SOCIOLOGÍA DE LA INSEGURIDAD

 

Mecanismos de autoprotección en pobladores del Distrito
Municipal I de la Ciudad de El Alto

 

Self-Protection mechanisms people
in the Municipal District I of City El Alto

Antonio Edgar Moreno Valdivia¹
Fecha de recepción: febrero de 2016 Fecha de aceptación: marzo de 2016

 

 

---

Resumen

Uno de los grandes problemas de la sociedad tanto a nivel regional como nacional y local está vinculado al incremento de la violencia delictiva y la inseguridad ciudadana. En este contexto, bastante violento e inseguro, la ciudad de El Alto es considerada como la urbe más peligrosa, violenta e insegura del país, situación que ha conducido al Estado y la sociedad civil a desarrollar una serie de mecanismos formales e informales para prevenir y enfrentar esta dramática realidad. Vinculado a este último punto, el presente artículo describe algunos mecanismos de autoprotección que han desarrollan los vecinos de la ciudad de El Alto, en particular los pobladores de algunas zonas del Distrito Municipal I.

Palabras Clave: Violencia delictiva, inseguridad ciudadana, mecanismos de autoprotección.

---

Abstract

One of the great problems of society at both regional and national and local is linked to the increase in criminal violence and insecurity. In this context, quite violent and insecure, the city of El Alto is considered the most dangerous, violent and unsafe city in the country, which has led to the state and civil society to develop a series of form a land informal mechanisms to prevent and face this dramatic reality. Linked to this last point, this article describes some self-protection mechanisms that have developed the neighboring city of El Alto, in particular the residents of some areas of the Municipal District I.

Keywords: Criminal violence, insecurity, self-protection mechanisms.

---

 

 

A manera de introducción

La necesidad de tener protección y seguridad ha obligado a gran parte de la población a desarrollar individual y colectivamente diversos "mecanismos de autoprotección", los cuales varían según ciertos aspectos demográficos, sociales, económicos y culturales que prevalecen en determinado espacio geográfico. Esta diversidad de mecanismos de autoprotección no sólo se explican por los aspectos mencionados, sino también por el discurso y la comunicación que se establece entre las personas, situación que da lugar a la conformación de "grupos reflexivos", es decir, a miembros de un grupo que elaboran colectivamente, en su práctica cotidiana grupalmente relevante, las reglas, justificaciones y razones de las creencias y conductas que son pertinentes para el grupo (Wagner y Elejabarrieta, 1996).

Los datos proporcionados por la Encuesta de Victimización, Prácticas y Percepción sobre Violencia y Delito (2012) informan que "solo el 47% de la población de las principales ciudades del eje central tomó recaudos para resguardar su seguridad personal y la de sus viviendas en los últimos doce meses, la mayor parte de la población en orden de importancia "evitar salir solo o sola de noche", "comprar un perro", "cambiar las chapas", "elevar muros o paredes", "asegurar su vehículo", "no llevar cosas de valor", "tener más cuidado" o "comprar una arma de autodefensa". A nivel colectivo, se recurre, por un lado, a la protección colectiva a través del intercambio de números telefónicos para alertar la presencia de personas sospechosas o acudir al socorro. Saravia (2014) señala que a nivel nacional las principales acciones asumidas por los pobladores para proteger en su domicilio son, en orden de importancia, la "compra de un perro", "ninguna", "instalar rejas", "instalar alarmas", "contratar seguridad privada", "contratar seguro", "comprar armas" o "cambiar de domicilio".

En el caso particular de El Alto, el estudio de Mollericona et al (2007) señala que frente al incremento de la criminalidad, la incapacidad estatal y la desconfianza ciudadana se habría desarrollado la "autogestión local de seguridad", es decir, la implementación de mecanismos informales de prevención de la seguridad que se expresan, por un lado, a través de la "terciarización de la seguridad" que incluye la compra de servicios de seguridad ciudadana y la gerencia local y colectiva de la seguridad y, por otro lado, a partir de la "colectivización de la seguridad" que supone la conformación de brigadas vecinales, la exposición de muñecos colgados, la justicia por mano propia y la acción de ciertas prácticas culturales tradicionales como el colocado de cuernos de toro o la tenencia de "ñatitas" (calaveras humanas).

En función de estabidimensionalidad de los mecanismos de "autoprotección" o "autogestión de seguridad", Mollericona sostiene que en barrios con rasgos "urbano/moderno" prevalece la compra de servicios de seguridad privada" y en barrios con expresiones más "urbano/comunitario" predomina la vigilancia y el control vecinal. Si bien esta afirmación puede tener cierto respaldo empírico se advierte que en el caso del Distrito Municipal I, en sus diferentes zonas, coexisten diferentes estrategias de autoprotección que no responden "mecánicamente" alo "moderno" y lo "comunitario", pues en algunos de ellos existe seguridad privada que, de manera paradójica, se complementa con el colgado de muñecos o la organización vecinal. Con relación a estas prácticas de autoprotección, los datos de la Encuesta de Victimización, Prácticas y Percepción sobre Violencia y Delito (2012) informan que la mayoría de los alteños ha optado por la organización de la vigilancia colectiva y en menor proporción por la compra de servicios de seguridad privada.

En el caso particular del Distrito Municipal I, frente a la prevalencia de un clima de violencia e inseguridad ciudadana y la ineficacia e ineficiencia de los mecanismos de seguridad pública, la mayoría de sus pobladores se ha visto obligado a desarrollar una serie de iniciativas individuales y colectivas con el afán de autogenerarse ciertos mecanismos de seguridad que presentan particularidades propias y, a la vez, marcadas diferencias en función de las características demográficas, sociales, económicas y culturales que prevalecen en cada una de sus zonas. En efecto, a pesar de que en casi todas las zonas se tiene como un denominador común la preocupación por la violencia y la inseguridad ciudadana, existen grandes contrastes en sus mecanismos de autodefensa, que transitan desde la "compra de perros" y los "cercos de zonas", pasando por la conformación de "patrullas vecinales", la "quema de guaridas" y la "seguridad privada", hasta llegar a la denominada "justicia comunitaria" y los "linchamientos".

 

Compra de perros

Especialistas en el tema expresan que el perro se constituye en un compañero insustituible del hombre en el transcurso de la historia de la humanidad.² En la sociedad actual, este animal, al margen de ser utilizado como "animal de compañía", cumple diversas funciones y una de ellas es la de cuidar de su amo y su domicilio. Los perros, por su naturaleza y por la relación histórica que establece con el hombre, también cumplen la labor de alertar con sus ladridos la presencia de personas extrañas en proximidades del domicilio y/o cuando intentan entrar en el mismo. Sin embargo, hay que señalar que existen algunas razas que por ciertas características se constituyen en "verdaderos guardianes", hablamos principalmente de la raza "rottweiler", "doberman" y los denominados "perros policía" que son adquiridos, utilizados y adiestrados para la seguridad pública y la investigación policiaca. Esto implica que como instrumento de autoprotección individual y familiar se recurre a la compra de perros, ya no como mascotas sino como guardianes, de esa manera la cría, la tenencia y la venta de perros guardianes se convierte, en algunos casos, en un gran negocio.

Para el año 2012, la encuesta sobre Victimización del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (ONSC) informaba que en la ciudad de El Alto, el 28% de la ciudadanía había decidido criar un perro guardián como un mecanismo para evitar seguir siendo víctima de robo en su vivienda o negocio. A nivel nacional, según el estudio de Saravia (2014), una de las principales acciones asumidas para la protección del domicilio es la compra de un perro, la gran mayoría de los encuestados (39.98%) señala que en el último año adquirió un perro para la protección de su vivienda. Esta práctica común y barata de autoprotección es asumida por muchas personas como un mecanismo de autoprotección.

En el caso de la ciudad de El Alto, datos de la Unidad de Zoonosis del gobierno local señalan que, para el año 2014, en la ciudad de El Alto existían 200.000 canes aproximadamente y cerca de 20.000 de ellos eran callejeros.³ Sobre la base de estas cifras se deduce que el 90% de los "canes alteños" tienen un propietario y viven con él. Además, se sostiene que por lo general se adquieren y se utilizan a los perros para prevenir y enfrentar situaciones delictivas, sobre todo los robos a los domicilios y los atracos a personas. Sin embargo, lo que llama la atención es que en muchos casos dichos animales no son instalados al interior de los domicilios, sino que la "casa del perro" está en la calle por razones de mayor seguridad.⁴ En efecto, en la mayoría de los barrios que conforman el Distrito Municipal I se advierten innumerables casitas de madera en las puertas de las viviendas. Esta situación principalmente se produce en Ciudad Satélite, donde una gran parte de los perros tiene su "casita" en la puerta del domicilio, situación que genera "miedo" no sólo en los delincuentes sino también en los transeúntes.

