SOCIOLOGÍA POLÍTICA E IDEOLÓGICA

 

DILEMAS Y LABERINTOS POLÍTICOS: LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN BOLIVIA VISTA DESDE ADENTRO

 

 

Franco Gamboa Rocabado³⁸

 

 

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No se puede creer en aquello que no se entiende.
P. Ablabard

The world is what it is; men who are nothing, who allow themselves to become nothing, have no place in it.
V. S. Naipaul, A bend in the river

 

Introducción

Con gran esperanza fue inaugurada la Asamblea Constituyente en Bolivia el domingo 6 de agosto de 2006. Sin duda era la culminación de un largo camino recorrido para responder a las continuas crisis políticas desde la caída del régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de Octubre de 2003. Al mismo tiempo, la Asamblea significaba una respuesta inicial del nuevo gobierno de Evo Morales a las demandas indígenas que parecían haber encontrado una expresión política y representatividad sobre la base de un discurso radical que declaraba el fin del colonialismo interno³⁹, así como el comienzo de visiones multiculturales del Estado boliviano, abriendo oportunidades para encaminar la democracia hacia un conjunto de aspiraciones que provengan desde las identidades étnicas⁴⁰.

El gran optimismo se sustentaba una vez más sobre el deseo por consolidar un Estado plurinacional donde la reconciliación después de la traumatizante crisis de Octubre negro de 2003, permita visualizar un régimen democrático capaz de integrar a las mayorías indígenas en los procesos deliberativos con el objetivo de definir el rumbo del desarrollo y la orientación del poder en beneficio de los excluidos. Para otros, sin embargo, la Asamblea Constituyente debía instituir el basamento desde el cual pueda completarse la permanente y nunca acabada construcción del Estado Nacional, interrumpida por las contradicciones de la revolución nacionalista desde 1952 y desvirtuada por el oleaje de una economía de mercado cuyas políticas neoliberales en los años noventa habían destruido gran parte de las capacidades del aparato estatal, perpetuando la desigualdad y fragmentando nuestras posibilidades para reconocernos como una compacta unidad nacional.

La preocupación sobre el nacimiento, desarrollo y consolidación del Estado Nacional en Bolivia continuaba viva y presente desde el comienzo de la Asamblea, pues surgían una vez más viejas preguntas al calor de un nuevo contexto y renovación de perspectivas políticas: ¿la presencia indígena en el poder con Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) significaba una continuación del Estado Nacional surgido en la revolución de 1952?, o contrariamente, ¿las fuerzas de izquierda nacional habían decidido asumir la ruta indigenista para construir un proyecto hegemónico totalmente distinto, donde la modernización económica, política y las perspectivas de una diferente revolución nacional, se transformaban en la lucha por la equidad desde las determinaciones de los pueblos originarios? Los acontecimientos más relevantes de aquel histórico 6 de agosto de 2006 fueron cuatro:

a) Primero, un desfile que congregó a 36 etnias de toda Bolivia, con lo cual se ratificó una de las influencias dominantes: la orientación indigenista en el proceso constituyente, sobre todo defendida por el MAS como primera mayoría estratégica en la Asamblea. Aunque esta situación generó reticencias por parte de los Comités Cívicos de la "media luna" como Santa Cruz, Seni, Panda y Tarija, la visibilidad indígena fue democrática y claramente política, exigiendo reconocimiento al fomentar un diálogo y conflictos entre las viejas prácticas de la democracia sustentada en los pactos de gobernabilidad y las expectativas liberadoras del movimiento indígena vinculadas con el constitucionalismo multicultural, los derechos colectivos y la ciudadanía post-nacional donde se planteaba superar un contrato social apoyado en criterios de exclusión y concentrados únicamente en el consenso democrático liberal, es decir, en la promoción internacional de ciertas concepciones minimalistas de la democracia erigidas como condición que los Estados debían cumplir primero para luego acceder a los recursos financieros internacionales (De Souza Santos, 2005: 350)⁴¹.

La ascendencia indigenista en el proceso constituyente surgió como distintivo político, difundiendo un discurso fuertemente crítico en contra de la democracia liberal representativa, considerada como un régimen que reproducía una sociedad fracturada e intolerante para aplicar los moldes de la ciudadanía forzada como imposición del modelo civilizatorio occidental. El énfasis ideológico mostró permanentemente a un presidente indígena como Evo Morales, líder y caudillo en quien convergía un desencanto con el orden social y político, además de convertirse en materia prima para postular la utopía política del Estado pluriétnico postcolon ial (Gamboa, Rocabado, F, 1996).

b) Segundo, señales de desorganización operativa y logística porque no fueron concluidos a tiempo los trabajos de albañilería en el Colegio Junín y el Teatro Gran Mariscal Sucre, sede principal de la Asamblea, así como una total incertidumbre sobre cómo aprobar un reglamento de debates que rija el trabajo político de los asambleístas.

c) Tercero, el posicionamiento tajante del Presidente de la República, Evo Morales, asegurando que el poder de la Asamblea Constituyente sería absoluto, incluso por encima de los tres poderes del Estado. Morales afirmó también que los resultados esperados de antemano apuntaban hacia una Constitución fundacional, originaria y comunitaria, lo cual definía claramente la intención de convertir al Movimiento Al Socialismo (MAS) en un partido de hegemonía única, cuyo principal instrumento sea una Asamblea que fortalezca la legitimidad del partido de gobierno y desactive un trabajo ya demasiado debilitado en la oposición política desde las elecciones presidenciales del 18 de diciembre de 2005. Los postulados de una Asamblea fundacional afirmaban también que la sociedad esperaba ansiosa el diseño de un nuevo modelo estatal, aunque sus características institucionales y alcances democráticos no tenían propuestas homogéneas.

d) Cuarto, el surgimiento de expectativas sociales en relación con la posibilidad de llevar a cabo nuevas experiencias democráticas que, específicamente, trataban de construir diálogos y desatar nuevos conflictos entre el modelo cuestionado de democracia representativa y otro tipo de democracia más participativa. En este sentido fueron transmitidas ciertas esperanzas e ilusiones a través de los medios de comunicación⁴².

