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Introducción
El acelerado crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de La Paz, a raíz de los nuevos asentamientos urbanos ubicados en la mayoría en las periferias, ha ido reconfigurando las características del municipio. Éstos comenzaron siendo informales y precarios, a falta de políticas de ordenamiento territorial y planificación urbana por parte de las autoridades nacionales y locales (Horn, 2021) y con el tiempo pasaron a integrarse física y funcionalmente con el centro urbano y con los municipios colindantes (Cielo y Vásquez, 2011). Éste no es un caso aislado, ya que el municipio de La Paz también tiene disputas por límites con los municipios de Palca, Achocalla y El Alto.
El conflicto se remonta al año 1965, cuando los comunarios de la comunidad de Mallasa realizan una cesión de territorio al gobierno nacional, que posteriormente otorga este territorio al Gobierno Municipal de La Paz el año 1971, a pesar de que estas tierras comunales pertenecían al municipio de Mecapaca. Al no existir una delimitación oficial entre los municipios de La Paz y Mecapaca establecida por el Gobierno nacional, se origina una disputa en base a este territorio, que se expresa y adquiere mayor relevancia después de la promulgación de la Ley de Participación Popular, el año 1994. Entonces, el umbral de este conflicto tiene su origen en estas políticas y gestiones realizadas por el Gobierno central que, con el afán de administrar y ordenar el territorio, no sólo en este caso sino también en otros municipios y departamentos, ha ido incorporando nuevas disposiciones que determinan nuevas condiciones del mapa político territorial del país, que generan conflictos territoriales, como menciona Fernández (2007). La división político-administrativa del país, históricamente, ha sido un eje articulador de conflictos.
Este artículo se basa en los resultados de la investigación denominada “El conflicto de límites entre los municipios de La Paz y Mecapaca, estudio de caso del barrio de Mallasa”, que fue realizada entre los años 2017 y 2018 para obtener el título de licenciatura en Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) (Agramont, 2019). El objetivo de la misma fue conocer de qué manera se ha desarrollado el conflicto de límites existente entre los municipios de La Paz y Mecapaca, específicamente, en el barrio de Mallasa. Esta investigación se interroga sobre cuáles son las características y en qué situación se encuentra actualmente este conflicto de límites.
Para mostrar todo ello, el artículo expone algunos resultados de la investigación anteriormente mencionada a partir del análisis de las relaciones sociales y políticas que se desarrollan en función de las percepciones, puntos de vista, planteamientos del sistema de actores que se han visto involucrados en este conflicto. Además, se desarrollan los conceptos teóricos que se usaron para el análisis de la información recolectada en el trabajo de campo realizado. Después, se presenta la metodología donde se mencionan las herramientas y técnicas de sistematización y análisis de la información. Los siguientes apartados desarrollan los hallazgos principales de la investigación y la discusión en función de éstos; y finalmente, las conclusiones, que nos muestran las principales premisas alcanzadas en torno al análisis sociológico de este conflicto.
Estado del arte y marco teórico
Con relación al conflicto de límites, no se han encontrado investigaciones en Bolivia que aborden esta problemática a partir de un enfoque social y territorial. Además, hay que tomar en cuenta las particularidades de esta investigación: el barrio en disputa se encuentra entre dos municipios que se han unido físicamente a raíz de los procesos de urbanización y reconfiguración territorial en esta área. Esto incide en las representaciones e imaginarios sociales de la población y su interacción con estos procesos territoriales y el conflicto como tal. En este sentido, la investigación nos ayuda a complementar este tipo de conflictos a partir de la interacción del sistema de actores involucrados y las consecuencias de la incapacidad del Estado de adecuar las políticas de ordenamiento territorial a los procesos de urbanización que se están desarrollando en las ciudades del país (Barrientos, 2012) y que están reconfigurando las zonas periurbanas (Arteaga, 2005).
Sin embargo, se han encontrado algunos aportes como el de Tarquino (2014), que realiza una investigación sobre un conflicto socioambiental entre dos comunidades periurbanas de municipios aledaños al municipio de La Paz. Por otro lado, Arbona (2011) analiza las dinámicas históricas y espaciales en la construcción de un barrio en la ciudad de El Alto a partir de las formas de organización social-política en los procesos de construcción social y reproducción ideológica. Asimismo, Gargantini, Perisini y Rodríguez (2018) abordan un conflicto de suelos urbanos con relación al gobierno, de acceso al suelo y uso del espacio urbano en la ciudad de Córdoba, Argentina, a partir de las representaciones y estrategias de articulación de los actores en cuestión.
Para el abordaje del tema, se partió principalmente de dos premisas teóricas: por un lado, el tema del territorio como espacio social (Mazurek, 2012), focalizando el proceso de urbanización que se ha desarrollado, además, del proceso de apropiación que se desarrolla en el territorio a partir de la construcción de identidades colectivas. Por otro lado, se abordó el tema del conflicto social, a partir de los actores que se desenvuelven en este territorio (Nicolas et al., 2007).
El enfoque que se ha tomado con relación a la teoría del conflicto social parte de la línea estructural funcionalista en base a las ideas de Lewis Cosser (1967) y Ralph Dahrendorf (1971). Este último analiza el conflicto a partir del estructuralismo funcionalismo, partiendo de la premisa de que el conflicto sería un hecho social y, por ende, un elemento necesario de la vida social. Es decir, los conflictos son inherentes a la sociedad; en mayor o menor medida se expresan de diferentes formas y a diferentes niveles perturbando el sistema social determinado en el cual se desarrolla.
Para el ámbito territorial, recurrimos a Mazurek (2012), que, en su texto Espacio y Territorio, menciona que: “El territorio, como espacio físico, no tiene dinámica propia, son los actores los que impulsan una dinámica que se refleja en las estructuras territoriales” (p. 66). Por lo tanto, el papel de los actores sociales que intervienen en esta disputa es la base fundamental para entender y desarrollar este tema.