En criterio de algunos vecinos, los perros no solamente "cuidan la casa" cuando están vivos sino también se piensa o cree que cuando este animal muere "su alma continua cuidando la casa"; por esta razón, cuando fallece el perro, muchas personas no lo arrojan a los basurales o los ríos sino que lo entierran en la propia casa.

 

Cerco a espacios públicos

Cruz (2000) señala que "en ciudades o comunidades donde la violencia, la criminalidad y la inseguridad tienen un elevado impacto, una de las primeras respuestas de los pobladores es alejarse de los sitios de riesgo. Esto hace que los espacios públicos vayan siendo paulatinamente abandonados y que la participación en las actividades comunitarias sean cada vez más restringidas". Sin embargo, conviene puntualizar que la "migración hacia zonas más seguras" es realizada preferentemente por clases sociales que tienen un cierto "capital cultural, social y económico", situación que da lugar a la conformación de una estrecha relación entre capital, movilidad social y movilidad espacial.

En el caso de la ciudad El Alto, esta realidad es bastante diferente, pues la mayoría de la gente que apenas logra conseguir un "techo propio para vivir" difícilmente tiende a abandonar su lugar de residencia por más peligrosa y violenta que resulte. Como bien lo expresa Bourdieu (1972), la falta de capital intensifica la experiencia de la finitud; encadena a un lugar. Sin embargo, se advierte que en algunas familias que tienen su vivienda en la parte central de la zona 12 de octubre es recurrente una "movilidad espacial" hacia otras zonas, en términos de lugar de residencia y lugar de estudios de sus hijos. Es decir, existen personas que sin perder la propiedad de su inmueble han decido transferir su vivienda en alquiler y/o anticrético a otras personas para que sean utilizadas como oficinas, tiendas, almacenes, salones o locales públicos y trasladar su lugar de residencia a otras zonas relativamente más seguras.

Frente a esta realidad, y casi ante la imposibilidad de abandonar sus viviendas, otros pobladores urbanos se han visto obligados a organizarse individual y comunitariamente para prevenir, enfrentar, reducir y controlar las manifestaciones de violencia e inseguridad ciudadana. Una de estas estrategias se encuentra vinculada al control estricto del ingreso y la permanencia a ciertos espacios públicos de personas y vehículos "desconocidos" y "sospechosos". Durante la década de los ochenta y noventa, este fenómeno de "modificaciones en los patrones de residencia habitacional" prolifera en diversos países de la región, como ser Argentina, Brasil, Chile y México. En efecto, en los últimos años, se advierte una marcada tendencia a la privatización del espacio urbano público y a la construcción de áreas cerradas para la vivienda en algunas zonas urbanas de la región. A partir de esta nueva realidad, lo que antes eran áreas, zonas y vecindarios abiertos ahora se han convertido en espacios cerrados, aislados y privados, donde no solamente se restringe el ingreso a desconocidos sino que a la vez se convierten en "islas" orientadas al espacio privado.

En la ciudad de El Alto, a diferencia de otras regiones, países, ciudades o zonas, no se advierte la presencia masiva de "barrios cerrados" y/o "comunidades fortificadas". Sin embargo, si bien en esta ciudad no es común ver la presencia de estos "barrios cerrados", existe en ciertas zonas una especie de "otro cerco espacial", a través de la privatización espacial y la restricción en el uso de espacios públicos con el propósito de prevenir, mitigar y enfrentar la violencia, la delincuencia, el miedo, la desconfianza y la inseguridad ciudadana, en ciertas horas y distintos días de la semana. Empero, no solamente se advierte el cerco de espacios particulares por parte de los vecinos sino que también son las propias autoridades municipales las que han procedido a mutilar espacios públicos urbanos, es decir, han decidido cercar espacios públicos: avenidas, plazas y parques para evitar la territorialización de estos sitios por parte de pandillas juveniles, alcohólicos, drogadictos, delincuentes y otros agentes antisociales. Así, por ejemplo, en el Distrito Municipal I se tienen como casos más ilustrativos el "enrejado" de la plaza Juana Azurduy de Padilla, en la zona de Villa Dolores, y el "cerco espacial" de los miradores de Tejada Alpacomay el Corazón de Jesús. Más allá se encuentran las "rejillas" que envuelven el mirador de Ciudad Satélite. Al respecto, autoridades municipales y vecinales señalan que se decidió "enrejar" estos espacios públicos para que "no se destruya el pasto", "para que no ensucien", "para que no se junte la gente", "para que no hayan vendedores", pero en el fondo el colocado de rejas es para evitar situaciones de violencia e inseguridad, sin considerar que la "reja" es una barrera que aleja a estos espacios públicos del contacto humano, función para la que fueron originalmente creados.

Además de este "enrejado", en muchos lugares del Distrito Municipal I se han cerrado calles con tierra, escombros y piedras para evitar el paso de personas y/o vehículos sospechosos. En algunas zonas los vecinos han abierto zanjas profundas, colocado promontorios de tierra o muros de tierra para evitar la circulación de vehículos y cuidarse entre ellos. Según información testimonial, en vista de que estas acciones están prohibidas, los vecinos se las ingenian para no tener dificultades en el cierre de espacios públicos, así ponen excusas como la instalación de alcantarillado, gas domiciliario, arreglo de las calles u otra supuesta obra. Según testimonios recogidos, el "cercar o cerrar" espacios públicos es una decisión que se toma en conjunto, "como no hay vigilancia policial todos los vecinos están de acuerdo a cerrar calles, avenidas, parques o plazas debido a que existen muchos delincuentes que roban, atracan, asaltan, violan e incluso matan". Además la tendencia a "cercar" no sólo se limita al ámbito público, sino que también alcanza a espacios privados, pues viviendas particulares son también "cercadas" o "enrejadas" con vidrios, rejas, cadenas, seguros, alambres de púas u otros materiales. Al respecto, los vecinos expresan: "vivimos angustiados por los constantes robos, asaltos, lo que nos obliga a poner rejas por todas partes y parecería que vivimos enjaulados, atrapados en nuestras propias viviendas".

A través del desarrollo de este mecanismo de autoprotección se advierte la presencia de procesos de segregación y discriminación espacial urbana a través del cerco de distintos espacios públicos, los cuales estarían desapareciendo "simbólicamente" ante el excesivo temor y como resultado de situaciones de violencia, delincuencia, criminalidad e inseguridad ciudadana. Parques y plazas, importantes espacios públicos para el encuentro social, ahora están siendo controlados en términos de acceso y uso, en función de intereses específicos que no guardan relación con los fines para los que fueron creados.

 

Vigilancia colectiva

Las precarias condiciones de vida y de trabajo que prevalecen en esta ciudad obligan a los alteños a estar solidariamente unidos y predispuestos a la organización y la movilización social para reclamar necesidades y/o defender sus intereses. Esta necesidad de agruparse ha dado lugar a la emergencia de una serie de asociaciones y organizaciones sociales como son las Juntas Vecinales, las Asociaciones de Relocalizados, las Asociaciones de Padres de Familia, las Asociaciones Gremiales, las Organizaciones Artesanales, los Sindicatos, los Centros o Clubes de Madres, los Centros de Acción o Centros Culturales de Residentes y las Organizaciones Juveniles. En este mosaico de entidades sociales, una "instancia" que tiene vital importancia en la conformación y en el desarrollo de esta joven ciudad es la llamada Junta de Vecinos, que se constituye en un sistema de organización barrial que articula el espacio urbano en términos de zona, sector, barrio y vivienda y que tiene el propósito de acceder y/o mejorar los servicios públicos urbanos.

Si bien las juntas vecinales nacen bajo el propósito de demandar y lograr la satisfacción de necesidades vinculadas a servicios dentro y fuera de la vivienda, el clima de peligrosidad y de violencia ha determinado la modificación de algunas de sus funciones, es el caso de la prevención y atención de la violencia y la inseguridad. En la actualidad, algunas juntas vecinales son las encargadas de organizar y gestionar la "vigilancia colectiva". En tal sentido, las acciones colectivas como estrategias de autoprotección se han convertido en uno de los mecanismos más sobresalientes en los barrios populares de El Alto (Mollericona, 2007). Es más, la organización de la comunidad es ahora un elemento central en el diseño, elaboración e implementación de programas de seguridad ciudadana, debido a la importancia de conformar redes sociales para enfrentar situaciones de violencia, delincuencia y criminalidad.

