1. Instrumentalización de problemas en la sociedad de acogida para una securitización de la migración venezolana en Ecuador y Perú

En este apartado, se brinda información sobre Instrumentalización de problemas en la sociedad de acogida para una securitización de la migración venezolana en Ecuador y Perú. Para tales efectos, se precisa el año 2017 como punto de partida, donde los gobiernos de turno de ambas naciones andinas adoptaron iniciativas migratorias desde el enfoque securitista recogidas en el Proceso de Quito. Así mismo, se muestra las consecuencias de estas medidas en la diáspora venezolana durante la pandemia covid-19.

1.1. Antecedentes históricos y contemporáneos de la migración en Ecuador y Perú

Según ^{Jacques Ramírez (2012)}, desde finales del XIX y principios del XX, Ecuador establece un enfoque de aperturismo segmentado priorizando a los inmigrantes de la región andina, europeos y norteamericanos mientras que ciudadanos chinos o inclusive los gitanos fueron expulsados.

En consecuencia, el fenómeno de la migración en Ecuador no es ajeno a este país. A finales de los años noventa, muchos ecuatorianos emigraron a Europa, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. En la primera década del 2000, Ecuador se convirtió en un país receptor de inmigración forzada, especialmente de personas provenientes de Colombia, incluyendo solicitantes de refugio. Durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), hubo una política migratoria de puertas abiertas. Ésta se caracterizó por preservar los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana. Correa reiteró en su discurso que la política exterior de su gobierno buscaría reivindicar el derecho de todo ser humano a la libre movilidad en todo el planeta ^{Nasimba, 2013}. A partir de 2008, se observó otra ola de migrantes provenientes de países como Cuba, Haití, así como de algunos países asiáticos y africanos. Sin embargo, esta ola de migración no fue tan numerosa y aparentemente tenía la intención de utilizar Ecuador como país de tránsito hacia destinos como Estados Unidos, Chile, Argentina y Brasil. Hasta el año 2012, se estimó en más de 200 mil a la población bajo protección internacional y solicitante de refugio ^{Herrera Mosquera, Moncayo y Escobar García, 2011}.

En el Perú republicano, la primera gran oleada de migrantes es la de ciudadanos chinos y japoneses que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX. Un siglo después, en abril de 1980, tiene lugar la toma de la embajada peruana en Cuba por disidentes del gobierno de Fidel Castro, y, durante el gran Éxodo de Mariel, el gobierno del Perú se comprometió a acoger a 850 refugiados ^{Córdova Tábori, 2021}. No obstante, la llegada de migrantes cubanos durante ese período no fue un problema para la junta militar liderada por Morales Bermúdez. Sin embargo, cualquier flujo migratorio importante representaría un desafío para las autoridades peruanas, debido a la obsoleta legislación en temas de extranjería que estuvo vigente hasta el 2017. Esto dificultaba la organización y la integración de los extranjeros en la sociedad peruana.

Abrir las puertas a migrantes y refugiados es un desafío complejo. No basta con establecer leyes y reglamentos, también es necesario asegurarse de cumplir con los compromisos internacionales. Este proceso requiere de políticas de movilidad humana sostenibles a largo plazo. Hasta el año 2018, algunos países de la región experimentaban una flexibilidad migratoria. Sin embargo, debido al creciente flujo migratorio de venezolanos, el Comité Andino de Autoridades Migratorias tuvo una reunión de emergencia en agosto de ese mismo año. El objetivo fue evaluar la situación migratoria y tomar medidas comunes para lograr un “flujo migratorio más ordenado, regular y seguro en la región” ^{Comunidad Andina, CAN, 2018}. Cabe resaltar que en esta reunión no participó la delegación boliviana.

Consecuentemente, los Estados miembros de este proceso de integración finalmente “ratifican su compromiso de respeto a los derechos humanos de los migrantes, en especial de los ciudadanos venezolanos, en el marco de las convenciones internacionales, la normativa comunitaria y su normativa interna” ^{CAN, 2018}. Adicionalmente, “se comprometieron, igualmente, a fortalecer campañas y medidas de sensibilización de la población local y nacional sobre la llegada de migrantes” ^{CAN, 2018}. Entre los principales compromisos destacaron: el fortalecer los mecanismos de control y asistencia en los pasos fronterizos de los Estados Miembros; procurar acciones con el fin de lograr la adecuada validación de los documentos de identidad de los migrantes venezolanos; continuar el intercambio de información sobre el reconocimiento de documentos de viaje para migrantes venezolanos en el espacio comunitario; coordinar con la cooperación internacional, en particular con la OIM y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para el financiamiento del traslado y reasentamiento de los migrantes en Estados no comunitarios; fortalecer la coordinación de los Estados miembros, en el marco del Comité Andino de Autoridades de Migración (CAAM), para canalizar y aumentar la cooperación internacional que permita atender eficazmente esta crisis migratoria, comprometiendo a las organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), OIM, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), ACNUR, Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cruz Roja y otros a continuar brindando su apoyo de una manera coordinada y ordenada en la región andina en su conjunto; y, finalmente, mantener las reuniones del CAAM necesarias para realizar el seguimiento respectivo a las acciones propuestas.

