SOCIOLOGÍA POLÍTICA

 

La Revolución Silenciosa y el Consenso de los Gobernados. Neoliberalismo y Actitud Pro-Neoliberal en América Latina

 

The Silent Revolution and the Governed Consent. Neoliberalism and Pro-Neoliberal attitudde in Latin America

 

Carlos Ernesto Ichuta Nina¹
Fecha de recepción: marzo de 2017 Fecha de aceptación: abril de 2017

 

 

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Resumen

Sobre la base de datos del Latinobarometro y los planteamientos referidos al establecimiento del neoliberalismo en América Latina, este trabajo plantea que la imposición y continuación de dicho modelo habría sido facilitado por los ciudadanos, a través de sus actitudes proneoliberales. Estas actitudes consistirían en la valoración del modelo de libre mercado como el mejor para el país, la valoración de ese modelo como el único que haría posible el desarrollo, la percepción de las privatizaciones como beneficiosas para el país y la satisfacción con las mismas. Por tanto, en la medida en que el establecimiento y continuación de los gobiernos neoliberales ocurrió en América Latina por vía electoral, las actitudes proneoliberales de los ciudadanos constituirían la base de un consenso de los gobernados.

Palabras clave: revolución silenciosa, neoliberalismo, actitud proneoliberal, consenso de los gobernados, América Latina.

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Abstract

On the database of Latinobarometro and the theory about the establishment of the neoliberalism in Latin America, this paper proposes that the imposition and continuation of that model were facilitated by the proneoliberal attitudes of the citizens. These attitudes would consist on the assessment model of free market as the best for the country; the evaluation of this model as the only one that would make possible the development; the perception of the privatizations as beneficial for the country; and the satisfaction with the privatizations. Therefore as the establishment and continuation of the neoliberal governments happened in Latin America for electoral via, the proneoliberal attitudes of the citizens would constitute the base of a governed consensus.

Keywords: silent revolution, neoliberalism, proneoliberal attitude, consensus of the governed, Latin America.

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Introducción

A partir de los años 80, por efecto de la crisis de la deuda externa y la crisis del petróleo, los países de América Latina se vieron gravemente afectados por las altas tasas de inflación, recesión rampante y estanflación económica. Ante ese panorama, los diferentes gobiernos de la región recurrieron a los organismos multilaterales en procura de obtener ayuda ante aquella dramática situación que había ido propiciando episodios de convulsión social.

Por efecto de esa solicitud los organismos internacionales recomendaron la implementación de una serie de medidas de ajuste estructural, en consenso con los gobiernos nacionales (excepto el gobierno cubano) y el propio gobierno de Estados Unidos. Dichas recomendaciones consistían en implementar un paquete de reformas orientadas a la liberalización de la economía y la apertura de las economías locales al comercio internacional, lo que formalmente suponía la adopción del llamado "modelo neoliberal"².

Ese proceso de implementación fue abordado ampliamente por los estudiosos y sus contribuciones pueden ser resumidas en dos tesis fundamentales. Una primera tesis que plantea que el modelo neoliberal habría sido impuesto en los países de América Latina de modo inconsulto y arbitrario por las clases dominantes y las élites políticas; y una segunda tesis que plantea que el modelo de libre mercado habría ido implementándose más bien de manera continua a través de un lógica reformista que involucró a varios actores políticos. La primera tesis constituye la tesis de la imposición y la segunda tesis recibe el nombre de la "revolución silenciosa". No obstante, ambas atribuyen un papel determinante a los grupos dominantes en la implementación del modelo neoliberal, y omiten el rol que los ciudadanos jugaron en ese proceso. De hecho, los estudios que empiezan a prestarle atención a ese sujeto político aparecen tardíamente, atendiendo empero la dinámica de la resistencia ante la profundización de dicho modelo (Houtart, 2009; Seoane, 2001), y no así el papel del ciudadano en tanto actor político dotado del derecho a elegir en procesos electorales.

Por ello cabe preguntarse: ¿qué papel jugaron los ciudadanos en los procesos de implementación y continuación del modelo neoliberal, en los países de América Latina? En este trabajo proponemos una discusión al respecto, planteando que la imposición y continuación del modelo neoliberal no habría dependido únicamente del "atrevimiento" de las clases dominantes o la intervención de los organismos internacionales, sino también de un conjunto de actitudes proneoliberales de los ciudadanos, que consistirían en su valoración del modelo de libre mercado como el mejor para el país, la valoración de ese modelo como el único que haría posible el desarrollo, su percepción de las privatizaciones como beneficiosas para el país y su satisfacción con ellas.

Tal conjunto de actitudes habría facilitado la imposición del modelo neoliberal, en la medida en que habrían orientado la elección de gobiernos afectos al modelo de libre mercado, constituyendo así la base de un consenso de los gobernados que fue determinante, sobre todo para la continuación o profundización de ese modelo. De hecho, el retorno de los gobiernos neoliberales en aquellos países que conformaron el llamado "ciclo progresista" podría ser atribuido a la pervivencia de aquellas actitudes proneoliberales.

Para sustentar dicho planteamiento recurrimos a los datos del Latinobarome-tro³, los cuales, a pesar de cubrir solamente el periodo 1998-2013, nos permiten validar nuestros argumentos. Sin embargo, metodológicamente este no es un trabajo basado en correlaciones estadísticas tal que nos permitan medir los grados de significación de las correlaciones; más bien, en la medida en que este trabajo tiene un interés esencialmente propositivo, nuestro análisis es bastante modesto puesto que procedemos únicamente a la descripción cuantitativa de datos con un enfoque diacrónico, ya que abarcamos un periodo de 15 años, incluyendo a casi la totalidad de los países de la región que pasaron a formar parte de la economía globalizada.

