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Temas Sociales

versión impresa ISSN 0040-2915versión On-line ISSN 2413-5720

Temas Sociales  no.45 La Paz  2019

 

INVESTIGACIÓN

 

Evolución temática de la agenda política boliviana en los discursos
presidenciales de Carlos Mesa (2003-2005)
1

 

The evolution of topics in the Bolivian political agenda in the presidential
speeches of Carlos Mesa (2003-2005)

 

 

Juan Marcelo Columba Fernández 2
2 Posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES), Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). La Paz, Bolivia.
E-mail: marcelo.columba.fernandez@gmail.com
Fecha de recepción: 11 de agosto de 2019 Fecha de aprobación: 30 de septiembre de 2019

 

 


Resumen

El artículo se aproxima a la evolución de los temas políticos y su representación en las producciones verbales del jefe de Estado boliviano Carlos Mesa durante su mandato entre 2003 y 2005 –en un corpus constituido por más de doscientas alocuciones presidenciales producidas entonces–. La utilización de herramientas y procedimientos lexicométricos muestra la evolución, articulación y figuración temática de las agendas en los discursos presidenciales enunciados en un complejo escenario social.

Palabras clave agenda, Bolivia, Carlos Mesa, discurso, política


Abstract

This article approaches the evolution of political topics and their representation in the verbal production of Bolivian head of state Carlos Mesa during his mandate from 2003 to 2005 – in a corpus consisting of more than two hundred presidential discourses produced over that period–. The use of lexicometric tools and procedures displays the evolution, articulation and topical figuration of the agendas in the presidential speeches pronounced in a complex social context.

Keywords agenda, Bolivia, Carlos Mesa, speeches, politics


 

 

INTRODUCCIÓN

Hacia el mes de octubre del año 2003, la convulsión social dejó una profunda huella en la historia contemporánea boliviana. La renuncia forzada del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, tras una revuelta popular que dio lugar a decenas de muertos, llevó al entonces vicepresidente Carlos Mesa3 a la cabeza del Estado iniciando, de esta manera, una agitada etapa de transición política que desembocó, a su turno, en una renuncia presidencial definitiva el mes de junio de 2005 (Klein, 2011: 314-315). Durante este periodo, la presidencia de Mesa implementó una estrategia comunicacional fundada en la sistemática emisión de discursos en torno a la agenda4 de Gobierno (Candia, 2008: 244-245; Mesa, 2008: 15) constituida sobre la base temática de otros posicionamientos políticos regionales cuyos proyectos de país, articulados discursivamente a lo largo del Gobierno de Mesa, devendrían el núcleo del imaginario político boliviano durante los años siguientes (Columba, 2016: 129).

El presente trabajo constituye una investigación desarrollada en el marco de la Maestría en Filosofía y Ciencia Política del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA) denominada “Interlocutores y agenda en el discurso político boliviano. Una aproximación lexicométrica a las alocuciones de Carlos Mesa (2003-2005)” realizada entre marzo y septiembre de 2019. Ésta analiza los discursos presidenciales del periodo señalado, fundamentalmente, en lo que respecta a la evolución léxica correspondiente a los temas de las agendas de octubre de 2003 y de junio de 2005 en Bolivia. Mediante el estudio de estas producciones lingüísticas históricamente situadas, se pretende realizar una aproximación a los imaginarios políticos de la época. En este sentido, la investigación indaga sobre la manera en la que ha evolucionado el vocabulario correspondiente a los temas de la agenda gubernamental en la esfera política boliviana durante el Gobierno de Mesa. Para responder a esta interrogante, la presente exploración toma en cuenta un corpus de discursos presidenciales bolivianos que considera casi quinientos mil vocablos, contenidos en más de doscientos discursos, enunciados durante los siete trimestres de mandato (2003-2005).

En el cometido de llevar a cabo tal acercamiento a la práctica discursiva en el ámbito político boliviano, el estudio se plantea la aplicación del método lexicométrico (Lebart y Salem, 1994: 14; Leblanc, 2017: 19) que, a partir del cómputo automatizado de frecuencias, distribuciones, especificidades y coocurrencias, permite una lectura longitudinal de los discursos y temas enunciados.

El análisis discursivo sobre los asuntos de la agenda política y su progresión temática buscará, a partir de la metodología señalada, estudiar producciones del lenguaje en contexto, mediante elementos observables a manera de índices de representaciones del imaginario político de la época. La consideración de esta materialidad discursiva, en el presente trabajo, privilegia el estudio de unidades léxicas en el discurso; para el caso que concita la atención de esta investigación, se concentra en el estudio de vocablos que refieren a los contenidos centrales de las agendas políticas en los discursos presidenciales.

El desarrollo de un estudio de estas características espera contribuir a la comprensión de un importante periodo de transición política en la historia boliviana, que bien podría ser considerado como el umbral de significativas transformaciones en el imaginario político nacional a principios del siglo XXI. Asimismo, el presente trabajo, enmarcado en una investigación de largo aliento en torno a los discursos presidenciales bolivianos, pretende poner en práctica una estrategia metodológica que articule una mirada cuantitativa y cualitativa para el estudio de conjuntos documentales análogos. Se pretende que este escrito constituya un modesto aporte al análisis de los discursos en la esfera política local buscando estudiar, mediante el empleo de herramientas de procesamiento automatizado de datos textuales, las relaciones entre la textura lingüística y el contexto sociohistórico que permite su producción.

El primer apartado del presente artículo desarrolla, a partir de la revisión y contraste de fuentes documentales que describen la atmósfera social de la época, una reconstrucción de la situación extra-lingüística en la que se produjeron los discursos estudiados. En la segunda sección, se presenta la metodología lexicométrica y la constitución del corpus que permiten efectuar el análisis cuantitativo de los discursos. Los apartados tercero y cuarto exhiben los resultados obtenidos y presentan, a manera de discusión, algunos rudimentos interpretativos a partir del análisis lexicométrico efectuado sobre el corpus de los discursos presidenciales. Cierra el trabajo la sección correspondiente a las conclusiones alcanzadas mediante el análisis empírico de los discursos estudiados.

 

MARCO HISTÓRICO: LAS AGENDAS DE LA HISTORIA 5

La agenda de octubre y la agenda de junio son agendas
de la historia (...) La combinación de ambas agendas
es la que debemos llevar adelante.
                       Carlos Mesa (9 de julio de 2004)    

A principios del siglo XXI, se instaló en Bolivia un clima de inestabilidad política rampante originada en demandas estatizadoras y reivindicaciones político-identitarias. Desde la denominada “guerra del agua”, en enero del año 2000, se produce una “nueva era creciente de movilización política y de protestas violentas de masas en las calles y carreteras de Bolivia” (Klein, 2011: 293); dichas expresiones políticas demandaban un retorno del control estatal sobre los recursos naturales y un nuevo rol político de los pueblos indígenas. La progresiva movilización política de diferentes sectores, a inicio de siglo, producirá una suerte de marea conflictual cuyos vaivenes se extenderán hasta mediados de 2005.

