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Temas Sociales

versión impresa ISSN 0040-2915versión On-line ISSN 2413-5720

Temas Sociales  no.43 La Paz nov. 2018

 

INVESTIGACIÓN

 

Nueva ley de la coca: Efectos sociopolíticos en productores de Yungas1

 

The new law on coca: Socio-political effects on producers in Yungas

 

 

Sandra Rosmery Ramos Salazar2
2 Socióloga boliviana, docente e investigadora sobre organizaciones y movimientos campesinos e indígenas en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), El Alto, Bolivia.
E-mail: cheysandra@hotmail.com

 

 


Resumen

La nueva Ley de la coca (2017) pone en conflicto dos modelos de interpretación de la legitimidad de su producción: uno económico-político, impulsado por el Gobierno y los productores del Chapare, frente a otro originario ancestral de productores de Yungas (La Paz, Bolivia). Sus efectos sociopolíticos se evidencian en: a) debilitamiento del mutuo respaldo de productores de Yungas-Gobierno; b) crisis por polarización interorganizacional e institucional; c) crisis en el orden sociopolítico de los productores.

Palabras clave: movimiento social, coca, organización campesina, conflicto


Abstract

The new law on coca (2017) brings into conflict two models of interpretation of the legitimacy of its production: an economic-political model, impelled by the government and producers of the Chapare, versus that of the original ancestral producers ofthe Yungas (La Paz, Bolivia). Its sociopolitical effects are evidenced in:

a) weakening of mutual support between Yungas producers and the government;

b)  crisis due to polarization within and between organizations and institutions;

c)  a crisis in the sociopolitical order of producers.

Keywords: social movement, coca, peasant organization, conflict


 

 

Introducción

Una vez que el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) llega al Gobierno el año 2006, encontramos entre sus consignas la soberanía, a la que se encontraba articulada la producción de la hoja de coca, articulación a plasmarse en un nuevo marco normativo. Precisamente en la Asamblea Constituyente (AC) (2006-2009) la problemática de la hoja de coca debió ser tratada por la Comisión Tierra y Territorio, pero por influencia de los productores y el Gobierno se crea una "Comisión Coca", en cuyo debate de propuestas ya surgen algunas diferencias de orientación entre zonas productoras: el Chapare caracteriza la coca como un símbolo de lucha y los productores de los Yungas del departamento de La Paz principalmente como herencia histórico-cultural por ser "originaria" y "ancestral". Pese a ello, dos puntos eran comunes a los intereses de ambos sectores: legalizar y proteger la producción y separar la articulación (estigmatización) coca-cocaína presente en la Ley 1008, lo que podría lograrse con una nueva ley. En tal sentido, que la nueva Constitución Política del Estado (CPE) establezca "proteger la coca originaria y ancestral" en su artículo 3843 fue el primer logro, y, de hecho, esta protección se apoyó en el valor histórico y tradicional de la coca.

Al aprobarse la nueva CPE (2009) se crea entonces un escenario favorable para la nueva ley por lo que cada sector productor inicia la elaboración de su propuesta de ley4; los Yungas lo hace y la socializa internamente e incluso con el Gobierno; hasta que en noviembre del 2016 la Asociación de Productores de Coca (ADEPCOCA), la Coordinadora de Federaciones Campesinas de Yungas (COFECAY) y la Mancomunidad de Municipios de Yungas hacen entrega de su proyecto de ley5 a la Asamblea Legislativa. La propuesta fue elaborada en un contexto de respaldo social y político de los productores de Yungas al Gobierno, además de militancia orgánica bajo el supuesto de que la retribución se plasmaría en la viabilización de la propuesta de ley de los Yungas. Es con la aprobación —sin consenso— de la nueva Ley de la coca (906), a inicios del 2017, que se visibilizan públicamente las diferencias entre una perspectiva de los productores de coca de los Yungas (PDCY) y otra del Gobierno, que indirectamente representa también los intereses de los Productores de Coca del Trópico de Cochabamba (PCTC).

Bajo este contexto, este artículo tiene como objetivo analizar los efectos del conflicto generado por esta nueva Ley de la coca, para lo que en principio identificamos y describimos los dos modelos de interpretación de la legitimidad de su producción que encontramos en el contexto: uno político- económico, impulsado por el Gobierno y productores del Chapare, frente a otro originario-ancestral de los productores de los Yungas. Finalmente se analiza los efectos del conflicto en tres ámbitos: el relacionamiento entre el PDCY y el Gobierno, el orden organi-zacional, institucional y el orden sociopolítico entre productores de los Yungas.

Dentro de un enfoque pluralista de los movimientos sociales consideramos al colectivo de los productores de coca de los Yungas básicamente un "grupo de interés", ya que mediante sus acciones colectivas representan sus intereses (Orosco, 2000) por cambiar o mantener la orientación de una política pública como la Ley de la coca. Sin embargo, considerando que una de las condiciones para ser un "movimiento social" es el incremento del conflicto y la ampliación social del movimiento, se puede decir que este movimiento también estuvo en la frontera de serlo (Orosco, 2000: capítulo 2), pues durante el conflicto intentaron articular sus acciones con otros sectores sociales (ej. El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, TIPNIS, y la Universidad Pública El Alto, UPEA) en pos de una lucha más amplia y no solo sectorial. Asimismo estuvo en la frontera de constituirse en movimiento político, ya que en determinado momento de su accionar surgió el interés por conformar un proyecto político alternativo al hegemónico, presente en el Gobierno6.

Para interpretar los momentos de conflicto que vivió el movimiento, rescatamos aTilly (2011), quien plantea que las "actuaciones" de un movimiento deben ser comprendidas como interacciones y transacciones, ya que son ellas las que describen el accionar colectivo. En la misma línea (de Tilly), Martínez e Iranzo (2010) plantean tres componentes: "acciones, interacciones y repertorios", utilizados en la lucha. Finalmente para analizar los efectos del conflicto nos orientamos por el concepto de "experiencia" (Thompson, 1981) y sus efectos, tanto en las relaciones como en la conciencia colectiva, siendo este último el de mayor interés.

La investigación que da lugar a este artículo se denomina "Implicaciones políticas y socioeconómicas de las estrategias de los productores de coca de los Yungas de La Paz ante la nueva Ley de coca", realizada entre octubre de 2016 y marzo de 2018 en el marco de las investigaciones extracurriculares del Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS) de la UMSA. Se orienta a la conflictividad hacia espacios de movilización, organización y debate en los cuatro poblados principales (y algunas comunidades) de la zona de producción tradicional: Chulumani, Coripata, Asunta7, Cajuata y ocasionalmente la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), en la ciudad de La Paz; triangula una encuesta para productores de base con entrevistas a dirigentes sindicales y autoridades de municipios, así como dos grupos focales con miembros de las Comisiones de redacción de la propuesta de los PDCY, además de observación no participante en asambleas, movilizaciones, bloqueos y vigilias y audios de las radios con presencia en la región8, buscando complementar lo cotidiano del conflicto con los momentos de mayor efervescencia. La investigación contó con el apoyo de un equipo de investigación compuesto por: Marina Conde Payi, Tania Estefany Jiménez Cala, Huáscar Oscar Piérola Dorado, Katerine Quispe Linares, Ronald Tarqui Huanca y William Dante Vargas Ramos.

