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Temas Sociales

versión impresa ISSN 0040-2915versión On-line ISSN 2413-5720

Temas Sociales  no.28 La Paz  2008

 

SOCIOLOGÍA POLÍTICA

 

ACCIONES COLECTIVAS Y CIUDADANÍA EN BOLIVIA

 

 

Fernanda Wanderley61

 

 


 

 

La atención sobre las especificidades de la formación social y política boliviana nos abre la posibilidad de cuestionar el concepto clásico de ciudadanía que se concibe únicamente al nivel de individuos mientras las identidades y acciones colectivas en la esfera pública son mantenidas como esferas paralelas a la ciudadanía. Bolivia se caracteriza por tener una sociedad muy articulada y politizada. La alta capacidad de acción colectiva e interpelación del Estado así como las respuestas desde el Estado a las demandas formuladas por los actores sociales colectivos nos obliga pensar la presencia de diferentes dimensiones de ciudadanía.

Muchos estudios62 definen ciudadanía como una relación jurídica entre individuos y un Estado en que cada uno tiene derechos y obligaciones en virtud de su pertenencia a la comunidad política nacional. Aunque los derechos legales otorgados por el Estado se refieren a una importante dimensión de las relaciones entre el Estado y la sociedad, ésta no es la única. Los procesos de reclamar nuevos derechos son tan importantes como los derechos ya otorgados por el Estado. De la misma manera, los derechos que las personas ejercen en la práctica y las posibilidades de conversión de los derechos de jure en derechos de facto definen dimensiones igualmente importantes de las relaciones entre el Estado y la sociedad y, por lo tanto, en las realidades de ciudadanía.

También es importante comprender que las realidades de ciudadanía varían para diferentes personas, en diferentes contextos y además pueden no ser homogéneas en las diferentes dimensiones de sus vidas. Es decir, las personas pueden experimentar inclusión ciudadana en base a ciertas posiciones y simultáneamente experimentar exclusión con base en otras posiciones63. Se observa en la experiencia social boliviana dimensiones diferenciadas de reclamos y prácticas de ciudadanía, las cuales no pueden seguir siendo abordadas analíticamente como complementos de un concepto de ciudadanía que es ajeno a las categorías o redes de significados con las cuales los miembros de la sociedad boliviana forman su experiencia. Es en la calidad de sujetos colectivos e individuales que los(as) bolivianos(as) se conciben como ciudadanos y demandan derechos.

El presente trabajo explora la formación contemporánea de ciudadanía colectiva en la sociedad boliviana. Argumento que, para amplios sectores sociales, ciudadanía no significa únicamente un status como individuos sin filiaciones sociales. Es en la sociabilidad como miembros e organizaciones de base que muchos individuos se conciben como ciudadanos. La pertenencia a colectivos constituye el espacio desde el cual individuos reclaman y demandan derechos civiles, políticos y sociales. Esto es, los individuos se asocian en organizaciones para desde ahí forjar y canalizar demandas de derechos y para influir y controlar las decisiones de políticas públicas.

El trabajo está organizado en tres partes. Primero exploro la larga historia de formación de sujetos colectivos y su relación con el Estado. Este breve recogido por las Ciencias Sociales bolivianas muestra que el Estado, bajo diferentes modalidades, ha reconocido sujetos colectivos como sus interlocutores legítimos y ha extendido derechos ciudadanos vía la mediación de asociaciones. En la segunda parte argumento que la manera como el Estado define y simboliza ciudadanía y como éste ha extendido derechos civiles, políticos y sociales en los últimos veinte años no recae ni exclusiva ni principalmente sobre individuos sin filiaciones sociales. Es así que encontramos que la dimensión colectiva de ciudadanía se profundizó en la historia reciente de Bolivia. Finalmente, en la tercera parte, discuto cómo las relaciones entre sujetos colectivos y Estado se construyeron sobre y a la vez reforzaron lealtades y solidariedades a comunidades intermedias y, por lo tanto, identidades sociales que forjan finalmente lo que se podría definir como ciudadanía colectiva.

Este trabajo es resultado de un estudio etnográfico sobre los encuentros de la población con el Estado, más específicamente, en las oficinas de identificación (camet de identidad y la personería jurídica)64. El estudio indagó cómo las personas se comprenden a sí mismos como ciudadanos y las maneras como ejercen y demandan derechos en los encuentros con la burocracia estatal. Se avanzó con entrevistas orientadas a comprender los sentidos de lealtad y solidariedad a comunidades intennedias y de éstas con la comunidad política nacional. La atención se dirigió a la interdependencia entre la fonnación estatal y la formación de actores sociales desde espacios públicos diversos.

 

La larga historia de la densidad organizacional boliviana

Una de las especificidades de la formación social boliviana se refiere a la co-existencia de organizaciones sociales y territoriales con una larga tradición histórica como los ayllus y comunidades, las organizaciones gremiales, las juntas vecinales y las redes de elites locales. Zavaleta (1986) acuñó el concepto de sociedad abigarrada para dar cuenta de la coexistencia de relaciones productivas, sociales y legales en matrices culturales y estructuras poiíticas diversas. La heterogeneidad de la estructura socioeconómica con diversos modos de organización de la economía y de las relaciones políticas explicaría el Estado aparente, incompleto y parcial. Barragán (2001) analiza cómo la presencia de "pueblos" como sociedades organizadas y orgánicas constituyeron una alteridad y freno poderoso contra las pretensiones del Estado de normar y controlar todo el territorio nacional y también contra las arbitrariedades de poderes locales. Tapia (2002) desarrolló el término país multisocietal para referirse a la práctica de derechos políticos que se ejerció más en torno a organizaciones colectivas, sindicatos que a través de elecciones e instituciones liberales.

Nos parece sugerente la interpretación de Rivera (1993) sobre los efectos de un evento concreto en el período colonial - la recopilación de la Ley de Indias en 168065-, que estableció jurídicamente un reconocimiento relativo por parte del Estado colonial del derecho de los indígenas de gobernarse en sus territorios por sus propias autoridades (los mallkus, kuraqas o caciques de sangre), que pasó a formar parte de la memoria colectiva de los aymaras.

Ya en el periodo republicano, Barragán (2001) argumenta que las agrupaciones territoriales, funcionales y sociales, siguieron siendo actores centrales, como en el periodo colonial, en articulación con una lógica ciudadana individual. Es en el contexto de la política de rebeliones y pactos que las organizaciones fueron adquiriendo reconocimientos parciales por parte del Estado y el Estado se fue adaptando a las dinámicas y diversidades sociales y territoriales.

Hylton, Patzi y Thompson (2003) hablan de la constitución de una cultura campesina y comunitaria de insurrección a lo largo de los últimos dos siglos y medio. Los autores sostienen que la insurrección es parte de un repertorio amplio de recursos políticos comunitarios que incluye pactos con el poder estatal, pleitos jurídicos y la construcción de redes interregionales de representación política autónoma.

