstante, con la caída y pérdida de confianza de los partidos clásicos de la democracia pactada, se observa que los medios se presentan independientemente de los partidos como actores políticos (Cf. TORRICO 2007). Repetidamente se pueden presentar conflictos entre los intereses periodísticos y los empresariales (Cf. ARCHONDO 2003: 270-276). En este contexto se debe resaltar especialmente que, según las encuestas, son pocos los periodistas que pertenecen a los partidos y que más bien se sienten comprometidos con el ideal del control de la política. La baja remuneración de los periodistas es problemática para la independencia política, lo que aumenta la aceptación de sobornos. Tal práctica es conocida entre los periodistas e independientes del sector correspondiente, debido a que los pagos difieren considerablemente dependiendo de los medios. Esto también es válido para la seguridad laboral y social (Cf. PEÑARANDA 2003; Hurtado 2009). Ya que esta seguridad no es suficiente para muchos periodistas en Bolivia, éstos se encuentran en una posición muy débil cuando se trata de imponer sus intereses y poder de negociación frente al empleador. Los medios bolivianos se encuentran en gran medida sujetos política y económicamente debido a la mencionada violación de la mayoría de los subcriterios. La falta de rentabilidad presenta la mayor problemática para la heteronomía del campo mediático.

3.5 E - Integración

(en caso de incumplimiento: régimen mediático excluyente)

• ¿hacen falta organizaciones mediáticas que no dependan totalmente del estado o del mercado para su financiación y estructura organizacional?

• ¿se encuentran determinados actores excluidos de la adquisición de licencias o se han visto discriminados?

• ¿la propiedad mediática refuerza la división entre gobernante y gobernados (desintegración vertical), es decir, contribuye a una circulación restringida de la élite?

• ¿el desarrollo de la infraestructura mediática está limitado a determinadas regiones, de tal forma que los grupos sociales se verán privados de acceder a las fuentes de información?

• ¿la geografía y el abastecimiento están fragmentados y disociados, de manera que no se pueda suponer la existencia de un nivel de información y conocimiento de todos los ciudadanos?

• ¿existen disparidades en el ingreso y educación que limiten el acceso a los diferentes formatos y tipos de medios de comunicación?

• ¿los medios se destacan por la ausencia de receptividad frente a las voces de la sociedad, o ciertos actores son excluidos?

El régimen mediático en Bolivia se caracteriza por las disparidades de acceso típicas para los países en desarrollo que surgen de la diversidad étnica y lingüística, los abismos entre la ciudad y el campo así como entre las clases sociales altas y bajas (Cf. VOLTMER 2012: 228). La correlación estadística entre los diferentes factores demuestra que la utilización mediática depende del idioma, el ingreso, el nivel de educación y la pertenencia étnica (Cf. CNE 2004: 38-41). El suministro mediático y las capacidades de producción se limitan principalmente a las ciudades del eje central, lo que Poma (2009: 141) calificó como "eje-monía". En las regiones rurales generalmente ni siquiera se garantiza el suministro de energía y el abastecimiento tecnológico es deficiente. Adicionalmente, no existe una estructura de distribución para los medios impresos que pudiera llegar de la misma manera a todas las regiones. A esto se agrega que no existe una agenda mediática a lo largo de las regiones, por lo que surge un público fragmentado, que más bien se orienta hacia identidades y necesidades regionales (Cf. ARCHONDO 2003: 271). Por lo tanto, el campo mediático contribuye muy poco a una integración vertical de la sociedad, y mucho menos a un público nacional, tal y como lo comprobaron innumerables estudios del ONADEM (Cf. ONADEM 2009/2011).

Los medios de largo alcance y grandes tiradas se encuentran en manos de una pequeña élite empresarial que generalmente está activa en otros campos comerciales (Cf. HETZER 2015: 242). Los medios, al igual que el consenso político, no estaban en posición de tematizar a los marginados y de suministrarles un canal de articulación.

"La construcción de los espacios mediáticos en América Latina no fue el resultado del esfuerzo particular por participar y debatir. Estos espacios se derivaron desde el comienzo del poder de la élite, al ser concebidos como (a) mercancías a ser explotadas por el sector privado y (b) mecanismos de control político y social." (LUGO-OCANDO 2008: 1)

El segundo punto, en especial, trae como consecuencia que la orientación de los medios en Bolivia se limitó a los intereses político-ideológicos y económicos de una pequeña élite. Es decir que los medios sirven para la estabilización del status quo y para la protección del poder de la élite (Cf. WAISBORD 2000: 52; KITZBERGER 2010b: 8). De acuerdo con esta argumentación, la agudización de las disputas públicas y la desintegración de la sociedad serían también el resultado de estructuras mediáticas más excluyentes. Los medios se constituyen entonces en un factor más estabilizador del régimen político híbrido existente. El criterio básico de la integración no se ha cumplido en absoluto para Bolivia, y se caracteriza por una violación de casi todos los subcriterios. En paralelo a la escasa receptividad del régimen político, los múltiples antagonismos sociales permanecen sub representados a causa de la división étnica, socio-económica y mediática-distributiva del país.

