SOCIOLOGÍA POLÍTICA

 

Violencia, democracia y Gobernabilidad de los países andinos de la subregión (Bolivia, Ecuador, Perú)

 

 

Carmen Rosa Balbi S.
Pontificia Universidad Católica Del Perú.

 

 

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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo trata de analizar y reflexionar sobre la precariedad y las características de las democracias andinas en la subregión cuyo rasgo más resaltante sea quizá haber sacado del poder a los presidentes, por la vía de la movilización en las calles.

En él abordaremos en primer lugar las características a través de una reflexión de las encuestas sobre la democracia en la región del Latino-barómetro en el periodo 2001-2005.

En un segundo acápite nos aproximamos a las determinantes históricas que la han ido determinando y confirmando esta precariedad particular de las democracias de la subregión.

Finalmente, en el tercer acápite, presentaremos una reflexión somera de lo que serían la(s) izquierdas en la subregión.

 

1 LOS PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILlDAD EN LOS PAÍSES DE LA SUB REGIÓN: BOLIVIA, PERÚ, ECUADOR.

La erosión de la democracia en la subregión

Dicha erosión que muestran a continuación los cuadros, ocurre en el contexto mayor de la región en los que la democracia representativa y sus instituciones para procesar las demandas y expresar un Estado como espacio de negociación de los conflictos sociales presentan alta falta de credibilidad. Esto queda ilustrado en las mediciones del Latinobarómetro tomando desde el año 2001 al 2005, que presentamos a continuación y que no es otra cosa que una alta desafección de la democracia representativa, más aguda en nuestra subregión.

En primer lugar, es visible que los tres países de la región, para ese período previo al ascenso al poder de gobiernos que se denominan de izquierda (Bolivia, Ecuador), muestran los niveles de legitimidad más baja de las instituciones pilares de la democracia, el Congreso y los partidos políticos.

Ello se reafirma cuando, crecientemente, la característica más importante atribuida a la democracia es, además del valor de las elecciones libres, una economía capaz de garantizar un ingreso digno como lo vemos en el siguiente cuadro (cuadro No. 1).

Cuadro No. 1
CARACTERÍSTICA MÁS IMPORTANTE DE LA
DEMOCRACIA AMÉRICA LATINA 2001-2005

Ello se agrava si tenemos en cuenta que en estos países existía de manera acumulada (2001-2005), una menor legitimidad respecto al Estado de Derecho y de los deberes y derechos que esto conlleva, en la percepción de las gentes, en la medida que las mayorías perciben que el Estado no puede hacer cumplir el imperio de la ley y las leyes consagradas que de otro lado hoy los pueblos conocen y han interiorizado.

Ello se conjuga con el hecho de que la aprobación de: a) gobierno, b) legitimidad en la elite y confianza en el Presidente, son muy bajas, en particular en Perú y Ecuador como se observa en el cuadro (ver cuadro No. 2).

Cuadro No. 2

Percibimos aquí que los países andinos son claramente los que tienen la menor percepción del Estado de Derecho (Ecuador, Perú y Bolivia), es decir que tomando un viejo proverbio de la época colonial "la ley se acata pero no se cumple". La percepción es que el Estado no tiene capacidad de hacer cumplir las leyes. Que el Estado es poco legítimo lo mostraría el cuadro siguiente (ver cuadro No. 3).

Cuadro No. 3
LOGRO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
PROMEDIO AMÉRICA LATINA Y POR PAÍSES 2005

En los países de la subregión esto parece más agudo, contrastándose con la percepción de un poder mayor de las grandes empresas, en el mismo indicador tomado.

Esta débil legitimidad del Estado redunda en que la gente no tiene confianza en él, cuestionando su eficacia y la honestidad del gasto público, donde nuevamente estos países son aquellos que tienen menor confianza en la probidad del mismo, siendo las percepciones de la corrupción alta en los países de la subregión un elemento destructor de la legitimidad de la democracia y sus instituciones.

En realidad la corrupción es uno de los problemas más graves y críticos de América Latina, donde en todos los países hay una percepción mayoritaria por encima del 60% de que los funcionarios públicos con corruptos y ello decididamente conspira contra la legitimidad del Estado (cuadro No. 4).

Cuadro No. 4
CORRUPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
TOTAL AMÉRICA LATINA Y TOTALES POR PAIS 2005

Por otra parte los países andinos, Perú encabezando el conjunto, aparecen como los más insatisfechos con la democracia.

En el Perú sólo e1 13% se declara satisfecho con la democracia a diferencia de Uruguay con el 63% y Venezuela con el 56%.

Paradójicamente estos tres países que son los que muestran tanto indicadores sujetivos como objetivos, son los que le dan la mayor valoración a la democracia y a sus instituciones, son los que dan la mayor importancia a las elecciones democráticas como forma de cambiar las cosas lo que ha incrementado la competitividad política, curiosamente valorada ahora más que las libertades civiles en términos de las dimensiones que más se toman en cuenta del régimen democrático, salvo el Ecuador en menor grado, largamente por encima de países de mayor institucionalidad, como Chile y Uruguay (ver cuadro No. 5)

Cuadro No. 5

Ello quizá porque Ecuador es el país que más veces ha hecho uso de lo que llama Revocatoria Popular (1997 - 2001 - 2003).

Sin embargo en nuestros países de la subregión, a pesar de la debilidad de lo partidos políticos, se constata, salvo Ecuador -que resultaría discutible-, un alto nivel de participación política, que pareciera una forma principal y sin substituto de acotar y fiscalizar a los políticos y las instituciones.