Asimismo, con relación a los procesos de transformación territorial rural-urbanos en el país, han sido de gran apoyo los aportes de Torrico (2011) y Cielo y Vásquez (2011). Por otra parte, Urquieta (2011) nos ayuda a entender los procesos de reconfiguración territorial de las ciudades, más allá del marco urbano y de una definición abstracta o características específicas que la definan y a partir de términos más abarcadores y generales como “lo urbano”. Además, tomando en cuenta que si bien “lo urbano” es una categoría teórica, no es algo empírico, ya que su conceptualización está en función de la formación histórico geográfica específica del contexto específico en el que surgió (Brenner y Schmid, 2015).
Para poder introducirnos al tema de los límites territoriales, partimos de la idea de Antequera (2011), que menciona que los límites están determinados por la dinámica social que se desarrolla en el territorio, quedándose el aspecto físico relegado a un segundo plano, que además puede ir variando y modificándose dependiendo de la intensidad de la dinámica social que se desarrolla. Allí, las representaciones y redes de interacción de los actores de un determinado territorio nos ayudan a comprender también el ámbito simbólico, es decir, las representaciones y los imaginarios existentes (Gargantini et al., 2018). Como menciona Achi (2011), las fronteras urbano-rurales se caracterizan por una constante tensión entre los modos de organización que se realizan por el control del espacio tanto rural (organizaciones agrarias) como urbano (juntas vecinales), en la cual ambos buscan prevalecer y legitimar sus modos de organización y control del espacio. En este caso, la Junta de vecinos y el Sindicato Agrario cumplen ese papel.
Finalmente, para entender a partir de un enfoque social las representaciones e imaginarios que tienen los actores que conforman este territorio, tomamos en cuenta la concepción de Silva (2006), quien menciona: “Los imaginarios se tornan un camino excepcional para entender el espacio, no sólo como geografía, sino como historia y cultura (…). Al igual que entender su sentido de etnicidad y construcción del otro” (p. 113). Tomando en cuenta que en el país no hay una sociedad dual o antagónica entre lo occidental y lo indígena, sino una sociedad articulada con variantes culturales dependiendo del contexto y características de la región, prevalece una estratificación clasista (Albó, Greaves y Sandoval, 1983). Por tanto, no es una relación excluyente la que se establece entre la comunidad y el barrio de Mallasa. Esto responde más a la creación de imaginarios, que mantienen la idea de la diferenciación, en este caso, en el ámbito territorial, entre lo rural y lo no rural, reproduciendo esta división social que menciona Alvizuri (2009): donde antes la retórica diferenciaba entre indígenas y no indígenas, se tiende ahora a decir “actores étnicos” y “sin etnicidad”.
Metodología
La investigación tuvo un carácter descriptivo; se llevó a cabo una estrategia metodológica con un enfoque cualitativo de carácter inductivo, es decir, que no se parte de una hipótesis y que el conocimiento de la realidad estudiada se fue construyendo en el desarrollo de la investigación a partir de un marco conceptual-teórico (que fue desarrollado anteriormente). Asimismo, el trabajo de campo realizado2 se fundamenta primordialmente en torno a los actores sociales identificados en el espacio en disputa, en función de sus intereses, posiciones, prioridades y representaciones acerca del conflicto.
Se partió de una revisión hemerográfica de notas que abordaban temas afines o específicos sobre el conflicto de límites, la mayoría de éstas en sus versiones electrónicas y comprendidas entre los años 2016 y 2017, lo cual nos ayudó a contextualizar e introducirnos en el tema, para posteriormente validarlo y contrastarlo con el trabajo de campo. Se realizó una revisión bibliográfica, a partir de que se ha desarrollado un balance del estado de la cuestión y se ha contrastado con otras investigaciones que abordan temáticas similares. Posteriormente, se trabajó con las herramientas de recolección de información a partir de observación no participante, entrevistas semiestructuradas con autoridades departamentales, municipales, vecinales y comunales, y entrevistas etnográficas con vecinos y comunarios. Se realizaron 21 entrevistas etnográficas, 7 a comunarios y 14 a vecinos de Mallasa, y 13 entrevistas semiestructuradas: 2 a representantes del Gobierno Departamental, 4 a autoridades del municipio de La Paz y 4 a autoridades del municipio de Mecapaca (4), y finalmente 3 entrevistas semiestructuradas a representantes de la Junta de Vecinos y del Sindicato Agrario. En el presente artículo, con el fin de preservar la identidad de los informantes, se utilizan seudónimos para citarlos.
Se decidió tomar como estudio de caso al barrio de Mallasa, tomando en cuenta la importancia del mismo3 en términos geográficos, ya que se encuentra en el centro del conflicto y se constituye en el centro articulador, como un pequeño hinterland de toda esta zona de expansión urbana. En términos económicos, en ese barrio hay una dinámica económica muy intensa, por las características del territorio y los espacios de recreación e instituciones que se encuentran en el mismo. En términos políticos, ambos municipios cuentan con sus subalcaldías y autoridades correspondientes en el barrio. Además, Mallasa cuenta con mayor población en relación a los otros barrios que se encuentran en disputa, que son: Jupapina, Chiaraque, Aranjuez y Mallasilla.
