ARTICULO

 

De movimiento indígena al fracaso en la escena del parlamento (vicisitudes del movimiento indígena de 2000 a 2003)

 

 

Félix Patzi Paco

 

 

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Introducción

Hablar de movimientos indígenas en la actualidad ya no es como estudiar en aquellas épocas donde el movimiento indígena estaba totalmente subalternizado al análisis de los movimientos que emergían desde la economía política, o sea, de la lucha de clases. A partir de 2000, los movimientos sociales, como acción colectiva, se redujeron a los indígenas, eso hace pensar inclusive que las transformaciones de la sociedad vendrán desde ese escenario.

Los marxistas formados a través de los manuales, en realidad no comprendieron la esencia de las clases sociales en Bolivia y de gran parte de América Latina. Y en realidad las clases sociales existen no por su ubicación ocupacional de manera independiente, sino que las ocupaciones o roles están definidos a partir de la pertenencia racial y/o étnica. De ahí que en momentos históricos de convulsión social prevalece más lo étnico que la clase, eso es por lo menos lo que mostró la rebelión Indígena en el 2000. En este sentido, es justo pensar que las luchas étnicas eclipsan a las luchas de clase y las subordinan en aquellos países estructurados en forma colonial. Eso no niega que las clases sociales puedan tener sus propias políticas de lucha, o que en ciertas circunstancias hasta puedan servir como un elemento devastador para el movimiento de tipo étnico.

En este trabajo hacemos constante referencia a esta doble relación dinámica entre lo étnico y la clase que se presenta en los diferentes momentos de la rebelión indígena. Para nosotros, esta doble relación sólo es posible en países donde realmente no ha habido un proceso de descolonización, o sea, donde todas las estructuras continúan siendo organizadas bajo el criterio de "raza" y etnia; denominamos a este proceso como la colonialidad de la estructuración social.

Por otro lado, el análisis está estructurado bajo el enfoque de la teoría sistema/entorno que desde hace tiempo voy proponiendo como teoría alternativa en el análisis de las sociedades. En ella denomino sistema a la gestión económica y política que son, en mi criterio, las que forman la esencia de las sociedades y donde las transformaciones sólo pueden venir desde estos dos elementos. Por el contrario, llamo entorno a todo lo demás, o sea, a todo lo que está fuera del sistema, que en su generalidad son los sistemas culturales y simbólicos, por lo tanto de aquí vienen sólo los cambios de reforma.

Por último, metodológicamente la información empírica está estructurada bajo dos fuentes: revisión hemerográfica y entrevistas en ambas regiones (altiplano y Chapare). La mayor parte de las entrevistas fueron realizadas por los estudiantes de la carrera de sociología en épocas distintas ya que, como docente, acostumbro a que los estudiantes deriven en un trabajo práctico de aplicación de cualquiera de las teorías aprendidas. Consideramos que el trabajo recoge el recorrido histórico del movimiento indígena que va de 2000 hasta el 2003.

 

l. Acumulación de la crisis del modelo neoliberal y de la democracia representativa

En Bolivia, desde 1952 el capitalismo ha ensayado dos políticas. La primera consiste en el capitalismo de Estado que va de 1952 a 1985 y la segunda, en una política de laissezfaire, es decir, la menor interferencia gubernamental posible con el sistema económico, que precisamente se inaugura en 1985.

A diferencia del capitalismo de Estado, la política neoliberal ya no veía como su enemigo a las propuestas socialista o comunista, sino debía librar la guerra total contra los sindicatos, en una palabra, contra todas las formas de civilización asociadas con el Estado social. La caída del muro de Berlín favoreció a plenitud el triunfo de esta política. El discurso del triunfo internacional de la economía de mercado y la democracia representativa como modelos únicos eran tan evidentes que Bolivia no podía más que embarcarse en el tren de ese triunfo.

