SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

 

Crisis y Desafíos de la Universidad Autónoma en el Marco de los Procesos de Inclusión/Exclusión en la Universidad en Bolivia (2001-2012)

 

Crisis and Challenges of the Autonomous University in the Framework of the Inclusion/Exclusion Processes at the University in Bolivia (2001-2012)

 

Eduardo Paz Rada¹
Fecha de recepción: marzo de 2017 Fecha de aceptación: abril de 2017

 

 

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Resumen

La universidad pública boliviana ha tenido, a través del movimiento universitario, un protagonismo muy intenso en la historia del país; sin embargo, en las últimas décadas se ha reducido esta participación en el contexto social y estatal. Durante la transición de los gobiernos neoliberales al gobierno del nacionalismo indígena-campesino, en el periodo 2001-2012, las políticas universitarias no han tenido grandes transformaciones académicas e institucionales; aunque, de acuerdo a la investigación realizada por un equipo de docentes y estudiantes de Sociología de la UMSA, los procesos de inclusión social, mediante la masificación, la matrícula femenina e indígena, la apertura de sedes regionales y la creación de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y las Universidades Indígenas han conseguido una amplia democratización de la educación superior.

Palabras Clave: universidad pública, autonomía, cogobierno, inclusión, indigenismo, crisis.

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Abstract

The Bolivian public university has had, due to the teacher-student movement actions, a major role in the history of the country, nevertheless in the last decades this role has diminished its importance in the social context. In the last years, in Bolivia there has been a transition from neoliberal oriented governments to indigenous-peasant nationalist governments, yet the political struggle in the university has not changed significantly neither in the academic nor the institutional. Nonetheless, current research driven by scholars and students from the Sociology Department in UMSA shows that social inclusion, the increase of indigenous and feminine access to university, the founding of regional campuses and the creation of the Universidad Pública of El Alto (UPEA) and indigenous universities has achieved the deepening of the democratization of superior education.

Keywords: public university, autonomy, government, social inclusion, indigenismo, crisis.

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Presentación

La dinámica universitaria en Bolivia ha estado fuertemente relacionada con los procesos sociales y políticos de Bolivia, y su identidad se ha formado en notables fluctuaciones entre ser una "torre de marfil", con autonomía universitaria incluida, o ser un "actor político-institucional" comprometido con tendencias revolucionarias, haciendo de la autonomía un instrumento que permita asumir los desafíos de conocer, reflexionar, investigar y actuar en el medio, relacionados al Estado y a las organizaciones populares de la sociedad boliviana.

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la más emblemática de las universidades públicas y autónomas del país, marca tendencias y flujos políticos, intelectuales y sociales en la historia del país y ha sido un referente de influencia regional y nacional en relación a los procesos sociales y estatales. Sin embargo, las bases y principios de su funcionamiento han perdido sustancia debido a aspectos estructurales, como la despolitización y la masificación, y a aspectos del contexto neoliberal que la redujo, desde los años noventa hasta la actualidad, a ser solamente formadora de profesionales sin mayores compromisos, con bajos niveles de actualización científica y tecnológica, con ausencia en las estrategias de desarrollo y alejada de los grandes problemas nacionales e internacionales.

La crisis de la Democracia Universitaria y del Cogobierno paritario docente-es-tudiantil, manifiesta en la ausencia sostenida en el tiempo de representantes estudiantiles en los niveles superiores (Consejos Universitario y Facultativos), ha debilitado su funcionamiento interno dando paso al poder concentrado de las autoridades y de la burocracia administrativa. La Autonomía Universitaria, establecida constitucionalmente, no ha sido fortalecida desde adentro de las universidades públicas y desde afuera ha sido debilitada a través de distintas normas financieras y de planificación estatal.

A esto se suman las prácticas clientelistas y prebendales en distintos niveles institucionales y académicos, que dañan las bases mismas de su existencia y arrebatan toda iniciativa crítica, tanto a docentes como a estudiantes, en las distintas instancias. De ahí que se hace necesario reactivar los mecanismos de participación y compromiso de los protagonistas centrales de la educación superior.

En su Manifiesto Docente, los profesores universitarios han manifestado que "las distorsiones que se han producido en el desarrollo del cogobierno universitario, debido a la despolitización de la comunidad universitaria, ha significado la ausencia de direcciones estudiantiles en los diversos niveles del cogobierno, incluida la FUL. Las prácticas clientelistas y prebendales distorsionan la institucionalidad interna y la burocracia administrativa universitaria suplanta el cogobierno. Corresponde avanzar hacia formas más avanzadas de la democracia participativa y deliberativa sobre la base de la recuperación de la autoestima y la esperanza universitaria" (FEDSIDUMSA, 2014: 1).

Asimismo, esto significa construir mecanismos amplios de información y transparencia de las decisiones de todas las instancias de gobierno, desde el Consejo Universitario y el Rectorado, hasta el Consejo de Carrera de cada unidad académica, de esta manera se tendrá una comunidad informada y presta a debatir y participar en su institución. El avanzar en las reformas implica desarrollar la integralidad de las actividades de formación, investigación e interacción como parte de la curricularización de la relación universidad-sociedad (FEDSIDUMSA, 2014: 2).

En el periodo que va desde los años 1990 hasta entrados los 2000 se han perdido las tradiciones contestarías de la UMSA y, aún con los procesos de transformación política y social, cultural y económica en Bolivia, ocurridos desde el año 2003 con la Guerra del Gas y la Rebelión Popular de El Alto, no se ha conseguido recuperar las alianzas del movimiento universitario con las fuerzas de los trabajadores del campo y las ciudades. De ahí que los principios de ser una "Universidad Nacional, Popular, Democrática, Científica y Antiimperialista, al servicio del Pueblo y la Liberación Nacional" establecidos en los estatutos de la UMSA y el CEUB, se mantienen ajenos a las prácticas y a la dinámica universitaria.

Este trabajo es parte de un informe de investigación realizado por un equipo de docentes y estudiantes de la Carrera de Sociología de la UMSA, en coordinación con un proyecto mayor, emprendido con equipos similares de las Universidades de Argentina (Universidad de Buenos Aires, UBA), de Uruguay (Universidad de la República, UDELAR) y de Venezuela (Universidad Bolivariana, UB), con el tema de la Inclusión Social en nuestros países y las universidades públicas en el periodo 2001 -2012, en la perspectiva de concebir una nueva Reforma Universitaria a cien años de la experiencia de Córdoba.

 

1. Introducción

Las universidades públicas en Bolivia, excepto la de San Francisco Xavier de Chuquisaca, constituida en la Colonia, fueron creadas en el periodo republicano, marcando una influencia notable en los procesos políticos y sociales del país. Las relaciones de las universidades con el contexto nacional, durante el siglo veinte, tuvieron distintos momentos: unos, de activo compromiso con sectores y clases sociales subalternas y con proyectos políticos de liberación y emancipación; y otros, de subordinación a los poderes establecidos por los sectores políticos y económicos dominantes.

Las universidades públicas autónomas que forman parte del Sistema de la Universidad Boliviana son las siguientes:

La coordinación de estas universidades es realizada por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), constituido en 1978, a través de un Congreso Nacional de Universidades, con la asistencia de delegados docentes y estudiantes de todas las universidades del país, luego del periodo de intervención ejecutado por la dictadura del general Hugo Banzer Suarez (1971-1978).

También forman parte del Sistema, pero no como miembros plenos y con finalidades exclusivamente académicas, la Universidad Católica Boliviana (UCB), la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) y la Universidad Policial (UP).

Los primeros años del siglo veintiuno (2001-2012) han sido de fuertes tensiones y movilizaciones sociales, cambios y transformaciones con una elevada participación de los movimientos populares urbanos y rurales, trabajadores, comerciantes, indígenas, campesinos, originarios, vecinos y sus organizaciones gremiales y sindicales enfrentando el proyecto neoliberal; en tanto que el movimiento universitario y las universidades públicas y autónomas sólo de manera colateral y secundaria acompañaron esta intensa dinámica de la sociedad frente al orden estatal. La fuerte vinculación de la otrora alianza obrero-campesina-universitaria se diluyó en los veinte años de neoliberalismo (1985-2005) y no consiguió volver a articularse plenamente en los años de reformas sociales y económicas del proceso del nacionalismo indígena-campesino de los años 2006 al 2012.