Hallazgos
De comunidad a barrio: breve caracterización sociohistórica del barrio de Mallasa
El territorio en cuestión atraviesa un proceso de urbanización emergente que se resiste a su inevitable mutación rural-urbana y que se encuentra atravesado por un conflicto de límites entre los municipios de La Paz y Mecapaca. Estos municipios forman parte de la provincia Murillo, que además está compuesta por los municipios de Achocalla, Palca y El Alto. En el cuadro 1, tenemos una tabla comparativa en el ámbito demográfico y presupuestario de los municipios de La Paz y Mecapaca, donde podemos evidenciar las diferencias del municipio de Mecapaca con relación al municipio de La Paz en este conflicto (Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, 2008). Esto se expresa también en el tema institucional y en la capacidad de gestión e impacto que pueda tener cada gobierno municipal sobre su territorio.
Con relación al ámbito administrativo del territorio, éste tiene dos denominaciones: Macrodistrito de Mallasa para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y Macrodistrito de Mecapaca para el Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca. Cuenta con 5.703 habitantes, de los cuales 2.150 pertenecen al barrio de Mallasa, según datos del Censo 2012 (INE, 2012). En el caso de la población que habita en el territorio en disputa, ésta representaría aproximadamente un poco más del 30% de la población total del municipio de Mecapaca y menos del 0,5% de la población total del municipio de La Paz4.
Cuadro 1: Datos generales comparativos de los municipios de La Paz y Mecapaca
| Municipio de La Paz | Municipio de Mecapaca | Mallasa | |
|---|---|---|---|
| Población total | 766.468 hab. (99,77% urbana) | 16.086 hab. (99,2% rural) | 2.150 hab. |
| POA anual 2018 (Bs) | 2.239.055.176 | 24.997.180 | 750.000 |
| Total viviendas | 248.683 | 3.500 | 630 |
POA = Programa Operativo Anual. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 2012 del INE (2012) y la página del Servicio Departamental de Autonomías de La Paz (SEDAPL, http://autonomias.gobernacionlapaz.com).
El área que se encuentra en disputa, según información del Programa Operativo Anual (POA) de Mecapaca, abarca 41 km² (figura 1). El territorio que ocupa Mallasa era anteriormente una hacienda que pertenecía a una orden religiosa. Después de la Reforma Agraria del 52, estas tierras fueron transferidas a los comunarios que vivían en esta zona y desde entonces se constituyó la “Comunidad de Mallasa”. Los primeros habitantes de esta comunidad eran, en su mayoría, originarios del lugar y con el paso del tiempo este territorio comenzó a urbanizarse, se establecieron las primeras calles y se empezaron a consolidar los primeros asentamientos (Flores, 2014).
Fuente: Elaboración propia con base en el mapa de la página web del SEDALP (2019).
Figura 1: El barrio de Mallasa en el territorio en disputa entre los municipios de La Paz y Mecapaca
Mallasa tiene sus documentos “ancestrales” otorgados por el Consejo Nacional de la Reforma Agraria (CNRA), según menciona el Secretario General del Sindicato Agrario. Originalmente, fue creado con el nombre de “Comunidad Mallasa y Chiaraque”, según la Resolución Suprema N° 68329 del 17 de octubre de 1955 que emitió el ex Consejo Nacional de la Reforma Agraria (entrevista a Felipe, Secretario General del Sindicato Comunal de la Comunidad de Mallasa, 63 años, 29-7-2017). Es a partir de la Revolución del 52, con la Reforma Agraria, que toda esa zona pasó por un proceso de regularización y de readministración por parte del Gobierno nacional que, a través del INRA, se ocupó de dotar de tierras a los campesinos originarios del lugar, la cual se fue expandiendo y desarrollando.
El año 1956, los dirigentes de la comunidad de Mallasa hacen una cesión voluntaria de 180 hectáreas a favor del Estado nacional, cuando Víctor Paz Estenssoro se encontraba en la presidencia. En ese acuerdo, el Estado se comprometió a compensar esa cesión con 490 hectáreas en la provincia Nor Yungas, cantón Caranavi, al margen del río Yara. Sin embargo, cuando los comunarios se trasladaron a este nuevo lugar, encontraron que ya estaba ocupado por las cooperativas mineras. Este hecho fue tomado como un engaño del Estado hacia los comunarios, ya que, de manera paralela, el año 1956, el Estado comenzó a administrar el territorio cedido en Mallasa, que abarca todo lo que hoy es el Parque Nacional de Mallasa. En 1971, durante la presidencia del general Hugo Banzer Suarez, mediante el Decreto Supremo 10/125, el Estado transfirió la administración de este territorio al municipio de La Paz, pero no la propiedad (entrevista a Felipe, Secretario General del Sindicato Comunal de la Comunidad de Mallasa, 63 años, 29-7-2017).
Después de la promulgación de la Ley N° 1551 de Participación Popular, en 1994, el conflicto adquiere mayor relevancia. Con esta ley, Bolivia se municipaliza y establece la asignación de recursos por habitante y algunos gobiernos municipales, con el afán de captar mayores recursos para sus municipos; al no haber delimitaciones municipales concertadas, se desarrollan disputas por límites entre los municipios, lo cual genera un mayor desorden político administrativo del territorio.
Tanto vecinos como comunarios de Mallasa tienen, en su mayoría, los papeles de sus propiedades al día. Según sus preferencias e intereses particulares, regularizan y realizan los trámites correspondientes en uno u otro municipio, siendo ésta una de las consecuencias de las políticas de “hiper-regulación” que desarrolla Horn (2021), aunque hay la tendencia de que la mayoría regularice y realice sus trámites en el municipio de Mecapaca, por las facilidades de tiempo y económicas que éste brinda. No obstante, es evidente el rol que tiene el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en el barrio de Mallasa, donde cumple funciones no sólo de administración de trámites y procedimientos de regulación de propiedades, sino también de gestión, fiscalización y control, ámbito en el cual la participación del Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca es prácticamente inexistente.