Los resultados de esta política tuvieron efectos inmediatos en la muerte de las luchas sociales a partir de la economía política, es decir de la lucha de clases. En Europa, todo ello dio lugar a la emergencia de los movimientos sociales posmodernos tales como movimientos de mujeres, ecológicos, homosexuales etc., que sin duda reconfiguran la estructura de la sociedad moderna, o sea de esa sociedad de la razón totalizante. Pero estos movimientos de ninguna manera reclamaban la transformación del orden social del capitalismo. En Bolivia, la clase media y ciertos sectores de la intelectualidad antaño afiliados a la izquierda y acostumbrados a no analizar su propio entorno por su comportamiento pastiche, o sea, un mundo en que para ellos la innovación es imposible, lo que queda es imitar lo que viene de afuera, impulsaron también la gestación de movimientos posmodernos y de lleno empezaron a apostar por el neoliberalismo y la democracia representativa.

Así, el estado encontró sus propios portavoces en personas como Víctor Hugo Cárdenas, 1ván Arias, Carlos Mesa, Cayetano Llobet, H.C.F. Mancilla que pasaban su tiempo escribiendo en la prensa, vanagloriando las Reformas del Estado implementadas a partir de 1994. Instituciones como el Centro de Desarrollo Andino (CADA), Taller de Historia Oral Andina (THOA), Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara (COIMA) y otras se empeñaron en llevar a cabo acciones en función de las Reformas del Estado como la Ley de participación Popular, Ley INRAen cuanto a la Titulación de las Tierras Comunitarias de Origen. Además, estas personas e instituciones lograron finalmente formar la organización indígena denominada Consejo Nacional de Ayllus y Marcas de Qullasuyo (CONAMAQ), en el ámbito nacional, CONSAQ en La Paz y Federación de Ayllus del Norte de Potosí (FAO-NP), organizaciones que más que constituir un movimiento social se han convertido en una especie de jesuitas del Estado, que pregonan la sumisión y la obediencia al orden social establecido.

Todos estos portavoces son izquierdistas y algunos indigenistas de los 70 que se convirtieron en una especie de agentes del Estado que desde su palestra "intelectual" defendían la Vulgata planetaria¹ de la globalización, invocando la voluntaria sumisión a los mercados financieros, la informática y el consumo cultural masivo. Para el Estado y sus agentes, el multiculturalismo eliminaba las diferencias y discriminación étnica. Para ellos, francamente habían desaparecido términos como capitalismo, lucha de clases, explotación, dominación y desigualdad social. Las Universidades Públicas y Privadas también se convirtieron en un espacio de legitimación del consumo de la modernidad. Ahí tenemos el ejemplo de que las Universidades apuestan al estudio de la informática y Administración de Empresas en un país sin empresas.

Para los dominantes y para los dominados pero dominantes (clase media), el único camino era embarcarse en el tren de la globalización. Con ello, creían que tenían asegurada la reproducción y la perpetuación de la dominación. Todo este discurso, sin embargo, ocultó intencionalmente el crecimiento vertiginoso de las desigualdades étnicas y de clase. Al parecer, era el momento de la naturalización de la dominación, al estilo de Neodarwinismo sociaJ², cuando todos los políticos, intelectuales mediáticos y periodistas se pusieron de acuerdo para hablar del neoliberalismo, democracia, globalización, economía de mercado y multiculturalidad como la única salida hacia el progreso, o sea, "como los mejores y los más brillantes".

En este contexto, para Hugo Banzer Suárez era el momento de lavar de su imagen el estigma de dictador, por eso se propuso llegar al gobierno por medio de elecciones democráticas. No importaba tener un proyecto de nación, con tal de tener la careta democrática. Alrededor de él, en primer lugar, se juntaron todas las personas partícipes de la historia dictatorial y, en segundo lugar, hombres de la empresa privada y la clase media que de manera directa se habían beneficiado durante el gobierno de facto. De ahí que, desde su inicio, la gestión de gobierno de Banzer se constituyó en una agrupación política de tipo patronazgo antes que de ideología. O sea, fue un gobierno basado tan solo en relaciones de intercambio de favores hacia los familiares y relaciones de confianza.