Se observa, así, una ruptura en la intensidad y el alcance de las protestas a partir del año 2000, marcadas por eventos significativos como la “guerra del agua” en Cochabamba y, después, la parálisis del país por los bloqueos carreteros de sectores campesinos. Posteriormente, llegaron nuevas olas violentas (abril de 2001, junio de 2001, enero de 2002, febrero de 2003, octubre de 2003, junio-julio de 2004, enero de 2005, marzo de 2005, mayo-junio de 2005), durante las cuales la asociación de grupos con alto potencial de movilización llevó a la virtual parálisis de la actividad económica, sobre todo, en el complejo urbano de La Paz-El Alto (Lavaud, 2005: 48).

La cresta más visible en esta marejada conflictual se sitúa en octubre de 2003, cuando el Gobierno habría proyectado conducir el gas boliviano hacia puertos chilenos para comercializar este recurso natural en mercados norteamericanos, aspecto que produjo la llamada “guerra del gas” cuya masiva y violenta protesta desembocó en la dimisión presidencial de Sánchez de Lozada.

Durante la primera quincena de octubre, al desarrollarse protestas contra el proyecto de venta de gas natural, se reportó la muerte de decenas de personas en la ciudad de El Alto, lo que originó la radicalización de los manifestantes, quienes bloquearon las carreteras y sitiaron la ciudad de La Paz –núcleo político y administrativo del país– y causaron el corte del suministro de alimentos y combustibles. La acumulación de gestos y acciones contra el Gobierno consiguió, el viernes 17 de octubre, forzar la renuncia del presidente y permitió la sucesión constitucional de un nuevo Gobierno a la cabeza del entonces vicepresidente Carlos Mesa (Klein, 2011: 294; Columba, 2016: 106). La renuncia de Sánchez de Lozada habría significado no sólo la disolución de un Gobierno, sino también el golpe certero que daría fin al sistema de partidos políticos, aspecto que habría repercutido en la concentración de poder en la figura del nuevo presidente de la República (Llobet, 2005: 13, 29, 31).

En ese inusitado escenario, la llegada al poder de Carlos Mesa habría representado un atenuante posterior al maremoto conflictual que había devastado al Gobierno precedente:

Mesa fue el Presidente que más apoyo tuvo de la gente en todo el periodo democrático que comenzó en 1982. Los bolivianos depositaron en él su esperanza y estaban dispuestos a otorgarle una verdadera oportunidad para encaminar las cosas y salir de la oscuridad del conflicto y la violencia. Estaban cansados y temerosos de todo lo que había ocurrido en febrero y en octubre de 2003. Se aferraron a él como a una tabla en medio del océano (Alcaraz, 2005: 13).

La noche del 17 de octubre de 2003, ante una sociedad aún perpleja por los acontecimientos previos, el nuevo presidente señalaba el rumbo a seguir. En dicha ocasión, Mesa asumió como parte de su programa de Gobierno las demandas que conformaban la denominada “agenda de octubre”, vale decir, sendas convocatorias a una Asamblea Constituyente y a un referéndum sobre hidrocarburos, este último con el objetivo de aprobar una nueva ley sobre materia energética (Alcaraz, 2005: 98; Llobet, 2005: 12; Mesa, 2008: 14; Mesa, 2010: 110-114; J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 605; Oporto, 2009: 60).

Los primeros meses del Gobierno de Mesa pueden caracterizarse como una etapa de compostura, planificación y conformación de equipos de trabajo, advirtiéndose en el país un momento de “tregua social” (Ortiz de Zárate, 2016). Durante el último trimestre de 2003, el Gobierno constituye la base de su programa político, procede a la designación de ministros, prefectos y otros delegados; Mesa participa en concentraciones populares y exhibe ante la comunidad internacional el renovado contexto político boliviano y las proyecciones de su administración (Espinoza y Mesa, 2008; Llobet, 2005: 31, 33, 36; Ortiz de Zárate, 2016).

El inicio del año 2004, presenta un escenario político en el cual se ratifica la solidez de la figura presidencial y el compromiso hecho en relación a la agenda de octubre –asumida consubstancialmente como programa gubernamental– proyectando los plazos y los pasos a seguir en la gestión política del país (Llobet, 2005: 39, 41). El mes de febrero, Mesa promulgó una substancial reforma constitucional que permitió la inclusión de la Asamblea Constituyente y el referéndum como mecanismos deliberativos (J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 608; Mayorga, 2007: 54, 58; Ortiz de Zárate, 2016).

Hacia el mes de marzo del mismo año, se presentarían ya síntomas de degradación del clima social que caracterizó el inicio del mandato de Mesa (Llobet, 2005: 54). La calma relativa instalada durante los primeros seis meses de Gobierno comenzó a tornarse en un escenario de “grave desorden social” (J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 611). Después de ásperos intercambios entre el Congreso y el Ejecutivo, el mes de abril, Mesa convoca mediante decreto al referéndum sobre hidrocarburos (Llobet, 2005: 60; Zaratti y Torres, 2008: 138; Mesa, 2008: 17; J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 608; Ortiz de Zárate, 2016). Destaca también, durante este mes, la anticipada posición gubernamental en favor de las autonomías departamentales manifestada el 20 de abril de 2004 (Barbery, 2008: 168; Mesa, 2008: 215-218).

Los meses de mayo y junio estuvieron marcados no solamente por encendidos debates en torno al contenido de las preguntas del referéndum y la naturaleza plebiscitaria atribuida al mismo, sino también por la intensa campaña mediática emprendida para informar a la población sobre su política hidrocarburífera (Alcaraz, 2005: 22; Llobet, 2005: 68, 72, 75; Mesa, 2010: 157-159; Ortiz de Zárate, 2016; Zaratti y Torres, 2008: 139). La estrategia comunicacional del Gobierno, durante estos meses, estuvo basada en la participación directa del presidente en escenarios informativos y publicitarios, difundidos en numerosas radios y canales de televisión, tanto en el área urbana como rural (Candia, 2008: 247).