La despolitización y la crisis en las universidades, la baja participación y presencia crítica frente al neoliberalismo generó una convivencia pacífica gobierno-universidad, no afectándose mutuamente. El aislamiento académico, la carrera profesionista, las prácticas funcionales al orden establecido fueron acompañados con la masificación, la baja en la calidad de la formación, la gremialización docente y la burocratización, el clientelismo y el prebenda-lismo estudiantil en las estructuras internas de la universidad, hechos que distorsionaron el sentido del cogobierno.

La autonomía universitaria y el cogobierno paritario docente estudiantil, principios de la Universidad Pública y reconocidos por la Constitución Política del Estado, han marcado de manera fluctuante las funciones de las universidades en la dinámica política nacional y en las políticas institucionales, académicas y administrativas internas, marco dentro del cual corresponde estudiar las problemáticas de la exclusión, la marginalidad, la discriminación en la educación boliviana y en la educación superior.

Las relaciones del Estado (gobierno) con las Universidades Públicas han sido de constante tensión y contradicciones con distintos momentos: unos de choque y alto enfrentamiento y otros de cierta convivencia y pacto de acuerdo a los grados de cumplimiento de los principios y la dotación de los recursos económicos para su funcionamiento. De ahí que las políticas de inclusión social en la Educación Superior están marcadas tanto por la presión exterior, de la sociedad y el Estado, como por las perspectivas que asumen las universidades públicas.

 

2. Universidades Públicas: Autonomía y Cogobierno

Al influjo de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, contagiada a todo nuestro continente y precedida y acompañada por un fuerte movimiento intelectual y político de unidad latinoamericana y denuncia de las intervenciones de Estados Unidos en la política interna de los países de la región con la denominada Generación del 900, en Bolivia el proceso de la reforma comenzó en 1924, con un manifiesto de los estudiantes de la Universidad de San Francisco Xavier. A esto siguió, en 1928, la Primera Convención Nacional de Estudiantes realizada en Cochabamba. En ambos eventos la demanda de la Autonomía Universitaria era central, acompañada de otros puntos de la Declaración de Principios.

Estos puntos se referían al derecho boliviano a la reintegración marítima, la emancipación del indio y la dotación de tierras, la creación de una cultura autóctona, la inmigración seleccionada, la Reforma Constitucional, la nacionalización de las minas y el petróleo, la estatización progresiva de las fuentes de riqueza, el gravamen a los capitales inactivos, la reforma constitucional, el federalismo, la separación de la Iglesia y el Estado, la laicización de la instrucción, la solidaridad latinoamericana, el repudio al Panamericanismo al servicio del Imperialismo Yanqui, entre otros postulados (Durán, 1965).

En enero de 1931 se realiza el referéndum de consulta de las reformas constitucionales, y entre los puntos que contempló el mismo está la puesta en vigencia de la Autonomía Universitaria, la misma que se convertirá en ley en febrero del mismo año. Sin embargo, sólo en 1936, después de la Guerra del Chaco, en la que participaron miles de universitarios junto a indígenas, trabajadores y grupos de los sectores medios, se aprueba la autonomía económica, con bienes, rentas y patrimonio universitario propios y con participación tributaria de los ingresos del Estado. Las universidades existentes en ese momento eran las de La Paz, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Oruro.

La emergencia y demanda de espacios de influencia de las clases medias en Bolivia, durante los primeros años del siglo veinte, en el contexto del centenario de la independencia y del auge de la minería del estaño, tuvo en su accionar político no solamente la Reforma Universitaria, con cambios relacionados a la formación profesional, sino también su contradictoria participación política.

Junto al poder de los grandes empresarios mineros, derrocaron en 1930 al gobierno de Hernando Siles pero, por otro lado, su presencia en la Guerra del Chaco, de 1932 a 1935, permitió impulsar su integración con los trabajadores, campesinos y otros sectores, generando nuevas miradas y posiciones sobre la realidad boliviana y las estructuras de exclusión, discriminación y pobreza de los sectores mayoritarios del campo. Contradictoriamente, la movilización universitaria en defensa de la Autonomía fue importante para el colgamiento, en 1946, del presidente nacionalista Gualberto Villarroel, quien había impulsado la realización del Primer Congreso Indígena de Bolivia y durante su gestión se organizó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

Las pugnas por influir o controlar las universidades por sectores socialistas, por una parte, y sectores de la oligarquía, por otra, se mantuvo durante todo el periodo posterior a la Guerra del Chaco, consiguiendo en la UMS A la preeminencia los sectores oligárquicos, encabezados por miembros de la Masonería, con su Rector Héctor Ormachea Zalles (La Razón, 2015).

Después de la Revolución Nacional de 1952 se producen cambios importantes en las universidades públicas. Sectores universitarios estudiantiles apoyaron las reformas vinculadas a la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa -Código de la Educación Boliviana de 1955- en coordinación con las organizaciones de trabajadores mineros y de campesinos, sin embargo, el tema crucial de la Autonomía Universitaria va a provocar nuevas tensiones e interpretaciones.

En agosto de 1952 se realiza el X Congreso Universitario Nacional, que declara la segunda etapa de la Reforma Universitaria e incorpora el cogobierno paritario en las universidades, lo que significa que los docentes y los estudiantes, elegidos por sus respectivos estamentos, tienen bajo su responsabilidad, compartida igualitariamente, la dirección de las Superiores Casas de Estudio. La implementación de hecho del cogobierno fue realizada en 1953 en Potosí y en 1954 en las otras universidades. (Rodríguez, 1998 y Baptista, 1956).

En ese periodo un tema que generó conflictos en las universidades fue el de la Autonomía Universitaria, puesto que el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Central Obrera Boliviana (COB) plantearon que la misma no correspondía porque las universidades debían estar al servicio de los trabajadores y el régimen. Asimismo, se implementaron las políticas de extensión universitaria con la creación de centros de formación de los trabajadores, como fue el caso de la Universidad Popular Tupac Katari (UPTK).

Con la crisis del gobierno del MNR y la traición del mismo a sus postulados originales, las universidades tienen nuevamente fuertes pugnas entre sectores conservadores y reformistas, sobretodo en el sector estudiantil, generando debates y toma de posiciones sobre los principios de la universidad autónoma.

La primera universidad privada en Bolivia, la Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCB), fue creada en 1966, bajo el amparo de la Iglesia Católica y las corrientes conservadoras del gobierno, rompiendo el monopolio de las universidades públicas y autónomas y "con el objetivo de ofrecer una alternativa ideológica a la pregonada por la universidad pública" (Rodríguez, 1996: 7). Según el estudio de Lizárraga la fundación de la UCB "chocó contra la resistencia de las universidades públicas y del movimiento obrero, que en ese entonces tenía influencia en la dirección de la Universidad Boliviana. La resistencia se justificaba en el temor de que la fundación de una universidad privada podría significar el comienzo de un proceso de privatización de la educación superior en Bolivia" (Lizárraga, 2002: 184).

Los años finales de la década de los sesenta fueron muy importantes en Bolivia por varios aspectos que marcaron el proceso político: la influencia de la Revolución Cubana, los debates políticos, sociales y sindicales en torno a las distintas tendencias socialistas y marxistas, la guerrilla del Che Guevara, la teología de la liberación y la organización de Iglesia y Sociedad en América Latina (ISAL), el movimiento estudiantil y el protagonismo universitario como tribuna abierta a la confrontación de posiciones e ideas. El resultado de esta situación fue la organización de la Asamblea Popular, encabezada por la COB y los sindicatos, y la Revolución Universitaria en varias universidades, que impuso en la UMSA, en 1970, durante un año, el gobierno exclusivo de los estudiantes y el establecimiento del Veto Universitario como mecanismo de separación de la universidad de docentes de la Masonería. (La Razón, 2015 y Guerra Mercado, 2004).