Las relaciones de nepotismo llegaron a tal extremo de desfachatez, que públicamente se trataba de hacer ver a la gente esto como normal y una forma legítima de administración del Estado. Los escándalos de corrupción no solamente evidenciaron el atentado contra las arcas del Tesoro General de la Nación, sino incluso contra el dinero de donaciones para los damnificados por el terremoto en Aiquile y Totora, en el departamento de Cochabamba

En este contexto de avasallamiento y/o universalización de la visión dominante, se desata el primer conflicto en abril de 2000. Era un momento en que el Estado creía que el problema indígena estaba superado mediante la política multicultural introducida en 1994, durante el Gobierno de Sánchez de Lazada. Por eso el Gobierno de Banzer lo único que hacía hasta ese entonces era administrar las Reformas del Estado introducidas por el anterior gobierno.

 

2. Jornadas de Abril: el entronque histórico de la nación indígena

Es verdad que los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. Como dice Marx, "La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos"³_• Y cuando uno está disconforme con el "orden social" del sistema y se dedica a transformar ese orden en un momento en que éste ha perdido su legitimidad, es precisamente cuando toman cuerpo los espíritus del pasado, de ahí que la multitud se identifique con los nombres, las consignas de guerra, el ropaje del pasado para, con esta historia concretizada en el presente, representar una nueva escena de la historia.

Así, Felipe Quispe, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en la revuelta indígena de abril, hace revivir la autoridad del "Mallku" y con ello las luchas de Tupaj Katari en 1781 y Zárate Willka en 1899. El movimiento social indio de Zárate Willka sin duda no quiso integrarse a la naciente nación boliviana. Ello se observa en las postulaciones del partido de Willka, tal como sigue:

1) La restitución de las tierras de origen o "convertir" las fincas en comunidades.

2) El sometimiento de las castas dominantes a las nacionalidades de origen.

3) La constitución de un gobierno de indígenas.

4) El desconocimiento del mando de Pando y los jefes revolucionarios.

5) "Acatamiento y vasallaje a Willca Zárate

6) La imposición Universal del traje de bayeta⁴_•

El programa no era un capricho de Willka o de cualquier radical sino lo que estaba en el alma de la gente, expresaba lo que pensaban muchos aún antes de que lo dijera Zárate.

Sin embargo, esta lucha por la autodeterminación de las naciones aymara y quechua se fue diluyendo fundamentalmente después de la guerra del Chaco, llevada a cabo en 1932, y se inicia un proceso de integración a la nación boliviana. Las luchas campesinas abandonaron casi todos los postulados de Zarate Willca, ya no estaba en las consignas campesinas la conversión de las fincas en comunidades ni la constitución de un gobierno indígena. Empezaron a apostar a los postulados de la nueva clase dominante: la propiedad privada de tierras, la participación campesina en la designación del gobierno mediante el voto y la educación. Estos postulados encarnaron en el movimiento campesino de la época para luchar en alianza con la clase obrera y lograr el triunfo que se conoce como la revolución del 52. Desde entonces, la historia del movimiento indígena se la conoce como una historia entre pactos militares, el copamiento total de los partidos de derecha e izquierda, o sea la total subordinación hacia los intereses de las elites dominantes.

Sólo en 1970 nuevamente nace la independencia indígena frente a la manipulación Estatal, en un debate entre dos posiciones: multiculturalista y autodeterminista. La primera es la que predominó durante dos décadas al interior del movimiento campesino y fue subsumida por el Estado, cuando éste la incorporó a la Constitución Política del Estado como una política de reconocimiento a la diversidad cultural. En este contexto, los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, encabezados por dirigentes del Movimiento hacia el Socialismo (MAS), Román Loayza y la Asamblea de la Soberanía del Pueblo (ASP), dirigida por Alejo Véliz, casi toda la década de Jos 90' pasaron su tiempo disputando en las elecciones para copar los puestos burocráticos en los espacios del poder local con la municipalización del país. Las cosas se pintaban para el indígena como algo irreversible y el único camino a seguir al parecer era incorporarse de lleno a las políticas de Reforma Estatal.