En la obra "Historia del movimiento obrero", Lora (1967) reconstruye la incorporación de las asociaciones de artesanos en las dinámicas políticas en la segunda mitad del siglo XIX. Lora argumenta que durante el gobierno del Presidente Belzú (1848-1855) se gestó un incipiente proyecto político de creación de una "república de pequeños propietarios", el cual encontró fuerte resistencia social y política. Es durante este periodo que se avanzó en el reconocimiento formal por parte del Estado de las asociaciones de artesanos y productores como sujetos económicos y políticos.

Sin embargo, es en la primera mitad del siglo XX que el movimiento obrero-artesanal se va consolidando bajo la influencia de las ideologías anarquistas y, posteriormente, marxistas. Lehm y Rivera (1988) registran este momento histórico marcado por la proliferación de organizaciones gremiales y obreras en el ámbito urbano. A partir de la revolución de 1952 los sindicatos obreros y campesinos se definen como los principales mediadores entre sociedad y Estado. La estructuración del poder estatal con formas híbridas de relacionamiento con los sindicatos obreros y campesinos implicó el reconocimiento por parte del Estado de interlocutores colectivos. Es a través de la estructura sindical que se canalizan demandas de derechos civiles, políticos y sociales. Para García Linera (2000: 93), durante el período de 1952 a 1985, ser ciudadano es ser miembro de un sindicato. Según el autor, "ya sea en el campo, la mina, la fábrica, el comercio o la actividad artesanal, la manera de adquirir identidad palpable ante el resto de las personas y de ser reconocido como interlocutor válido por las autoridades gubernamentales, es por medio del sindicato".

La característica que resalta en este breve recuento de los estudios sobre Bolivia es la larga historia de formación de sujetos colectivos y su relación con el Estado. El Estado, bajo diferentes modalidades, ha reconocido sujetos colectivos como sus interlocutores legítimos y ha extendido derechos ciudadanos vía la mediación de asociaciones. Es esta historia que nos ayuda comprender la excepcional densidad organizativa de la sociedad boliviana en la actualidad. La historia reciente de Bolivia se estructura sobre una amplia interacción política y social de sindicatos obreros y campesinos, corporaciones empresariales, juntas vecinales, asociaciones productivas, comunidades indígenas, juntas escolares, comités cívicos regionales que construyen ciudadanía todos los días. Muchas de estas organizaciones sociales reúnen a grupos culturalmente diversos y con posiciones socio-económicas menos favorecidas.

El presente estudio encontró que la dimensión colectiva de ciudadanía se profundizó en 10s últimos veinte años. No sólo las luchas y demandas de derechos ciudadanos siguieron siendo canalizadas por la vía de asociaciones, como también el Estado ha reconocido y establecido canales institucionales de relacionamiento con organizaciones para la extensión de derechos civiles, políticos y sociales. En otras palabras, en el periodo reciente de la historia boliviana, la manera como el Estado boliviano ha otorgado derechos civiles, políticos y sociales tuvo el doble efecto de individuación y de colectivización de las identidades de ciudadanía.

Si bien las reformas estructurales de los años 80 y 90 restringieron el protagonismo de actores colectivos como la Central Obrera Boliviana, también, en este período, el Estado ha promulgado leyes y políticas que impulsaron el reconocimiento jurídico de otros actores colectivos como las organizaciones indígenas y las juntas vecinales. Estas acciones tuvieron el efecto de consolidar las organizaciones de base como mediadoras de derechos ciudadanos a través de su incorporación sostenida y formalizada a nuevos espacios públicos estatales.

 

Cambios legales y el reconocimiento jurídico y político de las organizaciones de base

En los últimos 15 años, cambios importantes en la legislación boliviana, en específico la Reforma Constitucional de 1994, la Ley de Participación Popular (LPP) y la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) inauguraron una nueva fase en la formación del Estado boliviano con el reconocimiento jurídico y político de la pluralidad de culturas y pueblos que habitan el territorio nacional. Con la aprobación de una serie de leyes que cruzan transversalmente el ordenamiento jurídico del Estado, la personería jurídica adquiere un nuevo significado al convertirse en el documento que reconoce las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales jurídica y políticamente. Es así que la personería jurídica otorga capacidad legal a las organizaciones para ser sujetos de derechos y de obligaciones emergentes de todos sus actos civiles definidos por el ordenamiento jurídico nacional.

Los dirigentes de organizaciones de base, entrevistados en el momento en que tramitaban la personería jurídica, indicaron que los cambios legales de la última década promovieron su incorporación al espacio público estatal y les facultó derechos y beneficios. Estos cambios son asumidos como el resultado de las luchas y demandas que desplegaron sus organizaciones junto con muchas otras en un largo proceso en el tiempo. El señor Bienvenido Sacu, dirigente de una comunidad indígena del oriente, nos indica que para explicar la importancia de la personería jurídica es necesario hacer un recuento de los antecedentes de este documento. Así lo articula: "Resulta que durante muchos años después de la conquista de los españoles, de la fundación de Bolivia, nuestra cultura se ha perdido, se desapareció dentro de la legislación boliviana, como pueblos indígenas parecería que no existiéramos. Pero resulta que existimos y gracias a este reencuentro de pueblos en 1982 se empezó la primera etapa de organización. De ahí vienen las plataformas de lucha, tema de tierras, territorio, educación, salud, organización y economía. Entonces la lucha por derechos de los pueblos indígenas. Después de la marcha por territorio y dignidad en el año de 1990, el Estado nos reconoce dentro de la Constitución política del Estado. Cuando yo hablo de dignidad quiero decir el reconocimiento de nosotros. A partir de ahí venimos reclamando. Posteriormente se elaboró un proyecto de ley indígena el año 1992, hemos recaudado unas cien firmas. Fue entonces que el gobierno de turno nos tomó en cuenta. No es un regalo, sino es una lucha, se marchó por más de 30 días desde la ciudad de Trinidad hasta la ciudad de La Paz para que nosotros seamos reconocidos dentro del Estado boliviano. A raíz de esto ya se ha conseguido. Aunque no se ha aprobado nuestra ley indígena, se clamó en la reforma constitucional, el artículo primero donde hablan que Bolivia es un país independiente, gente soberana, multiétnica, pluricultural. El Artículo 171 también menciona sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras comunitarias de origen. "No es por ser buenito que nos está dando ese derecho, es marchando, hay que gastar los talones, hay que caminar hasta la ciudad de La Paz, es lucha sacrificada, la marcha, el sol fuerte, la lluvia, frío allá porque no es nuestro ambiente. Por eso hay que reconocer la lucha de los movimientos indígenas. Es a partir de ahí que se clamó, se aprobó la LPP donde menciona que se tienen que otorgar la personería jurídica para los indígenas, campesinos y juntas vecinales. Ya entrando en el tema es importante que la sociedad nos reconozca o que el Estado boliviano nos reconozca con este documento".