Algunos antecedentes investigativos

Si bien el protagonismo político del movimiento de los productores de coca durante la primera década del presente siglo llevó a considerar a los productores de coca como un sector homogéneo, existen también muchos aspectos específicos de cada zona y productores que deben tenerse en cuenta: por ejemplo, Soux (1993), Saignes (1985) e incluso Carter y Mamani (1986) establecen que los Yungas9 de La Paz es una zona cuya histórica producción de coca puede rastrearse hasta la precolonia (desde los señoríos aymaras), atravesando por diversas estructuras organizativas (comunales, hacendales y campesinas), lo que los diferencia de los PCTC, al igual que su abastecimiento al mercado regional, nacional e internacional.

Hace diez años Speeding (2008) establecía que las principales diferencias entre ambas zonas se encuentran en los procesos productivos, en función a las particularidades geográficas, topográficas, de transmisión cultural, disposición de fuerza de trabajo y características organizativas específicas (Speeding, 2008), donde la producción adopta variaciones no solo en cantidad sino también en calidad de la hoja de coca; también es posible afirmar que con la producción de coca esta zona fue y es uno de los sectores campesinos más articulados al mercado interno nacional.

La productividad de la coca —como tema— también está relacionada directa o indirectamente con su legislación, y en este campo también existen especificidades en los Yungas, como la investigación de Carter y Mamani (1986), que al ser pionera en la distinción entre zonas de producción, junto a las investigaciones del Centro Latinoamericano de Investigación Científica (CELIN) y el Departamento de Estados Unidos para la Administración y Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), orientó los parámetros de "producción tradicional" admitida por la Ley 1008 (aprobada en 1988), ya que demostró el carácter histórico de la producción de coca en los Yungas. Estas diferencias son importantes en este caso porque son el sustrato del conflicto que nos interesa.

En este siglo XXI surgen y cobran importancia los estudios e informes como el de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que realiza un monitoreo de cultivos de coca a nivel nacional desde el año 2003. Por ejemplo, el informe del año 2016 (publicado el 2017) establece que en Bolivia hasta el 2016 hay 32.800 ha cultivadas, de las que solamente 12.000 ha están bajo control legal, en su mayor parte en los Yungas (UNODC, 2016: 14). Lo paradójico es que las mayores ventajas productivas de la coca se encuentran en la zona tropical de Cochabamba, frente a las limitaciones topográficas y de desgaste de la zona de sub-trópico en los Yungas de La Paz (De la Peña y Arteaga, 2016). La paradoja se amplía si tenemos en cuenta la evidente diversificación productiva en el Chapare10 frente a la mayor dependencia económica11 de la coca en los Yungas, como resultado del aislamiento geográfico y el "desgaste" de la tierra, como ya se señaló.

Frente a este contexto productivo, en el ámbito de la demanda de la coca, el estudio del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID) —iniciado el 2007 y publicado el 2013— establece que la demanda de coca legal en el mercado interno "tradicional" para el año 2012 proviene de 3.082.464 consumidores a nivel nacional, lo que implica un total de 20.933,26 toneladas de hoja de coca (CONALTID, 2017: 83-87); con esta tendencia al incremento de consumidores, el Gobierno determina12 la ampliación de zonas de producción mediante la nueva Ley de la coca (906) con una nueva distribución entre zonas productoras, lo que genera nuevos parámetros de legitimidad de la producción. Este último aspecto es importante porque no se puede entender el conflicto si no consideramos las diferentes formas de razonamiento presentes en él.

Por el lado estatal, si bien el eje de lo "tradicional- ancestral" (como parte del discurso estatal) en ambas leyes es común, la orientación es distinta, ya que el eje normativo de la Ley 1008 fue la distinción productiva entre lo lícito (lo tradicional ligado a lo geográfico) e ilícito (producción en zona ilegal), mientras que la Ley 906 recurre a lo tradicional como argumento de "protección" de la coca; pero se orienta a la ampliación geográfica de la producción de hoja de coca (de 12.000 ha a 22.000 ha) limitando lo tradicional solo al ámbito del consumo. Entre ambas leyes tenemos el paso de un modelo de razonamiento en el que el Estado es vigilante punitivo que articula lo legal con lo tradicional-ancestral de la coca (1008) hacia un modelo administrador, pero que se abre geográfica y económicamente (Ley 906). Sin embargo, en el imaginario social de los productores de coca de los Yungas no solo está la Ley 1008, sino también aspectos históricos culturales y aspectos político-sociales bastante particulares, como se verá más adelante.

Finalmente, la supuesta homogeneidad13 política de los productores de coca como movimiento social fue bastante estudiada, primordialmente por su relación con el actual Gobierno. Este influjo político de las organizaciones sociales en el Gobierno de Evo Morales (y viceversa) se estudió desde la óptica del origen del Instrumento Político (García, 2014; Salazar; 2008; Ramos, 2014; Zegada, 2011); también como estrategia de resolución para la exclusión cultural y económica campesina indígena, desde el análisis de las implicaciones de ser un movimiento-partido (MAS-IPSP) y su perspectiva política en Komadina (2005, 2009) o desde la articulación con el poder político estatal, como en la investigación de García Yapur (2014). Probablemente lo que faltó fue analizar la potencial conflictividad presente en las diferencias y similitudes de ambas zonas y sus productores.

Las acciones, las interacciones y los repertorios14

La interacción entre organizaciones sociales dentro de la ética sindical, generalmente implica o busca el obligatorio y mutuo respaldo social en una relación de horizontalidad, tal como fue la alianza entre campesinos y otros sectores a la hora de impulsar el Instrumento Político; pero cuando el relacionamiento se traslada al campo político-partidario como es el MAS-IPSP y luego se forma el Pacto de Unidad y la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM15), el mutuo apoyo se convierte en "militancia" que establece jerarquías.

Esta militancia y/o respaldo al MAS-IPSP es de tipo orgánico, social y electoral, ya que tanto ADEPCOCA como COFECAY16 (parte de la CSUTCB17) se ven involucrados directamente en las supraorganizaciones que respaldan al "proceso de cambio".

El otro ámbito de interacción fue la determinación de políticas gubernamentales, marco en el que tanto organizaciones sociales como instituciones "coordinan" en pos de lograr proyectos, obras y financiamiento para su región u organización, en este caso, mediante los municipios y COFECAY. Con el tiempo, el mutuo apoyo involucra condicionamientos por ambos extremos (organizaciones-Gobierno), con una relación de fuerzas cada vez más inclinada hacia el Gobierno.