A pesar de ello, este trabajo se inscribe en la tradición de los estudios de cultura política, pues damos cuenta de las preferencias y los posicionamientos políticos de los ciudadanos (Laitin y Wildavsky, 1988), o del conjunto de sus predisposiciones psicológicas que constituyen la base de su participación política (Almond y Verba, 1989; Verba y Nie, 1987), que suele ser estudiado cuantitativamente. Sólo que, en este caso, hacemos un ejercicio muy elemental.

Tras esta introducción, el trabajo se divide en dos partes. En la primera parte referimos el proceso de instauración del modelo neoliberal en América Latina, en función de las tesis de la imposición y de la "revolución silenciosa". En la segunda parte planteamos una hipótesis alternativa del proceso de implantación de ese modelo, a través del concepto del consenso de los gobernados, que refiere un conjunto de actitudes proneoliberales que constituirían una fuente de legitimación, tanto de la instauración como de la continuación o reproducción del modelo de libre mercado; portanto, ese conjunto de actitudes es referido de forma específica. Cerramos el trabajo con conclusiones, planteando que las actitudes proneoliberales de los ciudadanos latinoamericanos habrían facilitado la imposición y la continuación del modelo neoliberal, por lo que la aplicación de las políticas reformistas adecuadas al Consenso de Washington habría contado con la "complicidad" de una buena parte de los ciudadanos.

 

El proceso de instauración del modelo neoliberal

A finales de los años 70, en el siglo XX, el modelo de Estado proteccionista, desarrollista o paternalista, vigente en todos los países de América Latina, empezó a experimentar su crisis, por efecto del crecimiento del comercio internacional que encontraba fuertes obstáculos en el control que ese Estado ejercía sobre la economía. Además, el Estado desarrollista (como todos los modelos de Estado anteriores) era dependiente de una "economía de base estrecha", por lo que el desarrollo de los países de la región llegó a depender también de la cooperación y del financiamiento internacional, lo que profundizó el histórico intervencionismo extranjero.

Por efecto de esa dependencia, los niveles de deuda externa acumulados por todos los países de la región alcanzaron guarismos extremadamente elevados, por lo que los organismos internacionales presionaron para el pago de las mismas, en un escenario de déficit de las exportaciones por causa de la caída del precio de los minerales, el alza de los precios del petróleo y la inexistencia de reservas fiscales. Los inicios de los años 80 anunciaron así el advenimiento de una grave crisis económica que tendría consecuencias notables, ya que en medio del creciente descontento popular las medidas económicas que iban a ser implementadas provocaron la caída del Estado proteccionista y la consecuente debacle de los regímenes políticos. En el caso de los países regidos por gobiernos militares se produjo el retorno a la democracia con un fuerte aditamento liberal; en el caso de los países con democracias longevas, como en Colombia, Costa Rica, Venezuela, se produjo el recambio de las élites con un protagonismo extremo de las tecnoburocracias; y en el caso de países regidos por gobiernos autoritarios, como México, se produjo el viraje demo-liberal.

Pero en ese proceso de cambio jugaron un rol protagónico los organismos multilaterales ya que, ante la profundización de la crisis, los líderes políticos de los distintos países de la región comenzaron a realizar continuos viajes a Washington con el objetivo de consensuar, mediante el recibimiento de asesoramiento por parte de funcionarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, la aplicación de una serie de medidas de ajuste estructural para enfrentar la galopante crisis (Aranibar, 2004; Girón, 2008; Martínez y Soto, 2012).

De hecho, como principales benefactores de los gobiernos latinoamericanos, los organismos internacionales condicionaron su ayuda financiera al ajuste estructural de las economías, con el argumento, además, de procurar evitar situaciones de ingobernabilidad por efecto del descalabro económico. Pero las políticas de ajuste tenían como objetivo modificar el rol del Estado, eliminando los subsidios y liberando los mercados nacionales. Ello debería suceder a través de la implementación de un paquete de medidas que incluían la privatización de las empresas públicas del Estado, la transferencia de los servicios sociales a las empresas privadas, la reforma fiscal y financiera, la flexibilización laboral y la tercerización de la economía; por tanto, esas medidas no solamente pondrían fin al papel regulador del Estado, sino que sacarían de su déficit al sector privado y provocarían la apertura de las economías nacionales al comercio internacional (Bresser-Pereira, 2001: 114; Bresser-Pereira, Maravall y Przeworski, 1993; Edwards, 1996; Lora, 2007; Philip, 2003: 93-108; Stokes, 2001: 4-5).

De ese modo, el Estado protector de los derechos sociales y promotor del desarrollo fue reemplazado por un Estado neoliberal, garante únicamente de la propiedad privada y de la libertad de los contratos. Sin embargo, en términos particulares, la implementación de las políticas de ajuste en los diferentes países atravesó por un proceso de adecuación según las capacidades de los distintos gobiernos. Por ejemplo, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay, la adopción del modelo de libre mercado ocurrió mediante la llamada política de shock o la terapia de choque, que consistió en aprovechar el estado de crisis para vender a agentes privados las empresas públicas, bajo la idea de asegurar el crecimiento sostenido de la economía y generar una estabilidad macroeconómica considerada necesaria para fomentar el desarrollo; en otros casos, los gobiernos abogaron por mecanismos de transición mucho más suaves y pausados (Harvey, 2005: 95-112; Klein, 2007).