La discriminación y la xenofobia fueron los primeros problemas que se manifestaron tanto en el Ecuador como en Perú. De acuerdo con la Matriz de Seguimiento de Desplazados (MSD) de la OIM, ubicada en Lima, en el año 2018,

…un 24,4% de los venezolanos que fueron entrevistados declararon haber sido discriminados. De ellos, un 88,6% indicó que la discriminación ocurrió debido a su nacionalidad. Los lugares en los cuales se sintieron discriminados fueron en su gran mayoría lugares públicos (58%), lugares de trabajo (36,1%), y en una menor proporción en sus vecindarios (3,5%), entre otros ^{De la Portilla, 2018}.

Al mismo tiempo, esta situación se duplicó en Ecuador; según la MSD de la OIM en Ecuador, de los venezolanos entrevistados, el 46% había sufrido discriminación y el 15% experimentó alguna forma de violencia física o verbal durante su proceso migratorio ^{OIM Ecuador, 2019}.

A inicios del año 2019, se produjeron ataques a migrantes venezolanos en Ecuador. Asimismo, en Perú, atacaron con piedras, palos y botellas a migrantes venezolanos, incluyendo a niños y mujeres embarazadas ^{Lozano, 2019}. Además, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se denunció el aumento de xenofobia contra la diáspora de venezolanos en Ecuador ^{Carranza Jiménez, 2020}. Por último, en un entorno de elecciones presidenciales y legislativas, las campañas electorales en ambos países se impregnaron de un discurso xenófobo en contra los venezolanos durante los años 2018, 2019 y 2020 ^{Díaz, 2021}.

1.2. Inicio del proceso de securitización de la migración venezolana en Ecuador y Perú

Como se suele afirmar, en política no hay coincidencias. Por tanto, los presidentes del Perú, Kuczynski, y de Ecuador, Moreno, al menos tenían la ligera sospecha de que la crisis migratoria venezolana se agravaría. Es así que se anticipan y se crea el Grupo de Lima en agosto de 2017, y posteriormente el Proceso de Quito, en septiembre de 2018. El Proceso de Quito emite una serie de iniciativas migratorias desde el enfoque securitista de la migración segura, ordenada y regular, en lugar de implementar corredores humanitarios para poder aliviar la crisis migratoria de los venezolanos en los diferentes países de la región. Según ^{Freier y Castillo Jara (2020)}, las políticas migratorias que se aplicaban en Ecuador y Perú eran cada vez más restrictivas desde el 2018.

Además, desde el momento de la creación de estos dos mecanismos multilaterales, empieza una politización e instrumentalización de la crisis migratoria. Bajo el liderazgo de Kuczynski, el Grupo de Lima se posicionó decididamente en contra del régimen de Nicolás Maduro mientras que el Proceso de Quito, por su parte, fue menos político, pero buscó la coordinación intergubernamental frente al éxodo venezolano en la región ^{Freier y Castillo Jara, 2020}. De esta manera, la securitización de la migración venezolana en Perú y Ecuador tomó fuerza a finales del año 2018 e inicios del año 2019. En el Perú, anteriormente se había establecido exigir Permisos Temporales de Trabajo (PTT) con el fin de ordenar la migración. Las medidas securitistas como la imposición de visas a los venezolanos en ambos países pudieron parecer la panacea a muchos retos que planteaba la recepción de migrantes provenientes del país llanero. Esto se ha visto reflejado también en la discriminación que han sufrido los venezolanos en Ecuador, donde al menos 4 de cada 10 sufrieron discriminación en los últimos tres meses del periodo de análisis (enero a octubre 2019) y fue primordialmente por su nacionalidad ^{World Bank, 2020, p. 30}.

Con respecto a la aceptación del discurso securitizador por parte de la población ecuatoriana, ésta se da desde el asesinato de un taxista en la ciudad de Ambato a manos de un ciudadano venezolano en mayo del 2018 ^{Infobae, 2018}. A partir de ese momento, se suscitaron varias peticiones y movilizaciones pacíficas del gremio de taxistas en las cuales se pedía al gobierno que se apliquen medidas de seguridad. Adicionalmente, el asesinato de una mujer en gestación en la ciudad de Ibarra en enero del 2019 por otro ciudadano venezolano desencadenó que los ecuatorianos se manifestaran violentamente en contra de la diáspora venezolana. De hecho, expulsaron de Ibarra a varias personas, incluyendo a niños y ancianos, de manera violenta ^{Infobae, 2019}. Según datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), un 56,25% de los ecuatorianos consideran que los problemas de crimen en Ecuador se empeoran por los venezolanos que van a vivir allí.

Una vez validada la aceptación del discurso securitista en relación con esos eventos, las medidas restrictivas del gobierno de Moreno no tuvieron mayores problemas para llevarse a cabo. En agosto del 2018, se anunció que los venezolanos deberían presentar pasaporte para ingresar al país ^{El Universo, 2018}. En ese mismo mes, también se anunció la creación de un corredor humanitario para que los ciudadanos venezolanos sean transportados en buses hasta la frontera con el Perú ^{El Comercio, 2018}. En julio de 2019, se emitió el Decreto Ejecutivo 826, que solicitaba la visa humanitaria a los ciudadanos venezolanos y amnistía para inmigrantes que no hayan violado la ley ^{Cancillería, 2019}. Y en las movilizaciones de octubre de 2019, se aprehendió a inmigrantes venezolanos porque Moreno aseguraba que el desorden social era un intento de golpe de estado de Rafael Correa con el apoyo del gobierno venezolano ^{France 24, 2019}.