En varias zonas del Distrito Municipal I, sobre todo en las más alejadas, periféricas y donde prevalece una influencia de la cultura aymara y un mayor "corporatismo", se advierte la presencia de ciertos sistemas de vigilancia y control social vecinal a través del desarrollo de la vigilancia diurna y nocturna con el afán de identificar y evitar la acción de los antisociales. Este es el caso de Rosas Pampa y Villa Dolores, donde la participación directa y solidaria de los vecinos es mayor, si bien no se advierte la presencia de las denominadas "brigadas vecinales", existe una mayor coordinación entre los vecinos para alertar sobre la presencia de personas y vehículos sospechosos. Se considera que esta modalidad de autoprotección se reproduce bajo la lógica de la vigilancia del "entorno vital" y la "distancia crítica" (Cf. Gontero, 2008).

En Rosas Pampa, donde los pobladores principalmente proceden de zonas rurales y mineras, es más frecuente la vigilancia colectiva vecinal a través de la conformación, de manera voluntaria o espontanea o de forma obligatoria, de "rondas de vigilancia" y a la vez la designación de "jefes de calle". Estas formas de organización social no son más que una reminiscencia y/o añoranza de pasadas y antiguas formas de organización campesina o minera, lo que favorece a la integración de la zona y el desarrollo de acciones colectivas para enfrentar situación de violencia e inseguridad.

En el caso de Villa Dolores, la organización vecinal como forma de autoprotección sólo se visibiliza en ciertos espacios marginales o alejados, donde las juntas de vecinos son las instancias encargas de organizar formas de vigilancia colectiva. En ambas zonas los vecinos cuidan lo que sucede en su entorno más próximo, la familia y la vivienda y más allá, a través de la evaluación de lo que pasa "afuera". Cuando ambos entornos no presagian nada anormal las actividades cotidianas son desarrolladas con "normalidad", pero cuando se percibe cierto peligro o amenaza por medio de algunos signos, como ruidos, golpes, visiones, contactos o presiones, se activan ciertos mecanismos para enfrentar, controlar y defender el espacio público y privado.

En función de esta realidad descrita, periódicamente se llevan a cabo reuniones o asambleas para evaluar las manifestaciones de violencia e inseguridad en sus viviendas, calles y espacios públicos. Si bien antes se utilizaban "instrumentos caseros", como ser pitos, campanas, petardos y silbidos para comunicar la presencia de alguna "persona sospechosas o algún "movimiento sospechoso", en la actualidad y sobre la base del desarrollo tecnológico se utilizan celulares.

Esta forma de "colectivización de la seguridad" va acompaña por el colocado y la exposición de "muñecos colgados" y "graffitis". Los "muñecos" que son construidos artesanalmente son colocados en lugares públicos bastante visibles, como ser postes de luz o teléfono, y muestran de manera simbólica "lo que les puede ocurrir a los delincuentes que se atreven a operar en la zona". Asimismo, en los diferentes espacios públicos es ya lugar común ver "inscripciones" como: "vecinos organizados, ladrón que sea encontrado será sometido a la justicia comunitaria", "te estamos vigilando, la junta de vecinos", "zona protegida contra los delincuentes", "ladrón que sea atrapado será linchado", "auto sospechoso será quemado", "estamos vigilando". Si bien estos mecanismos de autoprotección prevalecen en Rosas Pampa y Villa Dolores, con igual o mayor intensidad también se producen y reproducen en algunos espacios públicos de la "zona residencial" de Ciudad Satélite.

En algunas zonas los vecinos expresan que se han puesto de acuerdo para comprar silbatos e intercambiar números telefónicos o de celulares para luchar contra la delincuencia. Al oír uno el "silbato" o la "llamada" los vecinos deben salir de sus casas, tratar de atrapar al delincuente, en algunos casos golpearlo y amenazarlo de muerte y después entregarlo a la Policía. En tanto que los vecinos de Rosas Pampa sostienen que optaron por realizar rastrillajes y censos, además de recorrido nocturnos y procuran expulsar de la zona a los extranjeros, sobre todo a los peruanos.

Si bien esta forma de autoprotección presenta ciertas ventajas también es evidente que genera ciertos aspectos negativos. En efecto, se considera que la vigilancia colectiva está profundizando aún más la "crisis" que atraviesa el espacio urbano en su ideal de albergar diferencias,. Ahora, el miedo a ser víctima de un delito ha contribuido a la conformación de un rasgo distinto de la ciudad, "el miedo al otro", "el temor a los otros" y "el miedo al espacio público urbano como lugar de encuentro social", estableciéndose una distinción identitaria entre "ellos y nosotros", los "buenos y los malos". Los valores básicos de la convivencia social en términos de confianza, cordialidad y seguridad están siendo sustituidos por valores, sentimientos y prácticas de desconfianza, sospecha temor y miedo hacia el "otro", el "ajeno" o "extraño". Precisamente esta desconfianza es la que conduce a muchas personas a desarrollar un contacto efímero y prevenido con otras personas y con algunos espacios públicos que ya no se constituyen en un lugar de encuentro y esparcimiento seguro.

En el caso de Ciudad Satélite, se menciona que se conocen solamente entre vecinos que "viven años en el barrio" y se desconoce a las personas que han venido a este lugar como inquilinos y/o anticresistas, pues sólo los conocen de vista. No es exagerado manifestar que en el caso de esta zona prevalece una suerte de "exilio en la propia zona". En versión de algunos vecinos se habría perdido el sentido de "comunidad", situación que provoca que algunas personas y/o familias aparezcan como impávidas, frías e inconmovibles, que viven aisladas en el entorno de su vivienda y la comodidad de estar frente al televisor. Debido a ello, no es casual que se afirme que "el miedo es siempre una experiencia individualmente experimentada, socialmente construida y culturalmente compartida" (Reguillo, 2000: 189)⁵.

Si bien la participación de la comunidad organizada en el enfrentamiento de la violencia e inseguridad puede ser un elemento muy importante para efectivizar planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, tanto a nivel nacional como local, el problema radica en el hecho de que esta forma de organización vecinal no aparece como complemento de dichas acciones estatales, sino como la única y principal alternativa frente a la falta de seguridad ciudadana.

 

Quema de guaridas y locales públicos

Otro mecanismo de autodefensa que están adoptando los vecinos y que también implica violencia está relacionado con la quema y la destrucción de espacios privados y públicos que se constituyen en factores precipitantes de la violencia, la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Son varias las oportunidades donde vecinos armados de piedras, palos, herramientas de construcción o combustibles han procedido a destruir e incendiar viviendas particulares, bares, cantinas, tilines, sitios de internet considerados como punto de encuentro de delincuentes. En el primer caso, los vecinos justifican su accionar aduciendo que en ciertas viviendas que son propias o alquiladas viven personas dedicadas a planificar y cometer actos delincuenciales y criminales. En el segundo caso, ante la "ineficiencia" del control policial, municipal y frente a la "impavidez" de los propietarios de bares, cantinas, tilines e Internets, los vecinos han decidido destruir estos espacios considerados como "antros de perdición" para niños, adolescentes y jóvenes y "puntos de encuentro" de antisociales, delincuentes y criminales, en los que además se registran toda clase de delitos, como ser robos, atracos, violaciones y asesinatos.

Sólo con fines ilustrativos mencionamos algunas de estas grandes movilizaciones sociales, que tuvieron como propósito principal destruir estos espacios públicos y privados considerados como focos de irradiación de actos delictivos y violentos.

En mayo de 2007, en la zona 16 de julio, aproximadamente unos mil padres de familia encabezados por dirigentes de la Federación de Padres de Familia El Alto (FEDEPAF), destruyeron e incendiaron alrededor de 30 bares que rodean la Plaza Libertad. Ingresaron a estos los locales y sacaron muebles, sillas, mesas, botellas, cajas de cerveza, equipos de sonido y otros enseres para quemarlos en plena vía pública. Un mes más tarde estudiantes de distintas Unidades Educativas del Distrito 5 protagonizaron una segunda gran movilización con el propósito de advertir a los propietarios de bares y cantinas "que no conviertan sus locales de expendio de bebidas en antros de perversión para los menores de edad". En esta ocasión no se produjeron desmanes ni hechos vandálicos, pero sí hostigamiento a los propietarios de bares y cantinas.