Una aproximación al papel de la burocracia en la resolución de conflictos
En Bolivia, se cuenta con la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Procedimientos, que abrogó la Ley N° 1551 de Participación Popular, la Ley N° 2028 de Municipalidades que fue abrogada por la Ley 482 de Gobierno Autónomo Municipales, las cuales son necesarias tomar en cuenta para entender el origen del conflicto, que se inició formalmente a finales del año 2014, por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP). Esta instancia municipal, apoyándose en los procedimientos con que se cuenta para la resolución de este tipo de conflictos (la Ley Nº 339 de Delimitación de Unidades Territoriales), solicitó que el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz pueda iniciar el proceso de delimitación de límites municipales con el municipio de Mecapaca.
La Gobernación de La Paz que, de acuerdo a la normativa funge como mediadora, comienza este proceso de conciliación coordinando y consensuando con ambos municipios más de nueve reuniones de conciliación5; la mayoría de éstas se desarrollaron con muchas dificultades, con la inasistencia de las partes en determinadas ocasiones y la reprogramación de las reuniones. A pesar de que en estas reuniones ambos municipios pudieron intercambiar posiciones, defender sus argumentos y también sus propuestas de solución, no se logró llegar a ningún acuerdo. Debido a las posiciones cerradas que tenían ambos, ya que defendían sus intereses y mantenían posiciones muy cerradas, el municipio de Mecapaca terminó desconociendo y cuestionando el proceso mismo de conciliación.
Según el procedimiento establecido en la Ley Nº 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, en el caso de que el Gobierno Departamental no consiga un acuerdo o conciliación entre ambas partes, lo cual sucedió a finales del año 2016, el proceso debía ser transferido al Viceministerio de Autonomías (Ministerio en ese entonces). Sin embargo, esta instancia no aceptó la documentación del proceso presentada por la Gobernación del Departamento de La Paz, observando que este último, no habría cumplido con todas las fases del proceso de conciliación, además de cuestiones de forma y de procedimiento. Entonces, el proceso no fue transferido a este Viceministerio y fue archivado por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, con lo cual se incumplió con los tiempos preestablecidos en la normativa de Delimitación de Unidades Territoriales que establecen 12 meses para conseguir una solución a este tipo de conflictos.
Esta interrupción del proceso de conciliación de límites municipales es reconocida por las autoridades del municipio de Mecapaca como un triunfo parcial, gracias a la movilización y gestión de sus autoridades y de los comunarios. Por parte del municipio de La Paz, es observado como una parcialización del Gobierno central con el municipio de Mecapaca, ya que, si se continuara con el conducto regular, el Viceministerio de Autonomías debería instruir la realización de un referéndum, tomando en cuenta que, una vez agotada la instancia de discusión y de mediación por parte del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, se procede a resolver el mismo de manera democrática en los recintos electorales, donde los habitantes del territorio en disputa deben decidir a qué municipio quieren pertenecer. Este trámite se encuentra paralizado y archivado en la Dirección de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz desde noviembre de 2016.
El conflicto de límites, más que una disputa territorial
El conflicto de límites se constituye en un conflicto social y territorial, en el sentido de que, para entender la dinámica y las estructuras territoriales, como menciona Mazurek (2012), es necesario conocer la dinámica que desarrollan los actores sociales que se desenvuelven dentro del mismo (Gargantini et al., 2018); por ello, en primera instancia, se ha identificado el sistema de actores sociales que se desenvuelven en el territorio que ocupa el barrio de Mallasa.
A raíz de las posiciones que han asumido ambas partes, se ha creado una oposición objetiva de intereses, donde ambos municipios pretenden tener la jurisdicción sobre un mismo territorio. De esta manera, los grupos en conflicto se han conformado de la siguiente manera: por un lado, La Paz, compuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Junta de Vecinos del barrio de Mallasa; por el otro, Mecapaca, liderado por el Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca, el Sindicato Agrario de la comunidad de Mallasa y los comunarios del barrio de Mallasa.
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se mueve en el conflicto según intereses económicos en primera instancia, tomando en cuenta que están en cuestión los recursos de coparticipación que reciben estos barrios, además del cobro de impuestos a las propiedades que se encuentran dentro del territorio en disputa. La Junta Vecinal del barrio de Mallasa, a pesar de que no expresa un apoyo explícito a La Paz, depende en gran medida de este municipio y comparte intereses con el mismo, ya que éste le otorga los recursos para que desarrollen sus funciones como autoridades vecinales dentro del barrio.
El Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca tiene también diferentes intereses dentro de este conflicto, que, a priori, son muy similares a los que tiene La Paz. En éstos principalmente están en juego los recursos de coparticipación tributaria y los impuestos, y, por otra parte, los intereses que están relacionados con las formas de organización social presentes dentro del barrio, expresados principalmente por el Sindicato Agrario, que busca que prevalezcan sus modos de organización comunales (Arbona, 2011), los cuales también están en juego, tomando en cuenta el proceso de urbanización y la presencia de la junta vecinal del barrio, que se contraponen con estos intereses.
Los intereses de los comunarios con relación al conflicto no están claramente definidos; el apoyo a uno u otro municipio se dispersa en función a intereses particulares de los habitantes del barrio, que se traducen principalmente en impuestos más accesibles o trámites menos burocráticos y más rápidos que, por ahora, ofrece el municipio de Mecapaca. Además, hay que tomar en cuenta que los comunarios tienen títulos agrarios de posesión de sus terrenos con los que han regularizado los títulos de propiedad de sus viviendas en Mecapaca. Lo anterior inclina la balanza y el apoyo por parte de los comunarios a este municipio: “El hecho de que La Paz se quede con la jurisdicción de Mallasa, pondría en riesgo nuestros títulos agrarios de posesión de terrenos, ya que probablemente este municipio podría revertir la situación legal de estas tierras” (entrevista a Pedro, comunario de Mallasa, 55 años, 25-7-2017).
