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Temas Sociales

versión On-line ISSN 2413-5720

Temas Sociales  no.43 La Paz nov. 2018

 

RESEÑAS

 

La dinámica de la inclusión social en Bolivia (2001-2012). Del neoliberalismo al nacionalismo indígena.
La Paz: PNUD/UNAS/IDIS/CIS.

 

Eduardo Paz Rada (coord.), Rene Pereira Morató, Tani Quilali Erazo, Naira Mamani López, y Daniel Hernando López Fernández (2016).

 

Alison Spedding Pallet
Correo electrónico: mamahuaco@hotmail.co.uk

 

 


 

 

Esta publicación de febrero de 2016 consiste en cinco capítulos. El primero y el tercero, sobre "La inclusión política en la transición al neoliberalismo al nacionalismo indígena y la emergencia de nuevas elites políticas en Bolivia (2001-2012)" e "Inclusión social en el contexto de la economía boliviana: transición del proyecto privatista neoliberal al proyecto nacionalista originario campesino (2001-2012)", además de la Introducción y las Conclusiones son firmados por el coordinador; el segundo, "Inclusión social y dinámica poblacional" es de coautoría de Pereira y López Fernández; el cuarto, "La dimensión cultural e inclusión en Bolivia: identidad, plurinacionalidad y movimientos indígenas campesinos (2000-2012)" es de Quilali, y el quinto, de Mamani López. En sus resúmenes biográficos, no se indica afiliación política; pero el mero subtítulo de la obra sugiere un alineamiento con el llamado "proceso de cambio", y el coordinador lo confirma:

Las mujeres, los jóvenes, los indígenas y campesinos se han convertido en las fuerzas ascendentes incluidas que ocupan cada vez mayores espacios en la política, sustituyendo a la mayoría de hombres, adultos y blan-coides, de los sectores acomodados que antes tenían predominio en el sistema político y en las decisiones más importantes sobre la sociedad y el país.

Un nuevo bloque de poder se ha ido afianzando sobre la base del control estatal de los importantes recursos generados por las exportaciones petroleras, mineras y agrícolas, y sobre la ampliación y fortalecimiento de actividades vinculadas a los contratos con el Estado, la producción de coca, el comercio legal e ilegal de importación, el transporte y negocio de vehículos y la dinámica productiva y comercial de pequeños empresarios; generando una fuerte tendencia al consumismo, a la actividad y especulación inmobiliaria y de construcciones y al crecimiento y poder del sistema bancario y financiero (Paz Rada, 2016: 42).

En la cita precedente, es evidente la intención de alabar los logros del partido del actual gobierno; pero también lo es la incoherencia de la redacción, en particular en el segundo párrafo — aunque el uso de términos tomados del lenguaje del mitin como "blancoides" tampoco eleva la calidad del primero—. Siguen en desorden atropellado los contratos estatales, el cultivo de la hoja de coca, el contrabando y las MYPEs (medianas y pequeñas empresas), dando la impresión que todas resultan de alguna manera de las iniciativas del Estado en los últimos años. Es cierto que algunas personas que no simpatizan con el MAS alegan justamente que ese partido ha fomentado a propósito la importación de autos indocumentados y la producción de coca para el narcotráfico, cuando no ha autorizado explícitamente el narcotráfico mismo para sectores adictos a su partido, pero no creo que esta es la impresión que el autor hubiera querido dar.

De hecho, la calidad de la redacción del texto en general decae repetidas veces y ciertas afirmaciones tienden a ser meras repeticiones: específicamente, presenta tablas con datos numéricos y luego los repite en el texto, como si las y los lectores no fueran capaces de mirar la tabla por sí solos, y como si sus tribunales tomaran la mera repetición de las cifras como análisis del significado de los mismos. Esto hacen Pereira y López (2016: 53, Cuadro 5) mientras que Paz Rada lo hace de manera tan extensa que pareciera ocupar la mayor parte del segundo capítulo que escribe (2016: 95-100, 102-3, 109-110, 112), aunque al menos su exposición verbal no cae en las confusiones que a veces afectan a Pereira y López.