Las declaraciones del gobierno son los elementos que conforman la estructura retórica que presenta una amenaza; la administración de Lenín Moreno, con el apoyo de los medios de comunicación, son el actor securitizador. Y este discurso es aceptado y legitimado por la sociedad de acogida, que respondió de manera violenta contra los migrantes venezolanos. Por lo tanto, se puede notar el paso de Ecuador como un Estado a favor de la migración a uno securitizador.

En el caso peruano, el rol de los medios de comunicación, aunado al oportunismo político y el rechazo de la población peruana en cuanto al aumento de criminalidad por parte de ciudadanos venezolanos, ha hecho que el Estado peruano asuma una postura securitizadora de la migración venezolana. En una encuesta nacional sobre creencias y actitudes hacia los inmigrantes venezolanos en el Perú, publicada por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IOP-PUCP) en febrero 2019, se halló que el 78% de la población entrevistada estaba a favor de medidas drásticas de control migratorio tales como aplicar límites estrictos o simplemente prohibir el ingreso al territorio ^{Blouin, 2019}. Con esto, el Estado peruano tuvo carta abierta para reforzar su postura securitaria en cuanto a la migración venezolana.

En primer lugar, el discurso que crea una amenaza se inicia poco después de las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Morán, cuando señaló a los venezolanos como el motivo del incremento de los índices de delincuencia en algunas ciudades, entre ellas, la capital, Lima, donde reside la mayor parte de los venezolanos llegados al Perú en octubre del 2019 ^{BBC, 2019}. De esa manera, el gobierno se convierte en un actor securitizador y la narrativa como presenta a la migración venezolana fue la estructura retórica que crea una amenaza.

Por otro lado, la aceptación de la gente se puede apreciar en los datos del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEH) y en los del Instituto de Opinión Pública (IOP) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Éstos presentaron el informe “Cambios en las Actitudes hacia los Inmigrantes Venezolanos en Lima-Callao 2018-2019” (2020); en el apartado cuarto, “Aptitudes y estereotipos frente a los venezolanos y venezolanas en el Perú”, se recoge algunos aspectos negativos, los cuales aumentaron en el año 2019 con respecto al 2018. Entre los más resaltantes se encuentra “la creencia [de] que son muchos los venezolanos que se están dedicando a actividades delictivas en el Perú” ^{IOP-PUCP, 2020, p. 8}, donde el 81% de los entrevistados afirmó que sí. Además, se expresa el miedo manifestado por los encuestados hacia los venezolanos, con un 52% y la desconfianza hacia ellos, con 68%. Finalmente, otro punto interesante es la percepción de que los venezolanos les están quitando puestos de trabajo a los peruanos: el 76% de éstos respondió afirmativamente ^{IOP-PUCP, 2020}.

Este descontento fue recogido en las elecciones municipales en octubre del 2018, por algunos candidatos como Ricardo Belmont, el cual mantuvo también un discurso xenófobo durante su campaña ^{Diario Correo, 2018}.

Con esa legitimación, se pudieron tomar varias medidas para “contrarrestar” esa “amenaza”. Durante el gobierno del presidente Martín Vizcarra, el Estado peruano adoptó la promoción de una migración “segura y ordenada” ^{CNN Español, 2019}. Además, fue muy enfático en señalar que las expulsiones de ciudadanos venezolanos se seguirán dando en aplicación estricta del artículo 58 de la Ley de Migraciones ^{BBC, 2019}. Por tanto, a partir del 15 de junio de 2019, solo se admitiría el ingreso de titulares de pasaporte que cuenten con una visa válida. Esto quiere decir que aquellos venezolanos que deseaban viajar al Perú solicitando la Visa Humanitaria, deberían tramitarla en los Consulados Generales del Perú en las ciudades de Caracas y de Puerto Ordaz, en Venezuela. De manera excepcional, y en condición de la crisis humanitaria en la región, los nacionales venezolanos podrán tramitar también la Visa Humanitaria en los Consulados Generales del Perú en Bogotá, Medellín y Leticia, en la República de Colombia; así como en los Consulados Generales en Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala y Loja, en la República de Ecuador ^{CNN Español, 2019}.

Esto trajo como consecuencia que se registrase la llegada de un número sin precedentes de migrantes a las fronteras peruanas en tan solo un día, justo antes de la puesta en marcha de la nueva medida. No obstante, esta cifra varía según los distintos caculos oficiales. Las autoridades peruanas afirman que fueron unos 6.000 venezolanos los que llegaron a sus límites el viernes, mientras ACNUR situó ese número en más de 8.000 ^{BBC, 2019}.