Una tercera gran movilización espontánea de vecinos que derivó en la quema y el destrozo de los locales "Waly Suma, "La Joya", "Los Amigos" y "Cha-caltaya", ubicados en plena Ceja, se produjo el 19 de septiembre de 2007 a consecuencia de la muerte de un parroquiano de 25 a 30 años de edad que recibió una "cuchillada" en el bar Chacaltaya. Los garzones, al intentar meter el cadáver a un automóvil, fueron descubiertos por transeúntes y vecinos quienes reaccionaron provocando los destrozos.

Una cuarta gran movilización de padres de familia y estudiantes que se produjo a mediados de octubre del año 2007 culminó con la quema y el saqueo de locales de expendio de bebidas alcohólicas en las zonas de Río Seco y Villa Dolores. Vecinos de la zona Brasil y Ex Tranca Río Seco incendiaron las cantinas "California", La Florida", "El Caribe" y el "5 mentarios". Un día después y de manera consecutiva por el espacio de tres días una turba enardecida de vecinos, padres de familia y estudiantes replicaron estos hechos en bares y lenocinios de la zona de Villa Dolores. Armados de palos, piedras y fierros la exaltada muchedumbre, que lamentablemente también acogió a delincuentes, quemó y destrozó durante estos días todo "antro de perdición" que encontraban a su paso, incendiaron y destrozaron puertas, ventanas, mesas, sillas, televisores, refrigeradores, camas y hasta un vehículo. Su molestia se incrementó al descubrir "chalecos de policías" en los distintos lenocinios y sólo se apaciguo luego de que las autoridades municipales promulgaran una nueva normativa para el funcionamiento y la ubicación de bares, cantinas y lenocinios.

Si bien estas cuatro grandes movilizaciones llevadas a cabo en el año 2007 son las más importantes, en términos de "quema de guaridas y locales públicos", hay que mencionar también a la movilización del año 2012, llevada a cabo por la Federación de Estudiantes de Secundaria en contra de los bares, cantinas, lenocinios y otros lugares de expendio de bebidas alcohólicas. También se quemaron bares, cantinas y otros negocios con el argumento de que éstos locales ayudaban a provocar mayor violencia e inseguridad ciudadana.

A principios de marzo de 2012, se llevó a cabo una serie de protestas y una gran movilización social con al menos 700 vecinos de las diferentes zonas de la ciudad de El Alto, ante el asesinato de dos periodistas alteños. Esta marcha de protesta, que movilizó a varias organizaciones sociales, se dirigió a la ciudad de La Paz con el principal objetivo de demandar la pena de muerte para asesinos y violadores.

Casi a mediados de octubre de 2012, vecinos de la zona de Rio Seco quemaron los muebles de varios bares clandestinos luego de que la policía encontrara el cuerpo de un joven de aproximadamente unos 25 años asesinado a puñaladas en las puertas de un bar. Anoticiados del hallazgo, alrededor de unas 150 personas se hicieron presentes en el lugar y procedieron a lanzar piedras, para luego ingresar violentamente y quemar en la calle muebles, enseres, equipos de sonido y otros artefactos. Sin embargo, la intención no sólo fue quemar el local sino toda la vivienda bajo el argumento de que el propietario ya había sido advertido para que cierre este local considerado bastante peligroso, situación que fue evitada por la intervención de la policía y los efectivos de la Unidad de Bomberos.

En septiembre de 2013, si bien no hubo quemas de bares y guaridas, se desarrolló una gran concentración social de cientos de personas de las diferentes Juntas Vecinales, la Federación de Mujeres de El Alto y otras organizaciones sociales frente al Tribunal de Justicia para vigilar el desarrollo de la audiencia cautelar de un sujeto de 24 años de edad acusado de cometer una brutal agresión sexual a una bebé de siete meses de edad.

En años posteriores se sucedieron otras movilizaciones de vecinos con cierta periodicidad y con distintos niveles de intensidad. Se tiene conocimiento de otras movilizaciones que culminaron con la quema de bares y cantinas, por considerarlos como "guaridas de delincuentes, "refugio de bebedores consuetudinarios" y "lugar de encuentro de consumidores de drogas". Asimismo, se sabe de apedreamientos de alojamientos considerados como refugio de delincuentes extranjeros, de tortura y quema de delincuentes capturados infraganti, de protestas ante recintos policiales por ausencia de resguardo policial, hechos que caracterizan a una ciudad víctima de la delincuencia y de la ausencia de políticas estatales de mediano y largo plazo en seguridad ciudadana⁶. Al respecto, la información periodística revela que las movilizaciones de vecinos de la ciudad de El Alto tienen cierta periodicidad, pues son frecuentes noticias a propósito de la quema de bares y cantinas por considerarlos antros de perdición de la juventud, apedreamientos de alojamientos, etc.

En opinión de los vecinos, la quema de guaridas y locales públicos se justifica por el hecho de que estos espacios públicos y privados se constituyen en "antros de perdición", sobre todos para los más jóvenes. Al respecto, el presidente de la Federación de Padres de Familia (FEDEPAF) de El Alto, Freddy Valencia, explicó el peligro que representan los bares, cantinas y discotecas en inmediaciones de las escuelas y colegios. Como ejemplo citó que "uno de los problemas en muchas de las unidades educativas es que éstas cierran las puertas a los estudiantes que llegan atrasados y ellos aprovechan la situación para irse a pasear o tomar bebidas"⁷.

En el caso del Distrito Municipal I se sabe que en el año 2013 los vecinos de Villa Dolores intentaron quemar y saquear un alojamiento ubicado en la calle 11, frente al Hospital "Agramont", al enterarse de que en el parqueo de este alojamiento se guardaban vehículos robados y, también, se alojaban súbditos peruanos que eran sospechosos de desarrollar actos criminales y delincuenciales. En esta misma zona, en febrero de 2013, una turba de enardecidos vecinos quemó un local de internet, ubicado en la avenida Antofagasta, donde se produjo el apuñalamiento y la posterior muerte de un joven. Al respecto, la información periodística señala que alrededor de medio centenar de familias y vecinos destruyeron un café internet ubicado en Villa Dolores, El Alto, donde el domingo por la noche fue asesinado Edson Fernando Mayta Aruni. Con carteles y al grito de "¡queremos que se cierre, queremos que se cierre...!", los indignados vecinos ingresaron y destruyeron el local, algunos equipos y mobiliario, antes de quemar las sillas⁸.

También se conoce de otras movilizaciones realizadas en Ciudad Satélite por vecinos enfurecidos que intentaron quemar discotecas, bares y cantinas por la muerte de algunos jóvenes en inmediaciones de dichos locales públicos.

Amediados del mes de abril de 2015, se realizó una movilización de protesta por parte de los transportistas sindicalizados ante la muerte por impacto de bala de dos jóvenes taxistas. El taxista Rodrigo López, de 23 años, fue hallado el martes 7 de abril sin vida junto a su vehículo en Villa Bolívar, un día más tarde, René García, de 34 años, apareció asesinado también a tiros en Ciudad Satélite.⁹ Más de 1.000 choferes marcharon desde la calle 4 de la Ceja hasta el tribunal departamental de justicia de El Alto exigiendo que se haga justicia con varios de sus compañeros asesinados por delincuentes comunes. Según el dirigente del Sindicato 29 de Mayo, desde el año 2007 hasta el la fecha, 58 choferes fueron asesinados. Los choferes reclamaron mejores condiciones de seguridad que les permitan ejercer su oficio con tranquilidad. "Cada día nos jugamos la vida cuando vamos a trabajar", explicó Carlos Prieto, dirigente del sindicato 29 de mayo.

La marcha fue encabezada por este sindicato, al que pertenecían los dos choferes asesinados y se escucharon gritos de "¡Queremos justicia, queremos justicia!" y "¡Pena de muerte carajo!", refiriéndose al castigo que debía recibir el presunto asesino, Boris F. Q., que fue aprehendido el domingo 12 de abril cuando amenazaba con disparar a uno de sus vecinos por un conflicto en torno a un lote de terreno en la misma ciudad¹⁰. En cambio, otras informaciones periodísticas informan que el sospechoso fue detenido el domingo, cuando apuntaba con su arma de fuego a una persona en proximidades del surtidor "Perla Andina", en la zona de Ciudad Satélite¹¹.