En la aprobación de la Constituyente y en cada etapa electoral se pone a prueba este "apoyo y respaldo mutuo" al Gobierno, al partido, y al "proceso de cambio". Así, los Yungas disciplinadamente respaldó, tanto la aprobación de la nueva Carta Magna (GF, julio de 2107) como al partido de Gobierno. Otro antecedente de interacción y transacción se dio el 2008 en el marco del nuevo "Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca" (2006-2010), donde se firma un acuerdo Gobierno-productores de coca de los Yungas (representados por COFECAY y ADEPCOCA), con un trabajo de tres comisiones (Comercialización e industrialización; Desarrollo Integral; Delimitación, racionalización y no expansión), con lo que inicia el proceso de "racionalización" en los Yungas. En estas, se establecen nuevos parámetros de delimitación de zonas productoras que comprendía: "zona tradicional", "zona con registro catastro" y "fuera de límite", en una especie de transición entre la Ley 1008 y la próxima ley. Fue sobre la base de este conjunto de tácitos "acuerdos" anteriores18 que los productores de coca de los Yungas inician la elaboración de su propuesta de ley.

Estos antecedentes nos muestran que la interacción entre Gobierno y productores de coca se basaba en una suerte de reciprocidad plasmada en respaldo social, político y electoral, impulso a proyectos y "respeto" a los acuerdos establecidos, entre ellos, la protección a la coca originaria y ancestral que señala la nueva CPE y que, en el entender de los productores de los Yungas, corresponde a su región. Este respeto —en el entendimiento de los productores de los Yungas— se refiere también a la propuesta de ley de los Yungas por lo que, entre el 2008 y el 2016, organizan un total de tres comisiones elaborando y complementando su propuesta. La última comisión se había conformado en marzo del 201619 en ocasión de firmarse un "acuerdo de impulso al proyecto de la nueva Ley de la coca de los Yungas", entre la Mancomunidad de Municipios, ADEPCOCA y COFECAY. Este acuerdo era una "necesidad" debido a que en las sucesivas reuniones con el Gobierno el presidente Morales planteaba la necesidad de considerar a la hoja de coca "una sola a nivel nacional". Por otra parte, los productores de los Yungas tenían "rumores" de que el Gobierno ya tenía un anteproyecto de ley de los PCTC; por tanto, el acuerdo debía "garantizar la unidad y defensa" de su propuesta.

Una vez que los Yungas tiene su propuesta de ley y ante la presión gubernamental20 para aprobar una nueva ley, se apresuran en hacer llegar su documento (noviembre de 2016) para su tratamiento en la Asamblea Legislativa. Con la movilización social de todas las regionales y provincias productoras realizan una marcha que recorre desde Kalajahuira (zona de entrada a los Yungas) hasta la plaza Murillo, acto que escenifica y simboliza no solo el peso social y electoral de los Yungas sino también rememora o "recuerda" el "cumplimiento" del acuerdo tácito de mutuo respaldo.

Pese a espacios de negociación con "el Gobierno", meses después se enteran de que un anteproyecto de ley estaba siendo tratado:

...en el tema la ley hemos sido sorprendidos en fecha 15 de febrero, ya la Comisión Tierra y Territorio ha sido prácticamente ya aprobado en grande, ya para pasar a plenaria de la Cámara de Diputados, analizándolo bien, según tenemos informe de que en la Comisión Tierra y territorio había sido los 20 diputados eran masistas, del oficialismo, así que lo único ellos tenían que cumplir las órdenes para poder acelerar lo que es tratamiento de la ley, nosotros ya sorprendidos, gracias a uno de los diputados que en su momento ha estado en los Yungas de La Paz y que es representante de transportistas ha hecho de que conozcamos la realidad en su momento, se estaba tratando ya la ley, porque ya sentían lo que es Yungas, mientras que nuestros representantes prácticamente se han quedado sordos, mudos y ciegos... (Gregorio Chamizo, vicepresidente de ADEPCOCA, grupo focal 1-07-2017).

A partir de este momento, las acciones de los PDCY atravesarán una serie de "eventos"21 que generarán una creciente exacerbación, cuyos efectos cambiarán la relación con el Gobierno y tendrán sus propios efectos en la región de los Yungas. Estos eventos muestran un repertorio de acciones limitadas y específicas. Por cuestiones de espacio, acá nos remitiremos solo a algunas en La Paz:

Primero: Cerco alaplazaMurillo: Surge luego de diversos pedidos de negociación de la ley y marchas sin respuesta positiva del Gobierno, por lo que el 17 de febrero de 2017 (antes de aprobarse la ley) recurren a sus bases para un traslado por relevos hacia la ciudad de La Paz: cada regional debe llevar al 30% de sus comunariospara el cerco y se debe realizar relevos cada 48 horas (comunicado de ADEPCOCA y COFECAY en radios de los Yungas, 02- 2017); el sentido del cerco era hacer vigilia, detener el tratamiento o negociar teniendo como base su anteproyecto de ley. El cerco —que ocupaba un total de 12 cuadras— es intervenido y dispersado por la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y termina con represión y detenciones por dos días consecutivos. Posteriormente, mientras se encuentran bloqueando en Villa Fátima, se establece una mesa de negociación con el Gobierno, a la que asisten dirigentes de ADEPCOCA, COFECAY y exdirigentes. En esta negociación, el Gobierno recurre a la militancia y el respaldo político de COFECAY para tener el apoyo a la ley y la negociación se remite a la libertad de los detenidos, hechos que no son transcritos en el acuerdo firmado en fecha 22 de febrero (según dirigentes de ADEPCOCA). Pese a cambios en algunos artículos, el punto nodal entre los cinco "acordados" llega a ser la superficie de cultivo que —tal como estaba anunciada por el Gobierno— queda en 13.300 ha para los Yungas, donde se incluyen nuevas zonas (como Caranavi), y se incrementa a 7.300 ha para el Trópico de Cochabamba (acta de acuerdo del 22-02-2018). Los Yungas rechaza ambos incrementos, pero el acuerdo es firmado y sellado por COFECAY y firmado por el presidente de ADEPCOCA, quien señala que tuvo que firmar "por la libertad de los detenidos" (FM Bolivia, 02-2018).

Segundo: La nueva ley promulgada el 8 de marzo de 2017 en un acto oficial en el Palacio de Gobierno establece 22.000 ha. Asiste al evento la Mancomunidad de Municipios de Yungas y participa COFECAY. La negociación de la ley concluye para ADEPCOCA, pero continúa el tratamiento de productores detenidos y heridos. La sensación es de derrota y división del movimiento. Pese a ello, el presidente de ADEPCOCA señala que, al no tener representación en la Asamblea Legislativa, esperarán a un "nuevo gobierno" para convocar a un "referéndum de la coca" (FM Bolivia, 03-2017).