Esta participación de otro lado se ve reflejada en la presión popular que existe para la renuncia de presidentes elegidos democráticamente, pero altamente insatisfactorios. Viene a ser nueva "institución" que se podría llamar de revocatoria popular.

Además de lo ocurrido en Ecuador, en Bolivia la población empujó la salida de dos presidentes en el último quinquenio y en el Perú la salida de Fujimori en las calles en el 2001.

Hoy los países de la Región Andina caracterizados históricamente por una precariedad de sus democracias enfrentan o han llevado a cabo como Bolivia, o Ecuador ahora, procesos refundacionales de la democracia, que parecen encaminarse a través de procesos electorales, buscando por la vía democrática realizar las transformaciones pendientes, como parece indicarlo el proceso abierto con la elección de Evo Morales en Bolivia y de Correa recientemente en Ecuador, en la perspectiva de una democracia más inclusiva.

Estos desafíos se enmarcan en lo que los distintos indicadores muestran sobre los altos niveles de desigualdad que existen en la región. Ocurre como lo señala la consultora Standard & Poor's que e1 10% más rico de la población latinoamericana y caribeña se lleva el 48% de los ingresos mientras el 10% más pobre obtiene apenas el 1.6%, donde América Latina muestra la distribución de ingresos más desigual en el mundo (La República, 18-1-2006).

Y es que, siempre según dicha consultora de Wall Street, se reconoce y asume que "la aplicación de reformas económicas de libre mercado no generó el bienestar esperado entre la población pobre de la región". Ésta sería la clave para explicar el resurgimiento de la izquierda.

"La persistencia de la pobreza y de la desigualdad en el nivel de ingreso, pese a dos décadas de reformas económicas, ayuda a explicar el giro poiítico a la izquierda que se está registrando en América Latina".

Dora Bustillo, directora de la Oficina en Washington de la CEPAL, ha señalado que "el 2005 fue el tercer año de crecimiento consecutivo de la región a un 4.3%". El caso del Perú fue particularmente destacado, pero los resultados macroeconómicos positivos no se han traducido en menos desigualdad.

"La pobreza sigue siendo extremadamente alta, 40.6% de la población vive en condiciones de pobreza y de ellos 16% en la indigencia. Aún quedan desafíos como una reducción significativa de la pobreza y una mejora en la distribución del ingreso", explicó la experta.

Al revisar las estadísticas del Programa Mundial de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Latinoamérica ocupa los puestos de mayor disparidad en el planeta, incluso por encima de varios países africanos que son identificados como muy pobres.

En esa línea, Sebastia Briozzo, analista de S&P, resalta en un comunicado esas diferencias que generan malestar entre la población. "América Latina todavía muestra niveles muy altos de pobreza y la distribución del ingreso más desigual en el mundo"- indica.

Es así que el fortalecimiento del contrato social (y por ende la consolidación de la democracia) en sociedades con pobreza constante y una distribución altamente desigual del ingreso, continuará siendo el desafío mayor para muchos gobiernos de América Latina.

 

2. Raíces históricas de la precariedad democrática

La precariedad de consolidación de la democracia en Bolivia y Ecuador con fuertes poblaciones de características indígenas, está directamente relacionada a los indicadores de exclusión social; fracturas étnico-raciales y débil incorporación al Estado Nacional La historia de la democracia y de la Independencia en América Latina no es la de una elite económica burguesa, que entiende que debe confrontarse con la gran propiedad latifundista, - expandir el mercado interno modernizando las relaciones de producción, generando con ello asalariamiento e incorporación de la población campesina indígena de fuerte arraigo y densa historia cultural.

Los procesos independentistas en América Latina, por el contrario nacerán marcados por la mantención y o redefinición de alianzas de las elites criollas independentistas blanco-mestizas con la gran propiedad latifundista. Lo que implicó mantener intocadas las condiciones de subordinación precapitalista y de semifeudalidad de las poblaciones indígenas mayoritarias territorialmente y en la conformación de estos estados nación.

Ello a pesar de la impronta liberal de las Constituciones con las que nacen los Estados Nación en AL, inspiradas en los ideales de la Revolución Francesa y la constitución de ciudadanía e igualdad para todos los miembros de los nacientes estado nación. En el Perú en particular, la independencia vino desde fuera y supondrá el nacimiento de la nación con la exclusión de facto de la población indígena de los derechos de ciudadanía que señalaban la Constitución.

El Estado no logra expresar en los países andinos el interés general en la medida que subsistan relaciones serviles y feudales. No hay una burguesía de carácter nacional, con capacidad para romper los privilegios oligárquicos y culminar un proceso de constitución nacional. El orden será impuesto sólo coercitivamente por el grupo dominante, que en rigor difícilmente puede denominarse clase dirigente. La independencia más bien mantuvo y permitió la extensión de la estructura de la Hacienda con formas semiserviles, con amplias poblaciones excluidas de la ciudadanía y donde la hacienda no era sólo fundamentalmente una forma de explotación económica sino la forma como se organizaba ideológicamente la sociedad, articulando formas patemalistas y clientelistas entre estado y sociedad. De allí que Mariátegui el notable pensador peruano, apuntara en 1927 que, sobre estructuras económicas precapitalistas, no podían prosperar las instituciones de la democracia representativa.