La Revolución Universitaria y la Asamblea Popular consideraban que la Autonomía Universitaria estaba condicionada frente a la emergencia popular y los objetivos de avanzar en la formación de un gobierno revolucionario. Los Congresos Universitarios de 1969 y 1971 destacaban que "la Universidad Boliviana debe ser un centro para el desarrollo del pensamiento revolucionario" y que "es necesario poner a la Universidad al servicio de la clase obrera y de todo el pueblo de Bolivia, cuya hegemonía estaba consolidada en la dirección de las universidades" (citado por Lizárraga, 2002: 177).

El desenlace inmediato de la situación fue la ejecución del Golpe de Estado del 21 agosto de 1971, encabezado por el entonces Coronel Hugo Banzer Suarez en contra del gobierno del General Juan José Torres. Banzer, apoyado por las Fuerzas Armadas y dos partidos antes antagónicos: el MNR y Falange Socialista Boliviana (FSB). De inmediato intervinieron las universidades y centenares de estudiantes y docentes fueron asesinados, detenidos, exiliados o sometidos a persecución.

Comienza una nueva fase en la historia de las universidades después de la clausura por el periodo de un año. La intervención militar anuló la Autonomía Universitaria y el cogobierno paritario docente-estudiantil, creó el Consejo Nacional de Educación Superior (CNES), impuso Rectores a las universidades -algunos de ellos militares- y generó una contrarreforma en la Educación Superior.

Jorge Siles Salinas (en Rolon, 1975: 44), quien fue nombrado Rector de la UMSA por la dictadura de Banzer, señalaba que "El Congreso de Universidades de julio de 1971 estuvo completamente dominado por los sectores extremistas..., la Asamblea Popular reunida en el Palacio Legislativo presentó las características de un soviet anarquizado... y declaraba que la Universidad es autónoma con relación al poder del Estado actual y siendo la autonomía un fenómeno histórico, cuando se instaure el socialismo no habrá lugar para ella" y, justificando la intervención militar, agregaba que "La Universidad Boliviana responde a un concepto hondamente cristiano, nacional y social".

Por su parte Rolon Anaya, Director de Enseñanza e Investigación del CNES, escribía sobre el golpe militar de agosto de 1971: "para unos el ejército masacró universitarios. Para otros fueron las camarillas extremistas las que provocaron esa situación, cuando con altavoces y efigies anarquistas proclamaron la tontería demagógica de todo el poder para los estudiantes" (Rolon, 1975: 44) y sostenía que "retomando la tradición descuidada por la anarquía seudoautonomista se propuso introducir grandes cambios, en un programa de modernización y tecnificación de la universidad en la unidad de la misma y en la creación de un Consejo de Coordinación Nacional con todas las innovaciones reales en la semestralización y el paso de los cursos a los institutos y carreras" (Ídem: 45).

Un documento de los miembros del CNES y los Rectores interventores de agosto de 1975 destacaba que "la presente crisis universitaria tiene una triple connotación: 1.- Es de comunicación e información por falta de un diálogo constructivo que rechaza el extremismo, 2.- De ideologización por falta de una conciencia nacional acerca de su alcance histórico, debido a la alienación extranjera y la deformación de la cultura nacional y 3.- De cohesión y solidaridad nacional por incoherencia interna y resistencia de minorías sectarias a la integración de un sistema que responde a la unidad de la nación y el Estado bolivianos, en circunstancias de grave amenaza a la seguridad nacional" (Ídem: 124).

Durante los años de la intervención el movimiento universitario se reorganizó clandestinamente, al margen y contra el orden establecido, y en coordinación con las organizaciones sindicales de trabajadores y campesinos desarrolló una lucha de resistencia y demanda de la reposición de los derechos fundamentales y de la democracia, incluida la vigencia de los sindicatos y la Autonomía Universitaria y el cogobierno. Esta situación duró hasta 1978 cuando la lucha social y la acción concertada de organizaciones obreras, campesinas, religiosas, de mujeres y universitarias consigue la recuperación del proceso democrático.

En síntesis, la Autonomía Universitaria ha estado en continua controversia, desde el extremo que considera a la universidad pública autónoma como una institución totalmente independiente del Estado y de los gobiernos; pasando por la "relativa autonomía" que implica la coordinación con instancias gubernamentales; hasta la consideración que ésta (la Autonomía Universitaria) es innecesaria con gobiernos revolucionarios vinculados al movimiento obrero y campesino. Asimismo, todas las Constituciones del país, desde la Reforma Universitaria, reconocen la Autonomía como el derecho a formar su gobierno interno y a administrar libremente sus recursos económicos.

Por otra parte, el Cogobierno Paritario Docente-Estudiantil se ha consolidado sobre la base de la democracia universitaria interna, estableciendo que los dos estamentos dirigen todas las instancias de poder en condiciones de igualdad a través de sus representantes en las Asambleas, los Consejos Universitario, Facultativo y de Carreras y en todas las comisiones de la administración universitaria.

A) De Universidad de élites a Universidad de masas

Algunos datos iniciales dan cuenta de la dimensión, importancia y representación de la universidad en el contexto de la realidad boliviana. La evolución del número de estudiantes fue la siguiente:

Las universidades han sido tradicionalmente los espacios institucionales de la formación de las elites nacionales que, a partir de la profesionalización o del paso por las universidades, se hacen cargo del manejo del aparato de Estado, de los empleos que requiere el negocio de los grandes empresarios mineros, de la política y de los litigios judiciales, convirtiéndose así en la fuente de reclutamiento de funcionarios que cubren las necesidades administrativas.

Los cambios cuantitativos y cualitativos en las universidades se orientan a una masificación acelerada de la matriculación de estudiantes y al aumento en el número de docentes, en concordancia con los cambios que se van produciendo en la realidad boliviana. Está la Revolución de 1952 que libera a los indígena-campesinos de la dominación del pongueaje que los mantenía arraigados a la tierra y avanza en el reconocimiento de la ciudadanía universal.

Por otra parte, paulatinamente la Reforma Educativa habilita a los estudiantes campesinos a los niveles más elevados de la educación primaria y luego secundaria, abriendo la posibilidad de ingresar a las universidades públicas. Las trayectorias se desarrollan con la migración a las ciudades y luego con la incorporación a los distintos niveles de la educación, se trata de trayectorias que se van a ir profundizando en los años ochenta y noventa. Sin embargo, aún hasta 2009 se mantiene vigente la "educación rural", marcando diferencia con la educación urbana y universal.

En 1978 se reorganiza el movimiento universitario, se forman los Centros Estudiantiles, se eligen autoridades y se produce un Congreso de Universidades en Cochabamba, que aprueba la formación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) como instancia coordinadora de las Universidades Públicas Autónomas y un Estatuto de la Universidad Boliviana. Sin embargo, en 1980 un nuevo Golpe Militar se produce en el país, con el General Luis García Meza a la cabeza, que interviene nuevamente las universidades.

Esta situación terminó en 1982, con la recuperación del proceso democrático y de la institucionalidad autónoma de las universidades y, en este contexto, se crea la Universidad Nacional de Siglo XX (UNSXX), en un importante distrito minero de Potosí, con una organización que impuso como Rector a un dirigente sindical minero. Esta es una experiencia importante de inclusión y ampliación de los estudios universitarios al sector de los trabajadores mineros y sus hijos, experiencia que abre también la demanda de los sectores campesinos e indígenas.

En el transcurso de las décadas de los ochenta y noventa se produce lo que se llamó la transición de la universidad de elites a la universidad de masas en Bolivia, de manera muy parecida a la experiencia de otros países de la región.

El proceso universitario en Bolivia, durante el periodo democrático, fortaleció su organización interna, institucionalizó su funcionamiento, realizó Congresos y conservó sus principios aprobando Estatutos Internos en cada universidad, sin embargo se produjeron fuertes procesos de masificación estudiantil, de baja de la calidad de formación, de despolitización y de pérdida de protagonismo social y político en el país y, paralelamente, los gobiernos neoliberales impulsaron su control indirecto a través de la acreditación, los recursos económicos y los planes de reforma apoyados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la UNESCO. En este contexto, en 1994, se aprueba la nueva Ley de Educación Boliviana, bajo los parámetros establecidos por los organismos internacionales y los fundamentos del neoliberalismo.