Por lo tanto, el régimen mediático boliviano se puede describir entre 1982 y 2005 como políticamente/económicamente dependiente y excluyente con defectos en la efectividad de las normas jurídicas. Aunque después de 1982 se reguló una disolución exitosa del régimen mediático autocrático, la transición quedó atascada en un régimen mediático híbrido. El régimen mediático combina características contradictorias, no autoritarias y no democráticas con respecto a la autonomía, el pluralismo, la utilización de los medios, la rentabilidad económica y la regulación de los medios. El régimen mediático híbrido puede sobrevivir teóricamente a un cambio del régimen político si no cambian fundamentalmente las condiciones técnicas/ económicas y las relaciones de propiedad (Cf. HUGHES/LAWSON 2005: 9). Como se puede observar, las condiciones mínimas para una democracia electoral no fueron suficientes para evitar una sistemática exclusión política y mediática.

 

4. Los cambios del régimen mediático a raíz del cambio político desde 2006

Los cambios en el régimen mediático desde 2006 se presentaron por un lado por las reformas puestas en marcha con respecto a la regulación de los medios, y por otro lado por el ingreso de nuevos actores al campo mediático. Es evidente que la constelación de campo poco cambia los criterios básicos del régimen mediático, mientras que el traslado del campo mediático ha experimentado cambios más notorios en el espacio social (Cf. BOURDIEU 1985).

El criterio básico de No Control por el Estado tampoco es violado bajo el gobierno de Morales, puesto que no existe una supervisión planificada de la comunicación de los medios ni el gobierno contempló en ningún momento el cierre de los medios (Cf. MOLINA 2010: 207). Durante la extensión de las licencias de transmisión en el segundo semestre de 2016 quedará claro hasta donde se instrumentaliza la concesión estatal de frecuencias para fines políticos. Aun cuando Peñaranda (2014) afirme que "el gobierno de Evo Morales creó una red de medios paraestatales", a pesar de todo no se pueden comprobar intervenciones directas del gobierno en la política personal de los medios ni el control del desempeño de la labor periodística. Cabe señalar que ciertamente el gobierno ha aumentado poco a poco los gastos presupuestales para comunicaciones a fin de fortalecer la presencia del gobierno dentro del público y en el campo mediático. No obstante, los cambios individuales en las lineas editoriales de algunos medios de comunicación privados deberán separarse categóricamente de una toma de estos medios por el gobierno.

El Ejecutivo se armó verbalmente contra la "oligarquía mediática" e intensificó a su manera la polarización al estigmatizar a los actores mediáticos como oposición política y enemigos de la política del cambio (Cf. KITZBERGER 2010A: 76; MOLINA 2010: 200; TORRICO 2011: 252). "El estado boliviano ha emprendido varios procesos legales contra diversos medios de comunicación, entre ellos el diario Página Siete y la agencia Fides, por difamación y calumnia" (RSF 2014). Esto puede tener consecuencias para el acoso a periodistas, no obstante, al margen de toda retórica, deberá tomarse una decisión jurídica en cada caso para determinar si efectivamente se trata de una difamación o calumnia que deberá ser castigada en virtud de la ley de prensa. Aparte de esa agudización verbal también bajo el gobierno de Morales, Bolivia se encuentra muy lejos de que las amenazas físicas, atentados o encarcelamiento a periodistas estén a la orden del día. Sin embargo, la polarización entre el gobierno y los actores mediáticos tuvo como resultado un aumento en las agresiones a periodistas y medios que generalmente no son esclarecidos (Cf. SANDOVAl 2011). La situación laboral periodística se ha visto agravada por la intimidación a los actores mediáticos y la falta de persecución a los agresores de la prensa, aunque estos problemas se mueven dentro de un rango moderado en comparación con países como México o Colombia, por lo que es posible seguir hablando de un régimen mediático no violento.