Esto supuso los enormes divorcios que persisten aún, entre la sociedad formal, legal y "la sociedad real"; el impacto más importante es que no se producirá una universalización de derechos; más bien una imposibilidad de acceder a derechos básicos como los que se estipulaban en la Constitución; donde la fracturas étnico-raciales y concretamente ideologías racistas que florecen en torno a ella, con elementos de profundo desprecio cultural a causa de una hegemonía ideológica y cultural de fuerte valoración y afirmación hispanistas, terminarán de consolidar sociedades con grados significativos de exclusión social, política y cultural de las poblaciones indígenas, convertidas en una amplia población campesina, en el Perú, como en Bolivia quechua- hablante hasta hoy.

Como ha señalado el historiador Richard Morse, en A. Latina las Constituciones serán más una carta programática de largo plazo, antes que reglas de gobierno. Se complementó con ello la ausencia o debilidad de una institucionalidad efectiva, con reales canales de procesamiento de las demandas de la población, la existencia de canales de negociación y políticas de estado frente a dichas demandas (que para la población campesina era centralmente la tierra), y la institucionalización de estos canales en coherencia con políticas específicas; resulta claro ahora que es decisiva para garantizar la gobernabilidad de un país, la base de la garantía de un orden social, que sea inclusiva de toda la población, teniendo así viabilidad y garantizando la estabilidad social y política. Al estar ausentes dichos mecanismos de diálogo institucionalizados, las demandas tienden a eclosionar desordenada y caóticamente no exentas de formas diversas y a veces sostenidas de violencia.

Con fuertes contingentes de población de origen indígena, excluida históricamente en los países andinos a ser analizados, encontramos una débil cohesión social. La nación resulta aún una entidad en formación, con múltiples expresiones identitarias. A ello se aúna una débil (o inexistente) presencia del estado e institucionalidad local- regional válida; escasa legitimación de las instituciones de la democracia representativa y más bien su acelerada deslegitimación (Latinobarómetro 2005), que se hace extensivo al sistema de partidos políticos bastante erosionado en los tres países, en la medida que aparece incapaz de articular las demandas societales de poblaciones y grupos movilizados que pugnan por la inclusión social. La fragilidad y precariedad de la democracia entendida como forma de organizar la sociedad se hace más evidente.

Si revisamos la historia, aún la reciente, de estos países andinos en cuestión, ella está llena de posibilidades abortadas de articular en el estado-nación a la población movilizada que busca la incorporación social. Podemos mencionar la trunca revolución boliviana de 1952, que sobre el apoyo de la movilización campesina decreta la Reforma Agraria y la nacionalización de la minería, las movilizaciones campesinas y el posterior proceso- también trunco- de reforma agraria bastante radical de ruptura del orden oligárquico terrateniente producido en Perú bajo el Velasquismo (1970), los complejos procesos de cambio ocurridos en las últimas décadas en Ecuador, y las limitaciones que produce un sistema de relacionamiento societal, limitante para aceptar el proyecto de ciudadanización indígena de parte de la sociedad blanco-mestiza.

La resultante de estos bloqueos para la incorporación a la sociedad nacional, la ausencia de un proyecto de una ciudadanía incluyente y representativa de la estructura social y cultural estarán en la base de una coexistencia societal de gran inestabilidad y precariedad, cuando no plagada de lo que deviene en permanentes estallidos sociales.

Los países de la región andina atraviesan en las últimas décadas un proceso de incremento, diversificación y complejización de la violencia. En particular, la violencia política tiende a situarse como punto de agregación de muchas de sus manifestaciones; las estructuras del sistema político se ubican por lo general como eje de los enfrentamientos y punto de condensación de los conflictos.

La década del 90 y las políticas de apertura, privatizaciones, desregulación del mercado, reducción de la intervención del estado, pautadas por el llamado Consenso de Washington, y aplicadas a carta cabal, lejos de resolver, sólo acentuaron la pobreza en estos países, agudizaron las brechas étnico-sociales y la inequidad en la distribución del ingreso. No en vano el último texto de J. Stiglitz, ex - economista en jefe del Banco Mundial (World Bank) lleva por título "Los 90: las semillas de la destrucción en América Latina".

Estas políticas están documentadas ya estadísticamente, fueron acentuando la exclusión y perpetuando la crisis económica, creando lo que se ha dado en llamar las sociedades de "doble vía" en América Latina; es decir un 50% más de la población en situación de pobreza.

Como respuesta a los efectos de los ajustes empujados por la adopción de políticas neoliberales, tanto en Ecuador como en Bolivia se han gestado a lo largo de los noventas y consolidado movimientos indígenas fuertes, organizados. Estos movimientos étnicos han tenido un profundo impacto democratizador e innovador; muchas de sus demandas se basan en el legado cultural e institucional, revisando pactos de carácter prebendalista, y en los tiempos recientes, están articulados a fuerzas políticas. Tal ha sido el caso de la CONAI, Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas, y su alianza política con el ex presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez, quien expresara en su momento los cambios provocados portoda la lucha indígena en contra de una sociedad en la que el poder siempre perteneció a la elite blanca, donde el destino final de Gutiérrez fue la revocatoria popular en las calles.

Gutiérrez, electo con el apoyo indígena, no mostró interés real por la institucionalización de los avances en el juego de poder de estos sectores y sus demandas, perdiendo el apoyo popular y huyendo al extranjero. El presidente echado en las calles, la instalación de un gobierno de transición y la elección abrumadora del candidato de izquierda Correa, que levantó como eje de su propuesta, la revisión de los contratos con las empresas petroleras y la convocatoria a una Asamblea Constituyente en la que acaba de obtener una cómoda mayoría, abre nuevas perspectivas.