Los conflictos en los primeros seis meses de la Asamblea Constituyente expresaron una preocupante contradicción como resultado no deseado de la democracia rebelde e inestable emergida desde Octubre de 2003: gobernabilidad y democracia directa descansan sobre la base de principios antagónicos y, por lo tanto, de irremediable enfrentamiento permanente. En un lado de la medalla, la gobernabilidad requiere la efectiva representación de grupos en proporción a su poder para imponer una agenda y demandas específicas que se transformen en acciones de gobierno, pues la gobernabilidad, finalmente, obedece a cómo los grupos más poderosos son capaces de definir un rumbo específico para el Estado, especialmente en lo que hace a la apropiación del excedente económico como el gas natural y otros recursos valiosos.

En el otro lado de la medalla está la democracia directa que implica la representación del máximo número posible de grupos sociales y étnicos, que se sustenta en mucha tolerancia para respetar a las minorías políticas y compensar, con criterios de justicia real, a la mayor parte de sectores marginales como los pobres. Por lo tanto, los conflictos en la Asamblea Constituyente mostraron un endeble equilibrio entre la lógica del poder de los grupos más fuertes, y el respeto a la lógica de igualdad política que exige la democracia participativa, hoy día imposible de ser obviada⁴³.

Esta investigación presenta un análisis político sobre lo que significó el desarrollo de los debates específicos durante los seis primeros meses de trabajo de la Asamblea Constituyente, específicamente, sobre el conjunto de pugnas en torno al reglamento de debates, así como un mapeo sobre las esferas de influencia, el posicionamiento de los principales actores y el surgimiento de diversas disputas, vacilaciones e incertidumbres que caracterizaron al escenario constituyente en Bolivia entre agosto de 2006 y febrero de 2007.

 

Alcances y límites de la Asamblea

La reforma total de la Constitución efectivamente se convirtió en una facultad exclusiva de la Asamblea Constituyente elegida para elaborar un nuevo orden constitucional, concentrado fuertemente en la perspectiva que asegure un "carácter originario"; sin embargo, es precisamente aquí donde comenzaron ciertas confusiones e interpretaciones políticas unilaterales de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, abriéndose dos frentes de discrepancia.

Por una parte, el MAS reivindicó su deseo de convertir el histórico evento en aquel referente revolucionario que permita romper con las estructuras más conservadoras de la democracia, además de involucrar a los movimientos indígenas como actores privilegiados y vigilantes hasta forzar el reconocimiento de una Asamblea originaria. Por otra parte, la oposición del segundo partido más votado en las elecciones del 2 de Julio de 2006, Poder Democrático y Social (PODEMOS), sostenía la "naturaleza derivada" de la Constituyente cuyo objetivo era utilizar la Ley de Convocatoria como camisa de fuerza legal para prevenir cualquier intento extremista y asegurar la redacción de una Constitución sin grandes transformaciones⁴⁴. Probablemente es desde esta perspectiva que PODEMOS pensó en bloquear el proceso constituyente, especialmente porque sus asambleístas no eran ni la mitad de los escaños obtenidos por el MAS, lo cual alimentó también su desesperación por utilizar argumentos legales para descartar el carácter originario que, finalmente, se convirtió en una estrategia obstruccionista manifestada desde muy temprano con la severa exigencia por obtener los dos tercios en el sistema de votación de la Asamblea.

La Constituyente boliviana reveló que no fue del todo un órgano soberano con la facultad para ejercer actos fundacionales, sino que estuvo limitada, ya sea por la Ley de Convocatoria o por otros convenios políticos, fruto de las influencias provenientes del propio Poder Ejecutivo y diversos intereses cívico-regionales. Como podrá verse más adelante, los apelativos fuertes para posicionar las ilusiones fundacionales con la Asamblea, solamente constituyeron interpelaciones ideológicas y simbólicas para marcar la diferencia entre el régimen de Evo Morales y la vieja estirpe de los demócratas neoliberales. De cualquier manera, la idea planteada por el MAS desde la campaña presidencial del año 2005 en términos de instaurar un Estado social comunitario, confundió a la sociedad y en gran medida desató cierto temor en relación con un tipo de orden estatal que mezclaba aspectos socialistas con planteamientos para establecer instituciones indígenas de organización política. A esto debe agregarse una gama de presiones de carácter internacional, social, histórico y cultural que impedían, o por lo menos dificultaban, la total remodelación constitucional, por ejemplo:

a) La irrefrenables aspiraciones de grandes sectores sociales en Bolivia para beneficiarse de la modernidad, cuyas pautas y normativas de comportamiento siempre tienden a favorecer la consolidación de lo ya alcanzado, evitando todo experimento revolucionario (Mancilla, H.C.F.,2000). Los grandes avances de la tecnología y su poderosa influencia en el estilo de vida moderno refuerzan las conductas conservadoras, sobre todo en los jóvenes que se encandilan con todo aspecto material y mercantil, antes que con la fuerza de cualquier idea política transformadora.

b) La ausencia de esfuerzos auténticos y eficientes para reformar el Poder Judicial y el Ministerio Público específicamente. La justicia en Bolivia es uno de los ámbitos más corrompidos del sistema democrático, razón por la cual una transformación constitucional profunda implica una extensa renovación del Poder Judicial que en estos momentos no existe. La compatibilidad entre el nuevo texto constitucional y el conjunto de la economía jurídica tiene altas probabilidades de quedar atascada en una densa red de intereses judiciales burocráticos, por lo que muchas disposiciones constitucionales inevitablemente quedan redactadas con el ropaje de principios generales muy alejados de las grandes ambiciones transformadoras.

c) La vida cotidiana, en el fondo, es indiferente con lo que podría significar una reestructuración estatal, mucho más si se toma en cuenta que algunos grupos de la sociedad civil no estarían en condiciones de invertir sacrificios individuales a favor de objetivos colectivos juzgados como demasiado costosos; por lo tanto, el desarrollo normal de convenios y contratos privados, así como las prácticas rutinarias de muchas empresas e instituciones siguieron funcionando y trabajando como de costumbre.

d) La existencia de los derechos patrimoniales (propietarios) provienen de muy atrás en la historia nacional, de tal manera que defender la propiedad privada se erigía como un principio resistente a toda negociación donde se pretenda precipitar cambios constitucionales en contra de dicha propiedad. En este aspecto, PODEMOS se presentó en la Asamblea como la organización política favorable a la defensa de la propiedad privada en su concepción global y como recurso fundamental para dinamizar la economía de mercado; mientras que el MAS proponía cambios específicos en la gran propiedad agraria, el respeto de los territorios indígenas y las reformas en la tierra como medio de producción concentrador de desigualdad.

e) Los medios masivos de comunicación y muchos grupos de presión bien organizados en el seno de la sociedad boliviana, como por ejemplo los sindicatos de maestros, chóferes, empresarios privados y comunidades eclesiales de base de la iglesia católica, observaron con un criterio escéptico y cauteloso la concepción que se esconde detrás de las consignas para re-fundar el país y alcanzar un gran pacto social (Opinión, 27 Sep 2006).