La posición del gobierno de Vizcarra y sus medidas, con la buena difusión de los medios de comunicación, son el discurso que presenta a la migración como amenaza y son el actor securitizador. Y la población peruana también ha apoyado estas decisiones del gobierno demostrando su inconformidad mediante actos violentos y de xenofobia. A tal punto, que el gobierno venezolano expresó su indignación en septiembre de 2019:

Venezuela denuncia al Gobierno de Perú por violar e incumplir sus responsabilidades internacionales, al promover y permitir actos de segregación y xenofobia contra ciudadanos que han ejercido su legítimo derecho a la movilidad humana y que deben ser protegidos por las instituciones y leyes del país receptor ^{Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 2019}.

Como se puede constatar, los gobiernos de Vizcarra y de Moreno percibieron y presentaron a la migración venezolana como una amenaza para sus estados. De hecho, sus medidas fueron principalmente de restricción y para frenar la entrada de inmigrantes venezolanos. Como mencionan ^{Buzan, Wæver y de Wilde (1998)}, “…no queremos decir que ‘una nación actúa para defenderse’ (…). Alguien de algún grupo, movimiento, partido o élite actúa con referencia a la nación y afirma hablar o actuar en nombre de la nación” (p. 41). En pocas, palabras la securitizacion de la migración podría perfectamente prestarse como una herramienta populista para disfrazar algunas falencias del gobierno de turno en el campo de la seguridad.

2. La diáspora venezolana frente al enfoque de seguridad internacional de Ecuador y Perú durante la pandemia covid-19

Muchos gobiernos de la región, incluyendo Perú y Ecuador, optaron por seguir la tendencia de concebir la pandemia generada por el covid-19 como una amenaza a su seguridad. Por tanto, la pandemia, lejos de ser un tema de preocupación sanitaria a nivel regional, se convirtió en un tema tanto de seguridad nacional como internacional, tal como lo manifiesta Stefan ^{Elbe (2018)} en su libro Pandemics, Pills and Politics: Goberning Global Health and Security:

The epidemics have exotic names and enigmatic acronyms, and they are fast becoming too numerous to list-like HIV/AIDS, SARS, H5N1, H1N1, Middle East respiratory syndrome (MERS), Ebola, and Zika. Together they have made the question of how to better protect populations against lethal infectious disease outbreaks politically much more urgent. Governments now take such outbreaks so seriously, in fact, that they even consider them as threats to national and international security (p. 20).

A inicios del 2020, se calculaba que más de cinco millones de personas habrían salido de Venezuela según datos del Servicio Europeo de Acción Exterior ^{EEAS, 2020a}. La mayoría de ellos se habían asentado en países como Colombia, Ecuador y Perú. Esto, debido a su “aparente” política de migración flexible. Por esta razón, el éxodo de los venezolanos se habría convertido en una de las principales prioridades para los dirigentes políticos de América del Sur.

2.1. Inicio del estado de excepción y el drama de los venezolanos en Ecuador y Perú durante la pandemia covid-19

Con la llegada del covid-19 a la región, Ecuador y Perú al igual que otros Estados de la región, optaron por concebir a la pandemia como una amenaza a su seguridad nacional. Cabe resaltar que, tras el anuncio del primer caso confirmado de covid-19 el 6 de marzo del 2020, el presidente peruano Martín Vizcarra anunció las medidas adoptadas por su gobierno para enfrentarlo ^{Organización Panamericana de la Salud, OPS, 2020}. Por tanto, la medida más facilista fue la de declarar un estado de excepción mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM del 15 de marzo del 2020, donde el ejecutivo invocó a los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú, que establecen que todos tienen derecho a la protección de la salud, del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina la política nacional de salud ^{El Peruano, 2020}.

Con respecto al Ecuador, la noche de 16 de marzo de 2020, el presidente Lenin Moreno decretó el Estado de Excepción en todo el territorio ecuatoriano, amparado en el Artículo 165 de la Carta Magna de Ecuador, con la finalidad de contener la transmisión del covid-19 ^{Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, 2020}.

Es así que la preocupación de los migrantes venezolanos residentes en Ecuador empezó esa misma noche. Por su parte, el presidente Moreno declaró el estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano como consecuencia de la pandemia: “Si no se corta de raíz el problema, podemos llegar a tener más de 800.000 personas contagiadas”. Además, agregó que “Nadie que esté contagiado entrará por nuestras fronteras” ^{Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, 2020}. Posteriormente, mencionó que el toque de queda se ampliaría desde las 14:00 hasta las 05:00 a partir del miércoles 25 de marzo ^{Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, 2020}, el cual se prolongó hasta el 3 de junio, cuando se redujo de las 18:00 hasta las 05:00.

Adicionalmente, el vicepresidente Otto Sonnenholzner anunció el cierre parcial de fronteras y la restricción de ingreso a Ecuador por la pandemia. Por este motivo, se restringió el ingreso de extranjeros en vuelos internacionales y el transporte terrestre internacional y marítimo. Se cerraron los pasos fronterizos de Ecuador y únicamente estuvieron abiertos, con restricciones, los pasos de Huaquillas, Macará y Zapotillo (al sur), y Rumichaca, San Miguel y Puerto el Carmen (al norte) ^{Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, 2020}.