Durante el mes de junio, también destaca la realización de una concentración multitudinaria en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un cabildo abierto, que demandaba la descentralización política bajo la forma de autonomía regional (Carvajal, 2016: 129; Dory, 2009: 139). La actualización de la reivindicación descentralizadora cruceña se habría realizado en el marco de la construcción estratégica de una alternativa política denominada la “agenda de junio” como contrapeso de la “agenda de octubre”, exigiendo la aplicación del mismo mecanismo referendario utilizado para definir la política pública en el tema del gas (Dory, 2009: 135-138; Llobet, 2005: 78).

A pesar de las amenazas de boicot de sectores radicalizados y los posicionamientos hostiles al referéndum del gas, durante el mes de julio se manifestó un amplio respaldo a la política hidrocarburífera del Gobierno, mediante resultados que se decantaron mayoritariamente por la opción del “sí” en las cinco preguntas formuladas (Llobet, 2005: 87; Mesa, 2008: 122; J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 608; Oporto, 2005: 33). El apoyo a la política hidrocarburífera gubernamental, expresado en los resultados del referéndum, marca un segundo momento de gran respaldo al presidente Mesa, pero también el inicio de una complicada aprobación de una nueva Ley de hidrocarburos en el Congreso boliviano (Llobet, 2005: 86; Mesa, 2008: 18; Mesa, 2010: 113).

El mes de agosto se caracteriza por el retorno de un clima de agitación social y de hostilidad hacia el Gobierno, asimismo constituye el inicio de un sinuoso debate en torno a los proyectos de Ley de hidrocarburos tratados en el Congreso (Alcaraz, 2005: 35; Llobet, 2005: 100; Mesa, 2008: 18; Mesa, 2010: 163; Miranda, 2009: 183; Urioste, 2008: 261). Los sucesivos proyectos de ley presentados por el ejecutivo fueron rechazados por un Congreso entrampado en una dilatada discusión e interpretación legislativa que habría de prolongarse hasta mayo de 2005, fundamentalmente, sobre la base de un proyecto de ley presentado por la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados (Mesa, 2010: 167-168; Paz, 2008: 154; Zaratti y Torres, 2008: 141-145).

En septiembre del mismo año, además de los vaivenes en el tratamiento del proyecto de Ley de hidrocarburos (Alcaraz, 2005: 65; Llobet, 2005: 101), el Presidente reafirmó su posición favorable a la propuesta autonómica durante los festejos por el aniversario regional de Santa Cruz, ello aún contando con un elevado nivel de aprobación gubernamental en la región (61%), un respaldo que fue mermando hacia el final del año (36%) en razón de lo que, según Mesa, fue una acción estratégica de los medios de comunicación y algunos sectores de poder local en contra de su Gobierno (Espinoza y Mesa, 2008; Mesa, 2010: 218-221).

A un año del Gobierno de Mesa, en octubre de 2004, ante el resurgimiento de la presión social y movilizaciones populares, el proyecto de la Ley de hidrocarburos fue aprobado en su modalidad “en grande” en la Cámara de Diputados (Ortiz de Zárate, 2016; Alcaraz, 2005: 76, 86). Durante el mes de noviembre, en Santa Cruz, se realizó un paro cívico demandando la realización de un referéndum autonómico, una exigencia que, desde el mes de septiembre, había promovido la dirigencia cruceña mediante la recolección de 500 mil firmas solicitando dicha votación (Alcaraz, 2005: 84, 89, 100; Dory, 2009: 140; Hollweg, 2012: 74; Marca, Baigoria y Velarde, 2014: 89; Zegada, 2007: 105).

En diciembre de 2004, ante la problemática del subsidio al diesel y a la gasolina que afectaba al Tesoro General de la Nación, el Gobierno decreta un alza en el precio de estos hidrocarburos (20% y 10%, respectivamente); es una medida que afectaría, en el caso del diesel, fundamentalmente al sector agroindustrial cruceño y, en el caso de la gasolina, al conjunto de la población debido al inminente incremento en el precio del transporte público (Dory, 2009: 141; Espinoza y Mesa, 2008; Hollweg, 2012: 75; Marca, Baigoria y Velarde, 2014: 94).

Al iniciar el 2005, una nueva ola de convulsión dividía Bolivia en dos polos. El país tuvo que hacer frente a la explosión de dos conflictos que crecerían y empeorarían, ocasionando el primer anuncio de renuncia del presidente Mesa. En primer lugar, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto pidió el fin del contrato de servicio con Aguas del Illimani, una filial del grupo industrial franco-belga Suez, al que se culpó de la mala gestión del agua en la aglomeración urbana. Por otra parte, el Comité Pro Santa Cruz (CPSC) rechazó el aumento en los precios de los combustibles que el Gobierno de Mesa decidió propiciar a fines de 2004 (Columba, 2009: 138).

Ambos movimientos, articulados por organizaciones de defensa de los intereses regionales (Fejuve, en El Alto, y CPSC, en Santa Cruz), a pesar de las concesiones gubernamentales de enero, reanudaron las movilizaciones y radicalizaron sus exigencias durante el mes siguiente. En el caso de la ciudad de El Alto, el Gobierno había decretado la cancelación del contrato con la empresa de suministro de agua (ABI, 13 de enero de 2005) y se había planeado una transición de tres meses para establecer una nueva administración. Sin embargo, los líderes del movimiento regional, exigiendo una salida inmediata de la transnacional hacia finales de febrero, habían retomado las reivindicaciones de octubre de 2003 sobre la nacionalización de los recursos naturales y la conformación de una asamblea constituyente, reanudando los bloqueos de carreteras que sitiaron La Paz, ciudad rehén de los movimientos radicalizados (Columba, 2009: 139).

Para el caso cruceño, Mesa se vio obligado a decretar la reducción del precio del diesel para la segunda quincena de enero y, para el final del mes, convocó a la elección de los gobernadores de la región (ABI, 28 de enero de 2005). Paros, huelgas y marchas, en inicio contra el aumento del precio del diesel, confluyeron hacia la realización de un segundo cabildo multitudinario, el 28 de enero, donde se exigía la realización de un referéndum por la autonomía como parte de las demandas seculares de la descentralización política regional (Dory, 2009: 141).

Durante el mes de febrero, los debates parlamentarios confrontaron proyectos de ley en una lógica dicotómica, cuestionando la prioridad de una asamblea fundacional o de las demandas autonómicas. La extensión de la discusión legislativa, que no llegó a un acuerdo en el tratamiento de las demandas regionales de El Alto y de Santa Cruz, había creado las condiciones para la transformación de amplios sectores de la opinión pública que polarizarían y endurecerían sus posturas (Columba, 2009: 140).