En los discursos de los dirigentes de las organizaciones sociales sobresale la apropiación de aquellas iniciativas estatales que son interpretadas como respuestas a sus demandas y que institucionalizan derechos. Simultáneamente rechazan otras iniciativas estatales que son interpretadas como retrocesos en sus derechos ciudadanos. El tránsito entre vías alternas de participación e influencia en las decisiones públicas son fácilmente acomodadas: mientras aprovechan la apertura de canales de interlocución con el Estado, accionan estrategias colectivas como la movilización masiva fuera del sistema formal de representación.

 

Significado de la legalidad

Los testimonios de los dirigentes indican la importancia de adquirir legalidad como organización para la consolidación de derechos y el acceso a recursos provenientes del Estado y de otras instancias no estatales. El dirigente Miguel Ipamo Parapaino de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío, en el departamento de Santa Cruz, expresa que "es importante tenerlo (legalidad en la forma de la personería jurídica) porque una organización se reconstituye o nace en forma legalmente, es como un niño que si no tiene personería jurídica no puede acceder a tener derechos a nivel nacional." Este mismo dirigente indica que cumplir con todos los requisitos, sin intermediar ningún favor o procedimiento no definido por la ley es importante para que después este documento les permita acceder a todos los derechos y beneficios otorgados por instituciones públicas y privadas.

Otro dirigente de una junta de vecinos de Yapacaní, en Santa Cruz, dice que "la personería jurídica es como un acta de reconocimiento, ya nosotros podemos estar reconocidos a nivel nacional, departamental, porque sin la personería jurídica es como un niño que no tiene CN. Es necesario para hacer proyectos, para estar reconocidos en el municipio, porque tenemos más derecho cuando tenemos personería jurídica, sin eso es menos lo que tenemos, no tenemos tanto derecho, con personería jurídica es mucho mejor". Estos testimonios muestran que la dimensión simbólica de la personería jurídica está estrechamente vinculada a la apertura de nuevos espacios de relacionamiento con el Estado así como de acceso a recursos públicos y privados que se abren con las legislaciones y políticas vigentes en el país.

Es muy claro para muchos de los dirigentes de las organizaciones territoriales de base que la Ley de Participación Popular y la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria son las referencias de nuevos derechos y de la ampliación del espacio público bajo el manto del Estado. Para las juntas vecinales, los principales derechos están definidos por la Ley de Participación Popular. Una junta vecinal de Yapacaní nos dice que "un barrio tiene que tener todos sus requisitos para poder reclamar con más derecho y voto, y poder tener más obras en nuestros barrios. Entonces con personería jurídica tenemos potestad de participar en el POA y también tenemos derecho a reclamar nuestras necesidades." Otra junta vecinal de la ciudad de Cochabamba nos explica que "la personería jurídica es un requisito más de un barrio, que sí o sí tenemos que tener para que participemos en el POA, para que las autoridades nos tomen en cuenta." Esta comprensión está presente en todas las localidades estudiadas, tanto en el Oriente cuanto Occidente. El dirigente de la junta vecinal Mirador Atupiris en la ciudad de El Alto relata: "Lo que consolida una organización, la ley 1541 dice que para ser OTB debe estar consolidada mediante personería jurídica y por eso es tan importante. Cuando ya tenemos los trámites, tenemos ese acceso de poder reclamar nuestros derechos como OTB, puede seren la prefectura, en el municipio, en alguna ONG. Más que todo en el POA, si no tienes te dicen que no eres una organización bien consolidada, por tanto incluso lo llaman en ese término de chuto."

Para las comunidades indígenas las referencias legales de los nuevos derechos se hacen más complejas y combinan el cambio constitucional de 1994, la LPP y la ley INRA. Se trata de demandas de territorios como organización indígena y demandas de inclusión en la gestión pública local y acceso a los recursos destinados a los municipios. La Central indígena de Comunidades Originarias de Lomerío, Santa Cruz, nos dice "Para demandar una TCO, para hacer demandas en el territorio, tiene que tener ese documento para ser acreditada como organización indígena. Era ilegal hacer una demanda por territorio hasta 1996, pero cuando aprueba la ley INRA, entonces ya teníamos personería jurídica, y como nació la ley INRA ya pudimos demandar la TCO. Pero antes estábamos viendo eso, de que la organización no estaba legalmente constituida y, en este caso, no hay mucha atención por parte de la prefectura, por parte del gobierno municipal porque no estaba legalmente constituida." Según las comunidades indígenas de tierras bajas estos cambios legales propiciaron la extensión de nuevos derechos (principalmente el de territorio) y nuevos márgenes de participación y gestión de la comunidad sobre los recursos que existan en sus tierras. Estas iniciativas estatales son para ellas respuestas a una larga lucha por el reconocimiento, el respeto y la protección de los derechos sociales de los pueblos indígenas y originarios

Para las asociaciones campesinas, la Ley de Participación Popular es comprendida como un avance en dirección de mayor capacidad de participación en la gestión local y de mayor acceso a recursos públicos para mejorar las condiciones de vida de los campesinos o comunarios. En relación a la ley INRA, para muchos sindicatos campesinos, esta ley no significó avances de derechos sobre el territorio. Al contrario, la ley representa una amenaza a la forma sindical de regulación de la tierra a limitar el reconocimiento y garantía únicamente de la propiedad agraria privada y el territorio comunitario de origen.

 

Cómo al subordinar, el Estado empodera actores colectivos

Los significados que adquieren la personería jurídica nos permiten observar cómo al subordinar, el Estado produce el efecto de empoderar actores colectivos. Si bien en relación a los sujetos individuales, la subordinación cotidiana al orden estatal tiene el efecto de inferiorizar al limitar la posibilidad de los sujetos de reclamar sus derechos, como analizo en otra publicación66, en relación a los sujetos colectivos el efecto estatal es inverso. Es así que los actos de acatar los requisitos y procedimientos definidos por ley, y aceptar nuevas designaciones como el nombre de Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), son acompañados del posicionamiento subjetivo y objetivo de actores con la potestad de reclamar, demandar y ejercer derechos.

La subordinación al orden estatal se materializa en los procedimientos mismos para tramitar la personería jurídica. Como nos explican los entrevistados "para sacar la personería jurídica, nosotros necesitamos tener toda la documentación, lo que regla, lo que norma, cada comunidad, como estatuto orgánico, reglamento interno, resolución municipal de la región, resolución sub prefectural y la personería jurídica, y ésos son los requisitos indispensables de la ley INRA. Es con estos procedimientos que logramos titulaciones de tierras. También es con la personería jurídica que debemos solicitar el POA". (Comunidad El Guindal en el departamento de La Paz).