Las medidas restrictivas impuestas durante la pandemia tuvieron un impacto significativo en la migración venezolana. Entre éstas, se encontraban la suspensión de la jornada laboral presencial, el toque de queda para vehículos y personas, la suspensión de vuelos nacionales y el transporte interprovincial. Estas restricciones, especialmente la suspensión de vuelos y el cierre de fronteras terrestres, dificultaron los desplazamientos de los migrantes venezolanos. Muchos se vieron obligados a caminar hacia países vecinos o regresar a Venezuela a través de pasos irregulares, debido a la falta de recursos para abordar vuelos comerciales.

2.2. Cierre de fronteras y pasos clandestinos

Con respecto a la frontera peruano-ecuatoriana, en medio del estado de emergencia sanitario en abril del 2020, el gobierno de Martín Vizcarra desplegó sus fuerzas militares y vehículos blindados a la zona fronteriza norte de Aguas Verdes (Tumbes). Su objetivo era desarticular los 22 pasos clandestinos que existían en la zona. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Perú, serían usados como vías de ingreso a migrantes ecuatorianos y venezolanos ^{El Comercio, 2020a}.

Por ello, hay varias historias de venezolanos que emprendieron el complicado retorno. Por ejemplo, un grupo de 28 personas, algunas de entre 19 y 60 años, caminaba en mayo de 2020, desde Lima hacia el norte de la ciudad de Chancay, situada a 70 km al norte de Lima, y esperaban hacer una pausa al llegar a Huacho, a 140 km de la capital peruana ^{El Comercio, 2020b}.

Asimismo, el gobierno peruano movilizó en enero de 2021 a las fuerzas armadas para “sellar” la frontera con Ecuador y frenar el ingreso de migrantes ilegales que se había incrementado mientras el país registraba un aumento de contagios y muertos por covid-19.

En el principal paso fronterizo entre Ecuador y Colombia, también hubo un incidente, específicamente en el Puente Rumichaca, en abril del 2020. Un grupo de ciudadanos venezolanos intentó cruzar a territorio colombiano, pese a restricciones por el covid-19, y fue atacado con gases lacrimógenos por la policía de dicho país ^{El Comercio, 2020c}. Ese mes, entre 200 y 400 venezolanos buscaron regresar a su país porque se encontraban varados en la frontera norte de Ecuador con Colombia ^{DW, 2020}. Y desde que empezó la pandemia hasta ese momento más de 35.000 venezolanos cruzaron territorio colombiano para regresar a su país ^{El Comercio, 2020d}.

Esto afectó drásticamente a los migrantes venezolanos que se encontraban tratando de ingresar a Ecuador. Asimismo, el prolongado cierre del puente internacional de Rumichaca generó tráfico de personas, medicinas, dólares, drogas, mercancías, equipos informáticos, celulares, entre otros objetos, por pasos no autorizados ^{El Universo, 2020}. Hasta inicios del año 2021, se encontraron unas 100 rutas irregulares que se han abierto paso en la frontera a propósito de la pandemia del covid-19 ^{El Universo, 2021}.

Con respecto a la frontera sur de Ecuador, exactamente en Huaquillas, existen 41 pasos ilegales a lo largo de 15 kilómetros de frontera; en éstos, bandas se disputan el control de pasos ilegales, ya sea para contrabando o para hacer cruzar a personas. A los venezolanos que estaban de paso les cobraban un dólar por cruzarlos de un país a otro; a los comerciantes, según la cantidad de mercadería a pasar, les cobraban entre 3 y 40 dólares, lo que puede representar una ganancia de 200 dólares diarios o 6.000 mensuales ^{(Extra, 2020)}. Por otro lado, con respecto a la frontera norte, los migrantes venezolanos tienen la opción de arrojarse al río Carchi o cruzarlo en alguna de sus 36 trochas repartidas en la provincia por un precio que oscila entre 15 y 30 dólares por persona ^{EFE, 2020}.

2.3. Despidos y desalojos

A raíz de las medidas que restringen la libre circulación fueron adoptadas por ambos gobiernos, muchos venezolanos perdieron sus trabajos, y por consiguiente sus ingresos, lo que finalmente conllevó a que muchos pierdan sus cuartos de alquiler ^{Lucas, 2020}. Ante este contexto, la situación económica de los venezolanos se vio afectada de una manera drástica, tomando en cuenta que ya era crítica antes del inicio de la pandemia. A tal punto se agravó su situación que el 80% de personas refugiadas y solicitantes de asilo venezolanas entrevistadas por ACNUR a nivel regional en 2019, manifestaron que se encontraban laborando sin ningún acuerdo contractual, y muchas dependían de la economía informal para sobrevivir (^{UNCHR, 2020}.

Esto afectó principalmente a aquellos trabajadores que habían conseguido un empleo formal y pasaron a suspensión temporal o perfecta. Desde marzo a octubre de 2020, en Ecuador se reportaron 3.098 actas de finiquito y se totalizaron 10.405 contratos de ciudadanos venezolanos ^{González Franco, 2020}. En el caso del Perú, Lima concentra al 80% de la población migrante venezolana en el país; allí, uno de cada tres se ha quedado sin empleo durante la cuarentena ^{Relief Web, 2020a}.