En Bolivia se producirá también la eclosión de movimientos étnicos de reivindicación de derechos de ciudadanía, tanto quechua como aymara, en su gran mayoría población en situación de pobreza, vinculada a la inmensa fuerza de movilización de los cultivadores quechuas de coca, que ha avanzado en organización de manera significativa articulándose políticamente en el MAS bajo el liderazgo de Evo Morales, presionando, a través de la creciente propagación de protestas sociales con fuerte componente de violencia, catalizadas en el 2003 por la defensa de los recursos naturales que costó casi 200 muertos a manos de la represión del ejército en las calles y logrando la renuncia y huida de su presidente Sánchez de Losada, vinculado a los negocios de exportación futura del gas boliviano con capitales extranjeros.

Este estallido, aunado a otros factores como la agudización de odios raciales, y la pobreza sin salida donde aparece además la voluntad autonómica del oriente boliviano, y la incapacidad de forjar consensos en torno a la ley de hidrocarburos, terminaron con la renuncia del Presidente de transición Carlos Meza, y una nueva convocatoria a elecciones generales, en el marco de un gobierno de transición que llevará al poder al Presidente del MAS, Evo Morales, líder cocalero, quien ganará por primera vez en Bolivia de manera arrolladora, con un 54%. Su anuncio, ya cumplido de la nacionalización o renegociación de los contratos con las empresas gasíferas, marcó una voluntad política de transformaciones de fondo, en las relaciones estado-inversión privada, en el campo de las riquezas energéticas naturales; la instalación de una Asamblea Constituyente aún en curso, busca redefinir los equilibrios de poder de las mayorías indígenas.

Por su parte, en el Perú, la enorme mayoría de los campesinos y sus movimientos han evitado definiciones políticas (al contrario de lo que ha sucedido en los casos de Ecuador y Bolivia) manteniendo sus reivindicaciones dentro de los cauces de la lucha por derechos y reconocimiento de organizaciones sociales. Sin embargo, en un caso excepcional, a pesar de tener en común fracturas étnico-culturales con su consecuente secuela de menosprecio y desvalorización histórica (que en el Perú es muy profunda), la situación de marginalidad ha estallado más por la vía de movimientos violentos (Sendero Luminoso) que a través de la reivindicación no abierta de dimensión étnica, buscando vertebrar al campesinado indígena, el sector más pobre de la sociedad peruana. El trabajo de la "Comisión de la Verdad" Post-Violencia en el Perú, del año 2003, mostró de manera estadística que la inmensa mayoría de las víctimas de la violencia surgida en 1980 fueron indígenas que vivían en zonas de menor ciudadanía social en términos del acceso a la salud, nutrición, ingresos o acceso a los servicios (2/3 partes de la población que murió por la violencia era quechua-hablante de la zona andina de Ayacucho y alrededores).

En lo que fuera un polarizado contexto electoral en el Perú, en las elecciones de 2006, se presentó el candidato "outsider" Ollanta Humala, un comandante en retiro del ejército que formara un movimiento de afirmación nacionalista en torno a los reservistas del ejército en la zona de la sierra sur del país donde se ubica la población campesina mayoritariamente quechua-hablante, que tuvo, de manera relevante, su epicentro geográfico- electoral en el castigado departamento de Ayacucho y en la zona sur quechua y aymara hablante. Humala consolida su camino a la Presidencia con un discurso nacionalista donde el eje central de su discurso era la reivindicación de la "raza cobriza"; se centra en la redefinición del tratamiento del capital extranjero en el ámbito de los recursos naturales, levantando la necesidad de una renegociación con las empresas extranjeras que actualmente ostentan la propiedad y el control de dichos recursos (gas, petróleo, electricidad).

La reflexión sobre estos temas es necesaria en el contexto de una globalización excluyente y el desafío aún presente de la construcción de la nación. Es preciso promover desde el Estado una integración nacional a partir de una visión progresista e igualitaria en derechos de la presencia del campesinado andino, construyendo una institucionalidad de solidez histórica y asumiendo la diversidad cultural existente.

Pensamos que en los Países Andinos es necesario justamente enfatizar la necesidad de asumir con plenitud que las diferencias culturales, antes que plantear un problema para la integración nacional, constituyen una fuente de riqueza enorme para enfrentar los grandes desafíos que plantea el desarrollo en países diversificados y de grandes poblaciones marginadas. En suma, el imperativo de asumir el reto y la aceptación de la convivencia multicultural que promueva nuevas maneras de entender la identidad nacional articulada en una concepción realmente multicultural.

En este panorama, resulta fundamental una recomposición de la política y los partidos en una región políticamente inestable desde los parámetros de la democracia representativa-indusiva; es decir, democracia entendida como fonna de convivencia y organización de la sociedad, enfrentando la virtual ausencia del estado en muchos ámbitos y lugares de la sociedad y sus instituciones, en donde es notoria su casi total ausencia, incluido el control territorial.

Así, las modalidades de la exclusión social en dichos países son múltiples; aquella parece yuxtaponerse con mucha coincidencia con la pervivencia de identidades culturales en un contexto de pobreza, y globalización excluyente. Sostenemos que en la medida que esto no sea resuelto, se ponen en entredicho la viabilidad de la democracia y su legitimidad.

La renovada vigencia de la(s) izquierdas de la subregión andina hoy

Asumiendo en la línea de los análisis para América Latina, el hecho que se habría producido una suerte de un "viraje hacia la izquierda(s)" de un conjunto de gobiernos de la región que aunque no de manera homogénea, tienen a nuestro entender como un común denominador un cuestionamiento y a la vez un distanciamiento de las políticas post- Consenso de Washington, y una reafirmación del rol del estado.