La identificación oficial, materializada en la personería jurídica, también subordina en términos simbólicos. En el proceso de acatar se genera la auto-identificación como organizaciones consolidadas mientras que no contar con el documento clasifica las organizaciones como "chutas". Estos denominativos "chutos" o "consolidados" son parte tanto de los discursos de funcionarios públicos como de las personas en general. La afinidad y coincidencia entre los significados legales y morales asignados a los documentos oficiales tanto por los funcionarios públicos como por los miembros de las organizaciones nos revela la ascendencia concreta del Estado (como instancia simbólica y pragmática) sobre organizaciones que ejercen "de facto" competencias estatales en partes del territorio y en ciertas dimensiones de la vida cotidiana de sectores sociales. Aunque concretamente muchas de estas organizaciones ya ejercen funciones estatales, reclaman y negocian cotidianamente el reconocimiento "de jure" de espacios de autonomía para gestionar esferas de la vida cotidiana de sus comunidades. (Orellana, 2004)

El empoderamiento se da en la formación de actores que reconocen el espacio abierto por leyes y políticas; actores que se apropian de estos canales formales, que negocian y luchan para ejercer los derechos definidos por el Estado y que además siguen demandando la extensión de nuevos derechos. "Son pasos que estamos logrando, entonces eso era la personería jurídica, luego era otra la demanda de la TCO, ahora estamos haciendo un plan de gestión territorial, es un paso que nosotros estamos viendo, que estamos logrando, como la organización va avanzando, pero siempre con una base legal". A la vez que se forja un nosotros, es un nosotros con derechos que se comprenden en una relación de doble vía con el Estado en que se va gradualmente consolidando nuevos derechos. "Si las organizaciones deber estar constituidas legalmente, esto es responder más o menos la exigencia de la estructura estatal, el Estado también tiene que responder a nuestra organización. Éste es el tema principal" (Comunidad de Lomerío, departamento de Santa Cruz).

Los dirigentes de juntas de vecinos, comunidades indígenas, asociaciones campesinas y sindicatos comprenden que la personería jurídica es la prueba de que el Estado les reconoce como sujetos colectivos de la misma manera que el Carnet de Identidad les reconoce como sujeto individual. De hecho, la mayoría de los dirigentes equipara la personería jurídica al certificado de nacimiento y al carnet de identidad, equivalencia también presente en los discursos de los funcionarios públicos. El dirigente de la Central Comunal Urubichá, en Santa Cruz, nos explica que "así como yo tengo mi Carnet de Identidad que me identifica como fulano de tal y soy un ciudadano boliviano, de la misma forma es la personería jurídica para las organizaciones." Los entrevistados interpretan que como miembro de grupos y organizaciones ellos adquieren un status de ciudadanos. En la calidad de colectividades se les reconoce el derecho a participar en la gestión local, a acceder y controlar los recursos públicos y también a reclamar derechos.

El dirigente de la Comunidad de Campesinos El Guindal de Ixiamas en el departamento de La Paz nos indica que la personería jurídica "permite identificarnos como comunarios, como ciudadanos bolivianos". Y explica que "En nuestro país lo que practican es identificarnos, como cada cual, cada ciudadano tiene su certificado de nacimiento, su carnet de identidad, entonces tenemos también nuestras normas, nuestras reglas en cada comunidad y es por eso que hemos tramitado nuestra personería jurídica para adjuntar nuestro trámite que se llama Título Ejecutorial, para titularnos y evidentemente identificarnos, quienes somos y de dónde venimos, a quiénes representamos". La personalidad jurídica simultáneamente identifica a los miembros de esta comunidad como comunarios y ciudadanos bolivianos. La equiparación de ambas identidades indica la comprensión de que la identificación es doble: como organización de un determinado tipo y esta como miembro de la comunidad política nacional. Se observa que el efecto simbólico de este documento es la colectivización de la identidad de ciudadanía.

El reconocimiento de las organizaciones como sujetos sociales con derechos rebasa las relaciones de las organizaciones con el Estado. La personería jurídica materializa un reconocimiento frente a otras instancias, organizaciones y grupos no estatales. Esto es lo que expresa el dirigente de una junta vecinal de Yapacaní en Santa Cruz, "la personería jurídica significa ser reconocido tanto por el gobierno como por el pueblo. Ya teniendo personería jurídica, ya tenemos el derecho a cualquier reclamo, nadie nos puede decir de aquí se mueven porque no tienen personería jurídica".

La identificación de organización legalmente constituida define un nuevo status no sólo en relación al Estado como también en relación a otros actores sociales. El Presidente de Uniarte, una asociación de artesanos indígenas, nos indica que la personería jurídica "es la credencial de la organización, nos hace creíbles, que somos responsables y serios para poder entablar gestiones". Él mismo complementa:"sin este documento no es reconocido legalmente ante la sociedad, ante el Estado y ante cualquier organismo de cooperación." La personería jurídica se convierte en un espejo que permite a que otros los vean como sujetos responsables y serios; es el reflejo que rebota del Estado que solidifica sujetos que se perciben y son percibidos como agentes idóneos. No deben pasar desapercibidas las calificaciones morales que se adhieren al documento debido a las implicaciones sobre los contenidos de ciudadanía.

Los sentimientos de dignidad que sobresalen de estos testimonios tienen un correlato directo en la formación subjetiva de ciudadanía. Ser reconocidos por el Estado y por la sociedad fortalece la auto-comprensión como sujetos portadores del derecho de participar en el espacio público. El resultado es la reafirmación de su condición de actores que pueden y deben demandar y ejercer derechos. Es esto lo que nos expresa otro dirigente de una junta vecinal de Santa Cruz, "con esto estamos reconocidos y tenemos todo el derecho de hacer cualquier reclamo. Derecho a participar. Fue una gran alegría recoger la personería jurídica" Otra junta vecinal en Cochabamba nos relata, ,"cuando tenemos los documentos, tenemos ese acceso de poder reclamar nuestros derechos como organización en la prefectura, municipio, ONG, embajadas".

Con el empleo de palabras similares, la mayoría de los entrevistados en pleno proceso de tramitación de sus documentos establecieron una fuerte asociación entre reconocimiento legal, consolidación de las organizaciones, ejercicio de derechos y participación en la esfera pública. Abel Mamani, el entonces presidente de FEJUVE El Alto, nos dice que "la personería jurídica nos avala en ese sentido, nos da legalidad para que las organizaciones se consoliden. Quien tiene el documento es poderoso".

 

La ceremonia y celebración de la personería jurídica

Los sentimientos de afirmación y conquista asociados a la personería jurídica son expresados en los rituales de entrega del documento que muchas veces se convierten en un gran festejo de la organización con la asistencia de autoridades oficiales y propias así como invitados de otros vecindarios o comunidades. Como nos indica el dirigente de una junta de vecinos de Cochabamba, "hay que festejar, porque es un anhelo, un sueño, por eso festejan con mucho alegría". Otro dirigente expresó que "hemos festejado la personería jurídica porque realmente ahí estaba concentrada más o menos lo que es la existencia de nuestra organización" Abel Mamani, entonces presidente de la FEJUVE El Alto, nos relató "es gran honor tener la personería jurídica... es un reventón total, asistimos nosotros, las autoridades municipales, la prefectura, la iglesia, vecinos de otras zonas".