De todas maneras, la tradición autonomista impidió una intervención más profunda y directa de los gobiernos neoliberales en la universidad pública. Manuel Contreras, funcionario de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1996, señala lo siguiente: "argumentamos que la naturaleza altamente politizada de las universidades públicas ha alienado a los intelectuales y ha frenado a los tomadores de decisiones y hacedores de políticas, de interferir con la universidad, por temor a los disturbios urbanos que puedan causar. Por otra parte, las universidades públicas se han retirado del debate público sobre temas políticos y de políticas públicas y ya no pueden ofrecer opciones de políticas a la sociedad. Por tanto, las universidades públicas han perdido pertinencia social" (Contreras, en Grebe, 1996: 96).

En el periodo neoliberal se crean varias instancias que estudian y promueven un control mayor del Estado sobre las universidades públicas, a través de la dotación de los presupuestos oficiales, como la Unidad de Acreditación a la Educación Superior (UDAES), el Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (ETARE). Ante el intento del gobierno de aplicar la evaluación como condición de financiamiento, docentes universitarios que eran parlamentarios plantearon un recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, el mismo que fue aceptado y refrendado por dicho Tribunal.

Gustavo Rodríguez (2003: 127) señala que "en el caso boliviano, las políticas de evaluación y acreditación son la manifestación más evidente de las tendencias privatizadoras. Como veremos, debido a los retrocesos constantes con el sector público y ante la ausencia de una ley de educación superior que permita regular el campo universitario, cada vez más complejo, las acciones del Estado se han orientado abiertamente hacia el sector privado". La pretensión de incorporar la evaluación y acreditación con fines de controlar las subvenciones de recursos económicos estatales a las universidades públicas no fue implementada ante la radical oposición de las mismas. (Rodríguez y Weise, 2003).

Asimismo en este periodo el gobierno autorizó la formación y funcionamiento de muchas universidades privadas, algunas empresariales, otras confesionales y otras comerciales, en el marco del libre mercado de la educación, su privatización y desregulación.

A la UCB, en funcionamiento desde 1966, se suman en la década de los años noventa otras universidades privadas:

La creación de una elevada cantidad de universidades privadas, aceptadas por las autoridades de educación, marca las características de las prioridades dadas al mercado educativo: un reto al monopolio público de la educación superior, la ampliación de la matrícula estudiantil ante la demanda proveniente de distintos sectores, en particular de los sectores más acomodados que buscan universidades privadas consideradas de elite y la pretensión de conseguir mayor eficiencia y resultados en la titulación universitaria. Si bien en los primeros años los tribunales de titulación debían proceder de las Universidades Autónomas, paulatinamente este requisito fue anulado por las autoridades.

La mayoría de las nuevas universidades estaban orientadas por el lucro y la ganancia, sin garantizar los niveles mínimos de calidad académica o con poca fiscalización estatal. Luego de terminar su gestión, algunas autoridades del Ministerio de Educación y de las universidades públicas aparecieron como autoridades o socios propietarios de las universidades privadas creadas en este periodo. Este proceso fue denominado por Simón Marginson como la "mercantilización de la educación superior" (Citado por Rodríguez en FUNDEMOS, 2006: 198).

 

3. Universidades en Bolivia: del neoliberalismo al nacionalismo indígena-campesino

El periodo de comparación entre las políticas de los gobiernos neoliberales (2000-2005) y del gobierno indígena originario campesino (2006-2012) en relación a la dualidad exclusión-inclusión, permite advertir procesos contradictorios en las universidades públicas. La pérdida de iniciativas y protagonismo en la vida nacional al influjo de la aplicación de las Reformas de Ajuste Estructural y la apatía en desarrollar posiciones y acciones críticas frente a los gobiernos conservadores se mantuvo, con pequeñas excepciones, en la fase de ascenso y consolidación del gobierno nacionalista indígena, aunque la masificación de la matrícula comenzó en los años noventa con la presencia de importantes flujos de estudiantes procedentes de los sectores populares y de las regiones rurales, junto a procesos de extensión y apertura de unidades académicas piloto en provincias.

Se advierte, por una parte, una baja participación de las Casas de Estudios Superiores y del otrora activo movimiento universitario en los movimientos políticos y sociales que provocaron la debacle neoliberal y, por otra parte, una paulatina adecuación de sus políticas internas a la apertura de espacios de estudio a poblaciones estudiantiles de regiones y sectores sociales marginados de la educación superior. Sin embargo, en la Guerra del Agua de Cochabamba, en 2000, la participación universitaria se sumó a la poderosa acción popular que expulsó a la transnacional Bechtel, de igual manera en la rebelión popular de la Guerra del Gas en El Alto, que expulsó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre 2003, fue importante la participación de estudiantes de La Paz y El Alto.

Las universidades públicas y autónomas han tenido como fuente fundamental de su financiamiento las subvenciones, rentas, coparticipaciones e impuestos específicos, procedentes del Tesoro General de la Nación, destinados a su funcionamiento y a las actividades establecidas. La Constitución Política del Estado, aprobada en 2009 (como las anteriores desde 1936), determina, en el artículo 92, que las Universidades ejecutan la "libre administración de sus recursos", la elaboración de Estatutos, Planes de Estudio y Presupuestos anuales, y en el artículo 93 dispone que las Universidades Públicas "estarán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el Estado", "establecerán mecanismos de rendición de cuentas y transparencia" y "desarrollarán programas de desconcentración académica y de interculturalidad". (Constitución Política del Estado, Asamblea Plurinacional del Estado, 2009).

La evolución de la transferencia de recursos al conjunto de las universidades públicas y autónomas en el periodo puede verse en el Cuadro 5.

Las once universidades calificadas como "Públicas" y "Autónomas" han recibido recursos económicos transferidos directamente del gobierno en una evolución que muestra que de 2002 a 2006 casi se duplican los montos, duplicación que también ocurre entre 2006 y 2012, tomando en cuenta la constante demanda social sobre las universidades, el incremento del número de bachilleres, el crecimiento de la matrícula y la diversificación de carreras universitarias y de programas de desconcentración en sedes provinciales de las universidades instaladas en las capitales de departamento.

Sin lugar a dudas, la expansión y necesidades de requerimientos de Educación Superior de amplios sectores sociales, especialmente los procedentes de las regiones rurales y de los sectores marginados de las ciudades -indígenas, campesinos y populares-, han ampliado la inclusión de jóvenes, hombres y mujeres, en la vida universitaria, abriendo así una fuerte tendencia a la masi-ficación de la universidad pública, en tanto que las universidades privadas van incorporando sobre todo ajóvenes de los sectores más acomodados de Bolivia.

La negociación de los montos de transferencia ha sido uno de los motivos de mayores conflictos Gobierno-Universidad durante varias décadas e, incluso, los gobiernos han intentado condicionar la subvención estatal a la ejecución de reformas internas en las universidades, situación que ha marcado la fuerte tendencia a la defensa de la Autonomía Universitaria como principio de existencia de las mismas.

En la primera fase de este periodo (2002-2005), la presión de los universitarios se concentró, en 2003, en la demanda de reconocimiento pleno de la UPEAy en mantener los criterios de distribución de los recursos económicos durante los gobiernos de transición (Carlos Mesa en 2004 y Eduardo Rodríguez Veltzé en 2005). A nivel interno, en la UMSA se produjo un hecho importante cuando, a finales de 2003, los dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) fueron expulsados violentamente por una asamblea estudiantil por haber estado comprometidos con los partidos políticos neoliberales.

Las Universidades Privadas consiguieron del gobierno de Rodriguez Veltzé, a pocas semanas de la finalización de su mandato, que se apruebe un nuevo Reglamento que "comprimía el papel rector del Estado y reducía los requisitos académicos para el funcionamiento de estas instituciones" (Rodríguez y Weise en FUNDEMOS, 2006: 227) y que permitía una mayor flexibilidad en la creación y funcionamiento de nuevas universidades.