A pesar de ello, en todos los casos, los organismos internacionales presionaron por la apertura al comercio internacional mediante la reducción del rol del Estado en el proceso productivo; por medio de la privatización de las empresas estatales y por medio de la aplicación de una serie de programas de desregulación económica que consistían principalmente en la reforma fiscal, la reforma comercial, la reforma del mercado financiero y la reforma del mercado de trabajo (Edwards, 1996: 41-65; Harvey, 2007; Prevost y Oliva, 2002).

Portanto, aunque normalmente se dice que el modelo neoliberal fue impuesto en los países de América Latina por los organismos internacionales y particularmente por el gobierno de Estados Unidos, en primer lugar las clases dominantes fueron copartícipes de esa imposición, a través del reclutamiento de cuadros tecnocráticos (Chicago Boys) que jugaron un rol fundamental en la planificación del desarrollo sin Estado, más allá de que los organismos internacionales ofrecieran fondos de emergencia para paliar los efectos de la crisis (Edwards, 1996: 55-56; Estrada, 2005; Epstein, 2005). En segundo lugar, la oposición a las políticas del modelo del libre mercado no fue un hecho generalizado; por ejemplo, en Chile un gobierno dictatorial implementó las políticas de ajuste estructural bajo la disposición plena del uso de la fuerza; y en los países que venían saliendo de las dictaduras, la sociedad civil, empo-derada bajo los principios liberales y que había logrado propiciar la transición a la democracia, estaba distanciada de las organizaciones de trabajadores, cuyas matrices sindicales se encontraban debilitadas, impactando ello en una resistencia antineoliberal poco sistemática.

Es más, en los países con democracias longevas, como Colombia, Venezuela y Costa Rica, la transición económica ha sido poco estudiada yes posible que la ausencia de una plena cultura de la rebelión, que de hecho explica dicha longevidad, haya facilitado del mismo modo la implantación del modelo neoliberal. Y en el caso mexicano, la resistencia al neoliberalismo tampoco fue patente, debido a la estructura corporativa que logró sentar el régimen priista; además, la defensa del voto y de las libertades democráticas que había alentado a la organización civil empataban perfectamente con el (neo)libera-lismo económico. Así, una ideología liberal y el control del régimen sobre los sectores populares limitaron, en México, la resistencia política antineoliberal en términos de una lucha autónoma y autogestionaria.

Apesar de esa complejidad, la literatura que refiere el proceso de implementación de las políticas neoliberales en América Latina establece que ese proceso ocurrió de dos formas contrapuestas: en primer lugar, de manera gradual y continua, constituyendo la tesis de la "revolución silenciosa"; o de manera coercitiva, constituyendo la tesis de la imposición.

 

La tesis de la "revolución silenciosa"

Las reformas neoliberales no dependieron únicamente de un paquete de medidas de corto plazo para hacer frente a la crisis económica; por el contrario, dado que las políticas derivadas del Consenso de Washington buscaban liberalizar la economía, las reformas neoliberales dependían de un paquete de medidas de largo plazo que estuvieron orientadas a asegurar la globalización de la economía capitalista (Harvey, 2007: 9-10). Por ello se ha dicho, con razón, que la implementación del modelo neoliberal dependió de un conjunto de recetas que los gobiernos debían aplicar a condición de asegurar la ayuda económica internacional.

En el caso de los países de América Latina, ese proceso de implantación del modelo neoliberal dependió de dos etapas. Una primera etapa definida por la puesta en ejecución de las llamadas reformas de primera generación, orientadas a terminar con la tuición del Estado sobre la economía; y una segunda etapa definida por la puesta en marcha de las llamadas reformas de segunda generación, enfocadas a la reforma del Estado para adecuarlo a las exigencias del nuevo estado social y a las demandas del comercio internacional.

Es decir, las reformas de segunda generación estuvieron dirigidas a reducir el tamaño del Estado y a "eficientarlo", no solamente en términos de su minimización en cuanto a su intervención en la economía, sino también en términos de la prevención de la libertad económica de los individuos como una nueva ética social o principio del desarrollo humano (Harvey, 2007: 9; Nozick, 1988). Por ello, lano intervención de laeconomíano suponía la falta de intervención del Estado en el plano social; esta intervención ocurrió através de una serie de acciones de gobierno o políticas públicas enfocadas a la atención de los efectos sociales de la implementación del modelo, bajo la lógica del desarrollo humano y los programas sociales focalizados que estuvieron orientados a suplir las deficiencias que el mercado no podía corregir (Cunill, 2010; Martínez, 2005; Reinecke y Weller, 2014).

En ese sentido, las reformas de primera y segunda generación condujeron a la instauración de un modelo de características no solamente económicas sino también políticas, culturales e ideológicas. Pero la coherencia que el modelo neoliberal tenía en sí, al replantear el principio de la responsabilidad colectiva por el de la responsabilidad individual, derivó en un contrasentido con la inexistencia de un Estado fuerte, porque esa ausencia hizo posible que dicha liberación derivara en la desestabilización del sistema (Contreras, 2006; Harvey, 2007). No obstante, la ola reformista neoliberal también ofreció oportunidades para la constitución de nuevas élites políticas y económicas, aunque ello derivó en el cinismo político, la desafección y la consolidación de las formas de política liberal (Robinson, 2006).