A esto se sumó otro problema que fue el desalojo por falta de pago, que afectó a los venezolanos en gran manera. Del total de casos de desalojos en la región, el Ecuador representa un 58,4% mientras que el Perú un 55,7%. Aproximadamente, el 40% de refugiados y migrantes fueron desalojados durante la pandemia. Para inicios del año 2021, un 38% más estaba en riesgo de perder su hogar en su país de acogida, y la mayoría de ellos no ha recibido ninguna ayuda de los gobiernos antes o después del desalojo. Además, tres de cada cuatro hogares desalojados enfrentaron nuevos riesgos de desalojo y una quinta parte de las personas afectadas eran embarazadas o madres de niñas y niños ^{Noticias ONU, 2021}.

En ambos países, las medidas restrictivas afectaron gravemente a los migrantes venezolanos, quienes perdieron sus empleos, sus viviendas y la capacidad de movilidad. Se vieron obligados a tomar decisiones difíciles, como vivir precariamente en países extranjeros o regresar a Venezuela a través de pasos ilegales. En ese momento, el presidente Nicolás Maduro consideró a los venezolanos retornados como posibles portadores de enfermedades y amenazó con ponerlos en cuarentena ^{El Comercio, 2020e}.

Debido a esta problemática, el presupuesto del RMRP 2020 (Regional Refugee and Migrant Response Plan) se vio aumentado de 1.350 a 1.410 millones de dólares; donde un tercio era destinado a actividades específicas de covid-19 para ayudar a los refugiados y migrantes en situaciones extremadamente precarias, especialmente a aquellos que necesitaban urgentemente alimentos, refugio y servicios de salud ^{EEAS, 2020b}.

En resumen, las medidas adoptadas por Ecuador y Perú durante la pandemia implicaron una suspensión de los derechos constitucionales, lo que afectó a los desplazamientos de los ciudadanos venezolanos y sus oportunidades de trabajo. Aquellos venezolanos que residían en estos países y dependían de trabajar diariamente en las calles para subsistir se encontraron sin ingresos y en riesgo de desalojo. La pregunta que quedaría por responder es si valió la pena optar por el cierre de fronteras tanto en Perú como en Ecuador desde el 16 de marzo, habiendo transcurrido tan solo 10 días de haberse detectado el primer caso de covid-19 en Perú y una víctima mortal en el Ecuador ^{Primicias, 2020}.

La siguiente pregunta que se debería plantear es: ¿dónde quedó la responsabilidad de Perú y Ecuador como Estados miembros de la CAN, cuando en agosto del 2018 ratificaron su compromiso con los derechos humanos de los migrantes venezolanos en el marco de las convenciones internacionales, la normativa comunitaria y su normativa interna venezolanos ^{(CAN, 2018)}? ¿Acaso la visión securitista de la migración venezolana de ambos Estados se terminó imponiendo a los derechos que tienen todos los migrantes, sea la nacionalidad que posean?

3. El doble discurso de Ecuador y Perú frente al manejo de la crisis migratoria venezolana

En el caso de Perú y Ecuador, si bien, por un lado, las autoridades de ambos países se comprometieron a apoyar a la migración venezolana a nivel de organismos internacionales, por otro lado, generaron discursos muchas veces de corte securitizador, lo cual se agravó con la llegada de la pandemia covid-19. Lo que se pretende hacer es trasladar del campo de la lingüística al de las ciencias políticas el análisis del “doble discurso” propuesto por el lingüista americano William D. ^{Lutz (2015}) para que, de una manera cualitativa, podamos identificar el doble discurso en el manejo de la crisis migratoria por parte de Ecuador y Perú. Lutz describe al doble discurso como:

Doublespeak is not a matter of subjects and verbs agreeing; it is a matter of words and facts agreeing. Basic to doublespeak is incongruity, the incongruity between what is said or left unsaid, and what really is. It is the incongruity between the word and the referent, between seem and be, between the essential function of language-communication-and what doublespeak does-mislead, distort, deceive, inflate, circumvent, obfuscate (p. 12).

Según lo planteado por este autor, para determinar el doble discurso, hay que demostrar la incongruencia entre la palabra (compromiso) y el referente (hechos). Para esta investigación, en el caso de la palabra (compromiso), se procederá a examinar acuerdos con organismos internacionales sobre la migración venezolana; adaptación de constituciones para una apertura hacia la migración; reformas, leyes y reglamentos para hacer frente a la migración venezolana. Por otro lado, se centrará en el referente (hechos); en este caso, la securitización de la migración venezolana, con el fin de determinar el doble discurso de la migración y posteriormente sus consecuencias en la diáspora venezolana. Por ejemplo, ¿cómo es posible explicar este cambio cuando, en la actualidad, en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH) de Ecuador, uno de sus principios siga siendo la “libre movilidad humana” y “pro persona en movilidad humana” ^{(Cancillería del Ecuador, 2021)} o, en el caso peruano, que reitera su compromiso de protección a los migrantes durante la VII reunión técnica internacional sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos celebrada en mayo de 2021 ^{(Proceso de Quito, 2021)}.