La polarización de la sociedad boliviana a principios del siglo XXI habría dado lugar a dos bloques articulados sobre la base de elementos como la orientación política, el origen étnico y la ubicación geográfica. Por un lado, se habría producido la articulación de un bloque de izquierda, en el Occidente del país, que reivindicaba la “agenda de octubre”. Por otro lado, un bloque oriental, también conocido como “la media luna”, reivindicaba su propia “agenda de junio” (Webber, 2010: 52-53). Esta tensión creciente configuraba una correlación de fuerzas sociales de la que participaban colectivos e instituciones de diferente naturaleza. El siguiente cuadro resume tal situación:

En este contexto de polarización progresiva que capturaba no sólo a importantes sectores de las clases medias urbanas, sino también a otras organizaciones políticas y sindicales, el Presidente tuvo un papel de mediador; un posicionamiento equidistante que en esta situación de agitación social no se parcializó con ninguno de los actores polarizados, manteniéndose fuera de la lucha entre los dos bloques (Webber, 2010: 53, 68).

La confección de cada agenda no solamente sería producida a partir de exigencias particulares al Gobierno central, sino también habría sido estimulada por la interactividad antagónica continua entre los dos bloques: la agenda de junio se habría generado en el Oriente como una alternativa a las demandas planteadas desde el Occidente del país en octubre de 2003 (Dory, 2009: 135) y, a principios de 2005, la agenda oriental produjo reacciones hostiles en el Occidente del país, especialmente, en los sectores que se oponen al neoliberalismo y a una autonomía considerada excesiva, tal el caso de los movimientos indigenistas y los sindicatos obreros y campesinos (Lavaud, 2005: 49). Es interesante constatar que, a pesar del anclaje territorial de los bloques opuestos y las dinámicas centrífugas del conflicto social, que alcanzaría niveles de tensión extrema en los años posteriores, ninguna región había planteado formalmente su independencia en la nueva realidad política del país (Klein, 2011: 296).

En pleno periodo de gran tensión entre los dos bloques, y durante el letárgico tratamiento “en detalle” de la Ley de hidrocarburos en el Congreso, la gota que colmó el vaso conflictual fue la consigna de radicalización de bloqueos que había anunciado Evo Morales, dirigente campesino y líder del partido político Movimiento al Socialismo (MAS, según su sigla), en la carretera principal que conecta el oeste con el este del país (ABI, 5 de marzo de 2005), todo esto para buscar imponer las modificaciones propuestas por su partido en torno al porcentaje de las regalías (50%) en la ley. La polémica sobre la normativa alcanzó su punto máximo durante la tarde del domingo 6 de marzo 2005, cuando el presidente Mesa, a través de un mensaje televisado y radiodifundido, anunció la presentación de su renuncia al Congreso boliviano.

Las reacciones a este anuncio de dimisión no se dejaron esperar: después de enterarse de la noticia, una multitud que agitaba pañuelos blancos en símbolo de paz se constituyó en la plaza Murillo, sede física del Gobierno, para respaldar a Mesa en el poder. Otras manifestaciones populares en apoyo del jefe de Estado tuvieron lugar en diferentes ciudades de Bolivia donde la bandera boliviana, las canciones patrióticas, los lemas contra los bloqueos de carreteras y el rechazo de la renuncia constituían elementos aglutinadores de las personas que respaldaban al presidente (Columba, 2009: 141-142).

Las manifestaciones de apoyo explicitaron el descontento generalizado de los ciudadanos frente a la imposibilidad de llegar a una aprobación final de la Ley de hidrocarburos en el Congreso boliviano. Asimismo, la alocución presidencial, su impacto en los medios y la movilización ciudadana interpelaron a una gran parte de la opinión pública boliviana, que culpó a los grupos radicalizados por la ingobernabilidad del país. La presión ejercida contra los sectores movilizados y sus líderes consiguió, en los siguientes días, el levantamiento de los bloqueos alrededor de la ciudad de La Paz y en otras regiones del país. La tarde del 7 de marzo, el Congreso viabilizaba un “Acuerdo ante la Nación” para la aprobación de la nueva Ley de hidrocarburos (ABI, 8 de marzo de 2005).

El martes 8 de marzo, Mesa fue ratificado como presidente de la República. Durante su discurso en la sede del Parlamento hizo un llamado a los ciudadanos a manifestarse pacíficamente contra los bloqueos en las diferentes calles y plazas principales del país. En respuesta a la convocatoria del presidente, el 10 de marzo, se organizaron concentraciones populares en las diferentes ciudades bolivianas (ABI, 10 de marzo de 2005), sobresaliendo la de la ciudad de La Paz desde donde el presidente emitiría una alocución.

La multitud reunida en la plaza Murillo pidió acciones más firmes de parte del Estado contra los sectores que persistían en las acciones de bloqueo a lo largo de los principales ejes viales; la respuesta del presidente al eslogan “mano dura”, coreado por la multitud, fue la promesa de emprender acciones legales contra quienes continuaban impidiendo el libre tránsito en el país (Columba, 2009: 143-144).

Mesa, en su testimonio sobre los hechos relacionados con la presentación de su renuncia, describe la acción política del 8 marzo como la única “respuesta política” que él podía considerar frente a los bloqueos anunciados por la oposición. Según el presidente, el desbloqueo por la vía militar habría dado lugar al retorno de la violencia extrema y al derramamiento de sangre que ocasionó el derrumbe del Gobierno precedente. La fuerza de la palabra fue el camino elegido por Mesa, quien habría intentado establecer una relación coherente entre el principio de la no-violencia defendido por su Gobierno y la acción política exigida al jefe de Estado:

Ensayar un desbloqueo por la vía militar era simplemente suicida, los antecedentes inmediatos habían mostrado que el resultado era la violencia, muertos, heridos y una situación peor después de la acción. Mi discurso antiviolencia se había convertido en el emblema de mi gobierno. La combinación de los principios y la práctica hacían impensable una respuesta en las calles. Mi única fuerza era mi palabra, avalada por la credibilidad entre los ciudadanos (...) Mi mensaje fue una respuesta política, la única posible, ante la agresión injusta e irracional del bloqueo de caminos (Mesa, 2008: 192).

A pesar de la situación política generada a partir de la renuncia, ampliamente favorable a Mesa, el proyecto de ley formulado por el Ejecutivo no encontró la manera de ser aprobado en el Congreso. La ambigüedad del acuerdo firmado con representantes de la mayoría congresal había producido una sucesión de reuniones infructuosas que condujeron a un fracaso previsible de las negociaciones.

El breve hiato entre el Congreso y Mesa fue percibido como un giro político a la derecha en la acción presidencial. Desde la perspectiva de los movimientos radicalizados, la proximidad entre el Gobierno y los llamados partidos políticos tradicionales, además del apoyo de las organizaciones patronales eran señales del abandono de la agenda de octubre. Por otra parte, la negativa del presidente a intervenir en los bloqueos mediante el uso de la fuerza pública cerraba las posibilidades de reconciliación entre Mesa y el bloque oriental (Webber, 2010: 66).