El sindicato de taxistas, al que están asociados la mayoría de taxistas y choferes de esta ciudad, acusó a la Policía de no haber hecho nada para detener a ese asesino y a la vez calificó a los uniformados de corruptos: "Ahora seguro van a recibir plata de los abogados y lo van a dejar en libertad", denunció Freddy Bautista, presidente del sindicato 29 de mayo. Asimismo, se declararon en estado de emergencia y advirtieron con el uso de "justicia comunitaria" contra el presunto autor de los asesinatos.

 

Seguridad privada

En Bolivia, principalmente en las ciudades del eje central, han proliferado las denominadas empresas de seguridad privada que ofrecen servicios de protección apersonas particulares, comerciantes, empresas, colegios, urbanizaciones, mercados, centros de diversión, bienes e instalaciones públicas y privadas. Se sostiene que son los sectores sociales de clases altas y medias, los grandes comerciantes y los empresarios los que más utilizan los servicios de estas empresas de seguridad para la protección de sus bienes. Sin embargo, frente a la magnitud que está asumiendo la violencia y la inseguridad ciudadana se advierte que el uso de los servicios de seguridad privada también se ha extendido a otros sectores sociales, como son los gremialistas, las vendedoras de mercados y los propietarios de locales públicos y domicilios particulares.

Según Goldstein (2006), históricamente, la proliferación de empresas de seguridad privada encuentra su principal explicación en la crisis fiscal del Estado, la liberación del mercado, los recortes en el gasto público, la política de privatización, la transferencia de ciertas responsabilidades estatales a manos privadas y en los efectos sociales negativos que ha provocado la aplicación de severas políticas de ajuste económico que al deteriorar las condiciones socioeconómicas del país e incrementar las tasas de desempleo, subempleo y los niveles de desigualdad fue persistentemente provocando manifestaciones de violencia cuantitativa y cualitativamente diferentes a décadas anteriores.

A estos factores, ya señalados, se agrega la desconfianza ciudadana en los mecanismos públicos de seguridad, lo que ha dado lugar a un mayor protagonismo a las empresas de seguridad privada. En tal sentido, se percibe que la seguridad ciudadana como una de las principales responsabilidades del Estado ha sido transferida a "terceras personas", para que mediante un contrato de servicios se ponga a disposición de una "parte, sector o grupo social" un conjunto de medios humanos, técnicos y organizativos con la finalidad de proteger bienes y/o personas (Mollericona, 2006, Moreno, 2006, y Moreno, 2007). En otras palabras, la seguridad ciudadana, una de las principales funciones del Estado, está siendo objeto de un "proceso de privatización", y la responsabilidad constitucional de proteger a los habitantes, garantizarles la vida, la seguridad y la paz se está transfiriendo a la iniciativa privada. Al respecto, Paz (2003: 77) puntualiza que "la retirada del Estado de las obligaciones con la sociedad, aquel llamado Estado de Bienestar, ha acelerado los procesos de violencia, peligro, inestabilidad, incertidumbre, temor y miedo en las distintas colectividades agravando las condiciones de vida de los abandonados, de los pobres y marginados".

Como bien expresa Del Olmo (2000: 84), "en teoría la policía pública funciona como servidora de la población, mientras que la seguridad privada funciona claramente según el interés del individuo y de organismos particulares. Así el control social se ha desplazado del sector público al sector privado, de los gobiernos a las corporaciones y de los grupos locales a los individuos". Esta puntualización implica que la población, sobre todo urbana, se encuentra al interior de dos tipos de control social sobre las actividades violentas y conductas criminales, una dirigida al ámbito público y la otra al ámbito privado. Al respecto, Kessler (2009) señala que "el Estado ausente, en parte, sólo se predispone a observar pasivamente y el mercado parece proponer nuevas formas tecnológicas de respuesta para calmar la ansiedad pero sin ningún resultado cierto".

En el caso de la ciudad de El Alto, en el año 2003, funcionaban alrededor de 10 empresas de seguridad privada. Para el año 2006, se incrementaron a 15 las empresas de seguridad privada, de las cuales más de la mitad no se encontraba legalmente constituida, registrada y, en consecuencia, funcionaba de manera ilegal, la mayoría de estas empresas tenían sus "oficinas centrales" en la Ceja, Ciudad Satélite o Villa Dolores y cubrían diferentes zonas, particularmente comerciales (Moreno 2006 y Moreno, 2007). En la actualidad, se sabe que el número de estas empresas se ha incrementado y que operan en zonas denominadas "comerciales" y "residenciales" y en "oficinas públicas y/o privadas", "tiendas de comercio", "hoteles", "centros educativos" y "locales de diversión".

Como ya se ha señalado, el Distrito Municipal I engloba distintas zonas que presentan marcadas diferencias socioeconómicas y socioculturales que repercuten en diferentes dimensiones de la vida en comunidad, tal como sucede en relación a los mecanismos de autoprotección que producen y reproducen sus pobladores. En el caso de los servicios de seguridad privada, se advierte que espacios urbanos donde prevalece cierta "influencia occidental", bajo un imaginario colectivo "progresista y moderno", se impone la lógica de adquirir servicios de seguridad para la protección de sus bienes y de su zona.

Este es el caso, por un lado, de la zona central de Villa Dolores, donde se recurre a los servicios de seguridad privada principalmente para resguardar negocios, oficinas y centros de diversión; y, por otro lado, de la zona de Ciudad Satélite, donde se busca resguardar sobre todo viviendas, comercios, negocios y la propia vida. Se sabe que para el año 2006, en 10 de los 15 "planes de vivienda" que conforman esta zona existían los servicios de seguridad privada, principalmente de las empresas "Alerta", "Centinela Roma" y "ASPEC".

Si bien en la actualidad no se tienen datos estadísticos sobre el número de empresas de seguridad privada que operan en esta zona se advierte que la mayoría de los "planes" cuenta con este servicio. En cambio, en la zona de Santa Rosa es poca, por no decir nula, la presencia de los "hombres de negro". Por lo general, en esta zona se recurre a la seguridad privada para "cuidar los locales públicos de diversión" que son utilizados para matrimonios, prestes, bautizos u otros eventos sociales y familiares. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, estos mecanismos de autoprotección no necesariamente están ligados a lo moderno y lo comunitario, sino que se combinan también otros medios que oscilan entre "lo moderno" y "lo tradicional". Así, por ejemplo, si bien en Ciudad Satélite prevalece la vigilancia privada, este servicio ha sido concretizado a través de la organización de los vecinos de los diferentes planes, que a la vez ha permitido la "instalación" de casetas de seguridad privada. Sin embargo, en esta zona con "matices de modernidad", cuando capturan a un sospechoso de igual modo lo someten a brutales castigos, e incluso intentan hacer justicia por mano propia.

Los servicios de seguridad privada ponen en evidencia, por un lado, la incapacidad estatal para proporcionar seguridad a los ciudadanos y, por otro lado, la desconfianza de la ciudadanía en torno a la labor institucional de la Policía, y si bien con ciertas limitaciones se encargan de la seguridad individual, familiar, comercial y empresarial, dejan sin protección los espacios que no pueden autofinanciar este tipo de seguridad. La compra de servicios de seguridad privada adquiere mayor importancia en los hogares, en la medida de que los vecinos perciben de que la policía no cumple su labor de manera eficiente y eficaz, Asimismo, revelan la existencia de una "lógica de división y segregación urbana excluyente" que, en función de la "idiosincrasia" y el "nivel económico" de ciertos grupos sociales, establece el acceso o no a la seguridad. Esta idea es congruente con la tesis de Kessler (2000) que señala que existen rasgos discriminativos disfrazados de seguridad que apuntan a espacios específicos, como son los barrios carenciados o las villas miserias.

 

Linchamientos

En la línea de Santillán (2008), se considera que el análisis de los linchamientos urbanos resulta ser de mucha importancia para visibilizar y comprender problemas de inseguridad, pues en él confluyen otros hechos sociales, como la legitimidad del uso de la violencia, la valoración del sistema policial y judicial, la discriminación y marginalidad socioeconómica, la polarización social y la contradicción entre el discurso y la práctica social.