El proceso de formalización de la organización coadyuva a la consolidación del grupo en cuanto una colectividad con intereses comunes que cuenta con recursos jurídicos para participar en los asuntos públicos y defender sus derechos frente al Estado.

Un dirigente de la COR El Alto nos describe el momento de la entrega de la personería jurídica: "En la mañana nos instalamos, hemos entonado el himno nacional, hemos felicitado a las autoridades que estaban ahí, el consejo, los diputados, el prefecto Quenta y otros más. Ha sido de magnitud, como también de la COR todos los dirigentes estaban ahí para poder entregar la personería jurídica. Ya hemos recibido esto, de magnitud estaba el acto para poder satisfacernos que ya tenemos certificado de nacimiento."

El ritual de entrega y/o la fiesta de conmemoración se convierten en el momento de visibilizar la adquisición de un nuevo status como miembros de la comunidad nacional, el cual otorga el derecho a los dirigentes en representación de la organización de demandar un conjunto de derechos garantizados por el Estado. Además el reconocimiento oficial ordena las relaciorres entre las organizaciones sociales al dirimir posibles disputas por la autoridad para ejercer la representación de sectores sociales. De esta manera el Estado produce el efecto de jerarquizar y consolidar la composición social de organizaciones territoriales, funcionales y originarias.

 

La formación de espacios públicos

Los procedimientos de cumplimiento de los requisitos de la personería jurídica promueven la construcción de identidades colectivas a través de actividades que incluyen la densificación de redes de relaciones sociales, la identificación de objetivos comunes del núcleo grupal, la socialización de nociones sobre la ubicación del grupo en relación a otros actores en espacios más amplios de interacción social, la definición activa de las reglas no escritas de interacción y de sanciones de los comportamientos inaceptables, la estructuración formal del funcionamiento de la organización, la formación de lideres con familiaridad y seguridad para moverse con los vocabularios y procedimientos estatales.

No menos importante en el proceso mismo de cumplimiento de los requisitos de la personería jurídica es la generación de confianza interpersonal que pasa por interacciones cotidianas y eventos extraordinarios como situaciones en que se producen intercambio de criterios, apoyos mutuos, la socialización de ejemplos positivos de cooperación y de experiencias exitosas de solución de conflicto y comprobación de respeto de acuerdos y tratos. Son en interacciones directas que se forjan los principios de distribución "justa" de responsabilidades y de los beneficios adquiridos por sus acciones conjuntas así como los procedimientos para solucionar problemas que constantemente emergen de cualquier forma de cooperación. Es así que todos los espacios de interacción social son una fuente potencial de densificación de las redes de relaciones sociales. Sin embargo, estos espacios de interacción social son en sí mismos construidos socialmente. En la sociedad boliviana sobresalen las reuniones rutinarias de las asociaciones de base y los momentos extraordinarios de marchas, bloqueos y huelgas.

Los dirigentes relatan cómo la formalización de las OTBs abrieron una oportunidad para el fortalecimiento de las asociaciones. Para muchas juntas vecinales el primer paso para tramitar la personería jurídica fue la realización de reuniones entre las familias que habitan un mismo barrio. Aunque muchas juntas de vecinos ya estaban bien formadas antes de la tramitación de la personería jurídica, para otras ésta se convirtió en la primera oportunidad para el conocimiento de sus vecinos. Un segundo paso frecuente entre las juntas vecinales consistió en la realización de censos de vecinos para la sistematización de las informaciones más importantes de las familias incluyendo la situación legal de su terreno. El consentimiento de socializar esta información y entregar los documentos de propiedad a los dirigentes significó un gran paso en el establecimiento de confianza en los dirigentes así como en la identificación colectiva de objetivos comunes.

Paralelamente muchas juntas de vecinos así como comunidades indígenas y sindicatos promovieron reuniones de capacitación con el apoyo de la alcaldía, prefectura y organizaciones no gubernamentales para el conocimiento de derechos asociados a la personería jurídica. Por medio de talleres, reuniones de comunidad y ejercicios continuados de redacción de los estatutos orgánicos se van consolidando espacios de interacción en que las personas se van ubicando como miembros de un grupo con intereses comunes, sean éstos de base territorial o funcional. Lenguajes y discursos se construyen con la definición de prioridades, derechos y obligaciones de unos con los otros. La consolidación interna de los grupos se complementa con la comprensión de su ubicación en entornos sociales y políticos más amplios y la elaboración de nociones sobre las condiciones de su membresía en la comunidad política nacional.

Contrariamente a la interpretación de que estos procesos son formas de dominación en que se "inculcan" racionalidades ajenas67, encontramos más bien que el proceso de adecuación al formato estatal es vivido como empoderamiento por los miembros de las organizaciones sociales que se perciben sujetos de derechos, que dominan los recursos discursivos y organizativos para participar con más efectividad en espacios públicos de interlocución con el Estado. El objetivo mismo de más autonomía para organizar la vida colectiva según sus principios y valores requiere del tránsito entre esferas de interacción más allá de sus "territorios" geográficos y sociales. El dominio de los lenguajes estatales y la capacidad de interactuar con el Estado tiene el efecto de fortalecer la demanda del derecho de ser "iguales aunque diferentes".

En otras palabras, el cumplimiento de los requisitos definidos por el Estado contribuye a la estructuración de las organizaciones a través de la explicitación (oral y escrita) de los principios que ordenan las prácticas vigentes, forzando la formulación de otros que no estaban todavía definidos. La constancia escrita de las reglas de funcionamiento de la organización es muy valorizada por los miembros, junto con los sellos, protocolos y resoluciones. Se observa la emulación de las prácticas estatales en la vida cotidiana de las organizaciones como, por ejemplo, la actualización de los libros de actas en cada nueva reunión, marcha y actividad colectiva. Muchas organizaciones superiores (confederaciones, federaciones) inclusive exigen la personería jurídica de las nuevas organizaciones como un requisito para su filiación.

 

El aprendizaje de los lenguajes estatales

La importancia que se otorga a las formalidades legales en las organizaciones sociales es por lo menos en parte el resultado de los aprendizajes adquiridos en las relaciones con el Estado. Es evidente el fuerte legalismo en las prácticas organizacionales que se expresa en la familiaridad con los estatutos, resoluciones procedimentales, regulaciones, libros de actas. Aunque esta terminología y prácticas legales sea un mundo difícil de transitar, éste no se vuelve un mundo inaccesible en que los dirigentes se sientan irremediablemente "analfabetos" (Salmón, 2004). La posibilidad de manejarse en este mundo tiene implicaciones significativas en las habilidades de demandar derechos y en la disposición para participar en el juego político.