En la segunda fase se identifican tres momentos importantes relacionados tanto a la dinámica política nacional como a las relaciones gobierno-universidades: El primero, entre mayo y septiembre de 2008 en el contexto de la realización de la Asamblea Constituyente y la petición de Autonomías de los Comités Cívicos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando, la movilización de universitarios de Sucre y Santa Cruz que ejecutaron actos de violencia y persecución contra indígenas y bolivianos procedentes del occidente del país considerándolos responsables de los cambios que se realizaban en Bolivia. El segundo, en los años 2009 y 2010, cuando se produjeron marchas y movilizaciones nacionales de todas las universidades públicas demandando mayor presupuesto, apoyando las movilizaciones de los sindicatos de la Central Obrera Boliviana (COB) por mejoras salariales y respaldando también a los médicos ante el intento del gobierno de Evo Morales de aplicar reformas en los sistemas de salud, afectando a la Facultades de Medicina que tienen en los Hospitales Públicos sus actividades de prácticas pre-profesionales. Y, el tercero, cuando las universidades, en 2011, apoyaron y recibieron la masiva marcha de los indígenas de tierras bajas en oposición al proyecto del gobierno de realizar la construcción de una carretera cruzando el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Securé (TIPNIS) entre los departamentos de Cochabamba y Beni.

Durante los debates en la Asamblea Constituyente (2006-2008) el tema de Autonomía fue puesto en cuestión por algunos representantes, sin embargo la emergencia y movilización universitaria impuso que se mantengan los términos generales de la Autonomía y el Autogobierno Universitario. Posteriormente, en la Ley de Educación "Avelino Siñani", se realizan precisiones en torno a la Educación Superior. Se establece que la educación es "descolonizadora, liberadora, intercultural, revolucionaria y antiimperialista".

Luego de hacer referencia al reconocimiento de cuatro tipos de universidad: Públicas Autónomas, Privadas, Indígenas y de Régimen Especial; la Ley establece la creación de la Agencia Plurinacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Universitaria y el mecanismo del Control Social. (Asamblea Plurinacional. Ley de Educación "Avelino Siñani").

En el marco de la incorporación e inclusión, más espontánea que planificada, o que responda a políticas universitarias específicas, de nuevos contingentes de estudiantes a la educación superior pública, el porcentaje anual de crecimiento de estudiantes universitarios es del 5.8% en el periodo 2002-2012 y la evolución absoluta de la matriculación ha sido la siguiente:

La incorporación de estudiantes mujeres ha tenido también un sostenido crecimiento en este periodo, tomando en cuenta que en décadas precedentes su número era muy reducido. Los datos correspondientes permiten advertir que su número ha ido aumentando de manera sostenida hasta alcanzar casi el mismo número de varones en 2011 y sobrepasarlo en 2012, hecho significativo de la inclusión del género femenino en la educación superior.

En el marco del proceso de desconcentración de las sedes universitarias se ha dado un proceso acelerado de creación de centros universitarios y de nuevas carreras en provincias de los nueve departamentos de Bolivia. Este fenómeno está relacionado, por una parte, a la demanda social de las distintas regiones y, por otra, a la previsión de las autoridades de que no se organicen otras universidades públicas y autónomas que implicaría la redistribución de los recursos económicos. En 2002 existían 8.046 estudiantes matriculados en las sedes desconcentradas, en tanto que en 2006 se matricularon 15.821 y en 2012 lo hicieron 33.947; lo que significa que se duplicó el número entre 2002 y 2006 y se volvió a duplicar entre 2006 y 2012.

El total general de sedes es de 116 (incluidas las sedes centrales de once universidades) y de carreras es de 949 (incluidas las establecidas en las capitales de departamentos). La distribución territorial de las sedes centrales y desconcentradas prácticamente cubre la totalidad del territorio boliviano y permite advertir que, a través de este mecanismo de crear sedes provinciales o regionales, se ha producido un proceso de inclusión acelerada de bachilleres a la Educación Superior Universitaria Pública, tomando en cuenta que los mismos proceden de los sectores marginados históricamente de niveles de educación formal. En Bolivia existen 112 provincias en los nueve departamentos, de las cuales alrededor de 90 cuentan con sede universitaria.

En relación a otras universidades de América Latina, en las universidades bolivianas el número de docentes es reducido y su proporción es de uno a treinta en relación al número de estudiantes.

En el contexto de los cambios políticos, sociales y económicos ocurridos en el país en el periodo de estudio, corresponde analizar el modo como el CEUB, que reúne a todas las universidades públicas de Bolivia, fue incorporando nuevas políticas destinadas a que cada una de las Superiores Casas de Estudio implemente acciones vinculadas a la inclusión social y a la interacción social como mecanismo de un mayor y mejor relacionamiento con la sociedad y el Estado. Asimismo, se tomó en cuenta la nueva Constitución Política del Estado aprobada por la Asamblea Constituyente y el Referéndum Popular.

En su XI Congreso Nacional de Universidades, realizado en Oruro del 15 al 19 de junio de 2009, se aprobaron varios documentos y resoluciones al respecto.

La Comisión de Ciencia y Tecnología determinó tomar en cuenta, de acuerdo a los artículos 91 y 103 de la Constitución, "los conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos", "la educación intracultural, intercultural y plurilingüe con la misión de alcanzar la formación integral de los recursos humanos" y "promover políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social". Asimismo, señala que "se destinarán recursos necesarios y se creará el sistema estatal de ciencia y tecnología" (CEUB, 2009: 36).

Por otra parte, este Congreso aprobó aceptar la incorporación de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) como miembro pleno de la Universidad Boliviana, recomendando que sus normas internas se enmarquen en el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana.

En sus Resoluciones 9 y 26 se aprueba la "admisión especial", es decir, exenta de cumplir con la modalidad de admisión vigente, a los bachilleres de los pueblos indígena originario campesinos que merezcan un especial apoyo, sujeto a convenios especiales y en el marco del rendimiento académico y la equidad social. Esta determinación ha sido aplicada sobre la base de convenios que realizan las universidades con las organizaciones y movimientos sociales indígenas y campesinos y con los municipios rurales en los distintos departamentos (CEUB, 2009: 88).

De la misma manera se resuelve "autorizar el ingreso libre de los bachilleres con algún tipo de discapacidad a las diferentes universidades del sistema" (CEUB, 2009: 67). Ambas resoluciones están orientadas a reducir los niveles de exclusión de sectores afectados por la desigualdad y discriminación social o por tener capacidades diferentes.

En relación a un mayor relacionamiento con sectores sociales, regiones y territorios marginados se aprobó la "implementación de políticas de Desconcentración planificada de los servicios académicos universitarios para favorecer el desarrollo local, regional y nacional que permita elevar el nivel de vida de sus pobladores". Este proceso "debe contar con la participación de las organizaciones locales, regionales y nacionales concordante con las políticas universitarias" (Ídem: 75).

Además, considerando que la interacción social y la extensión universitaria se constituyen en una "función sustantiva" de la Universidad Boliviana, se modifica el Estatuto Orgánico destacando que "la interacción social es una función fundamental de la Universidad Boliviana que requiere de procesos debidamente planificados, organizados, dirigidos y controlados, a efectos de que la acción universitaria permita una relación recíproca entre la universidad y la sociedad, verificando y retroalimentando su pertinencia y calidad en el contexto externo institucional. Dicha función se realiza en estrecha relación con la investigación científica y tecnológica, la formación de profesionales y la oferta de servicios" y que se trata de "un proceso continuo y sostenible de relacionamiento de la universidad con el Estado, la sociedad y la cultura" (Ídem: 115).

Sobre el Nuevo Modelo Académico de la Universidad Pública Boliviana se toman como elementos filosóficos que "la Educación Superior es una praxis transformadora y emancipadora hacia la construcción de una sociedad más justa, democrática e incluyente" y "es una praxis inspirada en valores morales, éticos y estéticos para obrar correctamente, "vivir bien", practicando la solidaridad, la tolerancia, la reciprocidad, el respeto al otro en libertad y autonomía, con y en la naturaleza".