Una encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entre 3300 ciudadanos de los nueve departamentos de Bolivia en Julio de 2006, mostraba que la inmensa mayoría (70%) veía muy difícil que los constituyentes se pongan de acuerdo en los temas cruciales de la reforma constitucional; además, más del 40% de los encuestados creían que la actual Constitución era adecuada para las necesidades del país, por lo que esperaban sólo una modificación parcial y no una refundación trascendente del Estado. Cuando se preguntaba por qué la población estaba de acuerdo con la instalación de la Asamblea el 6 de agosto, los encuestados respondían por "la necesidad de modificar y aumentar las leyes más adecuadas, así como para mejorar el país y la vida de los bolivianos"; sin embargo, la mayoría (59%) también afirmaba sin evasivas que los constituyentes tomarían decisiones pensando únicamente en sus intereses personales y partidarios (PNUD, 2006).

f) El contexto de la economía internacional y las relaciones diplomáticas en todo el hemisferio norte no es favorable a experimentos socio-políticos. Por esto, los márgenes de acción en casi todos los países latinoamericanos en el contexto de la globalización son limitados. "Quienes

buscan insertarse en el sistema global intentan desarrollar políticas definidas como 'responsables', que en algunas áreas de la macroeconomía no se diferencian sustancialmente de las políticas neoliberales"(Rojas Aravena, Francisco, 2006:109)⁴⁵. De aquí que una Constitución revolucionaria tendría grandes problemas para adaptarse a las complejas dinámicas del mercado internacional.

En consecuencia, la Asamblea Constituyente no tuvo una influencia decisiva sobre aquel escenario inasible que corresponde al mercado mundial y la cultura globalizada contemporánea, dimensiones que determinan de manera substancial la vida social, política y económica de cualquier país.

Como la mayoría de las Asambleas Constituyentes en América Latina los últimos quince años, la boliviana tuvo restricciones para dictar leyes específicas. En varias ocasiones, los movimientos sociales sugirieron que la Asamblea pueda dedicarse a legislar, sobre todo en las áreas como los recursos naturales, las autonomías departamentales y los problemas ligados con la tierra y el territorio; empero, por falta de tiempo y capacidades reales, la Asamblea Constituyente estuvo imposibilitada de formular políticas públicas o sancionar lineamientos programáticos para la actividad de futuros gobiernos, por más que algunas organizaciones sociales hayan insistido en esta alternativa.

Para muchos, el hecho de impulsar el carácter originario y plenipotenciario de la Asamblea, justamente debía plasmar una facultad legislativa incuestionable, pero este anhelo fue un ingrediente más que sobredimensionó innecesariamente las posibilidades reales de la Constituyente, fomentando, en contraposición, mayores incertidumbres en torno a los resultados efectivos que el proceso podía ofrecer.

Algunas encuestas de opinión en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, mostraron cabalmente que en todos los estratos sociales y en grupos de edad entre los 18 y 54 años, la sociedad civil tiene expectativas que innegablemente van más allá de las reformas constitucionales al demandar propuestas de solución para la pobreza, la injusticia social entendida como una apertura de oportunidades equitativas para la mayoría, y el logro de fuentes de empleo concretas (Construyendo, 2006:12),

Como sucedió con otros antecedentes constituyentes latinoamericanos y bolivianos, la Asamblea Constituyente 2006-2007 careció del potencial para fiscalizar las actuaciones de los poderes ya constituidos como el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sobre todo porque los 137 asambleístas del MAS asumieron una postura acrítica de subordinación directa a Evo Morales y al Ministerio de la Presidencia, A su vez, el conjunto de los demás representantes de la oposición como PODEMOS, Unidad Nacional, MNR y las agrupaciones ciudadanas que representaban a circunscripciones más locales, discreta o abiertamente se sometieron a las directrices políticas que venían de los Comités Cívicos, intereses regionales y hasta municipales, Todos los asambleístas quedaron atrapados entre la necesidad de mostrar una vocación para defender los intereses de Bolivia como Nación, y la presión de otro conjunto de intereses más corporativos que provenían de sus votantes o de instrucciones partidarias ideológicamente restringidas⁴⁶,

La Asamblea Constituyente en Bolivia mostró los esfuerzos de un país para reencontrarse consigo mismo; de esta manera, aún a pesar de tener resultados frugales, sin duda instituyó un logro: el ejercicio de moverse en un péndulo que va caminando entre la democracia y los desacuerdos, combinación tolerante que poco a poco cava los surcos para el establecimiento de un derecho a decidir libremente, incluso a pesar de estar equivocados.

 

Esferas de influencia política

Los resultados electorales del 2 de Julio de 2006 determinaron un nuevo esquema de representación con la presencia de líderes provenientes de sectores excluidos, muchos jóvenes, un total de 88 mujeres y grupos de clase media. La inmensa mayoría no tenía una experiencia parlamentaria anterior y tampoco estuvo vinculada con responsabilidades de magnitud política nacional, razón por la que el aprendizaje fue lento y, en gran medida, traumático. La composición de la Asamblea finalmente quedó estructurada de la siguiente forma:

Tipo de partidos/agrupaciones ciudadanas y principales orientaciones políticas

Las principales líneas ideológicas de estas 16 agrupaciones políticas no tienen un perfil discursivo homogéneo, pero apuntan hacia los siguientes planteamientos poiíticos⁴⁷:

a) La preponderancia de identidades étnicas como la raíz para el desarrollo de nuevas estructuras de poder a partir de un Estado multinacional no occidental, como lo propuesto por el MAS. Este partido popularizó la idea de una descolonización de la sociedad, el Estado y la cultura, planteamiento que responde más a la ideología katarista antes que a las posiciones políticas del movimiento cocalero, cuyo principal dirigente es Evo Morales quien nunca estuvo identificado con el katarismo pero incorporó en su discurso la descolonización como parte de una estrategia de campaña política destinada a interpelar a grandes masas indígenas, víctimas de la discriminación racial y la exclusión de las políticas ejecutadas por los gobiernos de coalición como el MNR, MIR Y Acción Democrática Nacionalista (ADN) del dictador Hugo Banzer.