Los dirigentes resaltan la importante de los procesos de aprendizaje de los lenguajes y procedimientos estatales. El ingreso al mundo de la legalidad y de los trámites administrativos requiere de iniciación para transitarlo con solvencia. Es en la posición de representantes de colectividades que este mundo se vuelve más inteligible y tratable. Los dirigentes sienten la necesidad de aprender y saber manejarse en el mundo de las terminologías formales, de los procedimientos legales para poder representar a sus bases en el espacio público estatal. Este conocimiento se adquiere en la propia práctica y su maestría es lo que define la calidad del trabajo del dirigente. Los aprendizajes también incluyen las "mañas", las prácticas no escritas, la naturalización de intercambios de favores que muchas veces sólo benefician a los dirigentes.

Sin embargo, este conocimiento no se restringe únicamente al grupo de los dirigentes. Poco a poco los miembros de las organizaciones se van familiarizando con los idiomas, procedimientos y prácticas estatales. "Las bases" se interesan y demandan explicaciones sobre los procedimientos que en su nombre son realizados. De igual manera desarrollan formas de control y sanción hacia los dirigentes que violan la confianza depositada a partir de la definición de estándares de comportamiento correcto o incorrecto por parte de los dirigentes.

Frente a las dificultades para la formación de asociaciones que incluyen abusos por parte de dirigentes, el uso de la representación para beneficios particulares, actos de corrupción, deslealtades, entre tantas otras experiencias negativas, las condiciones que posibilitan la consolidación de las asociaciones son aún más importantes. Tanto en las experiencias negativas como positivas, el Estado surge como referencia central tanto en la formación discursiva como en las prácticas de las organizaciones68.

 

Comentarios finales

Como vimos en los párrafos anteriores, los ámbitos de lo público entendido como espacios de negociación y contestación sobre asuntos comunes se construyen en interacciones cotidianas y extraordinarias. En la vida diaria y en el ámbito urbano se destacan los barrios en proceso de urbanización que todavía no cuentan con servicios básicos como electricidad, agua y alcantarillado así como con la zonificación consolidada. En el ámbito rural las comunidades indígenas y campesinas han gestionado el espacio de convivencia social con grados diferenciados de interdependencia con-el Estado.

La organización de los vecinos para la provisión de bienes y servicios públicos redefine un espacio desde donde se gesta la "política de ciudadanía". La identidad de ciudadanía no se limita a comprenderse como usuarios de servicios y bienes públicos toda vez que se gestan acciones colectivas orientadas a la provisión de servicios y bienes de manera concertada con las instituciones públicas. "La junta de vecinos es muy importante: un ciudadano que tenga su casa no puede hacer su alcantarillado solito, no puede hacerse los servicios de saneamiento básico solito, entonces desde el momento que tenga su casa tiene que ser parte de la junta de vecinos." La mayoría de los entrevistados, dirigentes y miembros de las juntas de vecinos señalan: "la misión de nuestra organización es ir mejorando nuestro barrio", a través de la refacción de escuelas, de postas sanitarias, la provisión de servicios básicos (agua, alcantarillado, energía eléctrica) y la construcción de vías públicas, mejoramiento de caminos, apertura de caminos.

La apertura de espacios de auto-gestión y de canales concretos de participación en la definición de los presupuestos municipales y de control sobre las decisiones de las autoridades públicas locales amplia y redefine los sentidos de lo público y las responsabilidades en la política. En el marco de la Ley de Participación Popular, las juntas de vecinos solicitan la asignación de presupuesto municipal para comprar herramientas y materiales de construcción (arena, piedra, cemento). En contraparte los vecinos entran con el trabajo para las obras y refacciones de los bienes públicos. Si antes se solicitaban cuotas a los vecinos que tenían que cubrir muchos de los gastos, con la Ley de Participación Popular se norma la asignación de presupuesto previa planificación de las prioridades de los barrios o comunidades.

En las comunidades indígenas se avanza la gestión del territorio una vez reconocidas como TeO. "Nuestra TeO está bien planificada, cada comunidad tiene que hacer su propia gestión territorial, comunales, qué va a hacer con sus recursos, qué va a hacer con su suelo, dónde hay madera, cómo aprovechar los recursos naturales porque nosotros de eso vivimos. Pero hay que aprovechar los recursos de una forma sostenible... En termos organizativos, estamos ahora uniformizando los nombres de las autoridades a nivel comunidades, Antes era presidente, pero eso reconocemos que no es nuestro, entonces estamos retomando lo que son los caciques, caciques mayores a nivel de comunidades, también la estructura de las comunidades, para que haya una relación directa para hacer las gestiones a nivel territorial.... También estamos viendo los reglamentos de cada comunidad, de cómo quiere cumplir lo que está escrito dentro de su regla de uso y su vivencia intema social. Y además de eso tenemos también un reglamento de la TeO que recoge todas las vivencias de los reglamentos de todas las comunidades... Planificación anual"

Parece confirmarse el pronóstico de Rojas (1997: 229) de que "el municipio territorial constituye un espacio de institucionalidad democrática con responsabilidades (y no sólo derechos de reclamo) donde la participación del ciudadano no sólo es permitida sino estimulada por la mayor cercanía de éste al gobierno local. El fortalecimiento del poder local permite ampliar la legitimidad desde la base con intervención efectiva (planificación participativa, control social), lo que posibilita la gobernabilidad democrática... Finalmente aspira a promover una cultura de concertación incluso intraestatalmente, a diferencia del predominio de "caudillos" u hombres fuertes que definen a su arbitrio en sus zonas de influencia, que tan frecuentemente asocian a la cultura política en AL". Através de la directa participación en los asuntos locales, los sentidos de responsabilidad se fortalecen en el seno de organizaciones cuyos miembros se comprenden como agentes activos en la esfera pública.

La formación de identidades sociales con predi~posición a la participación define sociedades articuladas con recursos simbólicos y organizacionales para la intervención en los asuntos públicos más allá del ámbito local. De hecho esto fue lo que pasó con las juntas vecinales que, a través de sus organizaciones matrices, asumieron un rol protagónico en asuntos concernientes a las ciudades donde habitan y también en los asuntos de interés nacional. La misma observación es válida para las comunidades indígenas. Éstas lideraron los movimientos por el reconocimiento de los derechos colectivos y, en específico, los derechos al territorio que impulsaron los cambios legales de los últimos veinte años. También fueron las organizaciones indígenas y campesinas las primeras en demandar la realización de la Asamblea Constituyente.

La densidad organizativa de la sociedad boliviana alberga la posición privilegiada de la política en la vida cotidiana de los ciudadanos pese a la tradición elitista de las estructuras políticas, la baja escolaridad de la población, los niveles de pobreza y desigualdad. Parte importante de la población no sólo muestra un enorme interés por estar informado sobre la política nacional, como participa en redes y asociaciones que se convierten en espacios estructurados de formación de opiniones sobre los debates políticos. Algunos temas sobresalen en el interés de la población en general como es el caso de la propiedad y gestión de los recursos naturales, los cuales se asocian a las nociones de pertenencia a la comunidad política nacional. Como fruto de este interés más allá del ámbito local, hemos vivido en los últimos años los eventos conocidos como la guerra del agua en Cochabamba, la guerra del gas, la caída de dos presidentes y la elección de Evo Morales como presidente constitucional de la República.