El fracaso en las negociaciones sobre el proyecto de Ley de hidrocarburos y la imposibilidad para generar nuevas alianzas políticas habrían motivado, el 15 de marzo de 2005, la demanda presidencial de elecciones anticipadas ante un Congreso que, reposicionado en sus relaciones de poder con el Ejecutivo, se negó a aceptar tal petición (J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 614).

La calma efímera que se había instalado desde inicios del mes de abril cesó a mediados de mayo debido a la promulgación inminente de la Ley de hidrocarburos basada en el proyecto del Congreso (Webber, 2010: 67). Ya el 13 de mayo, en la ciudad de El Alto, un “Comité de lucha por la dignidad” había emitido un comunicado de prensa en el que sindicatos como la COR, la Fejuve y las asociaciones de pequeños comerciantes amenazaron con emprender acciones de presión política para la defensa de los recursos naturales y la nacionalización de los hidrocarburos (Pérez, 2012: 48). La demanda de nacionalización de los recursos naturales, parte de la agenda de octubre de 2003, se instaló nuevamente en los sectores radicales del bloque occidental, que comenzaron a organizar marchas y bloqueos de carreteras en el Occidente del país.

Después de semanas de agitación e impredecibles debates parlamentarios, el 17 de mayo de 2005, Hormando Vaca Diez, presidente del Congreso, finalmente aprobó la nueva Ley de hidrocarburos, una norma que Mesa desistió de oficializar debido a contradicciones técnicas percibidas por el Ejecutivo (Azcui, 18 de mayo de 2005; J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 609).

A mediados de mayo, varias marchas de protesta se dirigían a la ciudad de La Paz. Los manifestantes fueron galvanizados alrededor de la exigencia de cierre del Congreso y las demandas de la agenda de octubre: la nacionalización de los hidrocarburos y la organización de una Asamblea Constituyente (Pérez, 2012: 100, 109).

Durante la cuarta semana de mayo y la primera de junio, una vez más, los manifestantes habían aislado la ciudad de La Paz del resto del país y la privaron del abastecimiento de alimentos y gas (Pérez, 2012: 55-67, 81-87). Estas semanas de manifestaciones resultaron extremadamente violentas en la sede de gobierno de Bolivia, especialmente alrededor de la plaza principal, que había sido rodeada por la policía para evitar cualquier desbordamiento (J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 614).

Los actos de vandalismo, las agresiones a los ciudadanos y los bloqueos buscaban sofocar el centro político del país y ocupar físicamente los locales del Congreso, una instancia vinculada a los partidos políticos tradicionales percibidos como la continuidad del Gobierno del expresidente Sánchez de Lozada. El 2 de junio, el Ejecutivo envió una señal de compromiso con las agendas regionales: el presidente convocó por decreto la instalación de una Asamblea Constituyente y la organización de un referéndum sobre la autonomía, pero estas decisiones llegarían demasiado tarde para frenar la abrumadora ola de convulsión social que para entonces se había desencadenado (Mesa, 2008: 297-298).

Dada la creciente hostilidad y la multiplicación de conflictos en Bolivia, el presidente de la República anunció públicamente su renuncia definitiva el 6 de junio de 2005. Al día siguiente, en un discurso replicado en los medios de comunicación, solicitó la sucesión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, de acuerdo con la Constitución Política del país. Con este fin, Mesa instó en su mensaje a una doble renuncia: la del presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, y la del presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, personalidades a quienes correspondía por ley el derecho de sucesión, pero que se habían convertido en el blanco de la furia de los manifestantes debido a su asociación con el Gobierno precedente (J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 614).

A pesar de los gestos políticos del Ejecutivo, los bloqueos persistían y los movimientos radicalizados amenazaron con impedir la distribución de gas en la ciudad. El 9 de junio, ya había casi un centenar de piquetes de huelgas de hambre contra la sucesión de Vaca Diez, un movimiento que fue apoyado por los alcaldes de La Paz, Cochabamba, Potosí y Sucre (Pérez, 2012: 143-149).

Debido al ambiente belicoso en La Paz, el Congreso se reunió el 9 de junio en la ciudad de Sucre, la capital histórica de Bolivia, para considerar la renuncia de Mesa. Mineros, sindicatos y organizaciones campesinas vinculadas al MAS se movilizaron en la capital para presionar a los parlamentarios. Marchas y protestas similares a las observadas en La Paz se produjeron alrededor de la sede histórica del Congreso, la Casa de la Libertad (J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 614), y la confusión en torno a la muerte de un minero en un autobús cerca de la capital enfureció a los manifestantes. El ambiente hostil que rodeaba al Congreso se vio confirmado con una huelga de los trabajadores aeroportuarios que llevó a Vaca Diez a un callejón sin salida, ya que resultaba imposible cualquier intento de evacuación no-terrestre desde la base militar donde se encontraba refugiado (Pérez, 2012: 149-150).

Al final del día y frente a esta presión exacerbada, Vaca Diez y Cossío anunciaron su decisión de renunciar al derecho a la sucesión constitucional y el presidente de la Corte Suprema, Rodríguez Veltzé, se convirtió en el nuevo jefe de Estado (J. Mesa, Gisbert y C. Mesa, 2007: 614). El fin de la presidencia de Mesa logró detener el baño de sangre que se había provocado durante el Gobierno anterior, en particular hacia el mes de octubre de 2003, como consecuencia de los feroces enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes (Klein, 2011: 314-315).

La sucesión de eventos anteriormente referidos pretende caracterizar un periodo de transición que articuló, temáticamente al interior de la agenda política gubernamental, las demandas sociales surgidas en el Occidente y en el Oriente del país. Este momento histórico, referido sucintamente en las líneas precedentes, bien podría considerarse como el umbral de notables transformaciones en el imaginario político boliviano a inicios del siglo XXI.

 

METODOLOGÍA: CIFRANDO LAS PALABRAS

Si bien el conteo de palabras puede remontarse al menos hasta la práctica de elaboración de concordancias bíblicas, los importantes avances tecnológicos e informáticos de reciente data hacen que el mismo constituya una de las vertientes más fructíferas dentro del análisis del discurso, en particular, cuando se decanta por la automatización en el tratamiento de datos textuales6.