b)  El impulso y desarrollo de una nueva conciencia nacional ligada a enfoques instrumentales para ganar legitimidad ante la opinión pública, sobre todo por el planteamiento de combinar integración social con integración política, como los postulados de UN y el MNR. Estos planteamientos de integración sin embargo, responden a visiones tradicionales de los viejos pactos de gobernabilidad y a las ofertas de varios organismos internacionales de cooperación al desarrollo que financiaron las políticas neoliberales cuando algunos dirigentes de UN y el MNR eran funcionarios de gobierno de Sánchez de Lazada y Jaime Paz Zamora.

c) El fortalecimiento de un sistema político que representa la instancia de mediación entre el Estado y la sociedad civil, como las ideas características de representación democrática expresadas por PODEMOS y el MNR.

d)  El desarrollo de una estructura de regiones autonómicas con plena legitimidad, defendida por diversas agrupaciones ciudadanas de carácter regionalista.

e) Lo sectorial y corporativo también estuvo presente como una influencia política en algunas agrupaciones ciudadanas que postulaban las autonomías regionales en la "media luna". Si bien las demandas para despartidizar la representación política tuvieron un reconocimiento legal para que diferentes organizaciones de la sociedad civil ingresen a la Asamblea, el respaldo electoral fue reducido y aquellas agrupaciones que lograron un escaño respondieron a intereses corporativos relacionados con las elites políticas de algunos gobiernos municipales, comités cívicos y pequeños grupos de poder regional en Oruro, Potosí, Tarija, Beni, Santa Cruz y Panda.

¿Cuál de estos ejes ideológicos podría representar la prioridad para un verdadero debate constituyente democrático? La experiencia boliviana no responde en una sola dirección; sin embargo, debido a la fuerte presencia de caudillismos de todo tipo y al influjo de una cultura política autoritaria muy acendrada en Bolivia, una verdadera necesidad democrática implica reconocer que el diseño de toda nueva Constitución Política exige firmemente la limitación del poder político como una prioridad; esto es inclusive más importante que la refundación estatal reclamada por muchos grupos radicales. Es fundamental pensar y transmitir a la sociedad boliviana que siempre hay algo por encima del poder para evitar arbitrariedades y cualquier tentación totalitaria.

Una vez posesionada la directiva de la Asamblea Constituyente el 6 de agosto de 2006, fue notorio un amplio control estratégico del Movimiento Al Socialismo (MAS) pues determinó el nombramiento de la Presidencia, la primera Vicepresidencia y cuatro secretarías, incluso en contra de la censura de los medios de comunicación y toda la oposición que, finalmente, terminó aceptando las proclamaciones públicas de Evo Morales para que Silvia Lazarte y Roberto Aguilar sean posesionados en los puestos más influyentes sin una concertación entre las fuerzas políticas con representación en la Asamblea⁴⁸.

Esta actitud obedeció a una instrumentalización de opciones y recursos a disposición del MAS al haber logrado una mayoría de 137 asambleístas y ratificado su legitimidad electoral en los comicios del 2 de Julio. De cualquier manera, la bancada masista no fue un grupo uniforme, ni desde el punto de vista ideológico para mostrar un perfil solamente indigenista, ni desde el criterio organizacional porque armonizar ideas y conductas disciplinadas en función del trabajo señaló problemas internos desde el inicio.

Al caracterizar las estrategias políticas del MAS en la Asamblea Constituyente, se encuentra que el Presidente actuó como el nuevo líder liberador, indígena y dinamizador de confrontaciones que interpelaba al pueblo como un actor colectivo invocando a los de abajo y a los pueblos originarios para desatar una oposición frontal contra el viejo régimen de la democracia representativa y las políticas neoliberales. Esto implicó que, de una forma u otra, los canales institucionales existentes para la vehiculización de las demandas sociales habían perdido su eficacia y legitimidad, y que la nueva configuración hegemónica debía suponer una reestructuración del espacio público (Laclau, E, 2006:56-57). De aquí surge la mediación directa de Evo Morales y la defensa crucial de una Asamblea con poder originario destinado hacia una refundación estatal definitiva.

Estas influencias expresaron asimismo una tendencia fuertemente neo-populista en la Asamblea Constituyente, afincada en un llamamiento del MAS hacia las masas urbanas y rurales; masas en el sentido de grupos provenientes de sectores populares e indígenas, junto con una parte de la clase media para construir una alianza con el Estado. Esta propensión neo-populista ocasionó distorsiones en el trabajo constituyente por la presión de varios grupos de interés corporativo. Finalmente, la estructura de influencias marcó la siguiente distribución:

Estructura de la Asamblea Constituyente

Al analizar las principales tendencias se vio la existencia de condiciones políticas para establecer acciones hegemónicas de partido único bajo el patrocinio del MAS. De aquí viene su propuesta para la aprobación de todo tema por mayoría absoluta, aspecto que marcó la conducta de presión a lo largo de todo el proceso constituyente, aun cuando causó el rechazo de la oposición o la crítica de los medios de comunicación. Diversos editoriales de prensa consideraban que desde antes de la inauguración de la Asamblea Constituyente y después de su instalación, el Presidente de la República estaba empeñado en lanzar sugestiones a los asambleístas, planteando que la Asamblea contara con poderes por encima de los tres órganos en que se basaba la institucionalidad del Estado, es decir, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los medios no coincidían con Evo Morales cuando éste afirmó que inclusive dejaría su cargo en manos de los constituyentes si lo vieran conveniente. Para los medios, el respeto de los tres poderes debía merecer un especial cuidado porque las transformaciones radicales por presión corporativa o por concepciones únicamente hegemónicas, podían salirse fuera de control.