Pero más allá de esas consecuencias y por lo esbozado en términos políticos, ideológicos y culturales, desde un punto de vista acrítico y hasta apologético, el proceso de aplicación de las políticas de reforma neoliberal fue identificado como una revolución silenciosa, en la medida en que se atribuye a dicho modelo el surgimiento de un nuevo tipo de ciudadano y una nueva forma de política que contribuyó a los procesos de democratización, la modernización del Estado, la estabilidad macroeconómica y la apertura de los países latinoamericanos al mercado global (Harvey, 2007: 7-8; Lora, 2007; Robison, 2006).

Sin embargo, volviendo a las consecuencias negativas de la aplicación de las políticas de reforma, en un contexto de graves desigualdades históricas y de elevados niveles de pobreza, la pérdida de tuición del Estado sobre los trabajadores y el apoyo a la empresa privada con el emprendedurismo como ideología legitimadora del nuevo orden, diversos estudios vieron en el advenimiento del neoliberalismo un proceso de imposición fraguado por las élites políticas y las clases dominantes, en contubernio con los organismos internacionales.

 

La tesis de la imposición

En efecto, otros estudiosos de la implementación de las políticas de reforma en América Latina consideran que el modelo neoliberal consistió en un paquete de reformas impuesto coercitivamente. De hecho, la literatura al respecto ha sido ampliamente difundida a partir del surgimiento de los movimientos al-termundistas y antineoliberales, antecedente de la emergencia de los llamados gobiernos progresistas, de finales de los años 90.

En ese sentido, la literatura que sostiene que el modelo neoliberal fue impuesto de forma coercitiva empezó a aparecer cuando estuvieron implementándose las reformas de segunda generación; sin embargo, esa literatura entiende el surgimiento de las posiciones antineoliberales en términos de resistencias, considerando sobre todo los efectos del modelo neoliberal sobre las condiciones de pauperización, pobreza y marginación de grandes sectores de la sociedad (Lechini, 2008; Rojas, 2015; Sader y Gentili, 2003).

La literatura en ese tenor plantea que la imposición del modelo neoliberal en América Latina ocurrió por voluntad de las élites y de las clases dominantes abiertas a las influencias externas. Ello facilitado por la ausencia de plenas condiciones democráticas, debido a la falta de mecanismos de rendición de cuentas, de capacidad de respuesta de los políticos y de responsabilidad electoral que no obligan a los mismos a llevar adelante acciones ceñidas a las demandas populares, y no por la influencia de los poderes fácticos y de las redes de poder; de hecho, esas mismas condiciones habrían permitido que en algunos países el neoliberalismo se impusiera por sorpresa y de manera impopular (O'Donnell, 2004; Stokes, 2001).

De acuerdo con dicha idea, la ausencia de condiciones de plenitud democrática supondría la existencia de una democracia deficitaria, frágil o delegativa que solamente encontraría sentido en la garantización de la libertad cívica y política de los ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos civiles y no así en el goce de sus derechos económicos y sociales (Calleros 2009; Collier y Levitsky 1997, 441; Diamond 2008; Millet 2009; Norris 2011).

De hecho, esa es una idea fundamental para dar un paso adelante, en el sentido de una hipótesis diferente ante las esgrimidas hasta ahora, respecto al proceso de instauración del neoliberalismo, puesto que las democracias en América Latina empezaron a ser restituidas a inicios de los años 80 y su regularidad no fue subvertida, a pesar de los golpes de Estado ocurridos en Venezuela y Honduras, o a pesar de las "presidencias interrumpidas" en Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil, Perú y Paraguay. Es más, la regularidad democrática de la región no fue interrumpida por los movimientos sociales antineoliberales.

Por tanto, la regularidad de la democracia supuso la posibilidad de las élites políticas de obtener un determinado grado de legitimidad para gobernar bajo el precepto de la economía de mercado con el beneplácito o el consenso de los ciudadanos. En ese sentido, ni la tesis de la revolución silenciosa, ni la tesis de la imposición del modelo neoliberal toman en cuenta las actitudes de los ciudadanos, que podrían ser identificadas como proneoliberales y que habrían facilitado la implantación y continuación de dicho modelo, por medio de las urnas. Pero sobre todo, esas actitudes podrían dar cuenta del retorno de las élites políticas que abanderan dicho modelo, tras el periodo de los gobiernos progresistas de la última década.

 

El consenso de los gobernados

En efecto, los análisis respecto a la aplicación o la imposición del modelo neoliberal en América Latina no han atendido las actitudes proneoliberales de los ciudadanos. Esto supone una necesidad en la medida en que esas actitudes constituirían el factor legitimador de los gobiernos con tendencia hacia el neoliberalismo, tras haber sido una opción electoral.

Es decir, las actitudes proneoliberales darían lugar a un consenso de los gobernados. Esta idea deriva de la adaptación de dos conceptos provenientes de la ciencia política. En primer lugar, la idea del "consenso de los perdedores" (Blais et al., 2005), que refiere la asimilación de la derrota electoral por parte de los candidatos perdedores, en un escenario democrático asumido como un juego de ganadores y perdedores. En segundo lugar, la idea de la "democracia delegativa" que, según Guillermo O'Donnell (1994), constituye el rasgo de la región; en ella los ciudadanos (de baja intensidad) simplemente delegarían su poder a un líder político para que éste gobierne como mejor lo considere. Por tanto, la idea del consenso de los gobernados referiría la disposición pro-neoliberal de los ciudadanos que legitimarían tanto la representatividad como las acciones de las opciones políticas (pro)neoliberales.