Los cambios más notables se han llevado a cabo dentro del marco reglamentario (Cf. KITZBERGER 2010B: 13; RUIZ 2010: 43-45), dado que "el mecanismo más identificable de intervención política sobre el mundo mediático es ahora, con más peso que antes, la definición de reglas legales del juego en los distintos mercados" (ARCHONDO 2003: 281). Además de la libertad de opinión y los derechos de la información contenidos en la nueva constitución del 2009, el estado boliviano también se ha comprometido en suministrar a la población con posibilidades fundamentales de comunicación. "El nuevo marco constitucional equilibra las relaciones jurídico-informativas y jurídico-comunicativas entre periodistas, empresarios de medios, sociedad y gobierno (o Estado)" (GÓMEZ 2012: 28) y contiene artículos en cuanto a la legislación sobre cárteles, el autocontrol periodístico de los principios éticos de calidad, así como el respeto al secreto de la fuente. Se lograron avances en la garantía constitucional del acceso a informaciones de instituciones públicas cuando Evo Morales decretó en julio de 2009 la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (Cf. DINATALE/GALLO 2010: 204). La Ley de Régimen Electoral y la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación estuvieron sujetas a críticas debido a que contenían formulaciones ambivalentes, las cuales representan un peligro para la libertad de opinión y de prensa (Cf. EXENI 2010: 61; ONADEM 2011: 71-73). Sin embargo, ambas iniciativas fueron importantes para cerrar las zonas grises jurídico-mediáticas y cumplir con acuerdos internacionales. El derecho a la competencia y a los cárteles continúa siendo intocable por el gobierno de Morales. La Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y la Comunicación garantiza la distribución equitativa del espectro electromagnético para el sector público, las empresas comerciales, el sector social comunitario y los pueblos indígenas originarios y campesinos, donde la asignación de frecuencias continúa siendo de incumbencia para el estado (Cf. OCHOA 2011). Con ello se determina una desconcentración técnica, sin afectar cuotas de propiedad o de mercado. Seguirá existiendo una falta de claridad para la determinación de una posición dominante del mercado y la consiguiente violación de la competencia. No obstante, la influencia de la sociedad civil se ha mantenido en niveles bajos durante el desarrollo y la ejecución de estas nuevas legislaciones, lo cual quedó demostrado con los proyectos de la Ley de Telecomunicaciones y el Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones en Áreas Rurales (Cf. AGUIRRE/TORRICO/POMA 2009: 110). Pese a importantes avances en la distribución del espectro radioeléctrico o en la constitución, se observa que el sector de las comunicaciones continúa siendo manejado de manera centralizada, distinto a lo previsto por el proceso de autonomía. Morales también extiende la constitución mediática fragmentada con innumerables reglamentaciones individuales. El consejo Nacional de Ética Periodística, fundado en 2009, no es garantía para los derechos fijados en la constitución y relacionados con la calidad periodística. Uno de los mayores problemas continúa siendo la falta de efectividad de las normas existentes, debido a que la justicia es instrumentalizada políticamente o no se cumplen las normas existentes, como continuamente se quejan los periodistas con respecto a la transparencia de las entidades gubernamentales (Cf. DINATALE/GALLO 2010: 204). La petición de una Ley de Medios sigue estando muy presente (Cf. GÓMEZ 2012: 84), pues hacen falta las normas tanto para los medios en el sector privado como en el sector estatal. "Urge legislar la administración de estos medios para evitar que se conviertan en aparatos de propaganda e industrias de la mentira en manos del régimen de turno, más por el contrario, sean espacios de deliberación democrática, pluralistas y medios de garantía del derecho a la información de la comunidad." (GÓMEZ 2012: 85)

Desde 2006 ha aumentado la dependencia política de los medios. Esto es atribuible principalmente al desarrollo del aparato estatal de comunicaciones. Aquí se incluye la página de internet de la agencia estatal de noticias (ABI), la Red Patria Nueva de amplia cobertura con aproximadamente 40 estaciones, la televisión estatal Bolivia TV, así como el diario Cambio (Cf. DINATALE/ GALLO 2010: 152), las cuales intercambian informaciones y conforman un conglomerado multi mediático. Por otra parte, los fondos estatales se canalizan hacia la infraestructura terrestre y los equipos técnicos del Sistema Nacional de Radios de Pueblos Originarios (Cf. GUMUCIO 2007: 20), así como el noticiero multinacional TeleSur (Nueva Televisión del Sur SA), que pretende contribuir profundizar la cooperación regional entre los países latinoamericanos (Cf. CAÑIZÁLEZ/LUGO-OCANDO 2008: 223). "El predominio de la iniciativa privada, que fue propio de aquella, está hoy sustituido por el de la iniciativa gubernamental" (TORRICO 2011: 259). Estos medios evidentemente contribuyen al apoyar al gobierno en la lucha por la hegemonía, por lo que son nombrados principalmente para obtener ganancias de capital en el campo político (Cf. HETZER 2015: 304). Luego de la retirada del grupo mediático PRISA en el sector de los medios privados, se presentó la venta del diario La Razón y la red televisiva ATB, "que se afirma tendrían directa vinculación con el oficialismo" (TORRICO 2011: 259). Con el ingreso al mercado del diario Página Siete en el año 2010, se agudizó aún más la competencia por los ingresos relativamente estables por ventas y publicidad. Con ello debería continuar descendiendo la rentabilidad de las empresas en el campo mediático, lo cual de ninguna manera puede ser vinculado al pago de periodistas. La alta dependencia económica de los medios del estado continúa siendo intensificada, puesto que las empresas públicas desempeñan un papel importante en la economía y sus gastos promocionales son controlados por el gobierno. Esto puede producir que se reduzcan los dineros promocionales a los medios indeseables, a la luz del anuncio de tales medidas por parte del vicepresidente en agosto de 2015 (Cf. RSF 2015). Igualmente continúan presentándose cambios de carrera entre el campo político y el mediático, tal y como se observa con la incorporación de numerosos experiodistas a las huestes del gobierno (LA RAZÓN 31.8.2008). Esto significa que la dependencia política y económica de los medios no ha mejorado en absoluto desde 2005.