Se define al linchamiento como "una acción colectiva de carácter privado e ilegal, que puede provocar la muerte de la víctima en respuesta a actos o conducta de ésta, quien se encuentra en inferioridad numérica abrumadora frente a los linchadores" (Vilas, 2004: 51). A partir de esta definición hay que señalar que el linchamiento hace referencia a una acción o una ejecución sin proceso legal por parte de un grupo de personas en contra de otra u otras personas que presumiblemente han cometido algún hecho delictivo o criminal. Normalmente esta ejecución contiene tres rasgos principales: 1) son actos o reacciones colectivas, 2) son castigos fiscos e inmediatos que ocasionan la muerte o graves lesiones y 3) son de carácter privado o ilegal. El linchamiento como forma de sanción extrajudicial desafía y deteriora dos principios básicos del Estado: el sometimiento ciudadano al sistema jurídico establecido y el monopolio legítimo del uso la fuerza por parte del Estado.

En la ciudad de El Alto, frente a un clima de violencia, delincuencia, peligrosidad y desconfianza, es ya lugar común el desarrollo de una suerte de mecanismos de autoprotección y de sanción vecinal vinculados a los intentos de linchamiento y los ajusticiamientos consumados. Ambos procedimientos "ilegales y bastante violentos" han sido adoptados en casi todos los barrios alteños, sean estos marginales, suburbanos, populares o considerados residenciales. Esta realidad ha ubicado a esta urbe en la segunda ciudad boliviana que presenta elevadas cifras de linchamientos e intentos de linchamiento.

En esta ciudad no existen estadísticas oficiales sobre linchamientos debido a que no todos los casos son denunciados. Los datos o las cifras parciales que se manejan son aquellos registrados por los medios de comunicación. Pese a esta dificultad, hay que señalar que en los Distritos Municipales 11, 10, 4 y 2, se han producido el mayor número de linchamientos consumados y en los restantes Distritos, si bien no son frecuentes los desenlaces fatales, se han dado numerosos intentos de linchamiento.

Las estadísticas que maneja la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la ciudad de El Alto revelan que durante la gestión 2008 y 2009 se registraron 15 muertes de personas acusadas de cometer robos a domicilio en esta urbe.¹² A principios del año 2010, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de esta urbe informó que se registraron 7 intentos de linchamientos y uno fue consumado.¹³ Hasta marzo del 2012, se sabía que se elevó a 5 el número de linchamientos en la ciudad de El Alto. Para el año 2013, la fuerza policial anticrimen señaló que sólo tuvo 6 reportes de linchamientos o intentos de castigo. Casi a fines del año 2014, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Regional El Alto (APDHRE), informó que hubieron 10 intentos de linchamientos, de los cuales 8 fueron contra inocentes. Sin embargo, esta institución aclara que estas 10 denuncias recibidas son una cuarta o quinta parte del total de intentos de linchamiento o linchamientos consumados.

En esta ciudad, los linchamientos e intentos de linchamiento se han producido en diferentes zonas. Sus principales escenarios son espacios urbanos o zonas consideradas como "rurales", que son habitadas por sectores urbanos populares que recurren a los golpes, apedreamientos, incineración, ahorcamiento y otros castigos físicos para escarmentar a delincuentes o personas sospechosas de cometer un delito. Se considera que en muchos casos los linchamientos o intentos de linchamiento no sólo se constituyen en una "sanción ejemplari-zadora" sino en una sentida demanda de justicia frente al delito y, sobre todo, en una demanda para la atención de problemas de pobreza, discriminación y marginalidad. Sin embargo, cabe mencionar que no en todos los barrios que se caracterizan por la presencia de pobreza y marginalidad, necesariamente se producen linchamientos, pero si resulta evidente que estas precarias condiciones generan un marco propicio para el desarrollo de esta forma de violencia colectiva y por ello no resulta casual que estos hechos sean bastante esporádicos en zonas consideradas como "residenciales".

Si bien los datos estadísticos existentes revelan una concentración espacial de estos hechos de "justicia por mano propia" en zonas específicas, situación que expresa una cierta historia y memoria local, estos linchamientos e intentos de linchamientos también se producen con diferentes niveles de intensidad en las diferentes zonas que conforman el Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto, donde en función de ciertas manifestaciones de violencia e inseguridad se activan sentimientos y prácticas dirigidas al ajusticiamiento. En estas zonas los intentos de linchamiento se constituyen sobre todo en una "respuesta visceral", una forma de "escarmentar" a la persona infractora a través del castigo físico y, a la vez, en una práctica que incluye un fuerte componente de espontaneidad y sensibilidad relacionado con la experiencia individual y/o colectiva de desprotección estatal y social. Es más, aún revelan la marcada desconfianza y el descredito que tienen los organismos de seguridad pública: sistema policial, judicial y carcelario.

Según los testimonios obtenidos en las diferentes zonas de estudio, se sabe que en la mayoría de los casos no existió una intención expresa en los vecinos por "ajusticiar" o "linchar" a quien o a quienes han sido detenidos o "pillados infraganti", sino que después de "escarmentarlos" se ha pedido la intervención de la policía o la solicitud de policías para "salvaguardar la vida del acusado" y así poder entregarlo a las autoridades judiciales competentes.

Si bien en la mayoría de las zonas del Distrito Municipal I no prevalecen estas "prácticas de autoprotección ilegales", se considera que el análisis del tema de los linchamientos es vital para visualizar los problemas de seguridad e inseguridad ciudadana, pues en la consumación o el intento de hacer "justicia por mano propia" concurren aspectos tales como la legitimidad del uso de la violencia, la valoración del sistema policial y judicial, la efectividad de la policía, los vínculos de identidad y pertenencia, el temor al delito, los imaginarios del miedo y la creencia de que el castigo físico es un mecanismo de prevención para evitar mayor delito y criminalidad.

 

Otros mecanismos de autoprotección

Algunos mecanismos de autodefensa que han adoptado los pobladores del Distrito Municipal I están vinculados a la costumbre de "no llevar grandes sumas de dinero", "tarjetas de crédito", "ni exhibir joyas de valor" y, en casos de alejamiento del domicilio, "encargar a los vecinos o familiares" para que "le den una mirada a la casa" o "se den una vueltita por las noches".

En el caso de Ciudad Satélite, una buena parte de los propietarios de las viviendas han decidido colocar fierros a sus ventanas, cortinas metálicas, puertas dobles o elevar los muros. En relación a lo último, se advierte que en los vecinos de esta zona es "más fácil poner, seguros, chapas o alarmas" que "ponerse de acuerdo con los vecinos para evitar situaciones de violencia, delincuencia y criminalidad"

En el caso de Villa Dolores, algunos dueños de grandes negocios o tiendas comerciales, como una otra forma de autoprotección, han optado por adquirir los "microseguros" que cubren, entre otras situaciones, el robo de objetos personales. Si bien, el mercado de seguros es incipiente en el país, uno de los seguros que poco apoco ha ingresado en estos sectores es el denominado "Seguro de Protección de Cartera", que brinda protección integral en caso de robo y asalto que ocasionen la perdida de documentos personales y objeto que habitualmente se llevan en la cartera: tarjetas de créditos, celulares y otros objetos. En caso de que la víctima sufra un ataque violento al margen de reponer las pertenencias robadas se cubren los gastos médicos. Asimismo, en estas zonas consideradas como comerciales, frente a robos o intentos de robo, se tiende a instalar alarmas, circuitos cerrados de televisión, cámaras de vigilancia, control de acceso, sensores y otros recursos tecnológicos. Esto implica asignar mayores recursos económicos para el establecimiento de medidas de seguridad propias, en la medida de que estos "negocios", "locales" o "tiendas" han sido víctimas de robo en una, dos o más ocasiones o han sido víctimas de intentos de robo.

En el caso de Rosas Pampa, los mecanismos de autoprotección estas más vinculados a prácticas tradicionales y baratas, como el colocado de "cuernos de toro" en las paredes, el colocado de "vidrios" en los muros, la tenencia de varios perros. Asimismo, en esta zona prevalecen más los "refuerzos" facticos y simbólicos para las viviendas y "los acuerdos entre los vecinos", para que "se mire la casa", "ver a las guaguas" o "sentarse en las puertas para controlar el espacio tanto dentro como fuera de la vivienda".