Tal disposición proneoliberal estaría conformada por un conjunto de actitudes consistentes en: a) la valoración del modelo de libre mercado como el mejor para el país; b) la valoración de la economía de mercado como el único sistema que haría posible el desarrollo; c) la percepción de las privatizaciones como beneficiosas para el país; y d) la satisfacción con las privatizaciones. Estas son reportadas por el Latinobarometro a través de las siguientes preguntas:

a)  "¿Está usted muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase: 'La economía de mercado es lo más conveniente para el país'?"

b)  "¿Está usted muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase: 'La economía de mercado es el único sistema con el que el país puede llegar a ser desarrollado'?"

c)  "¿Está usted muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase: 'Las privatizaciones de las empresas estatales han sido beneficiosas para el país'?"

d)  "¿Está usted hoy día mucho más satisfecho, más satisfecho, menos satisfecho o mucho menos satisfecho con los servicios privatizados'?"

Tales preguntas constituyen por tanto la fuente de nuestras variables, cuyos datos que se presentan aquí consideran únicamente las respuestas: "Muy de acuerdo" y "De acuerdo".

La valoración del modelo de libre mercado como el mejor para el país refiere, así, un proceso reflexivo de comparación por parte del sujeto respecto de otros modelos económicos. Por su parte, la valoración de la economía de mercado como el único sistema que haría posible el desarrollo supone la asimilación del modelo neoliberal como el más conveniente para el país. La percepción de las privatizaciones como beneficiosas para el país y la satisfacción con ellas remite al sentido crítico de los ciudadanos respecto al funcionamiento del modelo neoliberal. Además, como las privatizaciones de las empresas públicas constituyen un aspecto visible de la implantación de dicho modelo, la reflexión de la persona encuentra en este hecho un indicador más objetivo del desempeño del modelo neoliberal.

Pero ese conjunto de valoraciones no constituyen la totalidad de actitudes proneoliberales de los ciudadanos, puesto que la propia base de datos del Latinobarometro ofrece otras variables de análisis; sin embargo, sólo dichos datos son relativamente constantes en las encuestas que realiza en la región la Corporación Latinobarometro, lo que facilita el análisis diacrónico, a pesar de que la primera variable sólo cubre el periodo 1998-2009; la segunda, el periodo 2003-2013; la tercera, el periodo 1998-2013; y la cuarta, el periodo 2003 -2013. De hecho, esta es la razón de que nuestra propuesta sea únicamente descriptiva y propositiva, que no considera además los informes anuales por contener datos no coincidentes con la base de datos.

 

La economía de mercado como el mejor para el país

Como dijimos, el modelo neoliberal empezó a ser implementado en los países de América Latina a inicios de los años 80. Lastimosamente, sin embargo, los datos de la Corporación Latinobarometro no empezaron a ser emitidos consistentemente sino hasta finales de los años 90. Es decir, los estudios de opinión pública eran en general inexistentes en la región.

A pesar de ese problema, como se puede ver en el Gráfico N° 1, en 1998, año en el cual se encontraban ejecutándose las reformas de segunda generación, para un considerable 65% de latinoamericanos la economía de libre mercado era lo mejor para el país.

Considerando la tendencia de los datos posteriores a 1998 es posible que esa valoración positiva haya sido mayor o igual en años anteriores, sobre todo por efecto de la crisis económica y las ideas que empezaron a propagarse en la región, acerca del eficientismo y el mejoramiento de los servicios públicos; pero como esos datos no se encuentran disponibles, las suposiciones aquí no cuentan mucho. Lo cierto es que en pleno escenario de las reformas de segunda generación esta actitud proneoliberal de los latinoamericanos era muy alta.

Sin embargo, en los años 2000 y 2002 dicha actitud desciende, aunque no drásticamente. De hecho, ese es el momento en el cual los gobiernos neoliberales, y quizá no tanto el modelo mismo, empezaron a ser duramente cuestionados en varios países de la región. Es más, en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela se empezaron a expresar movimientos de protesta por efecto de los costos sociales del modelo y que, en función de su fuerza masiva, llegaron incluso a interrumpir varias presidencias por la fuerza de la presión.

Precisamente en 2007, cuando los gobiernos progresistas antineoliberales se encuentran en su zenit, la valoración de la economía de mercado como lo mej or para el país, alcanza su más baj o nivel, aunque no alarmante. Alarmante es el ascenso de la valoración dos años después.

En un nivel más específico de análisis, como se puede ver en el Cuadro 1, la valoración de la economía de mercado como lo mejor para el país se retrae efectivamente en los periodos en los cuales empiezan a ascender los gobiernos progresistas, principalmente en Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay.

Sin embargo, el caso de Uruguay resulta llamativo, ya que en todo el periodo considerado la actitud proneoliberal de sus ciudadanos antecede al advenimiento de los gobiernos del Frente Amplio. Es decir, el país que es reputado como el más democrático de la región tuvo ciudadanos con menor actitud proneoliberal hasta antes de 2009. El caso de Argentina se asemeja a él, aunque mientras que en ésta dicha actitud desciende para luego ascender parcialmente, en el caso uruguayo la actitud en cuestión tiende solamente a ascender.