Tercero: Demanda de inconstitucionalidad de la nueva Ley. Es un recurso interpuesto por ADEPCOCA (18 de mayo de 2017), con respaldo de profesionales y abogados que impulsan que esta sea entregada con una gran delegación en Sucre. Tiempo después la demanda será admitida; pero finalmente el fallo fue negativo. Fue una estrategia jurídica que cuestiona principalmente tres artículos de la nueva ley, como la superficie otorgada al Trópico de Cochabamba ya que esta no sería parte de la zona tradicional, y la nueva CPE solo protege la coca originaria y ancestral.

Cuarto: Toma y disputa de ADEPCOCA: Luego de una asamblea de informe de gestión del directorio de ADEPCOCA en Coripata, los Yungas, un grupo de productores de coca designa una Comisión adhoc asumiendo que el informe no fue satisfactorio ni aprobado. Por lo tanto ellos toman las instalaciones del Mercado de ADEPCOCA en Villa Fátima, ciudad de La Paz (12 de marzo 2018). El Gobierno señala que hay "división en el movimiento" y, por lo tanto, la "toma" tiene amplio resguardo policial. Los 12 días de esta toma tienen efectos de mayor división en los Yungas; las polarizaciones son claras, ya que quienes respaldan al directorio afirman que quien tomó el mercado fue el Gobierno y con la expectativa de retomar el mismo se hacen vigilias cada vez más numerosas en las afueras del mercado. Las regionales de ADEPCOCA convocan a "todos y todas, niños, mujeres, viejos a recuperar nuestro mercado"; en la represión nuevamente quedan más de 30 productores detenidos (observación, 03-2018).

Quinto: Retoma de ADEPCOCA: El comité ad hoc plantea llamar a elecciones para elegir nuevo directorio; pero ante la presión de la población que los desconoce y que trata de retomar las instalaciones con mitines, petardos y enfrentamientos con la Policía, este comité decide entregar las instalaciones a un directorio transitorio conformado por un grupo de fundadores de ADEPCOCA. Paradójicamente ese directorio de fundadores, luego de unos días, devuelve el mercado al directorio de Franklin Gutiérrez (presidente de ADEPCOCA), desconocido por el Comité adhoc.

Con estos cinco eventos podemos ver que el repertorio de acciones es bastante limitado en tiempo y alcance social, debido a la distancia geográfica con las bases de ADEPCOCA y por el uso de la fuerza policial por parte del Gobierno. Esto crea un contexto de división interna y de agresión por quien fuera un "aliado social y político" y finalmente de afrenta entre Gobierno y productores.

El escenario cambia cada día y va destacándose en los discursos (directos o mediante medios de comunicación) un imaginario colectivo alrededor de la coca: se recurre no solo a la historia oral y escrita sino también a la memoria colectiva de las comunidades y familias de la región, señalando que históricamente los Yungas produjo hoja de coca para el consumo (tradicional). Junto a esta base histórica también se alude a procesos de lucha anteriores y recientes por la coca, así como al reconocimiento que la Ley 1008 ya tenía sobre la "zona de producción tradicional", hecho que le dio a la producción y consumo de coca un tinte legítimo, y legal22 ante el Estado, la sociedad y el mercado. Este eje social, cultural, histórico y normativo plasmado en la "coca de Yungas" deja entrever un modelo de razonamiento generalizado, verificable no solo en los discursos sino también en el "Anteproyecto de ley de la coca originaria y ancestral", modelo al que durante el conflicto los productores apelan incesantemente para autolegitimar su rechazo a la nueva ley.

Para este modelo, que podemos denominar "tradicional", el consumo tradicional es el akhullicu; la forma de producción tradicional23 es en surcos, tacanas y wachus (terrazas); la zona de producción tradicional es los Yungas de La Paz; la orientación de la producción de la coca tradicional es para el mercado tradicional, por lo que la calidad de la hoja es diferente en la zona tradicional; finalmente en la comercialización, ADEPCOCA, desde su fundación (1984), es la principal vía para comercializar "coca tradicional" legal desde los productores. Son cinco aspectos que refieren un modelo de explicación de la lucha, resistencia e identidad regional.

El razonamiento de este modelo no existe solo en el imaginario social, sus bases materiales permitían a los PDCY no solo tener una economía legal, sino también gozar de legitimidad social y cultural ante la sociedad e incluso ante el mercado nacional e internacional, mercado en el que había surgido el estigma de la coca "ilegal" aplicado por los PDCY a la coca del Chapare. El modelo finalmente era una garantía de derechos exclusivos en el mercado, otorgado —en su percepción— por la historia, por el Estado y sus leyes, por la sociedad de consumidores; mientras prevalezca el modelo tradicional, tenían asegurada una fuente de ingresos oscilante y con dependencia del mercado.

 

Tres puntos de reflexión

Cambios en la relación Gobierno-productores de coca de los Yungas

Como ya lo vimos, el mutuo apoyo y respaldo social, político-electoral fue necesario y útil tanto para los productores como para el Gobierno, hasta el momento en que se desata este conflicto. Con el avance de los eventos, la apuesta del Gobierno fue recurrir al respaldo organizacional y uso de la fuerza, en contraposición a las acciones realizadas por ADEPCOCA, que en todo momento contrapone su poder social al poder político institucionalizado. Los eventos ocurridos en la ciudad de La Paz no son el único ámbito de confrontación y, por lo tanto, de cambio en las relaciones Gobierno-productores. Un punto importante para entender la profundidad de los cambios es el repertorio de acciones desplegadas a lo largo del conflicto, las que son limitadas, temporales y diversas en La Paz (marchas, bloqueos, cercos, vigilias e incluso cabildos): pero estas cambian y cobran mayor efecto y amplitud en el contexto de los Yungas (con innumerables ampliados, asambleas, congresos, discursos, exhortaciones por medios de comunicación, tomas de alcaldías o sedes sindicales oficialistas). Esto se debe a que las acciones de rechazo y resistencia apoyados en el modelo tradicional se articulan con la cotidianidad de los productores, donde incuban nuevos matices sobre el significado de esta experiencia que viven los productores.

En los Yungas, el Gobierno es visible solo a través de sus operadores sociales o políticos (dirigentes, autoridades, militantes), lo que resulta favorable para el movimiento que respalda a ADEPCOCA. Las formas de resistencia o rechazo social a la ley en principio empiezan a tratarse de forma atómica en comunidades, sindicatos y centrales; pero a medida que avanzan hacia otros niveles organizativos adoptan un carácter cada vez más moral. Como en pocos conflictos, el nivel de comunicación se profundiza; también la cohesión. ¿Qué hace que se cohesione más el movimiento? En este caso parece ser la experiencia de los enfrentamien-tos en La Paz en el ámbito material; pero también en el ámbito de la conciencia colectiva la cohesión se da mediante la consolidación del discurso apoyado en el modelo de la coca tradicional y de la nueva relación con el Gobierno.