Como vamos a mostrar, las últimas elecciones de 2005 (Bolivia) y 2006 (Perú y Ecuador), sostenemos que se ha producido una radicalización del voto en los países andinos de la subregión (Perú (Balbi, 2007), Bolivia, Ecuador). Es imposible no rescatar para pensar esta noción elementos de la historia reciente, que han producido violentas redefiniciones de la sociedad y de las relaciones entre sociedad y estado y han dejado ya configuraciones que parecen de naturaleza estructural. Está claro, con particularidades específicas en cada uno de los países en mención de la subregión.

1- La enorme erosión de los ingresos producida, tal como indican las cifras ' producto de una década de políticas neoliberales; el empobrecimiento generalizado de la subregión, traducido en el incremento significativo de la informalidad (una forma encubierta de subempleo), que, en los países de la subregión que ostentan todavía significativas tasas de crecimiento poblacional, se torna en una fuerte sobrepresión sobre el mercado de trabajo. A ello queda sumada la particularidad en el Perú de la eclosión de la violencia política a manos de Sendero Luminoso, justamente cuando se inicia la crisis de la deuda externa en la región, que llevara por indicaciones del llamado C. de W. a una reducción del gasto publico en la subregión, como lo muestra con claridad la data empírica.

2.  El segundo elemento sería el particular incremento de la insatisfacción con la democracia y en la confianza de sus instituciones, que permitan una canalización adecuada y consistente del conflicto; a ello se suma también el descrédito del último quinquenio del sistema y el personal político proveniente de los partidos establecidos, que registra con claridad el Latinobarómetro entre el 2000 y 2005; usamos este corte para distinguir los nuevos liderazgos de masas, expresado recientemente en las urnas (Morales, Correa, y Humala (que no ganó pero obtuvo una muy alta votación, revalorizada como expresión de la voluntad política popular).

3. Otro elemento decisivo, resultante de las políticas del neoliberalismo, ajuste y predominancia del mercado en la asignación de recursos en la sociedad, es la situación aparentemente ya cristalizada que se ha creado en esos países, donde la mitad de la población está en situación de pobreza y exclusión social (Perú (50% de la población en pobreza), Bolivia (60%) y Ecuador, cuyas cifras no están lejanas de las de Perú). Esta pobreza se sitúa en todos los casos casi totalmente en las zonas campesinas, en donde, sostenemos, se ha producido una radicalización del voto que ha construido movimientos orgánicos con nuevos liderazgos: El Mas y Evo Morales es el caso más consolidado; sin duda a pesar de su autonomía como nuevo liderazgo, el Presidente Correa en Ecuador contó con el apoyo decisivo de lo que todavía es la fuerte organización indígena de la CONAI y Humala, candidato antisistémico que articuló un movimiento para las elecciones anclado en las zonas geográficamente más pobres, y que estuvo muy cerca de ganar las elecciones; hoy como "oposición" ostenta un carencia absoluta de liderazgo, de altísima desestructuración organizativa después de la campaña electoral de 2006, en la que obtuvo el triunfo el candidato socialdemócrata Alan García hoy Presidente, que parece haber mandado al traste su discurso y propuestas enmarcadas en la socialdemocracia y ha optado por conformar para gobernar lo que parece una clara alianza conservadora para una política de corte conservador en las antípodas de su discurso.

4. La emergencia creciente en los países de la subregión de la afirmación de identidades étnicas, que exigen el respeto a su lengua y cultura y un reconocimiento societal en igualdad d~ condiciones, plantea un desafío a los partidos políticos instituidos, que como en el caso peruano, no han podido hasta ahora incorporar esta dimensión. Como vamos a ver líneas abajo, en Bolivia, Morales se ha autodefinido como el primer presidente indígena, guardando como símbolo de ello su vestimenta, y ha contribuido de manera nítida a darle mayor forma y apoyarse en este movimiento para gobernar.

¿Cómo identificar esta nueva izquierda?

Como varios han señalado, un primer punto decisivo es el rescate de un mayor protagonismo del Estado y su rol regulador y promotor en una economía de mercado que supere aquella concepción "de un estado subsidiario", redefinido en las constituciones, con los resultados que señalamos líneas arriba en materia de pobreza y exclusión, al convertir al mercado y las reglas de protección a la inversión privada en el gran asignador de recursos en la década del noventa en la región sobre la base de una concepción exportada como dogma: la del Estado mínimo.

Diría que este enfoque, de un estado "pro activo", en el ámbito de la regulación, pero también en una toma de conciencia de la importancia del Estado para proteger el bien común y a los ciudadanos, por encima de la pugna de intereses económicos de sectores y fracciones de clases, es un elemento distintivo de aquello que podemos llamar "gobiernos de izquierda", redefinidos en el siglo XXI; ello en lo que tiene que ver con una creciente búsqueda de control de lo que hoy vuelven a ser llamadas industrias estratégicas y aún en múltiples formas de asociación con el capital privado, busca tener el control de la industrias vinculadas a la energía (gas, petróleo), y cuya versión más radical sin duda lo constituye el reciente proceso de las nacionalizaciones en Bolivia, que en rigor constituyen una renegociación total de contratos con las empresa extrajeras que explotan el gas y recientemente el petróleo, que permiten una mayor apropiación del excedente gasífero y petrolero por parte del Estado y que por lo demás se constituyó en una demanda creciente de las masas en Bolivia, cuyo liderazgo y compromiso asumió el candidato Evo Morales en campaña, ganando las elecciones centralmente con esta plataforma.