También llama la atención los casos de Bolivia, Brasil y Venezuela, que en los últimos años del periodo de referencia están siendo regidos por gobiernos progresistas; la actitud proneoliberal de sus ciudadanos es relativamente alta, con un leve bajón en el caso venezolano. Pero incluso omitiendo ese hecho, llama la atención que mientras que en Venezuela se pretendió dar un salto hacia el socialismo, en Bolivia y Brasil los gobiernos progresistas no dieron ese salto y las políticas de redistribución de la riqueza, que constituyeron la fortaleza de los gobiernos de Lula y Evo Morales, parece haber alimentado una valoración positiva hacia el modelo de libre mercado. De hecho, la valoración de los venezolanos va a contracorriente de la orientación ideológica de su gobierno.

Frente a todo ello, los ciudadanos de Colombia, Perú, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana, Guatemala e incluso México, expresan una actitud destacablemente proneoliberal, salvo por algunos momentos de retraimiento. Y precisamente, esos países fueron ajenos al giro a la izquierda de la región, lo que quiere decir que fueron parcialmente resistentes al efecto contagio que en términos políticos suele ocurrir.

En suma, la valoración de la economía de mercado como el mejor para el país parece dar cuenta de una mayoritaria actitud proneoliberal, en la primera década del siglo XXI. Esto es claro para el caso de aquellos países que no dieron lugar a una orientación política coincidente con aquellas opciones progresistas que empezaron a copar parcialmente el escenario latinoamericano. Es de notar, también, que Brasil se presenta como una contradicción, en la medida en que los gobiernos del Partido de los Trabajadores constituyeron los primeros gobiernos progresistas de la región; sin embargo, si se considera que la posición antineoliberal de ese gobierno no era preclara, la contradicción podría suprimirse, aunque la actitud proneoliberal de sus ciudadanos ubica a Brasil a la par de países como Nicaragua y Paraguay, que también vieron aparecer atisbos de un progresismo más reformista que revolucionario.

De hecho, la actitud proneoliberal de los ciudadanos nicaragüenses fue una de las más altas de la región, incluso tras el ascenso de Daniel Ortega al poder. Por tanto, como en Bolivia y Brasil, los gobiernos discursivamente antineoliberales no encuentran necesariamente una correspondencia plena con las actitudes de sus ciudadanos. Contrario es el caso ecuatoriano, en donde el ascenso de Rafael Correa estuvo auspiciado por un descenso drástico, pero no absoluto, de las actitudes proneoliberales de los ciudadanos.

 

La economía de mercado único sistema que hace posible el desarrollo

Sin embargo, si bien la valoración de la economía de mercado como el mejor para el país puede dar cuenta de una marcada actitud proneoliberal por parte de los ciudadanos, lo cual habría contribuido al establecimiento de ese modelo, una es cosa percibir el modelo neoliberal como adecuado y otra muy distinta asumir que ese modelo garantice el desarrollo.

Ello resulta fácilmente perceptible en el Gráfico N° 2, en donde se observa que entre los años 2007 y 2009 la valoración de la economía de mercado como único sistema que haría posible el desarrollo en la región, sufre una caída relativamente coincidente con la actitud proneoliberal que percibía al modelo de libre mercado como el mejor para el país.

De hecho, entre los años 2007 y 2009 se hace visible en el horizonte político latinoamericano el llamado Socialismo del Siglo XXI, que parece generar una corriente de actitudes antineoliberales. No obstante, previo a este proceso (2003-2005), como después (2010-2013), la economía de mercado llegó a ser vista mayoritariamente como el único sistema que haría posible el desarrollo de cada país, por lo que en términos generales sucede una relativa restitución de esta actitud proneoliberal tras el auge de los gobiernos progresistas.

A nivel de cada país, según los datos del Cuadro 2, a pesar de la expresión ocasional de una baja valoración de la economía de mercado como único sistema que haría posible el desarrollo, en términos generales esta valoración resulta mayoritaria, incluso en el caso de los países en los cuales, como en Uruguay, su población aparentemente parecía la más crítica del neoliberalismo. Similar es el caso de Bolivia, Venezuela y Nicaragua, en donde al menos en términos discursivos los gobiernos progresistas se declaran antineoliberales, en contraste con la actitud proneoliberal de sus ciudadanos que es notablemente alta.

Ello podría encontrar explicación en la hegemonía del modelo de libre mercado a nivel global y la falta de horizontes alternativos, lo que en términos prácticos supondría que el desarrollo de cada país, con resignación o sin ella, dependería de su inserción en la economía mundial.

Ocurre, sin embargo, que a nivel latinoamericano, en los años 2007 y 2009, la actitud proneoliberal de los ciudadanos descendió, en algunos casos significativamente. No obstante, en años posteriores dicha actitud expresó una recuperación incluso con mayor fuerza. Es posible que ello se deba a la crisis del capitalismo a nivel mundial, aunque lo que más llama la atención en esos años es la contradicción entre la percepción de que la economía de mercado como único sistema que haría posible el desarrollo, con la percepción de la economía de mercado como el mejor para el país (Cuadro 1).

Tal contradicción parece conducirnos nuevamente a la idea del mundo globa-lizado y la ausencia de alternativas claras frente a la opción neoliberal, según lo cual el desarrollo no sería concebible sin la inserción en la economía de mercado. Sólo que como actitud proneoliberal esa contradicción daría cuenta de las tensiones mismas entre lo deseable para el país y las condiciones objetivas que define la oposición entre el deber ser y lo que es.