Finalmente están los vecinos, los cuales tienen posiciones muy difusas en relación al conflicto, y no se podría generalizar una parcialidad hacia uno u otro municipio. De manera similar a los comunarios, estos actores sociales expresan intereses económicos que se respaldan, sobre todo, en los intereses particulares que tiene cada vecino para tributar menos y realizar menos trámites, en donde éstos sean lo más accesibles y menos burocráticos posibles, como lo expresa a continuación un vecino del barrio:
Sí, todas las facilidades del mundo (en Mecapaca), desde la entrada, hermano pase, cómo está hermana, en aymara o en español, en qué le podemos servir y te lo hacen todo en máximo 48 horas. Lo importante para ellos es generar ingresos. Yo, la verdad, si tendría que hacer un nuevo trámite, pues lo hago en Mecapaca (entrevista a Gabriel, vecino del barrio Mallasa, 55 años, 1-8-2017).
Un conflicto de imaginarios sociales
Uno de los principales hallazgos de la investigación es la presencia de determinados imaginarios urbanos y rurales que se expresan justamente a raíz de este conflicto, lo cual se ha podido evidenciar sobre todo en el caso de los comunarios y el Sindicato Agrario, donde no sólo está en disputa un territorio, como espacio físico y espacio social, sino también en esta lógica de posiciones contrapuestas. Estos imaginarios sociales que parten de la tradicional dicotomía entre lo rural y lo urbano, que se contrastan en función de las características históricas del territorio, se han formado sobre la base de un proceso de transición rural-urbano que resulta parte esencial para entender este conflicto. Éstos refuerzan las posiciones existentes en torno al conflicto y son compartidas por cada una de las partes en disputa. “Aquí está dividido en dos, los comunarios y vecinos. Unos están en Mecapaca y otros en Mallasa, Alcaldía de La Paz” (entrevista a Mariano, vecino del barrio Mallasa, 67 años, 1-8-2017). Esta referencia nos muestra cómo, dentro del imaginario social, se contrapone la relación entre vecinos y comunarios, a partir del conflicto de límites persistente. De la misma manera que se produce esa tensión entre las relaciones barrio-comunidad, los actores que dan vida a estos espacios son los vecinos y los comunarios, respectivamente. Estas concepciones se han desarrollado a raíz del proceso de transición urbano rural que ha sufrido este territorio: “los de esta zona”, “los de este lugar”, “los del campo”, “colonos”, “campesinos”, “oriundos”, “agrarios”, “floristas”, “colonizadores” “los de abajo”6.
Éstos son algunos de los términos que hemos encontrado en el transcurso de la investigación, los cuales son utilizados cotidianamente por los habitantes, las autoridades vecinales, comunales y municipales para referirse a los “comunarios” de Mallasa. A priori, Mallasa, por su infraestructura y características, suele ser considerado un barrio residencial. Sin embargo, la realidad es otra entre los habitantes de Mallasa, donde han prevalecido ciertas categorías propiamente rurales, y también urbanas (Becerra, 2021), para denominar a determinados habitantes del barrio; éstas, en su mayoría, para el caso de los “comunarios”, parten de sesgos, estereotipos y prejuicios que circulan actualmente en nuestra sociedad con relación a lo rural.
Cuando hablamos de las categorías de “vecino” y “comunario”, no estamos hablando de un concepto tan profundo como el de identidad como tal, ya que no podemos decir que los comunarios de Mallasa pertenezcan o pertenecían a una determinada cultura (aymara quechua, etc.) ni tampoco los vecinos. Si bien estas categorías no se constituyen en una identidad como tal, sí son categorías a través de las cuales los habitantes de Mallasa identifican “al otro” (Alvizuri, 2009) y que al mismo tiempo se apoyan en ideas e imaginarios que se tienen sobre los modos de vida y la cultura, tanto urbana como rural.
Esto responde a ese afán de crear esa división social entre los “que tienen etnicidad” y los “sin etnicidad”, pero que al mismo tiempo parten de estos imaginarios sociales que plantea Silva (2006), que se van creando con el propósito de entender el espacio, no sólo como un espacio geográfico, sino a partir de su historia y cultura; es decir, parten del pasado y se intenta construir identidades colectivas Mazurek (2012), a partir de un sentido del otro, estableciendo límites en los imaginarios y representaciones de una manera paralelamente opuesta.
Por ende, en el caso de los vecinos, se consideran “vecinos” porque viven en el barrio de Mallasa y forman parte de la dinámica urbana de este territorio. Pero, por otra parte, en el caso de los comunarios, esta categoría tiene su origen en los procesos de transformación histórica que ha sufrido este territorio, que hoy es denominado como barrio de Mallasa, pero que fue como una comunidad, como menciona un vecino: “La comunidad de Mallasa estaba compuesta por una pequeña cantidad de habitantes los cuales eran denominados colonos” (entrevista a un integrante de la familia Mora, vecinos del barrio Mallasa, 1-8-2017).
Es decir, que de alguna manera esta categoría de “colonos” surge como un intento de hacer desaparecer la condición social de la población de las áreas rurales y de sus modos de organización y administración (Arbona, 2011). Esta población evidentemente no ha sido tomada en cuenta en las reformas agrarias que se han realizado, donde, solamente a partir de una lógica plenamente estatal, se busca, con el afán de “ordenar el territorio”, despojar también del mismo a los indígenas. De esta manera es que el término de “colono” fue absorbido por el término de comunario, ya que estos “colonos” se agruparon y se organizaron en comunidades, en este caso, la comunidad de Mallasa. A pesar de que cada vez son menos los habitantes que se autodenominan como comunarios, esta categoría no se mide por la cantidad, sino por las características que asumen los que así se autodenominan.