En la nueva relación, los portavoces del Gobierno pasan a ser vistos como una amenaza para el modelo tradicional, ya que estos también tenían sus mecanismos de respuesta y defensa, recurrían a justificaciones sociales, causas políticas de las decisiones gubernamentales e intenciones ocultas de ADEPCOCA, entre otros. La respuesta fue la de encendidos discursos de deslegitimación del presidente, de la Ley y del Gobierno. En la percepción de las generaciones más adultas, la situación era más terrible para la historia del movimiento por tratarse de un campesino y productor de coca. Surge una racionalidad apoyada en un discurso contrahegemónico que, en pos del retorno al modelo tradicional de la coca, apela al respeto a la nueva CPE, al estigma de la "coca ilegal" e incluso a la temporalidad del poder gubernamental, planteándose la posibilidad de construir otro proyecto político24.

En efecto, las relaciones Gobierno-productores de coca se concretan en estos esfuerzos de deslegitimación y estrategias contrahegemónicas que despliegan los productores de coca (al igual que lo hicieron los dirigentes que defendían al Gobierno en los Yungas), tanto durante las confrontaciones urbanas como las rurales. De todas maneras —y pese a la exacerbación— prevalece el poder disciplinario del Estado y la ley, y si bien llegan a cuestionar la legitimidad política del Gobierno, al final reconocen la necesidad de una norma emanada desde el Estado.

Efectos en el orden interorganizacional e interinstitucional en los Yungas

La base social de ADEPCOCA se encuentra en las familias campesinas productoras, pero la unidad de cohesión y movilización es la de las "regionales" en los Yungas (10 regionales25 distribuidas en las provincias productoras de coca apoyadas en los sindicatos comunales); estas son el mecanismo de articulación entre ADEPCOCA26 y su base social. Por esto, en muchas ocasiones, el liderazgo de las regionales es más notorio e influyente que el de la misma ADEPCOCA, como se evidenció en este conflicto.

En este orden inter-organizacional, las repercusiones de la nueva ley inician con el sentimiento de derrota que sigue a la aprobación de la ley y que empieza a buscar responsables en los Yungas. En principio27 se pone en la silla de los acusados a ADEPCOCA, debido a "fallas de la movilización" y convocatoria así como por la firma del acuerdo con el Gobierno. Las acusaciones y los reclamos se escuchan tanto en ampliados como en medios de comunicación, sea porque "las bases" consideran que se asumieron estrategias equivocadas, porque se tomaron acciones tardías o incluso por las circunstanciales faltas de consulta. Los cuestionamientos provienen de diferentes niveles (campesinos de base, dirigencia de niveles intermedios, exdirigentes); estos encuentran respuestas y explicaciones por parte de los miembros de la estructura organizativa de ADEPCOCA así como por parte de la población; argumentan las dificultades de la distancia para la movilización o la presión del Gobierno en relación con los detenidos28.

Por su parte, las federaciones campesinas de varones y mujeres agrupadas en COFECAY son también acusadas, no solo porque tienen una relación más cercana con el Gobierno en razón de su pertenencia a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y a la estructura del CONALCAM, sino también por el respaldo que mostraban a la nueva ley. Pese a que el respaldo organizacional al Gobierno nunca fue algo oculto en los Yungas, por tratarse de un presidente de origen campesino y que representa a los productores de coca, con el conflicto, ese sentido moral es desplazado por un valor superior: "velar por los intereses de los productores campesinos" de los Yungas. Por lo tanto, el respaldo al Gobierno pasa a ser algo "inmoral". Esta lectura moral cuestiona la firma del acuerdo con el Gobierno y la asistencia de COFECAY a la promulgación de la ley; construye alrededor de ellos el estigma de "traidores" y "divisionistas". Estos a su vez acusan a ADEPCOCA de cuidar sus intereses políticos personales y no abrirse a las propuestas del Gobierno, siendo ellos los "divisionistas" y "traidores". Precisamente uno de los ejecutivos de COFECAY nos señalaba la necesidad de entrar en acuerdo con el Gobierno y "saber ceder" en la negociación, con lo que los beneficios y logros hubieran sido mayores y los conflictos evitarse (entrevista a un miembro de la Federación Provincial de la Provincia Sud Yungas, 07-2017).

A medida que se pasa de la promulgación a la socialización y reglamentación de la nueva Ley de la coca, el cuestionamiento social a los dirigentes de COFECAY se acrecienta ya que, además, estos, junto a algunas comunidades y municipios (principalmente de Asunta) van impulsando eventos para la socialización y reglamentación de la nueva ley.

El efecto es la división inter e intra-organizacional; los niveles organizativos se contraponen, se polarizan desde arriba hacia abajo y viceversa. Es decir, la confrontación hace carne en los niveles más altos así como en los más básicos de la jerarquía organizativa. Por ejemplo, en Huancané, la Central Campesina apoya a COFECAY; pero la regional Huancané respalda a ADEPCOCA, lo que tiende a dividir también a las bases mediante mutuas acusaciones de traición.

En medio de la polarización, cada bando (de diferente amplitud en cada población) acusa al otro de divisionista y llama a la unidad a la población, pero cada quien quiere la unidad en torno a la orientación del grupo al que representa. Esta situación en principio se exacerba; pero de forma nuclear, es decir, sin que sea algo generalizado. Será la toma del mercado de ADEPCOCA en la ciudad de La Paz, en gran medida respaldada por los dirigentes de COFECAY, la que acelerará la polarización. Hasta antes de esa toma, las divisiones y afrentas políticas no tenían una base concreta, incluso la promulgación de la ley y sus efectos a futuro eran inciertos; pero la toma del mercado rompió con la cotidianidad de la economía de la coca y, según las expresiones de los productores en los medios de comunicación, desde ningún punto de vista era aceptable que se pusiera al mercado en el ámbito de la disputa. Este evento refuerza las implicaciones éticas y morales que se supone deben acompañar a todo dirigente, a toda organización. Por esto, si antes había sectores sociales dubitativos, pasivos, silenciosos o neutrales, con la toma del mercado, estos sectores optan por incorporarse en apoyo a ADEPCOCA, que en el orden institucional tradicional de los Yungas es quien debe administrar el mercado.

En el lapso de aproximadamente cuatro a seis meses, se acelera la dinámica sociopolítica de las organizaciones así como la movilidad dirigencial: se "desconocen" dirigentes, otros son desplazados o se dan paralelismos mediante congresos, asambleas y ampliados en todos los niveles. Un ejemplo es el Congreso en Coripata, donde, en medio de apedreadas y estallidos de dinamita, se realiza un Congreso de la Federación de Campesinos. En un espacio no usual y con asistencia de solo una parte de las comunidades, se nombra un nuevo directorio y una nueva "Central Coripata", lo que da lugar a que la Federación tenga dos directorios. Al respecto, en la transmisión de la emisora radial Fm-Bolivia, uno de los comunarios señala que el anterior directorio apoya a ADEPCOCA y que ahora busca ingresar un directorio cercano al Gobierno:

No nos dejan organizarnos, era una elección democrática y nos han venido a intervenir... (dirigente elegido en ese congreso, 27-09-2017).