En los fundamentos socio-políticos se establece que la educación "nacional, democrática y antiimperialista porque recoge los ideales emancipatorios del pueblo y orienta el desarrollo de su lucha por la liberación nacional y social, sustenta la eliminación de las barreras discriminatorias impuestas por el sistema económico neoliberal", "es democrática e incluyente", "es promotora de la justicia y la equidad social" y "está orientada a la construcción de una sociedad democrática, soberana, más justa y equitativa, fundada en valores de igualdad, inclusión, dignidad, libertad, reciprocidad, respeto, complemen-tariedad y armonía" (CEUB, 2009: 78 y 79).

En este contexto general, sin embargo, existen requisitos de ingreso a las Universidades Públicas, como son los exámenes de ingreso, los cursos prefacultativos, los costos económicos de los mismos, así como los cupos limitados en algunas Carreras que establecen limitaciones de incorporación a la Educación Superior a importantes segmentos sociales.

 

A) La UPEA: emergencia popular para conquistar la inclusión universitaria

La experiencia más notable de la génesis formación, desarrollo e institu-cionalización de una entidad de educación superior pública de base popular movilizada en Bolivia es la de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) en los años 2000 al 2003, por una parte, y otra experiencia es la creación de un sistema de Universidades Indígenas (UNIBOL) desde el gobierno de Evo Morales, lo cual representa otra perspectiva de la Educación Superior desde el Estado para atender determinadas expectativas sociales de la población indígena, a partir del año 2009.

En el periodo específico de estudio de la inclusión social en las universidades y en la Educación Superior se advierte que en los primeros años del nuevo siglo, en correlación con las movilizaciones masivas de la Guerra del Agua en Cochabamba y la Guerra del Gas con su epicentro en la ciudad de El Alto, se producen fuertes acciones populares, en 2000, 2002 y 2003, de organizaciones sindicales de la Central Obrera Regional (COR El Alto), la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE El Alto), la Asociación de Padres de Familia y los estudiantes de la ciudad de El Alto, demandando el pleno funcionamiento de su Universidad. Es así que en diciembre de 2003, dos meses después de la rebelión popular contra los partidos neoliberales y la expulsión del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el gobierno decreta la vigencia plena de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

La ciudad de El Alto se ha convertido, en los últimos treinta años, en el centro urbano de mayor crecimiento poblacional en Bolivia. Desde la década de los setenta comenzó un acelerado asentamiento de migrantes de todas las regiones del país y en especial de los sectores rurales del altiplano -aymaras y quechuas en menor número-, campesinos, ex trabajadores mineros y personas en busca de mejores perspectivas en un territorio aledaño a la capital administrativa del país.

Originalmente las zonas de El Alto eran consideradas parte de la ciudad de La Paz y el 6 de marzo de 1985, luego de movilizaciones y acciones de los vecinos, se reconoce legalmente como ciudad independiente con municipio y autoridades propias, al mismo tiempo se van desarrollando una amplia variedad de organizaciones de base, entre las principales las de los sindicatos y una variedad de gremios que forman la Central Obrera Regional (COR), las de los vecinos que articulan demandas en la multitud de zonas y barrios que se forman rápidamente a través de la Federación de Juntas Vecinales (FEJU-VE), las de los residentes y familias procedentes de las provincias, las de los pequeños comerciantes, las de los padres de familia de escolares y colegiales, entre otras, formando una inmensa red de organizaciones que cubren el cada vez más extenso territorio alteño. El número de zonas supera las 400 con organización de Juntas Vecinales y Organizaciones Territoriales de Base (OTB).

La población de la ciudad de El Alto creció de 649.958 habitantes en 2001 a 848.934 habitantes en 2012, un crecimiento del 29%; su composición permite advertir que el 60% son personas menores de 25 años y el 75% se autoidentifica como perteneciente al pueblo aymara. (INE, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2012. 2014).

Paulatinamente la ciudad de El Alto adquiere una clara identidad indígena aymara, por su composición humana, y fortalece la organización comunitaria, procedente de los indígena-campesinos que migraron sostenidamente ante la crisis y las sequías de los años setenta y ochenta en el campo, y los sistemas de relaciones que combinan la experiencia de los ex trabajadores mineros que sufrieron la relocalización o masacre blanca de más de veinte mil trabajadores por la imposición del proyecto neoliberal, a partir de 1985.

La población joven es cada vez mas importante por su número y sus reivindicaciones y la expectativa de la educación superior es latente, sin embargo la única universidad es la UMSA de la ciudad de La Paz que, a pesar de las solicitudes y demandas alteñas, no abrió sedes en la emergente ciudad. En este contexto surgió, con cada vez mayor fuerza, la movilización popular por crear su propia universidad y las organizaciones sociales, en mayo del año 2000, después de la Marcha del Primero de Mayo, deciden ocupar los terrenos que la UMSA tenía en Villa Esperanza.

De esta manera se produce la separación de la UMSA y se funda la UPEA el 5 de septiembre del año 2000. En noviembre de 2003, luego de la Guerra del Gas, se aprueba la Ley 2556 que determina la Autonomía Universitaria bajo parámetros establecidos por las organizaciones sociales y de los estudiantes, tales como el voto universal de docentes y estudiantes (sin separación paritaria como establece el estatuto de la Universidad Boliviana), la periodicidad anual de cátedra docente y la representación de las organizaciones, como la COR y FEJUVE, en el gobierno universitario. El presupuesto de la UPEA procedía de una subvención especial del gobierno central.

En 2007 la UPEA aprueba su Estatuto Orgánico ratificando el voto universal y la docencia no permanente, sin embargo son años de alta inestabilidad por las pugnas de grupos estudiantiles y docentes, muchos de ellos identificados con tendencias indigenistas, indianistas, izquierdistas, socialistas y otras variantes. Esto llevó a la destitución, en Asambleas Generales, de varios rectores y otras autoridades.

El número de Carreras fue aumentando paulatinamente. Comenzó con once carreras y al final de periodo alcanzó a treinta y cinco carreras universitarias distribuidas en las Áreas de: Salud; Tecnología y Socio-Político-Económica. El número de estudiantes también se fue incrementando paulatinamente -alrededor de 5.000 en el año 2000-, de acuerdo al siguiente cuadro con datos desde 2005:

Por otra parte, llama la atención el incremento acelerado en los últimos años de los estudiantes nuevos que se inscriben en la Universidad de la ciudad de El Alto. Además el número de jóvenes procedentes de la ciudad de El Alto que se matricularon en la UMSA de la ciudad de La Paz el año 2012 alcanzó a 24.548 estudiantes, sumando alrededor de 50.000 el total de universitarios de la ciudad de El Alto. (UMSA, 2015: 7).

Los titulados se fueron incrementando de 125 en 2008, la primera promoción de profesionales, a 128 en 2009, 376 en 2010, 541 en 2011 y 608 en 2012.

Por otra parte, la evolución del número de docentes fue la siguiente:

El Estatuto Orgánico de la UPEA, aprobado en 2007, ratifica la vigencia del voto universal de docentes y estudiantes, considera que "los pueblos indígena originario campesinos y los sectores populares desde el siglo XV hasta el siglo XX lucharon por su propia autodeterminación, por la libre determinación", establece que "el pueblo alteño que lucha por su emancipación, tomó medidas de hecho por recuperar los recursos naturales, por la formación académica de las juventudes, derrotando a las fuerzas pro-imperialistas" y destaca que "la nación aymara y el pueblo de El Alto son el referente de la transformación nacional" (UPEA. Estatuto Orgánico).

Agrega que es importante elevar la conciencia revolucionaria, luchar contra el neoliberalismo, recuperar la identidad de las naciones originarias y desarrollar los saberes ancestrales universales y científicos.