Al mismo tiempo, los canales de televisión y periódicos consideraban negativa la movilización indígena y campesina organizada desde el Poder Ejecutivo. Los dirigentes de la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), la Confederación Nacional de Ayllus y Markas del Oollasuyu (CQNAMAO) y la Confederación de Colonizadores reconocieron que el Presidente les ofreció disponer de una oficina y manutención para que vigilen a los constituyentes. La oferta no se quedó en una invitación presidencial para estas organizaciones porque el Ejecutivo decidió monitorear la presión sindical en la Constituyente, según pudo establecer el periódico La Razón en contacto con vanos dirigentes campesinos afines al MAS. Además de la sugerencia del Presidente para que los movimientos sociales se trasladen a Sucre con el objetivo de controlar el trabajo de la Asamblea, los representantes de cinco sindicatos campesinos se reunieron en el palacio de gobierno con el presidente Evo Morales el miércoles 9 de agosto, recibiendo oficialmente una oficina para instalar sus centros de control, además de financiamiento para la alimentación de sus delegados (La Razón, 11 Ago 2006).

Esto también está estrechamente relacionado con las posiciones drásticas del Presidente, el Vicepresidente y el Ministro de la Presidencia para no respetar la institucionalización de cargos públicos y convocar a un copamiento del Estado con la militancia del MAS, pues durante los meses de septiembre y diciembre de 2006, las pugnas c1ientelares del partido fueron tales que virtualmente el proyecto político se vio casi reemplazado por la necesidad de responder a los militantes que confiaban en obtener un puesto público al viejo estilo de las prácticas políticas tradicionales (La Razón, 29 Dic2006)⁴⁹.

Por otra parte, en los primeros diez meses de gobierno, el Presidente de la República tomó decisiones caracterizadas por la imposición sin consensos previos, especialmente en los casos referidos a la aprobación de la Ley del Instituto de Reforma Agraria (INRA), la reforma educativa, el nombramiento de algunos Ministros de la Corte Suprema de Justicia y el control directo de la Asamblea Constituyente (La Razón, 31 Dic 2006: 20). Este rasgo decisorio influyó de manera profunda en el posicionamiento de sus 137 asambleístas y diferentes aliados, así como en la activación de enfrentamientos de todo tipo que inevitablemente rodearon todo el proceso constituyente.

Luego de seis difíciles meses para la Asamblea, los acuerdos políticos alcanzaron una solución legítima la noche del 14 de febrero de 2007, lográndose aprobar la modificación del artículo 70 sobre el sistema de votación. La dinámica de las negociaciones tuvo el siguiente comportamiento:

Dinámica de las decisiones para lograr consensos

Para terminar, el texto aprobado el 14 de febrero recogió casi exactamente lo mismo que el acuerdo firmado entre Unidad Nacional y el Movimiento Al Socialismo el sábado 3 de febrero. A este acuerdo se sumaron después el MNR y los partidos pequeños del Bloque Popular Alternativo. PODEMOS rechazó todo, pidiendo 2/3 inamovibles para cualquier decisión negándose a aceptar las referencias a la mayoría absoluta; empero, muchos de sus asambleístas expresaron su molestia y ánimo de concertar porque era necesario "viabilizar de una vez la Asamblea".

Conclusiones: interpretación teórica sobre la generación de valor público y conflictos emergentes luego de la aprobación global del reglamento de debates

Con la aprobación del sistema de votación en el Reglamento de Debates de la Asamblea Constituyente el 17 de noviembre, es posible plantear aspectos teórico-políticos para el análisis de conflictos emergentes y las proyecciones que tuvo todo el proceso constituyente boliviano.

Uno de los ejes conceptuales que resulta útil aplicar a la reflexión es el concepto de "valor público", puesto que su consideración sirve para explorar cómo dicho valor público se vincula con la relación Estado-ciudadano, y al mismo tiempo de qué manera las "preferencias públicas" podían respaldar el proceso político constituyente o, por el contrario, condenarlo hasta su total deslegitimación.

El valor público se refiere a un conjunto de beneficios creados por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. De aquí que en una democracia, este valor sea definido en última instancia por el público mismo; es decir, por el conjun"to de la opinión pública al juzgar los resultados de las acciones de gobierno y los impactos que provocan las decisiones políticas en la vida diaria de los ciudadanos. El "valor" está determinado por las múltiples preferencias ciudadanas que se expresan a través de una variedad de medios y se reflejan por medio de las decisiones de los políticos electos. Por regla general, los hechos clave que los ciudadanos juzgan como valiosos se ubican en tres categorías: resultados, servicios y confianza. La legitimidad del Estado y de ciertos escenarios de deliberación democráticos, generalmente depende de cuán bien los líderes y gobernantes son capaces de crear valor (Nelly, G. y S. Muers, 2003).

En un Estado abierto y democrático, la aptitud para crear valor público ofrece beneficios adicionales a cualquier mejora que pueda producirse en la calidad de las políticas públicas medidas por resultados, y en las orientaciones democráticas donde no existen visiones enfrentadas de amigo-enemigo.

El valor público alienta un sentimiento de pertenencia al Estado, la política y la democracia, reduciendo el resentimiento hacia las acciones del gobierno porque se habrá construido una sólida legitimidad, y aumentado la confianza de los ciudadanos hacia el Estado, de quien se espera la probabilidad de tomar mejores decisiones.

Con este telón de fondo se puede afirmar que los primeros cinco meses de trabajo de la Asamblea Constituyente estuvieron marcados por un profundo déficit en la generación de valor público. No solamente las expectativas y confianza de la población en general decayeron respecto a la Asamblea^so, sino que el proceso constituyente se convirtió en el principal referente político de suma cero donde la lógica de amigo-enemigo fue dominando el posicionamiento de los partidos políticos para imponer decisiones al margen de lo que grandes sectores de la ciudadanía podrían esperar, por ejemplo, respecto a cambios moderados, incrementales, estables y la consecución de soluciones nacionales para su implementación duradera.

Las confrontaciones durante la aprobación del artículo 70 sobre el sistema de votación con el apoyo casi exclusivo del MAS (140 votos), expresaban difíciles obstáculos al interior de la Asamblea que se resumen en lo siguiente:

a) Ruptura de los canales de comunicación entre las principales fuerzas políticas como el MAS y PODEMOS. Este distanciamiento evitó la generación de relaciones de confianza que se necesitaban para la identificación de una "visión de país" renovada, inclusiva y reconciliadora.