... esta división viene desde arriba, señor Morales, basta de hacernos pelear... ellos ya sonjuntucha del MAS, nosotros no estamos llevando a cabo, son solo los que trabajan en la Alcaldía, nos han atacado; hay que decirle al Alcalde, nosotros el ejecutivo que tenemos y el central lo vamos a hacer respetar porque el ejecutivo que se están eligiendo será pues de la Alcaldía... (productor de la Central Coripata, 27-09-2017).

Las confrontaciones y debates se dan en diferentes niveles; pero son más estrepitosas en el nivel de centrales, donde las posiciones de las comunidades y la posición de sus dirigentes se conocen mediante resoluciones. De esta manera, si eran timoratos a nivel comunidad debían mostrar más rebeldía y radicalismo a nivel central, ya que los ánimos estaban caldeados. Lo que más diferencia en esta etapa a unas organizaciones de otras es su capacidad de movilización y la radicalidad de sus resoluciones, legitimadas estas últimas con su lectura no solo en el nivel superior de la estructura orgánica sino también en los medios de comunicación. La dirigencia en esta coyuntura es determinante, cuentan sus acciones presentes así como sus antecedentes políticos, ya que como Schmith (2009) diría, con la polarización se ingresó en la lógica amigo-enemigo.

Un secretario general en Asunta nos comentaba la situación inmanejable de su gestión, ya que si bien sus bases exigían apoyo, movilización y respaldo a ADEPCOCA, por otra parte, para lograr proyectos para su comunidad, debía tener buenas relaciones con la Federación e incluso con el municipio, lo que le significaba recibir acusaciones de ser "masista" (entrevista en Cajuata, 07-2017)29. En este ambiente caldeado, la trayectoria dirigencial podía ser cortada,

el imaginario social resignifica el papel del dirigente en relación a la orientación que puede y debe dar a la organización en momentos tan decisivos; asimismo, las sedes de las organizaciones podían ser tomadas, pues las pugnas llegan a clasificar a las organizaciones y estas se deslegitiman unas a otras mediante acusaciones, en una especie de vendetta colectiva.

En el nivel institucional, entre los meses de conflicto, la habitual relación entre comunidades y municipios en torno a proyectos, obras y financiamientos también se polariza; todos debían expresar su posición, nadie podía ser neutral o indiferente. De esta manera, la sospecha recae en las autoridades municipales. Más aún, en las que se prestan a socializar la nueva ley, surge el rumor generalizado e incluso denuncias sobre corrupción en medios de comunicación (Fm Bolivia, Coripata, 08-2017); señalan que los proyectos son condicionados en las comunidades con asistir a los eventos para la reglamentación de la nueva ley.

Lo que sí fue visible para nosotros era que la Mancomunidad de Municipios (Irupana, Chulumani, Coripata, Asunta, Cajuata, Yanacachi y Coroico), con autoridades políticas como viceministros (al igual que las Federaciones), tenían en muchos casos eventos paralelos a los de ADEPCOCA y sus regionales: si una regional llevaba analistas de la nueva Ley de la coca desde la sede de Gobierno, la Federación llevaba al viceministro o sus técnicos para socializar la nueva ley en otro ambiente. Son eventos que impregnaban de mayor hostilidad el accionar de organizaciones e instituciones.

La orientación pro y anti ley desemboca en acciones y denuncias contrapuestas, denuncias de corrupción, negación de préstamos de infraestructura para eventos del bando contrario, una seguidilla de tomas y desconocimientos a autoridades municipales. Tal es el caso de Irupana, Asunta, Chulumani, Coripata (audios FM Bolivia, entre 09-2017 y 03-2018). Si al principio las medidas de la población hacia sus autoridades eran de persuasión y reclamo, posteriormente fueron de imposición, cuestionando la inclinación política ("no ética") de los Gobiernos municipales. Es así que la conflictividad deja sus efectos también en este campo.

Este contexto deja entrever que gran parte del orden político organizacional e institucional estuvo atravesado por la relación de "mutuo apoyo y respaldo" social y político con el Gobierno, lo que se articuló muy bien con la conciencia del productor de coca. Era ese mecanismo el que generó un tipo de gobernabilidad así como un tipo de orden organizativo e institucional en apoyo al Gobierno; pero con las "dislocaciones" institucionales y organizacional es ese orden se quebró progresivamente, quedando como principal eje articulador de la conciencia colectiva y la moralidad organizacional e institucional la condición de zona productora de coca originaria y ancestral.

Quedó también el ambiente de desconfianza en las organizaciones e instituciones en los Yungas. No se podría decir que ADEPCOCA o sus dirigentes tengan total legitimidad, pues la desconfianza también los afecta. Por el contrario, se entró en una búsqueda de alternativas de tipo más silenciosa e individual, como si se hubiese atravesado un breve momento de crisis existencial colectiva.

Reordenamiento del orden sociopolítico en los Yungas

Acá cabe adicionar una acción gubernamental que no habíamos mencionado porque creemos que es en el nivel de la conciencia y de las relaciones sociales cotidianas donde afectó más (pese a que también afectó en el orden interorganizacional). Se trata de la creación de la organización de productores de coca de los Yungas, que tiene autorización para comercializar al detalle (CONALPRODC30), llamados en los Yungas "carpeteros"31. La particularidad es que esta organización —que aglutina más de mil productores, habiéndose constituido después de la promulgación de la nueva Ley de la coca, se convierte en la base social de los eventos organizados por el Gobierno y principalmente por el ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; tuvo además el efecto de crear paralelismo con ADEPCOCAy con ello de deslegitimar el descontento y rechazo de la nueva ley, debido a que se compone de productores de coca provenientes de los Yungas32.

Los efectos del CONALPRODC se producen también en el nivel interno de las relaciones sociales en las comunidades, porque, además de ser "carpeteros", son productores afiliados en sus sindicatos, y al apoyar la nueva ley generan en su comunidad diversas reacciones: las comunidades inician con la "comprensión" por la "necesidad" de ingresos que tienen. Pasan a la demanda y exigencia de apoyo al movimiento de ADEPCOCA, hasta llegar a las amenazas de expulsión de la comunidad. La pertenencia a CONALPRODC se traduce incluso en en-frentamientos inter e intrafamiliares, ya que, además de discrepancias políticas, también hay intereses económicos en disputa entre familiares. Con los eventos de socialización de la ley, la desconfianza ante los "carpeteros" se acrecienta ya que algunos al principio acuden a los eventos de CONALPRODC al igual que a los de ADEPCOCA; pero posteriormente se inclinan por su organización. Según la percepción del bando de ADEPCOCA, el CONALPRODC se convierte en un mecanismo clientelar y prebendal, ya que además —según los productores de coca— se empiezan a ofrecer carpetas a cambio de respaldar la ley.