El otro elemento central que destacaría es una voluntad política redistributiva en países en toda la región donde la característica central es la desigualdad. Para ello son importantes tres herramientas que son indicadores de la orientación política de los gobiernos recién elegidos, a saber:

a) Mayor gasto destinado a políticas sociales, combinadas con objetivos focalizados claros; diseño y ejecución gerencial para su eficacia (Chile ha mostrado que con tasas de crecimiento significativas, como la que ostenta el Perú desde el 2001, se produjo una reducción sustantiva de la pobreza en 22 puntos porcentuales). Si nos atenemos a la data empírica comparativa, los países de la subregión, son junto con Centroamérica, los que menos destinan a Salud y Educación en el gasto o inversión pública.

b) El producir o llevar a cabo reformas impositivas que apliquen el principio de que "tributan más los que más tienen"; esto implica una confrontación o negociación con naturaleza de pacto social con las grandes empresas, que el Perú de Alan García, ha preferido no enfrentar a pesar del enorme excedente del precio de exportación de los metales. Podemos decir que aun en países algo más igualitarios en la región, la reforma tributaria es en casi todos los casos un elemento pendiente para enfrentar la inversión social, que no sea en base a préstamos externos.

c) Políticas salarialesque definan pautas de incremento no sólo por el crecimiento y la productividad logradas por las empresas (caso del Perú 2001-2006), y que permitan definir una legislación laboral protectiva de los trabajadores, también en materia de los bastante vulnerados derechos laborales en la subregión. La extensión del sistema de subcontrata en el Perú de hoy, puede dar cuenta de casi la mitad de la población económicamente activa, sin acceso a ningún derecho laboral, como la seguridad entre otros.

Un elemento a considerar tendría que ser sin duda la participación y el empoderamiento de los movimientos sociales a través de los cuales pueden acceder a un contexto propicio para procesar sus demandas; y el tipo de encuadramiento que el estado establece con la sociedad; sin ello, el peligro de regímenes autoritarios es más cercano.

d) La autonomía de los Estados Unidos y la búsqueda de revisión del rol de patio trasero del mismo, no sólo en cuanto a política exterior sino frente a la posibilidad y capacidad de levantar modelos de integración societal-nacional, excluyendo acuerdos comerciales asimétricos, que minan la soberanía.; es allí que se ha producido "un reavivamiento del rol del nacionalismo en el campo ideológico", entendido como fundamento para la recuperación de las riquezas naturales, pero también como cohesionador ideológico frente al proceso abierto de desnacionalización de la economía producido en la década de los 90.

Sin embargo, luego de estos señalamientos, quiero recapitular sobre de qué manera los problemas descritos son de naturaleza estructural y se remontan casi a la fundación de los estados-nación, que podrían, sin entrar por ello en una polémica, entrar en la calificación de "estados fallidos", en la medida que no han logrado una real integración social y territorial y por ende, una sólida cohesión social de la nación. Ello explica que en los tres procesos electorales de la subregión se haya levantado como plataforma fundamental la reforma constitucional que ha sido convocada exitosamente y con una amplia legitimidad y Correa en Ecuador parece estar desbloqueando los obstáculos parlamentarios para una exigencia de larga data de la población ecuatoriana, junto a las movilizaciones de los indígenas y de la sociedad contra la firma del TLC, que quedó desactivada por las medidas nacionalistas tomadas por Correa frente a la expulsión negociada de la Occidental Petroleum, al mismo tiempo que el retiro finalmente de la base militar de Manta de los Estados Unidos.

La legitimidad y los consensos que alcancen estas izquierdas son fundamentales para que los cambios que se planteen sean negociados, sin grandes procesos de confrontación con las compañías poseedoras de los recursos naturales; es esto lo que puede garantizar al mismo tiempo la vigencia de la democracia y evitar la tentación autoritaria para acelerar los procesos de cambio, siempre inconducentes históricamente.

Está en la base, entonces, desde una mirada más histórica, la débil credibilidad en el sistema de partidos existente y lo que ha sido un creciente distanciamiento o debilitamiento de la democracia en tanto régimen político, como también lo hemos mostrado a través de la data del Latinobarómetro.

El tema de este documento de discusión, es entonces proponer una vinculación de la emergencia de estos liderazgos de izquierda, en la subregión (dos de ellos en el poder, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador), de la radicalidad de ellos y del voto, reflejada con claridad en el encendido discurso del candidato nacionalista Ollanta Humala en el Perú anclado en los altos niveles de exclusión social, pero también por la permanencia en estos países de gruesas fracturas étnico- raciales que convirtieron a la población indígena en la más vulnerable de las políticas neoliberales y del ajuste traducido en un empobrecimiento bastante extendido como lo muestran las cifras sobre dichos sectores, mayormente campesinos, y muestra a su vez entonces una precaria consolidación de la democracia en Bolivia, Perú y Ecuador con fuertes poblaciones de características indígenas directamente relacionadas con los indicadores de exclusión social; fracturas étnico-raciales y débil incorporación al Estado Nacional.

Y es que en estos países la historia de la democracia y de la Independencia en América Latina no es la de una elite económica burguesa, que entiende que debe confrontarse con la gran propiedad latifundista, expandir el mercado interno modernizando las relaciones de producción, generando con ello asalariamiento e incorporación de la población campesina indígena de fuerte arraigo y densa historia cultural.