Al persistir las estrategias de suma cero, era muy agotador articular consensos sobre los temas de mayor preocupación como la estructura institucional del Estado, el futuro de los hidrocarburos y los sectores estratégicos de la economía, la problemática de la tierra como recurso de desarrollo, pero al mismo tiempo, como escenario de participación indígena con pleno poder, las autonomías, los derechos y garantías fundamentales de las personas en un régimen de libertades democráticas.

b) Mayores conflictos para la conformación de las comisiones y las directivas de las representaciones departamentales. Una vez que el MAS controlaba 11 de las 21 comisiones y ejercía su dominio en las presidencias de las brigadas departamentales, especialmente de Tarija y Santa Cruz, la posibilidad de considerar los planteamientos y reivindicaciones de la oposición se veían reducidas a eventos testimoniales con reducidas capacidades decisorias. Estos conflictos alimentaron un sentimiento beligerante en PODEMOS y algunos partidos pequeños que pensaban instalar brigadas paralelas con el claro objetivo de desafiar la preponderancia del MAS, lo cual dio lugar a la formación de una cadena de descalificaciones, antes que la construcción de valores públicos compartidos entre los asambleístas, y entre éstos y grandes sectores de la sociedad civil.

c) Inviabilidad de una reconsideración para cambiar las orientaciones del MAS sobre el artículo 70, de tal manera que se esperó ratificar el fuerte influjo de la mayoría absoluta durante la aprobación del texto constitucional si no se conseguían los dos tercios hasta el 2 de Julio como declaró el Vicepresidente el 9 de Enero de 2007. Esta decisión estuvo cargada de grandes cuestionamientos políticos por parte de la oposición, que se vincularon inclusive con problemas de gobemabilidad para el MAS porque PODEMOS replegó a sus constituyentes y parlamentarios, fruto de las presiones desde los Comités Cívicos y las prefecturas de Pando, Seni, Santa Cruz y Tarija. Los medios de comunicación difundieron un temor que, en principio, parecía lejano: la instalación de una Asamblea Constituyente paralela en la "media luna", reviviendo las afirmaciones del presidente Evo Morales a comienzos del mes de septiembre de 2006 sobre la posibilidad de votar dos constituciones en un referéndum.

d) Amenazas de bloqueo dentro de la Asamblea por parte de la oposición mediante pugnas que afectaron el desempeño y los informes de las comisiones, específicamente a través de la presentación de una batalla legal ante el Tribunal Constitucional. Al respecto, Ricardo Cuevas, tercer vicepresidente de la Asamblea y representante del MNR, afirmó que "el MAS declaró la guerra y no era posible bajar la cabeza; por lo tanto no quedaba otra alternativa que bloquear todo durante el trabajo de las comisiones".

e)  Luego de aprobarse el artículo 70 en circunstancias tortuosas, volvió a convocarse a una semana regional sin la más mínima planificación, lo cual evitó que los asambleístas pudieran reunir suficiente información y planteamientos para ser compartidos con sus circunscripciones. La semana regional se convirtió en un recurso político para desmovilizar a la oposición y viabilizar un momento de desahogo frente al cansancio de los constituyentes. Asimismo, el 90 por ciento de los asambleístas sencillamente no participaba en las negociaciones entre la directiva y los jefes de bancada, además que tampoco inició un trabajo concentrado en contenidos, sobre todo porque fueron afectadas las relaciones entre los constituyentes y sus asistentes técnicos que legalmente desaparecieron cuando su salario fue transferido al honorario de los asambleístas por razones estrictamente personalistas.

f) La Asamblea Constituyente como espacio de deliberación democrática y construcción institucional de acuerdos nacionales negociados no pudo generar valor público porque las aspiraciones sociales no fueron expresadas adecuadamente por medio de una relación fluida entre los asambleístas y la sociedad civil. Las preferencias ciudadanas y la resolución de conflictos deben ser resueltos a través de procedimientos colectivos donde el ejercicio de formulación constitucional pueda ser un catalizador de procesos transformadores, en especial si se considera que uno de los objetivos al generar valor público es "el empoderamiento de la ciudadanía y su preparación para participar en la vida pública, así como para el ejercicio y protección de sus derechos" (Yash Ghai, 2006: 6.).

Estas brechas de confianza, aislamiento y el desprestigio de las palabras pacto o consenso entre muchos constituyentes del MAS, estimularon un clima de opinión carente de valores sustentables en el largo tiempo.

Por lo tanto, el problema visto a través de los ojos del valor público señalaba que la ética y los valores de cualquier organización pública, en este caso la Asamblea Constituyente, podían serjuzgados negativamente por la ciudadanía

que terminó asumiendo que el proceso constituyente era inapropiado para la creación de valor en términos de mejores resultados para una reforma política eficaz, mejores condiciones para lograr una buena vida y menor confianza en las instituciones democráticas que son expresión directa de un sistema político que no superó el "empate catastrófico" y la crisis de Estado desde Octubre negro del año 2003 (Viaña, Jorge, 2006: 51-96). Esta imagen negativa de la Asamblea giraba en tomo a tres objetos de preocupación:

•  La eliminación del juego de aquellos considerados como enemigos políticos. Este es el resultado directo de las estrategias de suma cero.

•  Mayoría absoluta para viabilizar un proyecto único de poder y construcción de valores públicos con un sesgo étnico y de clase. En este caso, no se puede negar que los grupos indígenas y los movimientos sociales que defendían al MAS y su actual plan de gobierno, eran expectativas políticas legítimas que también podían entenderse como generadoras de valor público; sin embargo, estos actores no parecían darse cuenta de que las definiciones de "valor" siempre cambiarán constantemente como resultado de la experiencia democrática y el debate públicos. Es por esto que la existencia de la oposición adquiere relevancia para poner límites al ejercicio arbitrario del poder.

• Desestabilización sustentada por la oposición de PODEMOS que finalmente también conducía a la destrucción de la esencia del valor público.

La probabilidad de recuperar credibilidad y eficacia en la Asamblea Constituyente, pasaba por comprender que la combinación entre instituciones públicas y un gobierno fuerte como quería el MAS, debía fructificar junto a la competencia de una oposición política reconocida como interlocutor válido porque era de esta manera que un régimen democrático lograba el mejor balance entre rendición de cuentas, innovación y eficiencia.