Hay que decir que el capítulo aquí considerado, como sucede en otros títulos (Pereira y Montaño 2012: 17) no llega a ese nivel, pero no carece de enredos. Por ejemplo, en la p. 52, primero escriben: "comparando los censos de 2001 y 2012, el primer tramo de edad (0-14 años) disminuyó de un 38,7% a 31,4%"; pero luego dicen: "... en el censo 2012 la población 0-14 años fue de 33,4%". Resulta que este tercer porcentaje refiere al porcentaje de la población rural en dicho tramo etáreo, mientras que los dos primeros refieren a la población total. Pero las y los lectores tienen que recorrer los cuadros para desentrañar la contradicción aparente; si se basan solo en el texto, quedan confundidos sobre si la población de 0-14 años en 2012 era 33,4% o 31,4%. Hay que decir que la corrección del texto (que se supone parte del "cuidado de edición", a cargo de Javier Larrain) también falló en no detectar estos descuidos autorales, también cometidos por Quilali. Por ejemplo, en la p. 122 asevera que la Exvinculación de tierras de comunidad fue dictada en 1877, para luego indicar en la p. 124 que ocurrió en 1872. Y ¿quién era culpable de escribir, o dejar pasar, "los nueve departamentos de La Paz" (p. 141)?

Igualmente, habría sido un descuido de edición colocar en la p. 152 cuadros sobre el tipo de combustible utilizado en los hogares (cuadros repetidos en la p. 167 bajo el título correcto) con el título "Acceso a electricidad" (los cuadros con estos datos no figuran en ninguna parte del texto). El capítulo de Quilali presenta una larga serie de cuadros respecto a "las NPIO" ("naciones y pueblos indígena originarios") y su acceso a servicios básicos, educación, etc., según el Censo de 2012—pero solo en números absolutos, sin consignar su respectiva conversión a porcentajes, sea dentro de la misma "nación" o dentro de la totalidad de la población autode-clarada "indígena"—. Así, se lee que de 758.148 personas "aymaras" urbanas, 189.785 gozan de gas domiciliario por cañería y 538.755 usan gas en garrafa; para "quechuas" urbanas, sobre un total de 685.876 personas, 76.769 acceden a gas por cañería y 567.962 usan garrafas. ¿Y qué? La mera inspección indica que más "aymaras" que "quechuas" tienen gas por cañería, aunque sin los porcentajes no es evidente la relación proporcional exacta, y en todo caso no se sabe por qué hay esta diferencia; tal vez depende más de cuáles ciudades tienen mayor cobertura de gas por cañería, sería que en 2012 esto se había extendido más en El Alto —donde se supone que estarían las y los "aymaras" urbanos— que en Cochabamba o Potosí, donde habitarían "quechuas" urbanos.

¿Eso se debe a que hay una discriminación antiquechua cuando se decide dónde instalar cañerías de gas, o, si no, qué debemos deducir de estas cifras? Puede ser que la autora no vio la necesidad de presentar porcentajes, porque sus comentarios en el texto se realizan por "etnia" donde cada "etnia" tiene el mismo valor, sin que importe que consista en más que un millón o menos de cien personas:

...solo 19 etnias cuentan con red de empresa eléctrica pública (...) sin embargo, 22 etnias no tienen acceso a la electricidad, tres acceden con motor propio y dos con energía solar (Quilali, 2016: 153).

Al parecer, la suma total de "etnias" en el país sería entonces 46 —19 más 22 más 3 más 2—, aunque en el cuadro de las pp. 136-7, donde se detalla las "naciones" o "pueblos indígena originario campesinos" y sus respectivas poblaciones censadas en 2001 y 2012, hay un total de 37 (en 2001 eran 32 y por 2012 se incluyó en la lista oficial cinco más: afrobolivianos, chipaya, kallawaya, murato y yuracaré mojeño). ¿De dónde habría aparecido otras 9, si se trata de datos del mismo censo de 2012? Además parece que la situación de cada etnia con referencia a tener electricidad es siempre uniforme, es decir, o 100% de sus miembros sí la tienen (y siempre de la misma fuente) o 100% no la tienen. Esta tal vez podría ser la situación de alguna de las pequeñas etnias orientales que no pasan de 500 miembros —a veces ni siquiera pasan de 100—, donde es posible que todos vivan en un mismo sitio, por tanto, compartan el mismo acceso (o falta de acceso) a servicios básicos; pero esto no es creíble para las que suman decenas de miles y habitan en diversos lugares.

Estos detalles tal vez se hubieran aclarado en caso de haber incluido el cuadro con las cifras sobre acceso a electricidad; pero ya que estos cuadros solo desglosan las cuatro etnias más numerosas —aymara, quechua, guaraní y chiquitana— uniendo las demás en la categoría de "naciones o pueblos indígenas minoritarios", no hubiera aclarado el misterio de las 46 etnias (es cierto que en la p. 153 aparecen algunos no presentes en la lista de las pp. 136-7 —reyesana, ignaciana, trinitaria—pero solo son tres, aún faltarían seis más).