Se pueden constatar algunos avances en cuanto al criterio básico de la integración. Las inversiones estatales para el desarrollo de emisoras radiales comunitarias como fuerza contra-hegemónica y el desarrollo de una infraestructura para la navegación por satélite de las telecomunicaciones, que pretende anexar la periferia a nuevas posibilidades de comunicación, tiene efectos positivos sobre los enlaces técnicos de regiones anteriormente excluidas. La constitución que obliga otorgar el derecho a la comunicación de todos los ciudadanos permite esperar que la geografía mediática del país presente a futuro menos puntos negros que bajo los gobiernos neoliberales. Esto contribuye igualmente a la integración de actores marginales, como sucedió con la clase media emergente la cual se benefició del crecimiento económico de los últimos años. El gobierno ha mejorado positivamente la movilidad social a través de los programas sociales, por lo que los ciudadanos disponen del capital económico y cultural para diversificar su consumo mediático y participar dentro de la esfera pública-política. Con el cambio en la naturaleza del régimen de propiedad y el ingreso de nuevos actores al campo mediático se aumentan las posiciones y articulaciones discursivas, las cuales se mantienen fuertemente adheridas al modelo antagonista. El establecimiento de los medios más allá del estado y del mercado continúa siendo precario por motivos financieros y restricciones jurídicas, puesto que la autoridad de regulación ATT tiene en sus manos las riendas de la adjudicación de frecuencias (Cf. OCHOA 2011). De esta manera se presentan conflictos de competencia en virtud de los parágrafos de la constitución y de la norma de autonomía (Cf. ONADEM 2011: 74). Mientras no se encuentren modelos alternativos para la financiación de los medios por parte de las élites empresariales o un estado financieramente sólido, la estructura de propietarios continuará estando limitada a las redes de la élite.

 

5. Conclusiones

Con la transferencia del concepto de regímenes híbridos de las Políticas Comparadas he pretendido presentar una estructura de pensamiento analítica, que excede una monografía netamente descriptiva sobre el cambio mediático y pone a disposición los criterios para mirar los desarrollos regresivos y progresivos en el transcurso del tiempo. Solo mientras se giren los subcriterios individuales en forma de medidas políticamente correctas hacia el lado positivo, será posible que se presente una transición hacia un régimen mediático democrático. El concepto presenta un elevado potencial de utilización en este sentido. En los subcriterios existe especialmente el potencial de realizar debates de la sociedad civil con respecto a su ampliación, de acuerdo con el modelo y consenso socialmente deseable. La cuadrícula de estructura de los planteamientos euro-centristas se sustrae con la universalización de las estructuras mediáticas occidentales y toma en serio la intención de "des-occidentalizar los estudios mediáticos" (CURRAN/PARK 2000).

Bolivia también queda atascada en un régimen mediático híbrido después de la toma de posesión de Morales y debe ser caracterizada como dependiente y excluyente con zonas grises en la legislación de los medios de comunicación. Las restricciones económicas del mercado mediático pone límites ajustados a otra diferenciación. La escasa rentabilidad en la mayoría de las empresas o la dependencia de subvenciones estatales alberga particularmente el riesgo de que en adelante ingresen actores al mercado mediático provenientes de ramas externas a los medios, y que los utilicen para obtener beneficios políticos o económicos en otros campos sociales. La participación estatal en el campo mediático solo reemplaza las dependencias de un modelo antes principalmente privado-comercial. Con una mayor inclusión de los actores marginados se prevén progresos que están relacionados con el acceso de más amplios sectores de la población al capital cultural y económico, así como al desarrollo de la infraestructura. La intervención política en el campo mediático no ha variado mucho al respecto. Sin embargo, el régimen mediático híbrido perdurará siempre y cuando haya ausencia de una transformación económica fundamental adicional a la transición política.

 

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