3.1. Incongruencia entre la palabra (compromisos) y el referente (hechos) y sus consecuencias en la migración venezolana en Ecuador y Perú

La palabra: Tanto Ecuador como Perú se han caracterizado por mantener una postura flexible hacia la migración venezolana hasta el año 2018, basada en compromisos internacionales y amparada en un marco normativo. Ecuador se ha comprometido constantemente con instrumentos internacionales a favor de la migración; por ejemplo, ha suscrito la Convención de Ginebra de 1951 y su Estatuto de Refugiados, que estableció los principales estándares internacionales en materia de refugio en el país. A estos instrumentos internacionales también se suma el Protocolo Facultativo de 1967, que determina el procedimiento internacional del refugio y la Declaración de Cartagena de 1984, que amplía la definición o concepto de refugio en el ámbito regional ^{(Cancillería, 2020)}.

Además, Ecuador pertenece a la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, adoptada en el año 1990. Éste es uno de los instrumentos internacionales, jurídicamente vinculantes, más importantes en materia de reconocimiento de derechos para las personas en situación de movilidad ^{(Cancillería, 2018)}. Asimismo, la OIM ha estado presente en Ecuador desde 1965, desarrollando diferentes proyectos en apoyo a los esfuerzos del gobierno ecuatoriano. Por lo tanto, ha recibido apoyo económico para manejar la crisis migratoria venezolana.

En relación a Perú, el Estado se ha comprometido con organismos internacionales que tratan el tema de migración y refugio. Además, Perú es miembro de la OIM desde 1966 y ha aceptado formalmente su Constitución mediante el Decreto Ley No. 17559 de 1969. Tanto el Estado peruano como la OIM apoyan una migración ordenada y humana, buscando beneficios mutuos para los migrantes y la sociedad receptora. Su labor se centra en brindar asistencia, apoyo técnico y asesoramiento a los gobiernos y ciudadanos peruanos en la gestión migratoria y la defensa de los derechos humanos de los migrantes ^{(OIM, 2021)}.

Con respecto a las constituciones de estos dos países, se puede decir que en la de Ecuador de 2008, el tema está mucho más desarrollado que en la peruana de 1993. De hecho, ello se vio reflejado en la Constitución propuesta en el marco de la Asamblea Constituyente de Ecuador de 2008, donde se dedicó varios artículos a temas relacionados con movilidad humana. El artículo 40 estipula lo siguiente: “Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”. Asimismo, en el artículo 416, numeral 6, se establece: “…el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur” ^{(República del Ecuador, 2008)}. Es por esta razón que la recepción de inmigrantes venezolanos ha sido un reto. Y eso ha causado un debate acerca del manejo de la situación, tomando en cuenta que, aunque la ley ampare la libre movilidad, la capacidad del Estado ecuatoriano no ha sido suficiente para enfrentar esta problemática.

Por otro lado, la Constitución peruana de 1993 mantiene un vacío legal que no le permite hacer frente a un flujo de migración tan importante como el venezolano; esto se sigue manteniendo a diferencia de otras constituciones como la ecuatoriana. Esto tiene su explicación debido a que, en la época posterrorismo, ningún país de la región hubiera considerado al Perú como un destino migratorio debido a las condiciones económicas en que se encontraba, producto de la lucha armada. Para esa época, tan solo se llegó a contar con la Ley de Extranjería de 1991.

En concordancia con la Constitución de Ecuador de 2008, la actual Ley Orgánica de Movilidad Humana (2017) y su respectivo reglamento ratifican el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad humana, la prohibición de la criminalización, la igualdad ante la ley, la no discriminación y protección de personas refugiadas, entre otros. Con esto, el Ecuador se convierte en uno de los primeros países en la región en consolidar disposiciones sobre inmigración, emigración, personas retornadas, víctimas de trata y tráfico de personas, desplazados, asilados, refugiados y apátridas en una sola ley. Además, esta ley simplifica y homologa requisitos para visas y naturalizaciones, beneficiando a los extranjeros. También se promueve la realización de trámites sin intermediarios para prevenir abusos por parte de tramitadores ^{(Cancillería, 2018)}. En esta ley, se destaca el principio de integración regional al permitir que los ciudadanos suramericanos permanezcan en Ecuador hasta 180 días sin visa por razones de turismo, en comparación con los 90 días para otras nacionalidades. Además, se establece que los ciudadanos suramericanos pueden ingresar al país presentando su identificación nacional sin necesidad de pasaporte, lo que facilita el ingreso de ciudadanos venezolanos a Ecuador.

Agregado a ello, esta ley establece canales de control migratorio preferenciales y los suramericanos no podrán ser inadmitidos ni deportados cuando hayan reingresado al país, luego de haber iniciado el proceso de regularización de su condición migratoria, hasta que se resuelva la misma. Y estarán exentos de multas y sanciones pecuniarias mientras tramiten su residencia temporal o permanente. Aunado a ello, estarán excusados del requisito de medios de subsistencia para el trámite de residencia temporal ^{(Gobierno Abierto, 2017)}. Todo lo referente a este principio cuenta con normativa específica que lo describe con más rigurosidad. Esta sección de la ley permitió que el flujo de migrantes venezolanos en Ecuador se incremente por medio de la figura de turistas. Por ello, un año después de la aprobación de dicha ley, el 2018, registró más entradas internacionales que en los últimos 20 años. De dichas entradas, el 79,4% fue por motivo de turismo, mientras que el de residencia apenas representó un 8,7%. Y los extranjeros de nacionalidad venezolana son los que registraron y siguen registrando el mayor porcentaje de entradas a Ecuador ^{(R4V, 2019)}.