Los cuadros también incluyen "otros grupos poblacionales", que eran los que, habiendo dicho que sí pertenecían a una NPIO, luego declararon que su grupo de pertenencia era uno que no figuraba en la lista oficial, y "otro tipo de declaraciones", que eran los NPIO que nombraron su "grupo" utilizando el nombre de un lugar, como, por ejemplo, Challapata, o un grupo político, algunos de larga data (como Ayllu Jukumani) y otros de reciente uso (Jach'a Pakajaqui [sic.] o Qhapaq Uma Suyu). Hasta aparece alguna provincia, como Larecaja, aunque esto ha sido mencionado como un "pueblo indígena" en otra publicación (Mama-ni Ramírez, 2007: 120, donde figura como "Larikaja" y por algún motivo está en una sola categoría junto con Yapacani y Tarija).

Sin embargo, la exposición de estas categorías en las pp. 139-140 es confusa: primero se dice que 3% de la población nacional, o sea, del total, habría sido clasificado como "otros grupos poblacionales", como siendo de "lugares rurales de origen indígena" —pero un lugar no puede ser "indígena", solo personas lo son—; pero luego indica que "otro tipo de declaraciones" (...) llega a contener a un 4% de la población "indígena" - es decir, 4% del 42% total que se declaró NPIO en 2012, no 4% de la población nacional. Peor, este 4% "está conformado por mestizos 7.3%, menonitas 0.03%, okinawa 0.00%". Dejando de lado el significado de citar un grupo que al parecer no tenía miembro alguno (que justificaría incluir una lista infinita de todas las demás etnias indígenas de la Tierra que igualmente registraron 0.00% de miembros en Bo-livia), estas etiquetas solo suman 7.33% en total. ¿Qué grupos o etiquetas eran los declarados por el restante 92.77% de los que hicieron "otro tipo de declaraciones", si no eran ni mestizos ni denominados por el nombre de su lugar de residencia u origen o qué?

En base a dichos datos sobre el acceso a servicios básicos, nivel educativo, etc., Quilali concluye que "cabe preguntarnos, ¿quiénes son los nuevos excluidos? Consideramos que son las NPIO, habitantes del área rural y pertenecientes a naciones minoritarias" (p. 157) —conclusión que va en contra del entusiasmo expresado por Paz Rada sobre los cambios sociales de la última década—, aunque dado que Quilali no compara cifras de 2012 con las de 2001 sobre estos indicadores, no se sabe si la situación con respecto a luz, agua potable y demás habría mejorado o empeorado en este periodo. Pero la aseveración de una exclusión precisamente de "indígenas" no puede sustentarse en ausencia de una evaluación de los mismos indicadores para ese 58% de la población que optó por declararse no perteneciente a una NPIO en 2012, y no es dable dar por supuesto que realizar tal comparación es innecesaria, porque ya sabemos que la situación de este segundo grupo es mejor —y por tanto ellos son los incluidos frente a los "nuevos excluidos"— porque sabemos que los indios siempre han sido y son los que se encuentran en una situación peor que los no indios, por los siglos de los siglos, amén.

Sin embargo, esta es la presunción subyacente en este capítulo, que habría conducido a limitar la presentación de datos solo a NPIOs. Es la posición política de Silvia Rivera Cusicanqui, que tutoreó en parte la tesis de Quilali y cuyos "horizontes históricos" son expuestos al inicio del capítulo como marco interpretativo global del mismo (pp. 121-124). Por supuesto, como sociólogos, se da por supuesto que debemos estar a favor de los pobres, los oprimidos, los discriminados y las y los subalternos en general; pero este deber de corrección política no debe eximirnos de argumentar con funda-mentación las situaciones desfavorables de dichos grupos. En fin, en este texto se observa un defecto generalizado y de larga data en las ciencias sociales bolivianas: presentar como un supuesto trabajo científico lo que en realidad es un manifiesto político disfrazado, resultando en un trabajo que no sirve ni como el uno ni como el otro.

 

Bibliografía

Mamani Ramírez, Pablo (2007). "Reconstitución y cartografía del poder del ayllu. Experiencia organizativa y lucha del movimiento de los ayllus en Qullasuyu/Bolivia". En Sistematización de experiencias de movimientos indígenas en Bolivia. La Paz: IDIS.         [ Links ]

Pereira Morató René y Jaime Montaño García (2012). "Migración interna: una aproximación a sus factores asociados". Temas sociales (32), pp. 13-34.         [ Links ]

 

 

 

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