La principal característica que los identifica, según los comunarios de Mallasa, es que son los habitantes “originarios” del lugar, es decir, los que han nacido en Mallasa o viven hace muchos años en el lugar: “Yo soy originario de Mallasa, yo vivo desde mi nacimiento”. Esta condición de comunarios se transmite generacionalmente a los hijos, nietos, etc. Los comunarios son, según ellos: “…la gente que ha vivido hace tiempo. Yo vivía también hace tiempo, pero no sé si me entiende. Más que todo son los que se dedican a la chacra y esas cosas y hacen sus reuniones. Tienen sus chacras en el río, los floristas les llamamos” (entrevista a Nelson, vecino del barrio Mallasa, 1-8-2017). Estos comunarios tienen su propia representación, el Sindicato Agrario de Mallasa.
Como hemos visto, el tema de los comunarios obedece a un imaginario de “comunarios” que se tiene en el barrio, más con relación a los “oriundos” del lugar o “campesinos” y su modo de vida, que en gran medida está asociado a que históricamente en este territorio se dedicaban y se dedican al cultivo de alimentos. Sin embargo, estas categorías no son cerradas ni están estrictamente establecidas. Por ejemplo, el Secretario General del Sindicato de Comunarios de Mallasa no es oriundo del lugar. Él nos mencionaba que es oriundo de la comunidad de Aranjuez, que se encuentra aledaña a Mallasa; sin embargo, su esposa es oriunda de la comunidad, por lo cual no es un “requisito indispensable” para pertenecer al Sindicato Agrario el hecho de haber nacido en Mallasa. Por lo tanto, actualmente tampoco se tiene muy definido quiénes son considerados comunarios, es un tema más de autoidentificación dentro del barrio de Mallasa.
Con el conflicto de límites, de alguna manera, estos “imaginarios identitarios” se han visto reforzados, donde los gobiernos municipales respectivos han tenido también cierta influencia. Por un lado, La Paz, que reconoce y coordina con los vecinos a través de la Junta de Vecinos; por otro lado, Mecapaca, que coordina con los comunarios mediante el Sindicato de Comunarios de Mallasa. De esta manera, se han desarrollado dos bandos, el de los comunarios, como originarios del lugar, buscan hacer prevalecer sus títulos agrarios de propiedad que tienen sobre la zona, apoyados por Mecapaca, que busca tener jurisdicción justamente sobre estos territorios. Y el de los vecinos, que son en su mayoría nuevos habitantes de Mallasa, que adquirieron sus propiedades y que de alguna manera se identifican con La Paz, a pesar de que la mayoría de ellos pague sus impuestos en Mecapaca o han registrado su vivienda en ese municipio.
En este sentido, se ha desarrollado una especie de imaginario del “otro”, a partir del cual se contraponen los intereses de los comunarios y de los vecinos en el conflicto de límites. Este imaginario se vincula a un uso instrumental del racismo: ambos bandos plantean ser víctimas de racismo. Según el Secretario General del Sindicato Agrario, actualmente no se puede llegar a coordinar entre comunarios y vecinos para realizar proyectos conjuntos: “Como te digo, aquí hay una especie de racismo, los comunarios no les dan valor a los vecinos. Tampoco los comunarios dejan que se administre por los vecinos. Hay una pugna, digamos” (entrevista a Felipe, Secretario General del Sindicato Comunal de la Comunidad de Mallasa, 63 años, 29-7-2017).
Los campesinos son campesinos y a nosotros nos llaman racistas, ellos son los racistas porque existe así como una rivalidad. Yo soy amigo de todos porque yo me llevo muy bien con los campesinos, con todos. Aquí viene a mi tienda de todo, yo me llevo con todos (entrevista a Jhon, vecino del barrio de Mallasa, 49 años, 2-8-2017).
Uno de los ejemplos en el que hemos evidenciado que se ven plasmadas estas tensiones entre los que se denominan “vecinos” y “comunarios” es el aniversario de Mallasa. Según el Secretario General del Sindicato Agrario, la fecha de la fiesta patronal de la comunidad de Mallasa es el 2 de febrero: “Las madres Carmelitas Descalzas de San José la primera escritura que hacen en Derechos Reales es el 2 de febrero de 1924”, que ha sido adoptada también por el barrio como su fecha de aniversario. En este aspecto, el 2 de febrero, tanto los vecinos del barrio como los comunarios realizan cada uno su propio desfile para festejar el aniversario de Mallasa, y esto se da de la misma manera en el aniversario del departamento, del país, etc.: por un lado, los comunarios, en coordinación con el municipio de Mecapaca; por otro lado, los vecinos, en coordinación con el municipio de La Paz, siendo que en estas fechas de aniversario siempre surgen enfrentamientos entre ambos bandos:
Si siempre ha habido (avasallamiento de tierras), digamos. (…) Siempre ha habido ese problema y generalmente se resalta cuando hay desfiles, por ejemplo, por el 16 de julio y el 6 de agosto es donde empieza la gente, los colonos, la gente del pueblo podríamos decirle, empieza a tomar y no deja salir ni desfilar a los de la subalcaldía ENT#91;de La PazENT#93;, siempre ha habido ese problema (entrevista a Felipe, Secretario General del Sindicato Comunal de la Comunidad de Mallasa, 63 años, 29-7-2017).
Es así que se han desarrollado ciertas ideas o, como lo hemos denominado, “imaginarios y representaciones identitarias” que parten de estereotipos que existen en nuestra sociedad sobre las personas que viven tanto en áreas rurales como urbanas y son utilizados para denominar e identificar a éstas. No obstante, en la realidad, estas tensiones no se expresan a través de confrontaciones, sin tomar en cuenta algunos hechos aislados. En teoría, se caracterizan como grupos antagónicos, cerrados y excluyentes; no obstante, en la práctica comparten el mismo espacio, independientemente de que sean vecinos, comunarios o apoyen a uno u otro municipio. Sin embargo, no podemos negar que estos imaginarios se han visto de alguna manera reafirmados a raíz del conflicto de límites.