El XI Congreso de la Universidad Boliviana, realizado en Oruro en junio de 2009, mediante Resolución 002/2009 reconoció plenamente dentro de su estructura a la Universidad Pública de El Alto. Consideró que, ante la solicitud de las autoridades de la UPEA y al haberla reconocido inicialmente en la Conferencia de Universidades de abril de 2004 en Cochabamba como "entidad de educación superior, pública y autónoma" se resuelve en su primer artículo "aceptar la incorporación de la Universidad Pública de El Alto al seno de la Universidad Boliviana" y en su segundo artículo "La UPEA, a partir de la fecha, tiene la obligación de enmarcar sus normas, procedimientos y actividades al Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana y demás disposiciones universitarias en vigencia". Este segundo artículo no fue cumplido hasta el año 2012.

 

B) El Sistema de las Universidades Idígenas de Bolivia (UNIBOL)

La formación de las universidades indígenas son el más importante esfuerzo estatal del proyecto nacionalista indígena por ampliar la educación superior a sectores indígenas, originarios y campesinos que estuvieron excluidos, marginados y discriminados de la vida pública y de los medios y servicios de formación y calificación profesional desde siempre, por imposición de un sistema de colonialismo interno y externo secular marcado por desigualdades y diferencias de carácter étnico-cultural y social con fuertes tendencias a su reproducción histórica.

El gobierno de Evo Morales, tomando como antecedentes reivindicaciones de las tendencias políticas indianistas e indigenistas desde los años de la década de los ochenta del pasado siglo, representadas por el pensamiento de Fausto Reinaga, las organizaciones campesinas como la Confederación de Campesinos (CSUTCB) y las organizaciones políticas como el Movimiento Indio Tupac Katari (MITKA) y Movimiento Revolucionario Tupac Katari (MRTK), desarrolla la iniciativa de constituir estas universidades indígenas en el contexto de las reformas y cambios políticos, económicos, sociales y culturales producidos en los años 2003 y desde 2006 a 2012.

Fueron creadas mediante Decreto Supremo 29664, el 2 de agosto de 2008, recordando la fecha de la firma de Reforma Agraria en 1952 durante la Revolución Nacional encabezada por el MNR y desde entonces se denomina Día del Indio. Comenzaron a funcionar a partir del 11 de abril de 2009 en tres sedes bajo la tuición del Ministerio de Educación.

De acuerdo a las características de la población indígena del país y a su distribución territorial, en el marco del Sistema de Universidades Indígenas de Bolivia (UNIBOL), se formaron tres casas de estudio superiores: la Universidad Indígena Casimiro Huanca, destinada a los bachilleres Quechuas y que funciona en el Departamento de Cochabamba; la Universidad Indígena Apiaguaiki Tumpa, destinada a los bachilleres Guaraníes, en el Departamento de Santa Cruz; y la Universidad Indígena Tupac Katari, para la población aymara, en el Departamento de La Paz.

El objetivo establecido para estas universidades es el de "descolonizar ideológica, cultural, política y económicamente a los pueblos indígena originario campesinos de Bolivia", desarrollar sus actividades de forma comunitaria y bilingüe. Estableciendo también que los estudiantes serán seleccionados y enviados directamente de las distintas comunidades a través de sus organizaciones ancestrales.

En 2009 las universidades comenzaron a funcionar con 160 estudiantes cada una, haciendo un total de 480, número que se incrementó hasta 2012 a más de un millar de estudiantes. Las Carreras que se desarrollan son: en la Universidad Aymara, Agronomía Altiplánica, Veterinaria, Industria de Alimentos y Textiles; en la Quechua, Agronomía Tropical, Ingeniería Forestal, Industria Textil y Piscicultura; y en la Guaraní, Veterinaria, Ingeniería Forestal, Ingeniería Petrolera y Gasífera y Piscicultura. Los títulos que otorgan son de Técnico Medio con tres años y medio de estudio, Licenciatura con cinco años de estudio y Maestría con siete años de estudio.

El financiamiento está a cargo del Ministerio de Educación con recursos procedentes del Fondo Indígena y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), en un promedio anual de 336 millones de bolivianos (48 millones de dólares), los que están bajo la supervisión de las Juntas Comunitarias Indígenas en las universidades.

 

4. Cambios en Universidades en Bolivia (2001-2012)

Los procesos de masificación universitaria se han acentuado en los primeros doce años del nuevo siglo en Bolivia, marcando una tendencia clara del paso de universidades de elites económicas, sociales y étnicas a universidades de masas de estudiantes procedentes de diversos sectores sociales, étnicos y regionales con una composición más popular, sin embargo los niveles de formación y calificación se han reducido. En ese contexto se han generado diversos mecanismos de inclusión e incorporación poblacional a la Educación Superior.

Es notable que en el periodo se ha producido una mayor incorporación de mujeres a la Educación Superior, alcanzando una matriculación superior a la de los varones y, en ese marco, es mayor el número de tituladas mujeres que titulados hombres. De la misma manera, el número de universitarios procedentes de los sectores populares se ha incrementado de manera notable, más aún con la creación de sedes universitarias en las diversas regiones y provincias del país.

Los dos hechos significativos en torno a la Educación Superior Universitaria en Bolivia en los años de referencia han sido: la forma como se consolida la Universidad Pública de El Alto (UPEA), por una parte, y la creación del Sistema de Universidades Indígenas (UNIBOL) por el gobierno de Evo Morales, por otra. Esto está relacionado con la manifestación expresa de necesidades de centros de estudio para los jóvenes bachilleres, la demanda de profesionalización de las nuevas generaciones y de sus familias, al considerar que se trata de uno de los mecanismos de movilidad social más importantes, y el requerimiento de personal y trabajadores y empleados con mayor calificación y formación.

En este periodo 2001-2012, por otra parte, se producen algunos cambios importantes en las universidades públicas, a través de los procesos de desconcentración de unidades académicas hacia las provincias de cada departamento, con la finalidad de atender la demanda de importantes sectores de la población juvenil que termina su formación del nivel medio, e impedir que se formen nuevas universidades, pero no se advierten cambios sustanciales en la institucionalidad y el modelo académico. La distribución de las universidades públicas y autónomas prácticamente cubre todo el extenso territorio boliviano.

A su vez las Universidades Privadas se han consolidado y multiplicado en las ciudades con una mayor concentración de población. Algunas de ellas son consideradas de alto nivel académico, pero en conjunto responden a intereses comerciales, siendo universidades de los gremios de empresarios privados, de diversas iglesias y la mayoría orientadas a la mercantilización de la educación superior. Los gobiernos neoliberales de 2002 a 2005 favorecieron su legalización y el gobierno nacionalista indígena campesino ha continuado con esta política. Incluso las autoridades han priorizado las relaciones del gobierno con ellas antes que con las públicas.

Las actividades de investigación en el país en todos los campos del conocimiento están concentradas en un 80% en las universidades públicas, particularmente en las de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y todas ellas han desarrollado políticas de interacción y extensión social tanto con la desconcentración de sedes como con convenios de recepción de bachilleres procedentes de las zonas rurales y periféricas, de los municipios más alejados de los centros urbanos y de las comunidades indígena campesinas y sindicatos vinculados a la Central Obrera Boliviana (COB).

Una forma de discriminación y exclusión se presenta en los cursos de postgrado universitario porque éstos son prácticamente privados, ya que las universidades públicas han determinado que todas las Especializaciones, Maestrías y Doctorados sean autofinanciadas, habiéndose convertido, de esta manera, en mercancías caras y alejadas de amplios sectores de la población y con un bajo nivel académico.

Un aspecto que llama la atención en las Universidades Autónomas y Públicas es que sus Estatutos y Documentos centrales establecen claras disposiciones de compromiso político, de principios nacionales, populares, revolucionarios, antiimperialistas, vinculados a los procesos de liberación nacional junto al pueblo boliviano (CEUB, 2009: 148), sin embargo las prácticas han estado marcadas, cada vez con mayor acento, por el aislamiento de los grandes temas nacionales, la despolitización, el academicismo y una tendencia estrictamente profesionista. Esta situación se debe a la fuerte influencia heredada del proceso neoliberal, sobre todo si se toma en cuenta que desde los años cincuenta las universidades públicas estuvieron fuertemente comprometidas con el movimiento popular, sindical y campesino de Bolivia.