Los procesos independentistas en América Latina, por el contrario, nacerán marcados por la mantención y o redefinición de alianzas de las elites criollas independentistas blanco-mestizas con la gran propiedad latifundista. Lo que implicó mantener intocadas las condiciones de subordinación precapitalista y de semifeudalidad de las poblaciones ind ígenas mayoritarias territorialmente y en la conformación de estos estados-nación.

Ello a pesar de la impronta liberal de las Constituciones con las que nacen los Estados- Nación en AL, inspiradas en los ideales de la Revolución Francesa y la constitución de ciudadanía e igualdad para todos los miembros de los nacientes estados-nación. En el Perú en particular, la independencia vino desde fuera y supondrá el nacimiento de la nación con la exclusión de facto de la población indígena de los derechos de ciudadanía que señalaban la Constitución

El Estado no logra expresar en los países andinos el interés general en la medida que subsistirán relaciones serviles y feudales. No hay una burguesía de carácter nacional, con capacidad para romper los privilegios oligárquicos y culminar un proceso de constitución nacional. El orden será impuesto sólo coercitivamente por el grupo dominante, que en rigor difícilmente puede denominarse clase dirigente. La independencia más bien mantuvo y permitió la extensión de la estructura de la Hacienda con formas semi-serviles, con amplias poblaciones excluidas de la ciudadanía y donde la hacienda no era sólo fundamentalmente una forma de explotación económica sino la forma como se organizaba ideológicamente la sociedad, articulando formas patemalistas y clientelistas entre estado y sociedad. De allí que Mariátegui el notable pensador peruano, apuntara en 1927 que, sobre estructuras económicas precapitalistas, no podían prosperar las instituciones de la democracia representativa.

Esto supuso los enormes divorcios que persisten aún, entre la sociedad formal, legal y "la sociedad real"; el impacto más importante es que no se producirá una universalización de derecho; más bien una imposibilidad de acceder a derechos básicos acorde a lo que estipulaba la Constitución; donde la fracturas étnico racial y concretamente ideologías racistas que florecen en torno a ella, con elementos de profundo desprecio cultural a causa de una hegemonía ideológica y cultural de fuerte valoración y afirmación hispanistas, terminarán de consolidar sociedades con grados significativos de exclusión social, política y cultural de las poblaciones indígenas, convertidas en una amplia población campesina, en el Perú, como en Bolivia, quechua- hablante hasta hoy.

Ello se complementó con la ausencia o debilidad de una institucionalidad efectiva, con reales canales de procesamiento de las demandas de la población. La existencia de canales de negociación y políticas de estado frente a dichas demandas (que para la población campesina era centralmente la tierra) y la institucionalización de estos canales en coherencia con políticas especificas; resulta claro ahora, que es decisivo para garantizar la gobernabilidad de un país plantear la base de la garantía de un orden social inclusivo de toda la población, con viabilidad y garantía de estabilidad social y política. Al estar ausente dichos mecanismos de diálogo institucionalizados, las demandas tienden a eclosionar desordenada y caóticamente no exentas de formas diversas y a veces sostenidas de violencia.

Con fuertes contingentes de población de origen indígena, excluida históricamente en los países andinos a ser analizados encontramos con ello una débil cohesión social. La nación resulta aún una entidad en formación, con múltiples expresiones identitarias. A ello se aúna una débil (o inexistente) presencia del Estado e institucionalidad local- regional válida; escasa legitimación de las instituciones de la democracia representativa y más bien su acelerada deslegitimación, que se hace extensivo al sistema de partidos políticos bastante erosionado en los tres países, en la medida que el Estado aparece como incapaz de articular las demandas societales de poblaciones y grupos movilizados que pugnan por la inclusión social. La fragilidad y precariedad de la democracia entendida como forma de organizar la sociedad se hace más evidente.

Si revisamos la historia aún la reciente de estos países andinos en cuestión, ella está llena de posibilidades abortadas de articular en el estado-nación a la población movilizada que busca la incorporación social. Podemos mencionar la trunca revolución boliviana de 1952, que sobre el apoyo de la movilización campesina decreta la reforma agraria y la nacionalización de la minería, las movilizaciones campesinas y el posterior proceso - también trunco- de reforma agraria bastante radical de ruptura del orden oligárquico terrateniente producida en Perú bajo el Velasquismo (1970) y los complejos procesos de cambio ocurridos en las ultimas décadas en Ecuador, y las barreras que genera un sistema de relacionamiento societal, limitante para aceptar el proyecto de ciudadanización indígena de parte de la sociedad blanco-mestiza.

La resultante de estos bloqueos en la incorporación a la sociedad nacional, la ausencia de un proyecto de una ciudadanía incluyente y representativa de la estructura social y cultural, estarán a la base de una coexistencia societal de gran inestabilidad y precariedad, cuando no plagada de lo que deviene en permanentes estallidos sociales.

Es en este contexto de naturaleza claramente histórica y no sólo coyuntural que emergen alternativas que claramente podemos calificar de izquierda. Sostenemos y es importante notarlo en paralelo con una cierta consolidación de la democracia, que la región andina atraviesa en las últimas décadas por un proceso de incremento, diversificación y complejización de la violencia. En particular, la violencia política tiende a situarse como punto de agregación de muchas de sus manifestaciones; las estructuras del sistema político se ubican por lo general como eje de los enfrentamientos y punto de condensación de los conflictos.

Como lo hemos señalado líneas arriba, también la década del 90 y las políticas de apertura, privatizaciones, desregulación del mercado, reducción de la intervención del estado pautadas por el llamado Consenso de Washington y aplicadas, lejos de resolver, sólo acentuaron la pobreza en estos países.