Ello supone también la posibilidad del eterno retorno al neoliberalismo, pese a las etapas progresistas que no logran ni lograron cuajar proyectos alternativos. No obstante, el caso argentino resulta en ese sentido contradictorio, porque incluso en términos de la valoración del modelo de libre mercado, como el único que haría posible el desarrollo, expresan una actitud oscilante, como los ciudadanos chilenos, lo que parece dar cuenta de una especie de duda existencial. Portanto, es posible que en uno de esos momentos de duda social, candidatos proneoliberales como Sebastián Piñera, en Chile, y Mauricio Macri, en Argentina, hayan hecho posible su ascenso al poder, en la medida en que la actitud proneoliberal de los ciudadanos no parece plenamente adecuada, en ambos países, para gobiernos conservadores.

En el resto de los países esta actitud proneoliberal es notoriamente alta, relativizada únicamente en los años 2007 y 2009, por un parcial descenso de la misma, con Ecuador, Guatemala y Argentina como casos drásticos, y Nicaragua brillando nuevamente como una excepción entre las oscilaciones, a la par de Brasil.

En función de esos datos, sería posible aseverar que el modelo neoliberal en América Latina habría encontrado actitudes proneoliberales en sus ciudadanos para propagarse. Esto principalmente por la falta de datos respecto a los años anteriores al periodo de referencia. Es decir, los latinoamericanos habrían asimilado el neoliberalismo en dos de sus múltiples planos, como un modelo de desarrollo y como el mejor modelo económico, lo que querría decir que dicho modelo no se habría impuesto en la región necesariamente por la fuerza, por lo que las élites habrían jugado un papel complementario en la propagación de un modelo que contrariamente alentaría la diferencia social y profundizaría la pobreza. Si esto es así, entonces ¿dónde radica la base sobre la cual se asientan los estandartes antineoliberales?

 

Las privatizaciones fueron beneficiosas para el país

La percepción acerca de las privatizaciones parece dar cuenta de ese contrasentido; sin embargo, cabe aclarar que en la lógica de la revolución silenciosa no en todos los países fueron privatizadas las empresas y los gobiernos progresistas emprendieron más bien políticas de re-nacionalización. Quizá por eso, según el Gráfico N° 3, la percepción de las privatizaciones como beneficiosas para el país es alta en el momento en el cual se empiezan a realizar estudios de opinión pública en la región. Ese dato es coincidente además con la valoración de la economía de mercado como la mejor para el país, en el mismo momento. Sin embargo, contraria a la valoración de la economía de mercado como la mejor para el país, la percepción de las privatizaciones como beneficiosas se desploma en los años posteriores, recuperándose levemente a partir de 2003 y cayendo nuevamente en 2013.

De hecho, entre 2010 y 2011 la percepción de las privatizaciones como beneficiosas para el país supera el tercio de ciudadanos, aunque este tercio indica el real nivel de la percepción. Por tanto, en términos de las actitudes proneoliberales, podemos decir que la percepción de las privatizaciones como beneficiosas para el país es muy débil en términos generales.

Sin embargo, en el plano particular del análisis, como se puede ver en el Cuadro 3, solamente en Panamá, Uruguay, Colombia y Argentina la percepción de las privatizaciones como beneficiosas para el país fue exangüe respecto al resto de los países de la región, en el momento inicial del periodo de referencia. Posteriormente, los datos son en realidad oscilantes para cada uno de los países, aunque los niveles más inferiores corresponden a Argentina y no así a Chile, en donde la lucha por la educación gratuita suele ser referido como una bandera de los movimientos antineoliberales. Incluso en Bolivia, en donde se produjeron las guerras del agua y del gas, que fueron ejemplificadas como luchas de carácter antineoliberal, los guarismos no son absolutos, aunque descienden para luego recuperarse.

En ese tenor, Ecuador, Venezuela, Brasil y la propia Bolivia, en distintos momentos, refieren una percepción mayoritaria de sus ciudadanos respecto a las privatizaciones como beneficiosas para el país; justo los países con gobiernos progresistas. Por tanto, la crítica hacia las políticas estatistas emprendidas por esos gobiernos parece asomar con los datos.

De hecho, cabe aclarar que la ausencia de datos para Bolivia, en 2009, se debe precisamente a las políticas nacionalizadoras que fueron llevadas adelante en ese periodo por Evo Morales, por lo que lo realmente llamativo son los datos que se registran posteriormente. La ausencia de datos para República Dominicana obedece a la tardía implementación de las políticas privatiza-doras. Contrario, a Costa Rica y Uruguay, en donde dichas políticas fueron insignificantes; de hecho, Uruguay ha sido considerado el país más estatista de la región y de una ciudadanía históricamente opuesta a las políticas priva-tizados (Chávez, 2007).

En términos particulares, por tanto, existen hasta aquí países con ciudadanos de actitudes proneoliberales más afirmadas que otros, aunque en ningún caso parece existir un grado de coherencia, sobre todo por la paradoja que representan los países con gobiernos progresistas.

 

La satisfacción con las privatizaciones

Con el objetivo de corroborar esas afirmaciones, conviene finalmente considerar la satisfacción que los ciudadanos expresan con las privatizaciones.

De acuerdo con el Gráfico N° 4, en el periodo 2003-2013 el nivel de satisfacción con las privatizaciones coincide parcialmente con la percepción de las privatizaciones como beneficiosas para el país. Parcialmente porque los niveles de satisfacción son relativamente inferiores, aunque expresan la misma curva oscilante en datos menores. Portanto, esos datos no hacen más que corroborar una crítica a la forma en la cual funciona realmente el modelo neoliberal, sobre todo si atendemos a las actitudes proneoliberales previamente referidas.