 

Conclusiones

Si bien la intensa dinámica social y política ocurrida en Bolivia en el periodo de estudio (2001-2012) permite observar un conjunto de cambios y transformaciones en el mundo cultural y educativo, las universidades en general y las universidades públicas en particular han estado, paradójicamente, alejadas de la impronta de fuerzas sociales populares en el campo de acciones y decisiones más importantes en el Estado y la Sociedad, siguiendo desde un segundo plano los procesos que han marcado tendencias históricas importantes en los inicios del siglo XXI.

Si se toma en cuenta su trayectoria histórica y el lugar de importancia que ha tenido en la sociedad boliviana a lo largo del siglo XX; en los últimos años la Universidad ha generado procesos de inclusión social de manera espontanea y desordenada, bajo el influjo de presiones y necesidades de la población joven de los sectores populares, campesinos, indígenas, obreros y marginales, de las regiones periféricas y rurales y de los gobiernos y organizaciones diversas de la sociedad. Esto se ha manifestado puntualmente en la composición social de las universidades públicas y autónomas, en el crecimiento constante y creciente de la matrícula universitaria y en la presencia de una población femenina importante, acompañado de la apertura de sedes universitarias en muchos lugares del territorio nacional.

Preocupa, sin embargo, que la masificación e inclusión universitaria no ha estado acompañada de procesos de reforma institucional y actualización científico tecnológica, ni de transformaciones académicas que impliquen un aporte sustantivo al desarrollo del conocimiento orientado a la liberación y emancipación y a la integración con proyectos educativos superiores con universidades de la región.

Las dos fases del periodo, la neoliberal (2001-2005) y la del nacionalismo indígena (2006-2012), permiten establecer una continuidad de las políticas universitarias, tanto las de los gobiernos con las universidades públicas y privadas, como las de las universidades autónomas; con dos casos excepcionales: la emergencia de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) a partir de movilizaciones populares de esa ciudad en crecimiento poblacional extraordinario y la creación del Sistema de Universidades Indígenas de Bolivia (UNIBOL) bajo el control y administración del Ministerio de Educación. Estas últimas concentradas en campos sólo técnicos.

1.- La Reforma Universitaria en Bolivia del siglo XX, como en otros países de la región, se produjo en el contexto de la irrupción de las clases medias como protagonistas de la vida social y el crecimiento de las ciudades y estructuras urbanas. La incorporación de estos sectores de la población a la educación superior y al protagonismo político fue constante en el tiempo; la Revolución Nacional de 1952 significó inclusive la formación de la Universidad Popular Tupac Katari (UPTK) destinada a los trabajadores y posteriormente se produjo, en las décadas de los setenta y ochenta, la inclusión paulatina de bachilleres campesinos procedentes de las provincias y de las zonas populares. En el periodo de los años noventa y dos mil se produjo la masificación de las universidades públicas, la formación y la consolidación de las universidades privadas en correspondencia con las políticas neoliberales y de libre mercado.

2.- Los documentos de las Universidades Públicas y Autónomas y la Constitución Política del Estado establecen las líneas centrales acerca de las características de la Educación Superior como un derecho fundamental de los jóvenes bachilleres y la obligación del estado de dotar a estas universidades de los recursos económicos suficientes para su funcionamiento y el cumplimiento de sus responsabilidades en la formación de profesionales, la investigación, la interacción y el desarrollo del conocimiento en el marco de la autonomía. En este marco la subvención y las transferencias de recursos han tenido un incremento sostenido en el periodo estudiado, con un aumento mayor en la fase del nacionalismo indígena.

3.- El aumento del número de universidades privadas y el reconocimiento y legalización de las mismas ha sido similar en las dos fases del proceso: en diciembre de 2005, final del gobierno liberal, se aprueba el Reglamento de las Universidades Privadas que les da plena vigencia legal; y durante todo el gobierno nacionalista indígena campesino las autoridades han tenido una relación armónica y preferente con estas universidades.

4.- De manera reactiva y desordenada, como respuesta a las demandas de sectores sociales, regiones, provincias y zonas geográficas alejadas, así como a las tendencias de creación de nuevas universidades en las jurisdicciones de tradicionales universidades públicas, éstas han abierto un número importante de sedes universitarias desconcentradas que cubren prácticamente todo el territorio nacional, como se advierte en los mapas de distribución de sedes y subsedes, generando procesos de inclusión social en la educación superior de sectores antes alejados de la ésta posibilidad, aunque con dudas acerca de los niveles de calidad en la formación académica y profesional.

5.- La masificación de la matrícula y la práctica gratuidad de la formación profesional en las universidades públicas ha significado un proceso importante de inclusión y movilidad social ascendente puesto que jóvenes de sectores urbano-populares, campesinos, rurales y marginados, antes muy lejos del mundo universitario, han accedido a las aulas de las universidades, sin embargo esto ha significado también, debido a la falta de planificación, la baja en los niveles de calidad y exigencia necesarios en los niveles superiores de educación.

6.- Un proceso importante de inclusión se ha dado con la matrícula, rendimiento y titulación de mujeres en las instancias universitarias, puesto que de una relación de diferencia desventajosa para este sector en los inicios de los años 2000 se ha llegado a una mayor proporción de universitarias mujeres en todas las universidades del sistema público, en correlación con mayor número de mujeres que acceden a la educación primaria y secundaria y a procesos de ruptura con usos y costumbres que las marginaba de la vida pública. Sin embargo, las estructuras patriarcales aún marcan las opciones de formación universitarias de las jóvenes, puesto que ellas optan por carreras tradicional-mente de mujeres, como Enfermería, Trabajo Social o Educación.

7.- Los dos casos emblemáticos de inclusión social universitaria marcados por tendencias de fuerzas sociales y políticas se han dado, por una parte, con la constitución y consolidación de la UPEA en la ciudad de El Alto, como resultado de una acción colectiva muy poderosa de organizaciones sociales y estudiantiles en el contexto de los levantamientos populares de los años que van de 2000 al 2003; y, por otra parte, la fundación de las Universidades Indígenas bajo la iniciativa política y el control del gobierno de Evo Morales. En ambos casos se han abierto la polémica y el debate sobre el alcance de estas experiencias. Es posible advertir en la educación superior, sin embargo, que a mayores niveles de formación profesional, Licenciatura, Maestría o Doctorado, se produce un fenómeno de "desidentificación étnica" por la presión social e institucional.

8.- En síntesis, el proceso de inclusión universitaria ha sido muy importante en Bolivia a favor de amplios y heterogéneos sectores sociales, con fuerte masificación y reducción de la calidad educativa, a través de las Universidades Públicas Autónomas, las Universidades Indígenas, las Universidades Institucionales y las Universidades Privadas, respondiendo a una demanda y necesidad social crecientes.

9.- Los mayores desafíos son: a nivel interno, en el marco de la Autonomía Universitaria y el Cogobierno docente-estudiantil, el impulsar una profunda reforma académica, institucional y moral que cualifique la formación profesional, la investigación científica y la interacción social comprometida con su pueblo; y a nivel externo, una mayor vigilancia y control desde la sociedad con las distintas organizaciones sociales y populares que directa o indirectamente están relacionadas a las universidades y una política clara y estratégica en el campo de la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología de parte del Estado y el gobierno bolivianos.

 

Notas

1 Boliviano, Licenciado en Sociología por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA, Magister en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de México y Diplomado en Eduación Superior por la UMSA. Fue Director de la Carrera de Sociología de la UMSA y es Docente Titular Emérito en la misma universidad. Docente invitado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Cátedra Virtual Para la Integración Latinoamericana con la Universidad de Cuyo (Argentina), la Escuela Nacional Florestan Fernandes (ENFF) del Movimiento Sin Tierra (Brasil) y la Universidad de Valparaíso (Chile). E-mail: eduardo.pazrada8@gmail.com

 

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