El tránsito entre la atención sobre los problemas cotidianos de los barrios y la atención sobre las políticas económicas y la propiedad de los recursos naturales nos hace preguntar las afinidades y las interrelaciones entre estos dos niveles de "política de ciudadanía". Una de las afinidades entre estos dos niveles se refiere a que las organizaciones de base son los espacios en que se gestan las interpretaciones sobre la historia del país y del contexto político nacional, la construcción de nociones sobre los intereses nacionales y los criterios para la evaluación de las acciones estatales.

En estas organizaciones se concretizan los procesos de aprendizaje de relacionamiento con el Estado, de los canales y las estrategias para avanzar conquistas políticas y de derechos, de mayor inclusión en la toma de decisiones y de apertura de mecanismos de control sobre las acciones estatales. Estos procesos de aprendizaje no son cerrados a los miembros de las organizaciones e incluyen actores externos a ellas, como intelectuales, periodistas y políticos. Las interpretaciones gestadas en otras esferas (círculos de intelectuales, medios de comunicación, burocracias no estatales y estatales) circulan y son re-significadas en estos espacios de interacción.

En la historia reciente del país, la diferenciación de tácticas de relacionamiento con el Estado y la construcción de alianzas con diversos actores sociales han estado marcadas por el grado de apertura o cierre de canales de comunicación con los centros de decisión de política pública y de las oportunidades de influencia sobre las políticas. En los últimos 10 años, el cierre de los espacios de decisión de las políticas económicas y la pérdida de capacidad de representación de los partidos políticos se vinculan con estrategias de participación vía movilización y presión desde las calles. Simultáneamente, las organizaciones sociales aprovecharon la apertura de vías de interlocución y de influencia en las decisiones públicas en los espacios locales. En otras palabras, con diferentes estrategias y recursos, se fueron gestando espacios de participación en los asuntos públicos.

Planteo que el pronóstico de que "la descentralización y la participación popular sacaría del escenario de las urgencias inmediatas de la sociedad local al Estado central" y, al tiempo, "desplazaría la iniciativa de reconstrucción estatal hacia los municipios" no se cumplió. Las mismas organizaciones supieron manejarse en los dos niveles, comprendiendo las diferenciaciones de los alcances de las competencias estatales nacionales y locales.

Tanto la participación política a través de los canales formales abiertos por el Estado cuanto la participación fuera del sistema político conllevan aprendizajes cívicos de comportamiento ciudadano, el cual se instrumentaliza de diferentes formas, como forcejeo y luchas sociales o negociación y cogestión. Son diversas las formas que adquieren la relación con las instituciones públicas para la reivindicación y ejercicio de derechos protagonizadas por actores colectivos. En otras palabras, por diferentes vías se forma lo público como un conjunto de prácticas y actividades donde las personas llegan a concebirse como ciudadanos y a asumir la política como un asunto propio, cristalizando concepciones de interés común.

 

Notas

61  Femanda Wanderley es doctora en Sociología por Columbia Universily en la ciudad de Nueva York. Es docente e investigadora del CIDES-UMSA, La Paz. Para contacto: femandawanderley@cides.edu.bo El presente trabajo fue realizado en el marco del Programa del Informe de Desarrollo Humano 2007, PNUD-Bolivia.

62 Entre estos estudios mencionamos PNUD (2004), O'Donnel (1999).

63 Un interesante análisis sobre la multi-dimensionalidad de las experiencias de ciudadanía es el trabajo de Jackson (1999).

64  Se hicieron observaciones directas en 22 oficinas públicas responsables por la tramitación del certificado de nacimiento, cédula de identidad, personeria jurídica y planimetría, y se realizaron 148 entrevistas en profundidad con individuos, dirigentes de organizaciones sociales y funcionarios públicos a partir de las observaciones.

65 Esta ley consideraba al mundo colonial como dividido en dos entidades separadas: la República de Españoles y la República de Indios.

66 Para más detalle sobre el efecto de interiorización del ejercicio individual de derechos. consultar el capítulo cinco "Ejercer ciudadanía en Bolivia" del Informe de Desarrollo Humano El Estado del Estado, PNUD, 2007.

67 Un ejemplo de esta interpretación está en Postero (2003) que afirma que los procesos de socialización de la Ley de Participación Popular con las comunidades indígenas "inculcaron en los líderes indígenas jóvenes las racionalidades del liberalismo", La autora interpreta los aprendizajes de análisis racional de la situación en sus comunidades, de propuesta de soluciones a los problemas diagnosticados, de gerencia transparente de sus organizaciones, de técnicas de contabilidad y reporte financiero, de las responsabilidades en lo vs asuntos comunes de sus comunidades como técnicas de dominación que muestran cómo todas las políticas implementadas durante la década de los 90 (incluyendo la LPP, INRA, Reforma Educativa) apuntan a un mismo objetivo: "la internalización de las racionalidades del neoliberalismo", Es muy preocupante en estos análisis la postura patemalista y la inconsecuencia política de la academia con las organizaciones que son sus objetos de estudio.

68 Sobre las relaciones entre el sistema político y las organizaciones sociales, ver los estudios de Quisbert (2003), Ticona. Rojas y Albó (1995), Albó (2002) Y Ticona (2000).

 

Bibliografía

Albó, Xavier, 2002, Pueblos indios en la política. Cuadernos de Investigación CIPCA n. 55, La Paz, Plural Editores.        [ Links ]

Arias, Iván, 1997, De la nación clandestine a la participación popular en El Pulso de la democracia - participación ciudadana y descentralización en Bolivia, Caracas, Editorial Nueva Sociedad.        [ Links ]

Barragán, Rossana, 2005, Ciudadanías y elecciones, convenciones y debates en Una historia de pactos y disputas - Regiones y poder constituyente en Bolivia, Cuadernos de Futuro n.21, Informe de Desarrollo Humano, PNUD.        [ Links ]

Barragán, Rossana, 2001, El Estado Pactante. Gobierno y pueblos: la configuración estatal y sus fronteras. 1825 -1880, Tesis de Doctorado. Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales        [ Links ]

Bendix, Reinhard, 1977, Nation-Building and Citizenship, Berkeley, University of California Press.        [ Links ]

Condarco, Ramiro, 1965, Zárate, el "temible Willka", Historia de la rebelión indígena de 1899. Talleres Gráficos Bolivianos, La Paz.        [ Links ]

García Linera, Alvaro, 2000, Ciudadanía y Democracia en Bolivia-1900-1998 en Revista de Sociología- UMSA, La Paz, Bolivia.        [ Links ]

Guerra, Francois-Xavier, 1992, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. España, Editorial Mapfre y Fondo de Cultura Económica.        [ Links ]