Otro mecanismo de autodefensa surge a partir de la familia y la socialización de sus miembros en torno al acceso y uso de ciertos espacios sociales en términos de espacio percibido, concebido y vivido. Asimismo, la inseguridad delictiva expresada en una serie de delitos también ha incrementado el temor al delito y ha obligado a reconfigurar las relaciones sociales. En efecto, a través de los relatos familiares se identifica y se asume ciertas "conductas evitativas" destinadas a reducir la vulnerabilidad frente a la violencia y el delito, en función de ello se concluye qué horas, lugares, personas o situaciones son consideradas como amenazadoras, riesgosas, peligrosas, violentas e inseguras. Como bien dice Gontero (2008) "la familia no está aislada del contexto, su interacción necesaria con la dinámica social implica una negociación y readecuación constante de sus modelos de orden. Por consiguiente, desde la familia se reproducen representaciones sociales que funcionan también como dispositivos de vigilancia y control".

Emily Durkheim plantea que desde el punto de vista social, la familia entrega y socializa pautas, códigos y prácticas sociales que comparte con la sociedad. En función de ello es válido señalar que la familia en muchos casos socializa a sus miembros bajo la lógica del temor, el miedo, la amenaza y la intranquilidad, determinando ciertas prácticas sociales que les permiten enfrentar situaciones, personas o espacios considerados como peligrosos o amenazantes.

Al respecto, Kessler (2009), señala que la inseguridad y la necesidad de autoprotección están modificado los roles maternos y paternos, en términos de educar y criar a los hijos bajo la imagen de un pasado más seguro y donde la inseguridad no era un tema de preocupación. En función de ello, a los niños no se los deja solos, no van a jugar a la calle, se los lleva y recoge de la escuela y en el caso de los jóvenes y adolescentes se tiende a evitar que vayan a fiestas, se limitan las horas de salida y controlan las horas de llegada y se lo lleva, recoge o espera a tomar la "movilidad". Esta realidad descrita implica que en sociedades contemporáneas se estaría criando a los hijos bajo una lógica del miedo y del temor que tiende a apartarlos de los espacios públicos, las calles, las plazas, los parques, las diversiones y el esparcimiento, es más, se considera a los espacios de esparcimientos público como poco o nada seguros. En este sentido, hay que decir que existe una tendencia a construir un "habitus familiar" evocando épocas pasadas donde supuestamente existía mayor seguridad y tranquilidad.

 

A modo de conclusión

Establecer ciertas medidas de autoprotección implica poner en marcha toda una "ingeniera social" y un "arsenal de prácticas sociales" dirigidas a contrarrestar factores precipitantes y manifestaciones de violencia e inseguridad. Sin embargo, precisar que estas prácticas de autoprotección o soluciones locales no se pueden extender mecánicamente a otras realidades, pues no son necesariamente "generalizables" y "replicables", debido a que algunas de ellas pueden ser buenas, útiles, eficaces y eficientes o en su defecto infructuosas, inefectivas, negativas e ineficientes. Esta realidad implica que estos mecanismos de autoprotección que son resultados del incremento de la inseguridad, tanto objetiva como subjetiva, en su desarrollo provocan ciertos aspectos positivos y negativos, es decir, determinadas luces y sombras.

Con relación a los aspectos positivos, hay que señalar que independientemente de la forma como se desarrollan los mecanismos de autoprotección en cada zona, la mayoría de las personas señalan que se sienten mucho o bastante más seguros con la adopción de ciertas medidas de autoprotección y la vez expresan que estos dispositivos contribuyen a incrementar la seguridad en sus dos dimensiones, es decir, frente al riesgo real y el riesgo percibido. Es el caso particular de la "seguridad privada", los "cercos vecinales", la "vigilancia colectiva" y la "compra de perros". Asimismo, expresan que la "vigilancia vecinal" contribuye a crear y fortalecer vínculos de solidaridad y compañerismo entre los diferentes vecinos. Vinculado a este punto, hay que mencionar que la intención de involucrar a la población directamente en la lucha contra la violencia, delincuencia e inseguridad, resulta también positiva, sobre todo en aquellas zonas donde la presencia policial es reducida y muchas veces inexistente. Esta situación podría instaurar el vínculo entre la comunidad y la policía para desarrollar acciones conjuntas. Pero como toda cosa buena, la mayor participación y control vecinal también tiene ciertas implicaciones negativas.

En relación a los aspectos negativos, hay que mencionar que a pesar de la buena intención de estas labores informales de autoprotección, en algunas ocasiones se desarrollan una serie de situaciones que se encuentran al margen de ciertas reglas, normas, costumbres, valores y regulaciones socialmente aceptadas y establecidas y, paradójicamente, se constituyen en mecanismos a través de los cuales también se genera mayor violencia, inseguridad y trasgresión de los derechos ciudadanos, es decir, la desesperada búsqueda de seguridad estaría provocando igualmente una suerte de inseguridad objetiva y subjetiva en otros individuos o grupos sociales, pues en ocasiones estos mecanismos de autogestión de seguridad enfrentan el delito con el desarrollo de otro delito. Como bien lo expresan algunos especialistas la violencia tiene un efecto "dominó", pues la violencia genera mayor violencia, debido a que se trata de evitar la violencia con diferentes manifestaciones de "otra" violencia, surge la paradoja de combatir un problema con otro problema.

Se considera que involucrar a la población en acciones de atención y prevención en la lucha contra la violencia, la delincuencia y la criminalidad resulta ser bastante positiva, sobre todo en zonas alejadas donde la presencia policial es débil, por no decir, nula, situación que puede permitir un acercamiento mutuo entre la comunidad y la sociedad y, a la vez, posibilitar el desarrollo de acciones conjuntas y la conformación de "redes locales de lucha contra el delito". Sin embargo, en esta relación entre ciudadanía y policía se debe establecer claramente ciertas facultades para evitar confusiones, excesos y reacciones violentas e impredecibles por parte de los vecinos ante la comisión de un hecho violento y/o delictivo, es decir, se debe evitar que bajo el pretexto de mayor seguridad se comentan arbitrariedades, tal como ha sucedió en muchas oportunidades donde vecinos han detenido y en algunas ocasiones han infligido severos castigos contra presuntos responsables. Si bien la participación de la comunidad organizada resulta ser bastante importante para prevenir y enfrentar situaciones de violencia e inseguridad, la dificultad se presenta cuando esta organización ciudadana o vecinal se convierte en la única y principal alternativa de autoprotección frente a la débil presencia de los mecanismo de seguridad ciudadana.

En función de estas realidades, parafraseando a Castel (2004), es validó sostener que "el sustrato de la sociedad de riesgo es la vulnerabilidad ante la creciente incertidumbre que genera la sociedad moderna; que está constituida sobre el terreno fértil de la inseguridad, esto porque son sociedades de individuos que no encuentran, ni en ellos mismos ni en su medio inmediato la capacidad de asegurar su protección"¹⁴. Estas acciones de autoprotección que en algunos casos implican cierto gasto económico se explican porque se percibe que existe una gran probabilidad de ser víctimas de algún tipo de violencia o delito en el hogar, el barrio, la vía pública y la vez demuestran que detrás del desarrollo de estas acciones de autogestión de seguridad también existe un cálculo "costo/beneficio" y un "costo extra" para comprar o adquirir una "sensación de seguridad", se está hablando entonces de lo que muchos especialistas mencionan "el negocio del miedo". Debido a ello, no resulta casual que se enuncie que la violencia se vende bajo la forma de servicios de protección a cualquier persona que esté en condiciones de pagarla; en ese sentido, han proliferado las empresas de servicios privados de seguridad, las instalaciones de cámaras, alarmas, rejas y se ha incrementado la venta de perros ya no como mascotas, sino como guardianes (España y Gorza, 2013).

Al respecto, Kessler (2009: 13) sostiene que el "mercado de la inseguridad, la vigilancia privada y el control electrónico, entre otros servicios, han conocido un crecimiento exponencial y diferenciados". Este mismo autor asegura que los estudios criminológicos han considerado que las estrategias elusivas, como evitar ciertas zonas y restringir salidas; las defensivas, como la instalación de alarmas, rejas y cámaras de vigilancia, entre otras, son consecuencias del sentimiento de inseguridad. Sin embargo, también expresa que sería un error interpretar que estos dispositivos de seguridad son un claro indicador del temor de quien lo utiliza, pues muchas veces son parte del consumo cultural y si bien en algunos casos incrementan el control del entorno, en otros más bien complican la vida cotidiana, pero con todo ello operan en el sentimiento de inseguridad, a veces aplacan el desasosiego, otras lo intensifican o quizás funcionen como un recordatorio constante de una amenaza circundante. Como bien lo expresa Korstanje (2010:460), el "Estado ausente en parte sólo se predispone a observar pasivamente y el mercado parece proponer nuevas formas tecnológicas de respuestas para calmar la ansiedad, pero sin ningún resultado cierto". O como también lo sugiere Beck (2002), la percepción del riesgo se encuentra vinculada a una necesidad de consumo.