Asimismo, para desarrollar un conjunto de valores públicos, no es suficiente que los ciudadanos digan que es deseable una refundación estatal. Un valor público nace solamente si los ciudadanos, sea individual o colectivamente, están dispuestos a renunciar a algo a cambio de alcanzar dicho valor. Los sacrificios que demandó la Asamblea Constituyente no expresaban capacidad de renuncia de ningún actor político o institucional; todo lo contrario, muchos buscaron beneficios de corto plazo, inclusive dañando o afectando los intereses del país como unidad nacional.

La idea de costo de oportunidad es, por lo tanto, central en el planteamiento de valor público: si se afirma que a los movimientos sociales les gustaría una histórica reestructuración del Estado pero éstos no están dispuestos a renunciar a nada a cambio, entonces no resulta creíble que dicha demanda política realmente pueda crear valor al interior del sistema democrático.

 

La oposición de PODEMOS: una evaluación

Diversos obstáculos en la construcción de valor público se encontraban del mismo modo en las acciones de la oposición, cuyo grupo más notorio era PODEMOS. En esta perspectiva, para el vocero oficial de PODEMOS José Antonio Aruquipa, constituyente por La Paz, "la verdadera amenaza para la oposición no era el MAS sino que el partido se cruceñice".

Según el testimonio de Aruquipa, la bancada nacional de PODEMOS tampoco tuvo una lógica democrática, pues la victoria del sí a las autonomías y la supremacía de Santa Cruz, Beni y Tarija hizo que los asambleístas de estas regiones monopolizaron las principales direcciones como la jefatura de bancada y una de las vicepresidencias de la Asamblea.

Para Aruquipa, el reto radicaba en que PODEMOS lograra convertirse en una verdadera estructura partidaria plenamente organizada, con la habilidad para abrirse hacia una visión más democrática, pues existían nociones muy conservadoras provenientes de grandes empresarios de la tierra como Clover Paz, para quienes las discusiones sobre equidad y mayores oportunidades destinadas a los pueblos indígenas, caían en un agujero de indiferencia o total desinterés.

PODEMOS era una fuerza opositora que también dudaba sobre sus posibilidades de generar valores públicos en la Asamblea, sobre todo porque no fue una bancada homogénea como se creía y existían algunos constituyentes radicales que buscaban un quiebre político como estrategia para retomar posiciones políticas de fuerza.

Aruquipa consideraba que "lo sucedido con Lindo Femández al desvincularse de PODEMOS para apoyar la aprobación del artículo 1 (carácter originario), también podía volvera ocurrir con el surgimiento de mayores divisiones entre el mandato de las circunscripciones y aquellas actitudes antidemocráticas y conservadoras de PODEMOS. Si a mí me piden que vote a favor de los intereses latifundistas como los de Clover Paz, no lo voy a hacer porque mis mandantes me solicitaron luchar precisamente en contra de los grandes terratenientes".

Luego de aprobarse el artículo más conflictivo sobre el sistema de votación donde salió victoriosa la mayoría absoluta, PODEMOS mantuvo vigente su estrategia de abstención. Ésta era entendida como la mejor manera de protestar para desgastar la imagen del MAS ante la opinión pública y los medios de comunicación, cultivando un perfil a favor de la ley. Al mismo tiempo, Aruquipa reconocía la existencia de demasiada incertidumbre, decepción y cansancio en toda la oposición pues muchos asambleístas estaban estresados, tenían problemas para dormir y la fatiga era una señal innegable de desgaste. La incertidumbre también inundó la perspectiva de PODEMOS sobre el futuro trabajo de las comisiones y prácticamente nadie afirmaba que se podía responder al país en el tiempo previsto, ni tampoco que estaba garantizada un mínimo de efectividad.

PODEMOS tuvo una imagen negativa de la presidenta Silvia Lazarte, y en un momento de au!ocrítica, Aruquipa afirmó que el gran error de su bancada fue "no haber sido flexibles pues hubo momentos en los que vimos al MAS abrirse un poco y no supimos aprovechar dicha ocasión". Es por esto que la estrategia de abstención hizo dudar a muchos constituyentes al interior de PODEMOS durante la aprobación de varios artículos; además, el mismo sentimiento de haber perdido oportunidades de acercamiento también surgió en el MAS, y cuando se estuvo a punto de tomar decisiones, se vio que era más fácil seguir persiguiendo las visiones de suma cero pues los principales dirigentes y estrategas ya estaban embarcados en las perspectivas más férreas.

Finalmente, es importante reafirmar que una fuente de valor público es la confiabilidad y legitimidad. La confianza se ubica en el corazón de la relación entre los ciudadanos y el Estado; sin embargo, una falla en la confianza destruyó lentamente el desarrollo de valores públicos dentro de la Asamblea Constituyente. Las percepciones de falta de integridad y compromiso ético afectaron de manera muy crítica los primeros cinco meses de labores y, por lo tanto, ninguna institución pública o liderazgo debería dar por sentado su legitimidad, sobre todo a pesar de circunstanciales y volátiles resultados electorales.

 

Notas

38.  Esta ponencia fue parte de un proyecto de investigación más grande sobre el proceso constituyente que se desarrolló en la ciudad de Sucre. Hasta febrero de 2007, se realizaron 149 entrevistas en profundidad con 60 asambleístas, además de haber presenciado todas las sesiones plenarias y reuniones políticas específicas sobre el curso de diferentes negociaciones entre agosto de 2006 y Enero de 2007.

39. El colonialismo interno es una concepción ideológica planteada por las doctrinas kataristas e indigenistas desde los años setenta, según la cual, lo pueblos indígenas, especialmente aquellos del mundo andino, sufren una constante explotación colonial que se proyecta desde 1535 durante la dominación española hasta llegar a la actualidad, demostrando un horizonte temporal de largo plazo que exige respuestas políticas y luchas por el poder a favor de las culturas ancestrales. (Cf. La Prensa, 7 de agosto de 2006). Ver también la información oficial del Movimiento Al Socialismo (MAS): Soberanía, No. 5, segunda quincena de agosto de 2006.