Pero no son solo los "carpeteros"; las relaciones sociales en general se ven afectadas porque la militancia en el partido de Gobierno o el respaldo a la nueva ley es una sospecha aplicable a cualquier dirigente o exdirigente. De esa manera, se producen asambleas en las que se señala que la Central que tenga "comunidades traidoras" o "dirigentes traidores" "serán castigados" (al igual que —según los rumores— procedía el municipio con opositores al Gobierno), lo que lleva a la estigmatización y discriminación positiva o negativa. La relación amigo-enemigo llega al nivel de la convivencia cotidiana, donde haber participado de alguna de las movilizaciones y acciones (de ADEPCOCA) se convierte en un dispositivo de inclusión/exclusión, un mecanismo de legitimación y autolegitimación; la participación o no participación "de la lucha" otorga "respetabilidad" social (Tilly, 1984). De este modo, la forma de existir socialmente es haber "estado presente"; se generaliza la exigencia moral de anteponer el interés por los Yungas antes que el interés político. En ocasiones, la práctica llega a ser intolerante, pues se despierta una nueva susceptibilidad: el que alguien esté a punto de pasar al otro bando o que sea un "espía".

Asimismo, en las comunidades se producen acciones espontáneas como las expulsiones de delegaciones del Gobierno, encabezadas principalmente por una población joven que empieza a mostrar mayor liderazgo. El ejemplo más recordado es el caso de la comunidad de Trinidad Pampa, en Coripata: anoticiados de que el ministro Cocarico llegaría, espontáneamente, bloquearon el paso para que no llegue a su destino, por lo que tuvo que ser recogido por un helicóptero (observación, 9-06- 17). La medida empieza a ser tomada como ejemplo y se replica en otras comunidades y centrales, hasta que se plasma en resoluciones de sindicatos y regionales.

En este caso, la polarización afecta un orden en el que la inclinación política de cada individuo tenía cierto grado de apertura y tolerancia; con el conflicto, vemos emerger una moral colectiva que interpela a "todos", que recurre al interés colectivo.

 

A manera de conclusión

En un momento de la investigación, nos preguntamos: ¿de dónde deducen los cocaleros que su sentimiento de indignación y enojo son legítimos? Acá apelamos, no a las acciones inmediatas como tales, sino a lo que implican: la indignación no provenía solo de una falta de consenso sobre la ley o de la toma de ADEPCOCA, sino principalmente de la ruptura del acuerdo de mutuo apoyo y respaldo con el Gobierno al vulnerarse el modelo de interpretación de la coca tradicional y originaria.

El nuevo modelo normativo, al ampliar el ámbito productivo, desplaza e impone otra lógica del derecho al mercado. Uno de los dirigentes recordaba que el presidente Evo Morales les dijo: "el Chapare puso muertos para tener derecho a la producción de coca", lo que supondría una legitimidad política que se sobrepone sobre la legitimidad de lo originario y lo tradicional.

En el ámbito de la conciencia colectiva, la experiencia de represión y enfrenta-miento interno y externo deja resentimientos a nivel local por la falta de unidad para evitar este cambio, ante lo que aún se despliegan acciones punitivas materiales y simbólicas. A nivel externo, se percibe una búsqueda de autodeterminación política, lo que es algo paradójico, dada la unidad del movimiento campesino al que apostaron hace algo más de una década.

En la dimensión más política de los costos y efectos del conflicto, para el Gobierno es solo el resquebrajamiento de un "pequeño sector" campesino de su proyecto político. Pero para las autoridades e instituciones de los Yungas el efecto fue la ingobernabilidad; para los productores militantes que respaldan al partido de Gobierno, involucró la estigmatización posiblemente temporal; para los comerciantes-productores al detalle quedó la posibilidad de perder derechos en su comunidad de origen, pero tener ventajas comerciales. Por su parte, los productores de coca tienen sus pérdidas, no solo en cuanto a derechos y privilegios en el mercado, sino también en cuanto a la crisis organizacional e institucional que les deja esta experiencia.

Fue una victoria legal y política del Gobierno y una derrota socioeconómica para los productores de los Yungas. Sin embargo, existen mecanismos33 políticos para influir en la producción y comercialización a los que recurren apoyados principalmente en la calidad de su producto y el mercado de consumidores tradicionales.

Finalmente, esta problemática que articula la relación Estado-sociedad termina también por mostrarnos el lado más perverso del conflicto, ya que ambos sectores de productores (los Yungas y el Chapare) apuestan por el papel del mercado para resolver sus problemas de exclusión económica, y el Estado impulsa la misma lógica, legitimando el poder del mercado abierto sin darles mayores opciones económicas, principalmente en los Yungas.

 

Notas

1        Este artículo es el resultado de la investigación "Implicaciones políticas y socioeconómicas de las estrategias de los productores de coca de los Yungas de La Paz ante la nueva Ley de coca", del Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

2 Socióloga boliviana, docente e investigadora sobre organizaciones y movimientos campesinos e indígenas en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), El Alto, Bolivia.
E-mail: cheysandra@hotmail.com

3 CPE Art. 384: "El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley" (2009).

4       En investigaciones realizadas entre 2012y2105 observamos cómo las Federaciones del Trópico de Cochabamba también iban elaborando sus propuestas de ley de la coca de acuerdo a sus expectativas.

5       En un grupo focal de julio de 2017, miembros de la 3a Comisión señalaron que el ministro Cocarico con anterioridad había afirmado que la nueva ley debía aprobarse lo antes posible "para aprovechar los tres tercios" del MAS, y antes de que llegara la etapa electoral.

6       De hecho, en reiteradas ocasiones durante el conflicto el Gobierno los acusó de perseguir intereses políticos antes que sectoriales.

7       Según la Ley 1008 parte de Asunta era zona de producción tradicional, incrementando su superficie con Convenios y la última ley.

8       Por cuestiones de espacio, en este artículo prescindimos de usar la mayor parte de datos obtenidos en la investigación, remitiéndonos principalmente a los hallazgos.

9       Deliberadamente omitimos los datos históricos de productividad en el Trópico de Cocha-bamba, que mencionan a Yungas de Vandiola, ya que estos no responden a los objetivos de este artículo.

10     En una investigación realizada entre 2013 y 2015 en el Trópico de Cochabamba observamos esta diversificación en base a las ventajas económicas de la carretera interdepartamental y de la productividad de la tierra, además de la inversión y presencia de proyectos de desarrollo en la región.

11      La economía familiar campesina en los Yungas se apoya no solo en la producción de coca para el mercado y la pequeña producción de autosubsistencia, sino también en la constante circulación de fuerza de trabajo familiar en forma de contraprestaciones; pero el principal motor mercantil a nivel regional es la producción de coca, por lo que el acceso a la tierra es determinante, así como la presencia del mercado con un precio que, por lo menos a lo largo de este siglo, tiende a justificar la rentabilidad de la tierra con cierto grado de autoexplota-ción familiar.

12     Es también importante el texto Habeas Coca. Control social de la coca en Bolivia, de Farthing y Ledebur (2015), que resalta los logros que la actual política gubernamental tiene en base al control social de la coca.