Hacia los años setenta, la denominación de lexicométrie (lexicometría) vino a designar una metodología de estudio del discurso que pretende exhaustividad, sistematicidad y computarización en la medición de unidades léxicas. En vista de la realización de comparaciones cuantitativas, la lexicometría efectúa operaciones como la segmentación y elección de unidades analizables en la cadena textual, la constitución de un corpus finito y su fraccionamiento interno, además de la comparación de constataciones cifradas de las unidades lingüísticas. La realización de dichas operaciones implica el respeto de principios como la invariabilidad de la unidad de conteo, las cantidades significativas y equilibradas de los usos de la unidad, ello sin obviar la posibilidad de comparación e interpretación de las constataciones efectuadas (Charaudeau y Maingueneau, 2002: 38, 342).

Las operaciones lexicométricas buscan una suerte de desubjetivación de la lectura mediante el empleo de herramientas propias a los estudios de una lingüística cuantitativa que pretende proporcionar, mediante la sistematicidad y exhaustividad de los tratamientos automatizados, una garantía de objetividad y cientificidad alejada de propensiones político-ideológicas (Mazière, 2010: 19; Abregú, 2010: 375).

Este cómputo léxico, concebido como la aplicación de métodos estadísticos a la descripción del vocabulario (Dubois, 2007: 441), constituye una perspectiva que nace del encuentro entre disciplinas interesadas, por una parte, en el estudio del lenguaje y, por otra, en la cuantificación y el tratamiento de la información. La utilización de las herramientas informáticas para la gestión de importantes conjuntos textuales proporciona un servicio de clasificación, descripción y comparación, en tareas relacionadas con encuestas socioeconómicas, entrevistas, investigaciones literarias, archivos históricos u otro tipo de bases documentales (Lebart y Salem, 1994: 7). Dada su naturaleza, la aplicación de este tipo de metodología permitiría articular las perspectivas cuantitativa y cualitativa en la investigación social, pues busca computar, pero también interpretar la materialidad verbal.

La unidad de base lexicométrica está constituida por la forma gráfica7, una entidad correspondiente a la noción común de “palabra”. Asimismo, la metodología en cuestión establece como principio lexicométrico el establecimiento de una norma endógena consistente en la consideración de la totalidad del corpus como referencia para cada parte del mismo. Otros principios esenciales de la metodología residen en la homogeneidad del corpus8, la intervención del contexto lingüístico al momento de la interpretación y comparabilidad o la posibilidad de comparación de elementos comparables (Leblanc, 2017: 30-31).

En cuanto a la constitución de un corpus9, cabe señalar que los análisis estadísticos de la materialidad lingüística contemplan también criterios relativos a la extensión del material discursivo; en este sentido, se considera que, al menos, una masa crítica de mil ocurrencias (tokens) por cada segmento analizable del corpus hace que el mismo sea contrastivo y dé lugar a un inicio de interpretación (Barats, Leblanc y Fiala, 2016: 112).

Una vez constituido el corpus de estudio, la lexicometría, en tanto estadística léxica automatizada, puede efectuar sus procedimientos a partir de una cadena de tratamiento de datos textuales que incluye: la segmentación uniforme del texto en formas gráficas y particiones definidas por el investigador, la representación de las mismas en tablas léxicas que asocian una lista exhaustiva de palabras a sus frecuencias totales y parciales, la repartición y contraste de palabras según su especificidad léxica (sobre o subrepresentación del vocabulario en determinada sección del corpus), la búsqueda sistemática de colocaciones léxicas (segmentos repetidos) y de coocurrencias o atracciones recurrentes entre palabras, y la presentación de contextos inmediatos o concordancias (Barats, Leblanc y Fiala, 2016: 115; Marchand, 2007: 54-60).

Las unidades léxicas, representadas para nuestro caso por las formas o palabras gráficas segmentadas, llegan a considerarse como elementos “observables” en el análisis discursivo (Krieg-Planque, 2014: 45). En este sentido, los estudios estadístico-discursivos del léxico, en ámbitos como el político, literario o religioso, distinguen “palabras-tema” y “palabras-clave”, las primeras, refiriéndose a una palabra muy frecuente en el vocabulario de un locutor o un grupo; las segundas, entendidas como palabras cuya frecuencia presenta un alejamiento significativo de las frecuencias normales del corpus (Chiss, Filliolet y Maingueneau, 2013: 119).

Así, en un corpus de extensión significativa y suficientemente homogéneo, contextualizado y comparable entre sus particiones, el presente estudio emprende una exploración lexicométrica a partir de unidades observables que aquí se denominan “vocablos temáticos”; los mismos corresponden a los sustantivos “gas”, “asamblea”, “autonomía” y “prefecto” a manera de índices semánticos de las agendas políticas bolivianas en el periodo considerado. Mediante el uso de instrumentos informáticos lexicométricos10, dichas formas léxicas y sus variantes morfológicas, referentes al contenido de las agendas políticas estudiadas, son sometidas a una cadena de tratamiento automatizado de datos textuales donde se realizan mediciones de frecuencias (relativas y absolutas), cálculos de especificidades y de coocurrencias, y además se establecen las concordancias respectivas para interpretar el vocablo en un retorno a su contexto lingüístico original.

El conjunto textual considerado comprende 215 alocuciones presidenciales provenientes de un mismo locutor y producidas durante 21 meses de gobierno; se trata de un volumen verbal representado por un conjunto de 487.384 palabras gráficas, segmentado en siete particiones trimestrales que, en promedio, contienen más 60.000 tokens u ocurrencias cada una. A continuación, se exponen los hallazgos de este trabajo.

 

RESULTADOS: DINÁMICA LÉXICA EN LOS DISCURSOS PRESIDENCIALES

La evolución cronológica de los vocablos temáticos presenta una singular dinámica que puede rastrearse a través de su frecuencia de uso y de sus especificidades a lo largo del periodo estudiado. Así, palabras-tema como “gas”, “asamblea”, “autonomía” o “prefecto”, que remiten a los contenidos centrales de las agendas estudiadas, pueden situarse longitudinalmente y evidenciar una determinada progresión diacrónica.

Por otra parte, el análisis de la progresión temática de dichos vocablos puede efectuarse a partir de un análisis de coocurrencias, vale decir, de coapariciones o vecindades recurrentes entre términos en un determinado segmento de discurso, estableciendo las relaciones que posibilitan el estudio de las representaciones de los temas estudiados.

En este marco, el análisis de frecuencias absolutas de vocablos referentes al contenido de la denominada “agenda de octubre”, presenta una progresión que, para el caso de “gas”, alcanza un pico máximo de 296 ocurrencias hacia el tercer trimestre de 2004 (04_T3) y, para el caso de “asamblea”, alcanza 71 apariciones durante el segundo trimestre (04_T2) del mismo año; véase la figura 1, que representa las frecuencias absolutas en el eje vertical y las divisiones trimestrales en el eje horizontal.