Cuando empieza el éxodo venezolano, en Perú se encontraba aún la ley migratoria de 1991 que vio la luz a través del decreto legislativo N° 703 del 5 de noviembre del mismo año, durante la administración del presidente Alberto Fujimori (1990-2000). Cabe resaltar que en su momento esta ley pretendía dotar a la nación de una legislación actualizada y concordada que establezca los requisitos para el ingreso, la permanencia, la residencia, la salida, el reingreso y el control de extranjeros en el Perú, además de regular su situación jurídica. Por otro lado, también establecía que es deber del Estado garantizar los derechos, permanencia en el país y participación de los extranjeros en la vida nacional o cuando se hallen en situación de tránsito ^{(OAS, 1991)}.

Según ^{Cecile Blouin (2017)}, investigadora senior del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp), “No cabe duda que la Ley de Extranjería de 1991 era una norma obsoleta y carente de un enfoque de derechos humanos. El Estado peruano tardó más de 20 años en cambiarla” ^{(IDEHPUCP, 2017)}. Efectivamente, no es hasta el año 2015, durante la administración del presidente Ollanta Humala (2011-2016), que se aprobó una nueva ley migratoria mediante el Decreto Legislativo (DL) N°1236; finalmente, en enero de 2017, mediante el Decreto Legislativo N°1350, que a su vez deroga los decretos anteriores, es decir la Ley de Extranjería y su modificación, así como el DL N°1236. Este decreto y su reglamento entraron en vigor el de marzo de ese mismo año ^{(IDEHPUCP, 2017)}.

El referente o hechos: En este caso, el referente sería el proceso de securitización de la migración venezolana. Por esta razón, a inicios del 2019, tanto en Ecuador como en Perú se encontraban 22.1000 y 72.8000 venezolanos respectivamente ^{(R4V, 2019)}.

Y es justamente en ese año, debido a los problemas suscitados entre venezolanos y sus respectivas sociedades de acogida, tanto en Ecuador como en Perú, que se optó por securitizar la migración venezolana en el primer semestre del 2019 con la aplicación de una visa de ingreso a ambos territorios. Por lo tanto, el referente dentro de este análisis lo constituye la securitización de la migración venezolana, lo que empeoró con la llegada de la pandemia covid-19 mediante las medidas restrictivas a la circulación como el toque de queda, que no solo afectó a las naciones sino también a aquellos trabajadores migrantes que no podían salir a las calles a trabajar. El cierre de fronteras terrestres y la restricción de vuelos internacionales fue otro factor que limitó drásticamente la movilidad de los venezolanos en ambos territorios. Obviamente esto logró frenar el flujo de venezolanos a ambos países.

La incongruencia y las consecuencias del doble discurso: Como consecuencia del doble discurso de la migración, es decir, mantener una postura flexible sobre la migración venezolana (la palabra), pero por otro lado ir aplicando medidas que limitan el ingreso de venezolanos a estos territorios (el referente), parte de estos venezolanos que se encontraban en esos países optaron por regresar a su patria. Esto también ha sido posible porque el gobierno venezolano implementó un programa de retorno que consiste en un puente aéreo y terrestre desde agosto de 2019 como respuesta a la situación de vulnerabilidad de miles de sus connacionales que se hallaban atrapados en países a donde migraron, en los que no consiguieron oportunidades de vida, y donde, por el contrario, eran agredidos, explotados y criminalizados ^{Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 2021}.

Antes del cierre del espacio aéreo y de fronteras terrestres en Ecuador y Perú, habían retornado 3.242 y 4.259 venezolanos respectivamente. Otro dato interesante es que el 64% de los repatriados identificó como primera causa del retorno problemas económicos y la imposibilidad de obtener empleo digno en los países a los que migraron; 54% precisó como motivo adicional de retorno el constante hostigamiento en el país receptor, denunciando fuertes episodios de xenofobia, explotación, maltrato laboral y social; 21% manifestó estar padeciendo fuertes problemas de salud ^{Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 2020}. Cabe resaltar que es casi seguro que aquellos venezolanos que se encontraban en ambos países y no tuvieron los recursos necesarios para poder regularizar su situación migratoria optaron por el retorno.

Durante la pandemia covid-19, hasta mayo de 2020, había más de 17.000 venezolanos registrados en su Consulado de Quito para repatriación. En el caso de Perú, en este mismo periodo, fueron retornados 210 venezolanos ante la contingencia del covid-19 ^{Ariza, 2020}. Para fines del 2020, los venezolanos retornados se calcularon en 130 mil ^{Relief Web, 2020b}. Hasta mayo de 2021, son ya más de 200 mil venezolanos los retornados, ya sea por vía aérea o terrestre, por su propia voluntad, o tras haber padecido discriminación y xenofobia ^{Telesur Tv, 2021}.