Entre imaginarios y modos de organización social
La institución más antigua en el barrio de Mallasa es el Sindicato Agrario, cuya fundación se remonta al año 1955. Posteriormente, con el crecimiento del barrio y el proceso de urbanización, tanto la población como el territorio fueron aumentando; se crea la Junta de Vecinos de Mallasa, que empieza a funcionar a partir del año 1985.
Esta junta vecinal respondía más a los nuevos asentamientos urbanos que comenzaban a consolidarse con los nuevos vecinos que para ese entonces eran mucho menos con relación a los comunarios, quienes coordinaban con el Sindicato Agrario. Sin embargo, esta relación ha ido cambiando en los últimos años, ya que ahora existen más “vecinos” que “comunarios”. De esta manera, vemos cómo se ha desarrollado también una transición de las formas de organización rural-comunal a formas de organización urbanas-vecinales. En general, la mayoría conoce de la existencia de estas organizaciones o por lo menos tiene conocimiento de una de éstas:
Existen dos (organizaciones sociales), una que está dirigida por comunarios y otra que está dirigida por vecinos de la zona. Como te digo, son muchas peleas, entre los que son -les dicen no ve- los “q’aras” y los “t’aras”. Según aquí, los “t’aras” son los morenos, los que han nacido acá y viven acá. Y los vecinos que vienen, por ejemplo gente de mucho tener, digamos, vienen acá a alquilarse departamentos, y son vecinos nomás. En cambio, los comunarios son los dueños de las tierras de acá del lugar, entonces, por eso es que se han creado dos juntas (entrevista a un integrante de la familia Mora, vecinos del barrio Mallasa, 1-8-2017).
Asimismo, según el secretario general del sindicato comunal, hasta aproximadamente ocho años atrás, se mantuvo una relación con la Junta de Vecinos, había una coordinación para conseguir e incluso gestionar las necesidades y requerimientos que tenía la comunidad. Pero en los últimos años ha existido un distanciamiento entre ambas organizaciones a raíz del conflicto de límites, ya que, según el Sindicato Agrario, la Junta de Vecinos se habría parcializado con el municipio de La Paz, a pesar de que en el testimonio de la presidenta de la Junta de Vecinos no hay ningún conflicto con el Sindicato Agrario7.
Con relación a la Junta de Vecinos, ésta tiene problemas de legitimación con los vecinos, ya que la misma no es reconocida por muchos de ellos, y esto no tiene que ver con su posición con respecto al conflicto de límites, sino por temas estrictamente organizacionales y de gestión que realiza la junta: “dicen que hay una Junta de Vecinos que lamentablemente brilla por su ausencia, se convocan entre gallos y medianoche, toman decisiones a nombre de los vecinos y creo que no pasan de 10 personas y se reúnen. Entonces no hay participación del vecino” (entrevista a Gabriel, vecino del barrio Mallasa, 55 años, 1-8-2017). Por lo anterior, se podría decir que a pesar de que ahora es mucho menor la cantidad de comunarios, ellos y ellas tienen una estructura organizativa mucho más eficiente y consolidada que la de la Junta de Vecinos, que tiene muchos problemas para coordinar y legitimarse con los vecinos. También algunos vecinos desconocen al Sindicato Agrario, por la posición que éste ha tomado con relación al conflicto de límites.
Las ideas y los imaginarios abordados, que tienen su raíz en la concepción dicotómica de las categorías sociales de “vecino” y “comunario”, pasando por la categoría territorial en la que se apoyan de “barrio” y comunidad, y que finalmente se expresan también en el ámbito organizacional, con la “junta” y el “Sindicato Agrario”, inciden en la posición que los actores asumen y la forma en que van agrupándose en torno al conflicto de límites, sobre todo en el caso de los “comunarios”, que prácticamente de una manera homogénea apoyan a Mecapaca. Estas categorías de alguna manera se han ido revalorizando, a partir de la existencia de este conflicto territorial entre los municipios. Sin embargo, estos imaginarios no se expresan de la misma manera en la realidad, es decir, que evidentemente estas ideas son concebidas a partir de tensiones existentes entre lo urbano y rural; y se acentúan y evidencian sobre todo dentro del conflicto de límites. Pero estos imaginarios identitarios no son fijos, más bien son dinámicos en función a las circunstancias históricas y los intereses particulares de los actores y los grupos en cuestión.
Discusión
La presente investigación nos ayuda a entender las características sociales de un conflicto territorial, el cual va más allá de una disputa por un espacio físico. Además, tomando en cuenta que el mismo se desarrolla en un territorio que ha sufrido un proceso de urbanización, adquiere nuevas características que se expresan en el conflicto a través de imaginarios sociales que inciden y forman parte de la disputa a partir del sistema de actores involucrados. En este sentido, el artículo se enfoca en ese marco, no habiéndose profundizado en temas como el del mercado inmobiliario, problemas de gobernabilidad y legitimidad de las organizaciones sociales, que son inherentes al tema, pero que se constituyen en diferentes líneas de investigación a ser exploradas con mayor amplitud y que podrían complementar la que se presenta en este artículo.
Este conflicto de límites no se constituye en un caso aislado dentro de nuestro contexto, ya que el municipio de La Paz también tiene disputas por límites municipales con Palca, Achocalla, El Alto y Mecapaca. Por otro lado, el municipio de Mecapaca tiene conflictos de límites con los municipios de Achocalla y Sapahaqui. Esto nos da un panorama sobre las grandes deficiencias que tiene nuestro país en cuestión de planificación, administración y ordenamiento territorial.