En términos particulares, sin embargo, según el Cuadro 4, la satisfacción con las privatizaciones es oscilante en cada país, aunque a diferencia de la percepción de las privatizaciones como beneficiosas, en ningún caso los niveles de satisfacción con las privatizaciones son tan bajas como en aquella, ni siquiera en el caso de Argentina.

Esa contradicción no aplica sin embargo a los casos de Brasil, Ecuador y Boli-via, que aparecen nuevamente con guarismos contrastantes con el significado ideológico de sus gobiernos. Salvo esos casos, en términos de la satisfacción de los ciudadanos con las privatizaciones, en ningún país se encuentran éstos plenamente satisfechos, hasta 2013.

En términos generales, es posible también asumir que para los latinoamericanos, el modelo neoliberal funciona deficientemente; o, para ser más estricto con la lectura de los datos, los niveles de satisfacción con las privatizaciones no resultan tan halagüeños como las valoraciones positivas de la economía de libre mercado.

Ello resulta muy curioso, porque al parecer los ciudadanos reprueban la forma de funcionar del neoliberalismo, sin necesariamente contrariar su actitud pro-neoliberal. Es decir, los latinoamericanos parecen expresar un conflicto entre su evaluación de la forma práctica de funcionamiento del neoliberalismo, con lo que idealmente éste representaría.

 

Las actitudes proneoliberales y el consenso de los gobernados

Según el Gráfico N° 5, las actitudes proneoliberales de los ciudadanos se encontrarían definidas por esa aparente contradicción entre la forma en la cual percibirían al neoliberalismo y la forma en la cual valorarían su funcionamiento práctico a través de las privatizaciones.

Sin embargo, si bien en el periodo 1998-2006 la valoración de la economía de mercado como lo mejor para el país y la valoración de este modelo como único sistema que haría posible el desarrollo expresan un distanciamiento de la percepción de las privatizaciones como beneficiosas para el país y la evaluación pésima de éstas, en el periodo 2008-2010 se encuentran cerca de coincidir. El primer periodo constituye la antesala de los gobiernos progresistas y el segundo el momento cumbre de esos gobiernos.

Portanto, las actitudes proneoliberales representarían la base de un consenso de los gobernados a favor de las opciones neoliberales en la medida de la incapacidad de los gobiernos progresistas para generar una actitud antineoliberal y anticapitalista, ya que en 2013 las actitudes neoliberales parecen separase y ello constituye la antesala de la crisis de esos gobiernos. Sin embargo, lastimosamente no contamos con datos para profundizar en este aspecto, por lo que a partir de acá se invita a la discusión, a partir quizá de la construcción de modelos estadísticos.

 

Conclusiones

En la reflexión respecto a la aplicación del modelo neoliberal en América Latina existen dos visiones dominantes que acusan a las élites, a las clases dominantes y a los organismos internacionales como los principales artífices de la imposición de dicho modelo.

En este trabajo propusimos una lectura diferente del proceso, a partir de lo que denominamos consenso del gobernado, que alude a un conjunto de actitudes proneoliberales de los ciudadanos latinoamericanos. Ese conjunto de actitudes estaría dado por la valoración de la economía de mercado como la mejor para el país, la valoración de la economía de mercado como el único sistema que haría posible el desarrollo, la percepción de las privatizaciones como beneficiosas para el país y la satisfacción de los ciudadanos con ellas.

A partir de esos datos encontramos que la imposición del modelo neoliberal en América Latina no habría sido tal, en sentido estricto, sino que se habría visto facilitado por la existencia de disposiciones proneoliberales de los ciudadanos, lo que daría cuenta de un consenso del gobernado. Sin embargo, ello sobre la base de una especie de tensión entre la evaluación negativa del desarrollo práctico del neoliberalismo y la predisposición proneoliberal que estaría sustentado en una visión ideal de éste.

En ese sentido, lo que los latinoamericanos encontrarían problemático sería el funcionamiento del modelo, puesto que en sí mismo éste sería valorado positivamente. Ello provoca obviamente mucho ruido, porque no resultaría claro si los latinoamericanos exigirían más neoliberalismo o si por el contrario exigirían reparos a este modelo. En todo caso, los alcances de este trabajo no son mayores, aunque permiten una discusión mayor del proceso.

 

Notas

1 Boliviano. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Azcapotzalco. Email: carlosernesto75@hotmail.com
2 Para una discusión acerca de los orígenes del neoliberalismo, en sus múltiples dimensiones, y sus repercusiones en el contexto latinoamericano, véase a Cardoso (2006) y Puello-Socarras (2015).
3 Como cualquier estudio de cultura política, el Latinobarometro suele ser cuestionado. Sin embargo, a diferencia de otros ejercicios de medición que suelen ser cuestionados por su posicionamiento político, el Latinobarometro es cuestionado por aspectos técnicos. Pero ello no supone la imposibilidad de lo primero, ya que al tratarse de un estudio descriptivo que se limita a presentar el resultado de investigaciones que sólo dan cuenta de lo que la gente piensa, siente o imagina, y no lo que efectivamente pasa en el universo político (Flores, 2007: 7; Murillo y Osorio, 2007: 6), los datos que arroja constituyen una fuente de múltiples interpretaciones, no necesariamente neutrales, y que aparecen en los informes anuales de la misma Corporación Latinobarometro.

 

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