13     Y—yo diría—, en general, de todos los campesinos.

14     "Toda acción colectiva propicia una serie de interacciones que, en situación de oportunidad, escenifican y desarrollan cierto número de actuaciones en las que los actores se reconocen como tales, dotándose de identidad, a la vez que plantean sus reivindicaciones a sus oponentes; lo cual en escenarios históricos concretos y en condiciones favorables, propicia la creación de un repertorio de acción capaz de llevar adelante un repertorio de lucha" (Martínez eIranzo, 2010: 198).

15     "La CONALCAM nació el 22 de enero de 2007. Su creación fue anunciada por el presidente Evo Morales, en el primer año de Gobierno del MAS, como una instancia de coordinación 'conformada por sindicatos, Ejecutivo y Legislativo'..." (Suazo, 2010: 130).

16     Son organizaciones paralelas; ADEPCOCA, con orientación económica, administra los derechos y obligaciones de los productores y el mercado de la coca, articulado con el control legal (lo que cambia con la nueva ley); mientras que COFECAY (Coordinadora de Federaciones Campesinas de los Yungas) tiene un rol de defensa de los intereses del campesinado en general, abarcando la representación social y política ante el Gobierno. Ambas organizaciones tienen por base común a los sindicatos campesinos en Yungas.

17     Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia.

18 Entre ellos, el acuerdo que los productores de coca del Trópico de Cochabamba firma con el Gobierno de Carlos Mesa el año 2004, que establece el derecho de plantar un cato de coca por familia, dato que se deduce del establecimiento de 3.200 ha de coca para los 23 mil afiliados de las seis Federaciones del Trópico (Acta de entendimiento, 3-10-2004). Este antecedente será posteriormente retomado como parámetro que debió haberse "respetado" en la nueva ley, en criterio de los productores de los Yungas.

19     Ya el año 2009 había sido planteada por los PDCY la demanda de un referéndum de la coca que determine el origen y cantidad de la coca que se consume en el país. La respuesta del Gobierno fue que se haría el recojo de esta información mediante el censo que el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizaría el año 2012, hecho que finalmente no se dio. Resulta que desde 2013 la Unión Europea realizaría ese estudio hasta 2015 con apoyo de los datos del INE. La demanda de referéndum de la coca es retomada por los PDCY el año 2016, además de obras para los Yungas, con una movilización de ADEPCOCA y un bloqueo en Unduavi, unos días antes del referéndum, para cambiar la Constitución y permitir la reelección de Morales y García Linera (periódico El Deber, marzo de 2016). La movilización es tomada por el Gobierno como un acto político de división y afrenta contra su gestión.

20     Meses antes el Gobierno publica en los periódicos nacionales (agosto de 2016) una supuesta ley de la coca consensuada entre productores del Trópico de Cochabamba y productores de los Yungas, lo que es desmentido por ADEPCOCA y COFECAY.

21 Entiendo "evento" en el sentido de un acontecimiento que, planificado o no, cambia o refuerza el rumbo de los hechos, sean estos políticos, sociales o de otro tipo. Su particularidad es que es delimitable y reconocible en la secuencia temporal de hechos.

22 Este razonamiento que vincula lo legal con lo tradicional fue también el marco de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país.

23 Incluso encontramos una alusión a la forma de seleccionar las hojas y clasificarlas (como en Coripata), así como a la forma de cosecha de la hoja de manera más delicada; son habilidades que, según los discursos, no se las posee en el Chapare o en zonas de reciente producción, y que le da a la coca yungueña un valor adicional.

24     Conferencia de prensa de 5 de mayo 2018, FM Bolivia.

25     Cada regional aglutina un conjunto de comités comunales, representantes de los sindicatos comunales.

26     Generalmente la presidencia de ADEPCOCA se turna entre Nor y Sud Yungas (observación del trabajo de campo, 2017).

27     Para el análisis presentamos los hechos secuencialmente, aunque en realidad se dieron de forma casi simultánea.

28 El papel de los detenidos (como en todo movimiento) es sumamente sensible al igual que tener heridos o muertos; en este caso las regionales que tenían detenidos mostraban en sus discursos un sentido de mayor compromiso con la movilización y, por lo tanto, con las comunidades con detenidos o heridos, por lo que fue también un factor de cohesión (observación de campo marzo-abril de 2017).

29 El caso de la Asunta es bastante complejo y por razones de espacio no se desarrolla en este artículo; pero en pocas palabras se traduce en que es una de las zonas que de tener muy pocas comunidades productoras, con el acuerdo del 2008 se incrementa su zona de producción, la que se legaliza con la Ley 906 además de otras comunidades. Esta situación genera bastante división en el municipio así como entre la Regional Asunta y la Central de Campesinos. La expansión de producción en la Asunta es innegable, tanto por los contingentes de migrantes campesinos de Potosí, Oruro y La Paz, como por la productividad, que es mayor y más frecuente que en la zona tradicional, aunque la misma tenga menor precio en el mercado legal por la supuesta menor calidad en sabor y duración. Según nuestros datos de la etapa de estudio (antes de la toma del mercado), el taki de coca (50 libras) de Asunta oscilaba alrededor de 1.500 Bs. y el de Chulumani o Coripata oscilaba alrededor de 1.600 a 1.700 Bs. Ante esta diferencia, algunos productores hacen pasar su coca por otros galpones con mejor precio; otra diferencia es que la tendencia en Asunta es a plantar en sistema llamado "zanjeo" mientras que en la zona tradicional son los surcos o wachus o "plantada" (de mayor duración), aunque las nuevas generaciones también tienden al zanjeo en zona tradicional (observación en ADEPCOCA, marzo de 2018).

30     Confederación Nacional Única de Productores al Detalle de la Hoja de Coca, creada entre abril y mayo de 2017, con impulso del Gobierno (observación del Coliseo don Bosco, La Paz, mayo de 2017).

31     Un productor en su comunidad solicita tener "carpeta" (autorización) para comercializar coca al detalle, cumpliendo requisitos señalados en el estatuto de ADEPCOCA.

32     Muchos de ellos, por dedicarse a la comercialización, dejaron de ser productores de hoja de coca, llegando a ser rescatistas.

33 Como posteriormente fue la elección de nueva dirigencia de COFECAY, con lo que el ámbito interorganizacional quedó nuevamente unido.

 

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Acta de acuerdo productores de coca- Gobierno, 22-02-2018.

Periódico El Deber, demanda de inconstitucionalidad interpuesto por

ADEPCOCA, 18 de mayo 2017.

Entrevista al ejecutivo de Sud Yungas, julio de 2017.

Entrevista al dirigente saliente, Coripata 27-09-17.

Entrevista al productor Central Coripata, 27-09-17.

Entrevista al decretario general en Chamaca, diciembre de 2017.

Entrevista al decretario general en Cajuata, julio de 2017.

Estatutos de ADEPCOCA, 1988.

 

 

 

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