Asimismo, al no existir una delimitación o criterios de clasificación acordes a nuestro contexto para definir y clasificar lo que es un área urbana y un área rural, se creó un vacío y una sobreposición de normas en el marco legal-jurídico para la regularización y administración territorial de estos asentamientos. Esta situación se acentuó en determinados territorios, que además no tenían claramente definida la jurisdicción municipal a la cual pertenecían. Sin embargo, con el paso del tiempo éstos fueron estableciéndose y “regularizándose” de manera parcial y circunstancial, pero sin un proyecto o política de ordenamiento urbano concreto y derivando en conflictos de límites entre los municipios.
Más allá del ámbito estrictamente formal del conflicto, éste se ha visto expresado a través del sistema de actores sociales involucrados en el mismo, donde confluyen distintas ideas e imaginarios que juegan un papel preponderante en este tipo de conflictos. En este caso específico, tienen su raíz en la concepción dicotómica de las categorías sociales de “vecino” y “comunario”, pasando por la categoría territorial en la que se apoyan de “barrio” y comunidad, y que finalmente se expresan también en el ámbito organizacional, con la “Junta de vecinos” y el “Sindicato Agrario”. Estas categorías, que se han ido revalorizando, a partir de la existencia de este conflicto territorial entre los municipios, inciden en la posición que los actores asumen y la forma en que van agrupándose en torno al conflicto de límites. Sin embargo, estos imaginarios son concebidos a partir de tensiones existentes entre lo urbano (Canclini, 1997) y lo rural; se acentúan y evidencian sobre todo dentro del conflicto de límites; son dinámicos en función a las circunstancias históricas y los intereses particulares de los actores y los grupos en cuestión. Estas tensiones se reproducen no solamente en este caso, sino también se expresan en otras ciudades del país.
Conclusiones
Es necesario establecer que en el presente artículo, si bien el tema gira en torno al conflicto de límites entre Mecapaca y La Paz, la posición de los actores tanto individual como colectiva (Di Virgilio y Rodríguez, 2011), tomando en cuenta la forma en que se han ido agrupando en torno al conflicto, el sentido y la intencionalidad de sus acciones y las tensiones e imaginarios sociales encontrados, han adquirido mayor relevancia. Por tanto, se ha relegado en importancia al tema estricto de los límites, el que se constituye en un tema pendiente de profundizar.
El conflicto de límites entre los municipios de La Paz y Mecapaca se encuentra paralizado entre las instancias mediadoras, que son el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el Viceministerio de Autonomías dependiente del Gobierno central, demostrando que las políticas de descentralización por parte del Estado, en el ámbito de la administración y gestión territorial (Horn, 2021), no han logrado establecer los mecanismos para poder solucionar este tipo de conflictos. En ese contexto, las autoridades de los diferentes niveles no tienen claramente definidas su jurisdicción ni su campo de acción; y, mediante marcos normativos y de planificación distintos, que son muchas veces contradictorios, no han hecho más que contribuir a la problemática.
Por otro lado, la precariedad e informalidad con la que se han ido desarrollando los asentamientos urbanos en las periferias de la ciudad de La Paz reflejan el papel del Estado, que, a partir de sus políticas de ordenamiento y gestión territorial, o la ausencia de las mismas, ha definido el orden y la planificación de la ciudad en esa dirección. Esta situación se ha convertido más bien en una característica de los asentamientos periurbanos, donde se han evidenciado intereses políticos de ambas partes para no continuar con el procedimiento de resolución, habiéndose cumplido el tiempo máximo establecido para la resolución de este conflicto, según las normativas vigentes correspondientes.
Mallasa es un territorio en disputa por los gobiernos municipales de La Paz y Mecapaca, pero más allá del ámbito formal-administrativo del conflicto (Cosser, 1967), éste se expresa a través de sus organizaciones sociales (Achi, 2011). Por un lado, la Junta de Vecinos del barrio de Mallasa; por el otro, el Sindicato Agrario de la comunidad de Mallasa responden a imaginarios sociales distintos, y de alguna manera fungen como brazos operadores de los gobiernos municipales, canalizando la estrategia de cada uno de los mismos (Arbona, 2011). Sin embargo, no sólo está en disputa un territorio (Mazurek, 2012) como espacio físico y espacio social, sino, en esta lógica de posiciones, están también imaginarios sociales contrapuestos, que parten de las categorías de “comunario” y “vecino”, que se han visto reforzados por el conflicto de límites. Los comunarios asumen una posición de hacer prevalecer sus formas de organización comunitaria y sus títulos agrarios de propiedad que se han vistos en riesgo a raíz del conflicto. Por otro lado, los vecinos, que tienden a mostrar una posición más neutral sobre el conflicto, tienen una visión más pragmática y utilitaria del conflicto mismo.
Entonces, los procesos de urbanización se muestran no sólo como un proceso de reconfiguración territorial, sino también social y cultural, donde se ha desarrollado un proceso de reproducción ideológica y cultural (Arbona, 2011) en el ámbito de las identidades, representaciones e imaginarios sociales, que no necesariamente parte de esa sociedad antagónica entre lo indígena y no indígena, sino que está articulado con variantes culturales a partir de una estratificación clasista, prevaleciendo esas tensiones socioculturales y políticas de nuestra sociedad boliviana (Albó et al., 1983).
Asimismo, el artículo nos ayuda a entender “lo urbano” y “lo rural” a través de los imaginarios sociales, más allá de esa tradicional construcción dicotómica. Nos brinda herramientas para entender lo urbano como una categoría teórica (Brenner y Schmid, 2015), no como algo concreto y definido (Cielo y Vásquez, 2011; Becerra, 2021), sino a partir de las características profundamente rurales de los nuevos asentamientos urbanos, tomando en cuenta el contexto histórico, geográfico y social específico en el que se desarrolla.