Estas políticas fueron acentuando la exclusión y perpetuando la crisis económica. Además de ello se ha producido mayor inequidad por una mayor concentración del ingreso producto de las llamadas reformas estructurales del neoliberalismo.

En Ecuador, luego de un prolongado gobierno de transición que se resistía a dejar el poder sin haber convocado lo que era ya una demanda, una Asamblea Constituyente, será el reciente Presidente electo Correa quien hará de ello su eje de campaña, logrando finamente concretarla y obtener recientemente mayoría en ella., junto a la decisión largamente demandada por el campesinado y la CaNAl de no firmar el TLC y de efectivizar el retiro de la Oxdental Petroleum Co.

En suma, de maneras distintas, se han abierto procesos claros de cambio en la subregión, donde el caso peruano, con una opción conservadora del gobierno de Alan García, ha empezado a enfrentar serios desafíos de diversos movimientos sociales radicalizados, plateando serios problemas a la gobernabilidad

En Bolivia se producirá también la eclosión de movimientos étnicos de reivindicación de derechos de ciudadanía, tanto quechua como aymara, en su gran mayoría población en situación de pobreza, vinculada a la inmensa fuerza de movilización de los cultivadores quechuas de coca, lo que explicará, luego de las elecciones generales, el triunfo de Evo Morales en mayoría simple, cuya administración entró decidida a enfrentar la agenda pendiente boliviana y por esa vía, superar un clima de precaria y perpetua inestabilidad. El gran paso ha sido la "nacionalización" o renegociación de fondo con las empresas extranjeras de explotación de gas y de petróleo, que de ahora en adelante dejará un sustantivo mayor excedente al estado boliviano, y a la empresa estatal YPFB. Y al mismo tiempo lograr la instalación de una Asamblea Constituyente, que se enfrenta a múltiples tensiones, entre ellas, las demandas autonómicas de la región oriental boliviana.

Por su parte, en el Perú, la enorme mayoría de los campesinos y sus movimientos han evitado definiciones políticas (al contrario de lo que ha sucedido en los casos de Ecuador y Bolivia) manteniendo sus reivindicaciones dentro de los cauces de la lucha por derechos y reconocimiento de organizaciones sociales. Sin embargo, en un caso excepcional, a pesar de tener en común fracturas étnico-culturales con su consecuente secuela de menosprecio y desvalorización histórica (que en el Perú es muy profunda), la situación de marginalidad ha estallado más por la vía de movimientos violentos (Sendero Luminoso) que a través de la reivindicación no abierta de dimensión étnica, buscando vertebrar al campesinado indígena, el sector más pobre de la sociedad peruana.

En el contexto electoral peruano se expresó en el candidato "outsider" Ollanta Humala, con un discurso donde el nacionalismo se centra en la redefinición del tratamiento del capital extranjero en el ámbito de los recursos naturales, levantando la necesidad de una renegociación con las empresas extranjeras que actualmente ostentan la propiedad y el control de dichos recursos (gas, petróleo, electricidad). Humala ganará holgadamente la primera vuelta y obtendrá un 48% en la segunda frente a Alan García quien contra todo su discurso de campaña ha iniciado un gobierno claramente conservador, en alianza con la gran minería, que venía desde el fujimorismo.

La reflexión de fondo que surge es hasta qué punto los presidentes de la región, si no arrían sus banderas, pueden, más allá de la coyuntura, enfrentar estos problemas que tienen origen histórico, enfrentar en el contexto de una globalización excluyente el desafío aún presente de la construcción de la nación; promover desde el Estado una integración nacional a partir de una visión progresista e igualitaria en derechos de la presencia del campesinado andino, construyendo una institucionalidad de solidez histórica y asumiendo la diversidad cultural existente.

Adicionalmente a ello, estas nuevas fuerzas enfatizan además algo fundamental: la necesidad de asumir con plenitud que las diferencias culturales, antes que plantear un problema para la integración nacional, constituyen una fuente de riqueza enorme para enfrentar los grandes desafíos que plantea el desarrollo 'en países diversificados y de grandes poblaciones marginadas. En suma, de asumir el reto y la aceptación de la convivencia multicultural; que promueva nuevas maneras de entender la identidad nacional articulada en una concepción realmente multicultural, introduciendo el tema de la revitalización de las identidades culturales y la vigencia y preeminencia de la Cultura Andina al Desarrollo

Existe un sólido acervo cultural en los países andinos de la subregión, una fuerte diversidad cultural que se nutre de un rico pasado, dejado de lado por las distintas formas de colonialismo, etnocentrismo y su secuela de menosprecio y desvalorización; lo que ha constituido nuestra tradición, entendida en el campo del desarrollo como una forma o manera de hacer las cosas, en el contexto de un determinado entorno territorial.

Se trata de reflexionar de qué manera este copioso y valioso entramado cultural, es susceptible de convertirse en un motor y una palanca para dinamizar el desarrollo y el potenciamiento del capital social del país, antes que -como se ha visto usualmente-, como rémora u obstáculo al mismo. Experiencias múltiples en las que vienen operando con fuerza la tradición, anclada en sólidas identidades colectivas redefinidas, contribuyen a dar fe de ello.

 

Bibliografía

La República, 18 de Enero del 2006, Pobreza y desigualdad explicarían giro a la izquierda en Latinoamérica.        [ Links ]

Balbi, 2007, La radicalización de las Elecciones del 2006 y el fenómeno Humala, Francia.        [ Links ]