El análisis de especificidades realizado en relación a los mismos vocablos confirma la sobrerrepresentación de “gas” durante el segundo y el tercer trimestre de 2004 (04_T2, 04_T3); sin embargo, sitúa la sobrerrepresentación de “asamblea” hacia el primer trimestre de 2005 (05_T1); véase la figura 2, que representa en su eje vertical los índices positivos y negativos de especificidad y, en su eje horizontal, la partición temporal.

Para el caso de los vocablos que remiten al contenido de “agenda de junio”, considerando sus variaciones gráficas (uso de mayúsculas y minúsculas) y morfológicas (flexiones nominales), el análisis de frecuencias absolutas alcanza, en el caso de “autonomía”, un pico máximo de 49 ocurrencias durante el primer trimestre de 2005 (05_T1) y, en el caso de “prefecto”, un máximo de 26 apariciones durante el segundo trimestre de 2005 (05_T2); véase la figura 3 que presenta en su eje vertical las frecuencias absolutas de uso léxico y, en su eje horizontal, la división diacrónica del periodo considerado.

En lo concerniente al análisis de especificidades de dichos vocablos, resulta posible advertir la sobrerrepresentación de “autonomía” hacia finales de 2004 e inicios de 2005 (04_T4, 05_T1, 05_T2); una sobrerrepresentación convergente con la del vocablo “prefecto” hacia el segundo trimestre de 2005 (05_T2). Cabe señalar la subrepresentación de ambos vocablos temáticos en los trimestres precedentes; véase la figura 4, que muestra en su eje vertical los índices de sub y sobrerrepresentación léxica (especificidades) y, en su eje horizontal, el fraccionamiento trimestral del Gobierno de Mesa.

Un análisis de especificidades del conjunto de las palabras-tema consideradas muestra una singular concentración léxica de vocablos pertenecientes a las dos agendas, “asamblea” y “autonomía”, durante el primer trimestre de 2005 (figura 5).

La realización de un análisis de frecuencias relativas del conjunto de los vocablos estudiados confirma la importancia de la temática hidrocarburífera hacia el primer y cuarto trimestre del mandato; pero, fundamentalmente, expresa una singular convergencia y articulación de vocablos temáticos pertenecientes a ambas agendas, “gas”, “asamblea” y “autonomías” durante el primer trimestre de 2005 (figura 6).

En relación al cálculo de coocurrencias del vocablo “gas”, se puede observar que se avecina frecuentemente con palabras como “vender” (59 veces), “exportar” (45 veces), o “industrializar” (22 veces), entre otros vocablos (figura 7 y cuadro 2).

Los resultados del análisis automatizado de coocurrencias pueden apreciarse en los cuadros 1, 2, 3 y 4, conformados por una primera columna que presenta el listado de vocablos avecinados (Terme), una segunda columna que presenta las frecuencias absolutas de las palabras en la totalidad del corpus (F), una tercera columna que señala el número de veces que las palabras listadas aparecen avecindando a la palabra clave (f) y una cuarta columna que expresa el índice de especificidad atribuido a cada palabra listada (S).

En lo referente al vocablo “asamblea”, el análisis de coocurrencias revela frecuentes apariciones conjuntas del término con palabras como “pacto” (36 veces), “referéndum” (75 veces), o “autonomías” (30 veces), entre otras (figura 8 y cuadro 3).

En relación al cálculo de coocurrencias del vocablo “autonomía”, se puede observar que coaparece frecuentemente con palabras como “asamblea” (27 veces), “prefectos” (21 veces) o “descentralización” (19 veces), entre otras (figura 9 y cuadro 4).

En lo que concierne al vocablo “prefecto”, el análisis de coocurrencias revela frecuentes coapariciones del término con palabras como “departamento” (44 veces), “elección” (23 veces), o “autonomías” (20 veces), entre otras (figura 10 y cuadro 5).

 

DISCUSIÓN: REPRESENTACIONES TEMÁTICAS EN LAS AGENDAS

Las asociaciones léxicas frecuentes, arriba señaladas, permiten una aproximación a las representaciones propias al discurso presidencial durante el periodo estudiado. Así, cuando uno se concentra en las representaciones de la “agenda de octubre”, particularmente aquellas relativas al “gas”, se encuentra figuraciones mercantiles y productivas (venta, exportación, industrialización) concernientes a la política hidrocarburífera del Gobierno de Mesa. Por otra parte, los índices de subrepresentación del vocablo temático hacia el final del mandato evidencian una suerte de distanciamiento en relación al tema del gas en los discursos presidenciales luego de la realización del referéndum en 2004 y durante el tratamiento de la Ley de hidrocarburos en el Congreso. Las imágenes relativas a “asamblea”, segundo vocablo temático considerado para la agenda occidental, remiten a una concepción de la Constituyente como acuerdo consensuado y pactado en constante vínculo con el tratamiento legislativo y plebiscitario de la temática autonómica y gasífera –la Asamblea Constituyente, en general, está representada de manera omnipresente en los discursos presidenciales, pues se trata de un tema en el cual se subsumen otras reivindicaciones a lo largo del Gobierno de Mesa.

Por su parte, las representaciones ligadas a la “agenda de junio”, singularmente aquellas vinculadas al vocablo “autonomía”, evocan figuraciones de un régimen de descentralización política invariablemente relacionado con su tratamiento en el marco de la Asamblea Constituyente. El vínculo entre las autonomías departamentales y la Asamblea Constituyente se manifiesta en la sobrerrepresentación de ambos vocablos durante el primer trimestre de 2005 en los discursos presidenciales. En cuanto a las imágenes políticas ligadas al término “prefecto”, éstas conciben la elección de esta autoridad regional siempre en el marco de un régimen político de autonomías; aspecto que se presenta como un mecanismo de ampliación de la democracia a nivel departamental –mientras el énfasis en el planteamiento abstracto de autonomías disminuye durante el segundo trimestre de 2005, uno de los mecanismos de su implementación (la elección de prefectos) es evocado con mayor intensidad en los discursos de ese periodo.

Resulta importante señalar que la distribución léxica de los vocablos temáticos de la agenda gubernamental establece un correlato con la evolución de los acontecimientos históricos en Bolivia durante el periodo considerado. Así, es posible percibir el vínculo entre realidades discursivas y extra-discursivas (palabras y hechos) que, como en el caso de la concentración léxica en el tercer trimestre de 2004 (gas) o la articulación temática del primer semestre de 2005 (asamblea/autonomía), permiten identificar los eventos históricos que condicionaron la producción de dichas verbalizaciones (e. g. la realización del referéndum del gas, las movilizaciones por la autonomía departamental y la persistencia de la demanda de realización de la Asamblea Constituyente).