En esta línea de explicación puede resultar interesante conocer los efectos o las consecuencias que están provocando estas medidas de autoprotección en la reducción o el incremento de las tasas de victimización, el temor al delito y la percepción de seguridad ciudadana. Asimismo, saber qué impacto económico representan estas medidas de autoprotección en el presupuesto económico familiar del hogar. Solamente existen ciertas deducciones que señalan que el desarrollo de ciertos mecanicismos de autoprotección incrementan los sentimientos de seguridad y que los hogares pobres se ven obligados a "gastar más" en el desarrollo de medidas de autoprotección, pues la inseguridad golpea "doblemente" a los "hogares más pobres".

Si bien el desarrollo de algunas medidas de autoprotección resultan ser preocupantes, debido a que generan mayor violencia e inseguridad, se advierte que a diferencia de otros países, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Colombia y México, en Bolivia y en particular en esta ciudad no se recurre como una forma de autoprotección a la compra y la tenencia de armas de fuego. Sin embargo, hay que manifestar que algunos vecinos de esta ciudad, y sobre todo choferes sindicalizados, han pedido portar armas para responder a los ataques de los delincuentes y en algunos casos se habla de la conformación de "rondas armadas" para evitar asaltos en las calles de los barrios más alejados del centro de la ciudad. Esta medida de prevención situacional y de prevención directa que se halla en auge en otros países de la región responde a determinadas características económicas, políticas, sociales y culturales diferentes. Al respecto, varios estudios señalan que la tenencia de armas de fuego ha incidido negativa e directamente en el incremento de los hechos de violencia y que, a la vez, la venta de armas se ha constituido en gran negocio para un conjunto variado de actores sociales e institucionales (Españay Gorza, 2013).

 

Nota

1      Sociólogo, docente de la Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. E-mail: moreno1660@hotmail.com

2      Según algunos paleontólogos la fecha de inicio de la relación hombre/perro data de unos 31.700 años

3      La Razón, 02.02.15.

4      Según el Director de Zoonosis de la Alcaldía de El Alto, se tienen el registro de 191.921 canes, de los cuales 38.384 duermen en las calles, en general, se trata de perros que no tienen dueño ni vivienda y de los que tienen dueño pero sus casitas están instaladas en las calles.

5     Citado por Rincón, Omar y Rey, Germán (2010)

6     Los Tiempos, 15.04.15

7     La Razón, 03.06.12

8     La Prensa, 06.02.13.

9     Ambos choferes trabajaban en la estación "Mirador" de la línea amarilla del Teleférico, en Ciudad Satélite.

10   La Razón, 14.04.15.

11   El Alteño, 14.04.15.

12   El Alteño, 06.03.10.

13   El Alto (ERBOL), 19.02.10.

14   Esta puntualización se encuentra citada en San Martin (2013).

 

Bibliografía

Beck, Ulrich (2002). La sociedad del riesgo global. España: Siglo Veintiuno Editores.        [ Links ]

Bourdieu, Pierre (1972). Sociología y cultura. México: Grijalbo.        [ Links ]

Cruz, José Miguel (2000). "Violencia, democracia y cultura". En Inseguridad, Violencia y Miedo en América Latina, Revista Nueva Sociedad. N° 167. Caracas, Venezuela.        [ Links ]

Del Olmo, Rosa (2000). "Ciudades duras y violencia urbana". En Inseguridad, Violencia y Miedo en América Latina. Revista Nueva Sociedad. N° 167. Caracas, Venezuela.        [ Links ]

Delumeau, Jean (2002). El miedo en occidente. Madrid: Taurus.        [ Links ]

España, Raúl y Piero Gorza (2013). La problemática de la inseguridad. La Paz: UMSA.        [ Links ]

España, Raúl (2010). "Las percepciones sobre la calidad de vida y la seguridad ciudadana en la ciudad de La Paz". En La ciudad sobre la mesa. Observatorio La Paz cómo vamos.        [ Links ]

Gontero, Natalia (2008). "Representaciones de la (in)seguridad y la violencia urbana. La mirada de los jóvenes en la Ciudad de México". En Seguridad multidimensional en América Latina. Fredy Rivera Vélez (ed.): 433-50. Quito: FLACSO - Sede Ecuador.        [ Links ]

Kessler, Gabriel (2009). El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.        [ Links ]

Korstanje, Maximiliano: "Reseña de la sociología del riego: hacia una nueva modernidad de Beck, Ulrich". En Economía, sociedad y territorio. Vol. X, núm. 32, enero-abril, 2010, pp 275-281. Toluca, México: El Colegio Mexiquense. Disponible en www.redalyc.org/articulo.oa?id=11112509011 (Consultado el 11.03.15).        [ Links ]

Korstanje, Maximiliano (22, mayo de 2010). "Reconsiderando el concepto de Riesgo". En Luhmann, Revista Mad. Pp. 275-281. Departamento de Antropología, Universidad de Chile. Disponible en www.revistadefilosofia.org/55-08.pdf (Consultado el 11.03.15).        [ Links ]

Mollericona, Juan, Ninoska Tinini y Adriana Paredes (2006). La seguridad ciudadana; entre las fronteras de lo público y lo privado. La Paz: PIEB.        [ Links ]

Mollericona, Juan. (2013). Radiografía de los linchamientos en la ciudad de El Alto. Disponible en https://es.scribd.com/doc/153798890/Linchamientos-en-El-Alto.        [ Links ]

Moreno, Antonio (2014). "Violencia delictiva e inseguridad ciudadana". En Revista Temas Sociales N° 35. La Paz: IDIS/UMSA.        [ Links ]

Moreno, Antonio. (2011). "Violencia e inseguridad ciudadana en la ciudad de El Alto". En Revista Temas Sociales N° 31. La Paz: IDIS/UMSA.        [ Links ]

Moreno, Antonio (2007). Plan de Seguridad Ciudadana en la ciudad de El Alto. La Paz: UMSA/IDIS.        [ Links ]

Moreno, Antonio (2006). Violencia e inseguridad ciudadana: El caso del Distrito Municipal I de la ciudad de El Alto. La Paz: UMSA/IDIS.        [ Links ]

Paz, Eduardo (2013). "La sociedad del miedo y la inseguridad: Construcción de un modelo político y social penalizando la pobreza y la marginalidad". En Revista Temas Sociales. N° 33. La Paz: IDIS/UMSA.        [ Links ]

Reguillo, Rossana (2000). Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto. Colombia: Grupo Editorial Norma.        [ Links ]

Reguillo, Rossana (1996). La construcción simbólica de la ciudad. Sociedad, desastre y comunicación. México: Universidad Iberoamericana/ITESO.        [ Links ]

Reguillo, Rossana (2005). "La mara: contingencia y afiliación con el exceso". En El futuro ya no es como antes. Ser joven en América Latina. Revista Nueva Sociedad. N° 200. Caracas, Venezuela.        [ Links ]

Santillan, Alfredo (2008). "Linchamientos urbanos. "Ajusticiamiento popular" en tiempos de seguridad ciudadana". Revista de Ciencias Sociales. N° 31. Ecuador: FLACSO. Disponible en repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/536 (Consultado el 01.12.14).        [ Links ]

Saravia, Joaquín (2014). Entre la inercia institucional y la autodefensa local. La Paz: UMSA.        [ Links ]

Saravia, Joaquín (2014). Victimización e inseguridad ciudadana en Bolivia. Entre la inercia institucional y la autodefensa local. La Paz: UMSA-IDRU-CCI y Carrera de Trabajo Social.        [ Links ]

Saravia, Joaquín (2010). "La búsqueda de respuestas y soluciones". En La ciudad sobre la mesa. Observatorio La Paz cómo vamos.        [ Links ]

Varnoux, Marcelo (2014). La calidad de la democracia en Bolivia 2013. La Paz: Grupo Editorial la Hoguera.        [ Links ]

Varnoux, Marcelo (2003). La seguridad ciudadana en Bolivia: entre la delincuencia y los motines policiales. La Paz: Dialogo Político.        [ Links ]

Wagner, Wolfgang y Fran Elejabarrieta (1996). "Representaciones sociales". En Psicología Social. Francisco Morales, Miguel Moya y Enrique Rebolloso (eds.). Madrid: McGrawHill.        [ Links ]