40. Un análisis optimista del régimen de Evo Morales como líder que podría dar señales de cambio y renovación de la izquierda en una perspectiva latinoamericana, se encuentra en: Touraine, Alain, 2006 "Entre Bachelet y Morales, ¿existe una izquierda en América Latina?"; en: Nueva Sociedad, No. 205, Caracas, pp. 46-55.

41 .Asimismo, ver: De Souza Santos. Boaventura, 2006. "Discurso del Presidente en la posesión de los constituyentes. Cada constituyente debe ser un soldado en la lucha por la igualdad"; en: Soberanía, No. 5, segunda quincena de agosto, pp. 13-14.

42. Ver: "Evo pide más poder para la Asamblea", Los Tiempos, Cochabamba, 6 de agosto de 2006. "La Constituyente empieza con preeminencia indigena"; "Evo declara su subordinación a una Constituyente originaria", La Razón, La Paz, 6 de agosto de 2006.

43. Sobre estas contradicciones en toda América Latina, revisar: Mainwaring, Scott and Hagopian, Frances (ed.), 2002, The Third Wave of Democratization in Latin America: Advances and Setbacks, Cambridge: Cambridge Universily Press,. Ver asimismo: Gamboa Rocabado, Franco, 2006, "Bolivia hoy: entre la democracia rebelde y los agujeros negros de la gobemabilidad"; en: Ciencia y Cultura Revista de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, No. 18, La Paz, pp. 47-69.

44. La Asamblea Constituyente boliviana estuvo regulada superficialmente por el artículo 232 de la actual Constitución, creado a raíz de las reformas de febrero de 2004 donde se reconocía la posibilidad de instaurar una Asamblea por medio de la Ley Especial de Convocatoria, para lo cual se necesitó el voto de dos tercios de los miembros del Congreso Nacional en Marzo de 2006. El articulo 232 no fijaba límites temporales ni determinó prohibiciones temáticas para el trabajo constituyente, dando lugar a muchos vacíos procedimentales y normativos. Por esto, algunos analistas políticos consideraban que la Asamblea no iba a modificar aspectos de fondo como la conformación de los tres poderes del Estado, algunas disposiciones generales (como el Estado Social de Derecho), los derechos y las garantías de la persona, la vigencia de los códigos legales actuales y los convenios internacionales que tienen vigencia como leyes de la república. Sobre esto consultar: Mansilla, H. C. F. (2005:102).

45. Ver también los riesgos que se ciernen sobre las relaciones comerciales entre América Latina y los Estados Unidos cuando hay señales para ir en contra de las políticas de libre mercado: "Latin America and the United States. Snubs and opportunities"; from The Economist print edition. November 23rd. 2006.

46. La Asamblea Constituyente de Colombia se celebró en 1992 para responder a la violencia y el narcotráfico; sin embargo, después persistió la guerra civil. La Constituyente en Perú se realizó en 1993 para responder a un sistema político desprestigiado pero luego las soluciones no llegaron. En Ecuador, la Constituyente fue ejecutada en 1998, en medio de una crisis económica y corrupción política pero posteriormente el panorama tampoco cambió sino que los ciudadanos fueron víctimas de la desilusión. Finalmente, en Venezuela, la Asamblea Constituyente tuvo lugar en 1999 para superar los conflictos del bipartidismo pero a la postre, la desestabilización y los conflictos se ahondaron hasta hoy. Cf. Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM), 2005 Asamblea Constituyente. Los casos de Perú Ecuador y Colombia, La Paz, AOS, folleto. Consultar también: Barragán, Rossana y Roca, José Luis, 2005, Una historia de pactos ydisputas. Regiones y poder constituyente en Bolivia, La Paz: Cuademos de Futuro No. 21, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe Sobre Desarrollo Humano.

47. Para los medios de comunicación, una razón más para el escepticismo que ponía múltiples obstáculos sobre las transformacíones esperadas, era la presencia de "políticos reciclados" que formaron agrupaciones ciudadanas nuevas o simplemente cambiaron de partido para llegar a la Constituyente. "Oe 118 constituyentes que no pertenecen al Movimiento Al Socialismo (...), por lo menos 60 asambleístas (71 por ciento) transitaron por partidos tradicionales (MNR, MIR, AON, NFR Y UCS) y 'migraron' de tienda política para acceder a un curul en la Asamblea". Sobre el detalle de nombres y transfugios, consultar: Chuquimia, Marco Antonio (2006:2).

48. Los medios de comunicación destacaron desde un inicio el surgimiento de un clima conflictivo. Al respecto, ver: La Prensa (La Paz, 2 de agosto de 2006:4a). La Prensa (La Paz, 7 de agosto de 2006:2b-3b). La Prensa (La Paz, 25 de Julio de 2006:9a).

49. Cf. "Al menos 70% del aparato público está en la mira del MAS"; La Razón, La Paz, 29 de diciembre de 2006, pp. 6-7. Las criticas sobre una excesiva influencia del Presidente Morales sobre la presidencia dela Asamblea fue registrada en los periódicos El Deber, La Razón y Opinión; ver: "Silvia Lazarte llegó a Santa Cruz luego de reunirse con el Presidente", El Deber, Santa Cruz, 10 de agosto de 2006. "Morales pide a los sectores ir a Sucre a vigilar la Asamblea", La Razón, 10 de agosto de 2006. "Cuidado con la Asamblea", Los Tiempos. Cochabamba, 11 de agosto de 2006.

50. Los resultados de las encuestas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fueron explícitos al mostrar un grave deterioro en la imagen que la población tenía de la Asamblea. El descreimiento de la ciudadanía entre Marzo y diciembre pudo caracterizarse como decepción e indiferencia al ver que la Constituyente reproducía las mismas pautas cuestionadas del Congreso y las viejas elites políticas. Es importante aclarar también que el PNUD encontraba que gran parte de la sociedad boliviana se inclinaba más por reformas constitucionales moderadas, antes que por reestructuraciones profundas cuya efectividad era desconocida. Asimismo, otra encuesta realizada por equipos MORI el 10 de septiembre de 2006 en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, mostraba que sólo tres de cada diez personas aprobaban el trabajo del primer mes de la Asamblea, nueve de cada diez no conocían el trabajo de las bancadas y solamente una persona de cada diez sabía cuántos integrantes tenía su brigada departamental en el cónclave constituyente.

 

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