 

CONCLUSIONES

El sucinto recorrido precedente ha permitido observar, en los discursos presidenciales, la evolución léxica y temática en el ámbito político boliviano. Se ha podido, así, situar diacrónicamente las evoluciones temáticas instaladas en la esfera pública local. En este sentido, se ha rastreado empíricamente, en la producción de los más de doscientos discursos presidenciales estudiados, la articulación del nodo temático de la agenda gubernamental que, a partir de una suerte de densidad iterativa de los vocablos estudiados y por la convergencia entre los términos clave de las agendas de octubre y de junio, se produce durante el primer trimestre del año 2005.

A partir de esta constatación se puede señalar que la evolución y convergencia léxicas expresan transformaciones discursivas correlacionadas con los eventos que marcaron el acontecer político durante el periodo gubernamental estudiado. La irrupción de los acontecimientos políticos durante el primer trimestre de 2005 (movilizaciones por la autonomía departamental en el Oriente del país y protestas por la instalación de la asamblea constituyente en el Occidente boliviano) motiva una transformación en la discursividad presidencial, articulando los contenidos de la agenda de junio de 2005 con la base temática de la agenda de octubre de 2003; puede apreciarse también una singular transición desde la importancia otorgada a la problemática del gas, que progresivamente pierde notoriedad, hacia la cuestión autonómica que se manifiesta con un importante énfasis en los discursos presidenciales hacia el final del mandato.

Esta exploración del lenguaje y su contexto de enunciación no sólo permite la objetivación diacrónica de las transformaciones temáticas en el campo político boliviano, sino también aproxima a las representaciones discursivas circulantes en la esfera pública de la época. Así, se puede describir a través de elementos del tejido lingüístico la evolución del flujo semántico producido durante la presidencia de Mesa; una urdimbre que, en la constitución de una agenda gubernamental, enlazó posicionamientos inicialmente polarizados en una red de sentido que incorporó temas clave como el referéndum del gas, la Asamblea Constituyente, la autonomía departamental y la elección de autoridades prefecturales –elementos discursivos que, a su turno, condicionaron la concreción de acciones específicas vinculadas a cambios políticos cardinales en el historia reciente del país.

En cuanto a las representaciones de los asuntos centrales articulados en la agenda gubernamental y presentes en el imaginario político boliviano durante el periodo estudiado, se puede apreciar figuraciones que remiten a rasgos transaccionales, industrializadores y plebiscitarios en lo que respecta al gas y los recursos hidrocarburíferos. Asimismo, las imágenes relativas al ordenamiento jurídico y político del país presentan a la Asamblea Constituyente como el magno escenario que subsume el tratamiento de la descentralización del poder y de la administración en el país; espacio que también alberga el debate sobre las disposiciones y dispositivos para plasmar la autonomía regional mediante mecanismos como la elección directa de autoridades departamentales –medida de concretización autonómica manifestada con mayor énfasis en los discursos presidenciales hacia el final del Gobierno de Mesa.

Cabe señalar que el ángulo de análisis planteado en las líneas precedentes pretende extender puentes metodológicos entre las perspectivas cuantitativa y cualitativa en la investigación en ciencias sociales, buscando computarizar e interpretar otros elementos presentes en la realidad verbal circulante en la arena política nacional durante el periodo estudiado. Así, aspectos como la enunciación y figuración de los interlocutores del discurso (e. g. yo, nosotros, usted, ustedes, etc.) o la representación de otros temas capitales pueden ser el objeto de nuevas reflexiones que comprendan un corpus ampliado que incluya también posicionamientos contrastantes de otros enunciadores políticos en el contexto nacional.

 

NOTAS

1 El autor declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses que haya influido en su artículo.

2 Posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES), Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). La Paz, Bolivia. E-mail: marcelo.columba.fernandez@gmail.com

3 Carlos Mesa, nacido en La Paz el 12 de agosto de 1953, periodista e historiador, irrumpió en la arena política el año 2002 como candidato independiente a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido de Gonzalo Sánchez de Lozada. En lo referente a su actividad de historiador, desde 1983, Mesa ha publicado numerosos ensayos sobre la política contemporánea además de manuales de historia de Bolivia. En reconocimiento por su trabajo intelectual, fue nombrado miembro de la Academia Boliviana de la Historia y de la Sociedad Boliviana de Historia (Ortiz de Zárate, 2016).

4 En el ámbito político, la noción de “agenda” remite a un conjunto de temas, problemas y demandas conflictuales que se inscriben progresivamente en el debate público (Hermet et al., 2011: 17).

5 La abreviada cronología presentada a continuación pretende centrarse en algunos de los eventos más relevantes acaecidos durante el periodo de nuestro interés tratando de evitar, en la medida de lo posible, la consideración de marcadas inclinaciones políticas inherentes a las fuentes consultadas.

6 En el contexto boliviano, estudios pioneros como La guerra de los insultos. La propaganda política en Bolivia-1979 de Rivadeneira (1980), donde se enumera el vocabulario y las secuencias léxicas características de los diferentes partidos políticos, o trabajos más recientes como Elementos para un análisis del discurso: Entrevista a Evo Morales, de Abregú (2010), donde se procede a un análisis automatizado de las altas frecuencias léxicas, evidencian el interés metodológico por el cómputo del vocabulario político. En el contexto internacional, desde una perspectiva más historiográfica, véase también Bonin y Dallo (2003).

7 También denominada mot graphique (palabra gráfica) para referirse a la unidad delimitada por dos espacios blancos o marcas de puntuación (Barats, Leblanc y Fiala, 2016: 115).

8 La constitución de un corpus en el ámbito sociopolítico suele realizarse a lo largo de un determinado periodo, donde el material reunido para el análisis, habitualmente, es producido por un mismo locutor en condiciones enunciativas similares. Estos conjuntos, denominados “series textuales cronológicas”, se consideran corpus homogéneos constituidos por material lingüístico comparable (Lebart y Salem, 1994: 220).

9 En análisis del discurso, la constitución de un corpus, a diferencia del muestreo estadístico tradicional, busca conformar un conjunto de textos analizables para responder preguntas de investigación en función de una determinada metodología (Maingueneau, 2014: 36).

10 Entre la variedad de herramientas informáticas utilizadas para el análisis estadístico y contrastivo de textos, programas como Lexico o Textobserver (empleados en el presente trabajo) examinarán las unidades gráficas comparando cada parte del corpus con las otras particiones establecidas y con el conjunto textual en su totalidad (Barats, Leblanc y Fiala, 2016: 128; Leblanc, 2017: 44).

 

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