Gray Molina, G., 2004, The Politics of Popular Participation in Bolivia. 1994-1999, Ph.D. Dissertation, Nuffield College, University of Oxford        [ Links ]

Hylton, Forrest, Félix Patzi y Sinclair Thomson, 2003, Ya es otro tiempo el presente: cuatro momentos de insuergencia indígena , La Paz, Muela del Diablo.        [ Links ]

Isin E. y Wood, P., 1999, Citizenship and Identity. London, Sage.        [ Links ]

Jackson, C.,1999, Social exclusion and gender: does one size fit all?, European Journal of Social Research, vol 11, n.1:125-46        [ Links ]

Jones, E. y Gaventa, J., 2002, Concepts of citizenship: a review. IDS Development Bibliography 19, Institute of Development Studies, Sussex -England.        [ Links ]

Kymlicka, W. y Norman, W., 1994, Return ofthe citizen: a survey of recent work on citizenship, Ethics, vol. 104, 352-81.        [ Links ]

Lehm, Zulema y Rivera, Silvia, 1988, Los Artesanos Libertarios y la Etica del Trabajo, La Paz, Thoa.        [ Links ]

Lora, Guillermo, 1967, Historia del Movimiento Obrero Boliviano 1848-1900, La Paz, Editorial Los Amigos del Libro.        [ Links ]

Marshall, T.H., 1950, Citizenship and Social Class, Cambridge, Cambridge University Press.        [ Links ]

Medina, Javier, 1997, La participación popular como fruto de las luchas sociales en El Pulso de la democracia - participación ciudadana y descentralización en Bolivia, Caracas, Editorial Nueva Sociedad.        [ Links ]

Migdal, J., 2001, State in Society - Studying how states and societies transform and constitute one another, Cambridge University Press.        [ Links ]

Mische,Anne, 1996, en Citizenship. Identity and Social History. International Review of Social History Supplements, Cambridge University Press.        [ Links ]

Mouffe, C., 1992, Democratic citizenship and the Polítical Community en Dimensions of Radical Democracy: pluralism, citizenship , community. London, Verso.        [ Links ]

Murra, John, 1975, Formaciones económicas y políticas del mundo andino, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.        [ Links ]

O"Donnell, Guillermo, 1999, On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Postcommunist Countries Couterpoints - Selected Essays on Authoritarianism and Democratization. University of Notre Dame.        [ Links ]

Orellana Halkyer, René, 2004, Interlegalidad y Campos Jurídicos - Discurso y derecho en la configuración de órdenes semiautónomas en comunidades guechuas de Bolivia, Universiteit Van Amsterdan. Cochabamba, Huella editores.        [ Links ]

Peirano, Mariza G.S., 1982, Documentos e Identidad Social (Algumas reflexoes sobre cidadania no Brasil, Documento de Trabalho, Série Antropologia n.30, Brasilia.        [ Links ]

Platt, Tristan, 1982, Estado boliviano y ayllu andino, Instituto de Estudios Peruanos, Lima        [ Links ]

PNUD, 2007, Informe de Desarrollo Humano "El estado del Estado", La Paz, Bolivia.        [ Links ]

PNUD, 2004, La democracia en América Latina - Hacía una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Buenos Aires, Argentina.        [ Links ]

Postero, Nancy, 2003, The conditions of Democracy: Governmentality and Indigenous Citizenship in Neoliberal Bolivia. Documento presentado en la Conferencia sobre Sociedad civil. desarrollo. y el futuro de la democracia en America Latina, centro de estudios iberoamericanos y de America Latina.        [ Links ]

Quisbert Quispe, Máximo, 2003, FEJUVE El Alto 1990-1998 - Dilemas del Clientelismo colectivo en un Mercado Político en Expansión, Cuadernos de Investigación Aruwiyiri n. 1, La Paz, THOAy Aruwiryiri        [ Links ]

Rivera, Silvia, 1984, Oprimidos pero no vencidos: luchas del campesinado aymara y qhichwa. 1900-1980.        [ Links ]

Rivera, Silvia, 1990, Democracia liberal y democracia del ayllu: norte de Potosí en El difícil camino hacia la democracia. La Paz, ILDIS.        [ Links ]

Rivera, Silvia, 1993, La Raiz: Colonizadores y colonizados en Violencias encubiertas en Bolivia. Cultura y Política. La Paz, CIPCA-ARUWIYIRI.        [ Links ]

Rojas, Gonzalo, 1997, El rediseño de un Estado (y sociedad) pluralista en El Pulso de la democracia - participación ciudadana y descentralización en Bolivia, Caracas, Editorial Nueva Sociedad.        [ Links ]

Salman, Tom, 2004, Apocryphal Citizenship- Anthropologizing the Citizenship Debate in Latin America en Journal of Urban History, vo, 30, n.6, September.        [ Links ]

Somers, Margaret, 1995, Waht's Political or Cultural about Political Culture and the Public Sphere en Sociological Theory, vol. 13, n. 2, Julio.        [ Links ]

Somers, Margaret, 1994, Rights, relationality, and membership: rethinking the making andmeaning of citizenship en Law and Society Inquiry, vol. 19, n.1        [ Links ]

Tapia, Luis, 2002, La Condición Multisocietal - multiculturalidad, pluralismo y modernidad, La Paz, Muela del Diablo editores.        [ Links ]

Tapia, Luis, 2006, La invención del núcleo común - ciudadanía y gobierno multisocietal, La Paz, Muela del Diablo editores.        [ Links ]

Tilly, C. (ed.), 1996, Citizenship. Identity and Social History, International Review of Social History Supplements. Cambridge University Press.        [ Links ]

Ticona, Estevan, Rojas, Gonzalo y Albó, Xavier, 1995, Votos y Wiphalas -Campesinos y pueblos originarios en Democracia, Cuadernos de Investigación 43, La Paz.        [ Links ]

Ticona, Estevan, 2000, Organización y liderazgo aymara -1979-1996, La Paz, Universidad de la Cordillera y Agruco.        [ Links ]

Toranzo, Carlos, 1997, "Descentralización del poder y construcción de sujetos colectivos" en El Pulso de la democracia - participación ciudadana y descentralización en Bolivia. Caracas, Editorial Nueva Sociedad.        [ Links ]

Verdesoto, Luis, 1997, El concepto y las experiencias regionales de participación en El Pulso de la democracia - participación ciudadana y descentralización en Bolivia. Caracas, Editorial Nueva Sociedad.        [ Links ]

Weber, Max, 2001,1922 Ensayos sobre metodología sociológica, Buenos Aires, Amorrortu editores.        [ Links ]

Wanderley, Fernanda, 2005, La construcción de ciudadanía económica: el desafío del Nuevo modelo de desarrollo en T"inkazos, revista boliviana de ciencias sociales, n. 18, mayo.        [ Links ]

Zavaleta Mercado, René, 1986, Lo Nacional-Popular en Bolivia. México, Siglo XXI Editores.        [ Links ]

 

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