En este contexto, al finalizar el siglo XX, ocurre el levantamiento Indígena convocado por Felipe Quispe, más conocido como el "Mallku", elegido el 27 de noviembre de 1998 como Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Este movimiento, centrado en la provincia Omasuyos del departamento La Paz, organiza el bloqueo nacional de caminos en contra de la Ley de Aguas y el constante alza de precios de los carburantes que principalmente afecta a los campesinos a través de la elevación de pasajes. Una tecnología de lucha campesina que sin duda ya no se veía desde 1979, cuando fue muy importante para lograr la recuperación de la democracia representativa.

En cinco días el bloqueo de caminos se hizo nacional. A los campesinos de Huatajata, Huarina y Achacachi de la provincia Omasuyos, que bloqueaban las carreteras que van a Copacabana y otra al Norte de La Paz, se sumaron los de Patacamaya, Sica Sica y Caracollo, afectando así el tránsito en el camino principal que une La Paz-Oruro. De igual manera, la vía Oruro-Cochabamba fue obstruida por los campesinos de Parotani y Quillacolo, de Cochabamaba; otras provincias fueron también afectadas por el bloqueo en Punata. En Chuquisaca, un departamento pacífico que se jactaba de tener el mayor "orden social", fueron bloqueadas las rutas que van de Sucre a Monteagudo por los habitantes rurales de Escaña, Zudañez, Tomina, Tarabuco, Padilla y Monteagudo y de Sucre a Potosí en Cachimayo; en la ruta de Sucre-Cochabamba se presentó en Palma, Río Chico, Chuqui Chuqi, etc. La carretera Cochabamba-Santa Cruz como siempre fue obstruida por los cocaleros en Villa Tunari y otros lugares en el Chapare. Los últimos días, hasta los campesinos de Trinidad se sumaron a esta medida.

En Omasuyos, a esta luchan se sumaron otros sectores como los transportistas, balseros del estrecho de Tiquina, pescadores, las bases de las Juntas de Vecinos que en su generalidad tienen como ocupación principal el comercio al por menor y maestros rurales. Todo ello mostraba que, a pesar de las diferencias en las ocupaciones económicas, se iniciaba el sello de alianza de clases en una identidad unitaria como aymaras. Si bien cada sector tenía su propia demanda, la lucha se planteaba fundamentalmente como lucha aymara.

En ella, sin mirar las diferencias de clase, los aymaras hicieron nacer el ethos comunal en distintos espacios y estrategia de lucha, por eso, en primer lugar, se instituyó el tumo o las rotaciones por comunidad y por calles; en los centros poblados, esto se impuso como una tecnología social en los más mínimos detalles, como provisión de alimentos a los bloqueadores y guardias civiles -más conocidos como policía sindical-, hasta salir al bloqueo comunidad por comunidad en forma rotativa. En segundo lugar, los cabildos serán las instancias máximas de decisión, en las que todos participan de igual manera como movimiento Indígena antes que de clase. En un mismo día, se realizaba cabildos en varios lugares, como el viernes 7 de abril en Huatajata con unos 5000 indígenas, en Achacachi más de 15.000 y en Vilaque cerca de 500. Este tipo de concentraciones no se puede comparar con el bloqueo de caminos en 1979, porque aquí la diferencia no sólo es numérica, sino que representa el inicio de la discusión sobre el ocaso de la democracia representativa y el surgimiento del poder comunal. En otras palabras, el propio cabildo emerge como una forma de decisión antagónica al poder centrado en la representación.

En realidad, particularmente en la provincia Omasuyos, ya no se trataba simplemente de un movimiento de demanda. Día que pasaba, se alzaban voces con conciencia sobre la toma de poder y la constitución de un movimiento político centrado en el postulado de la autodeterminación de las naciones originarias. Mientras esto pasaba en el campo, los mercados de las ciudades de La Paz, Cochabamba y El Alto poco a poco se vaciaban de productos agropecuarios. Fue una especie de advertencia sobre la importancia de los campesinos en el mercado interno. Viendo esta situación, las voces de protesta crecían desde los sectores populares de las ciudades para sumarse a la protesta de los campesinos.

En esta situación, la casta⁵ social dominante salió con toda furia a defender el "orden social" expresado, según ella, en el "estado de derecho" y la ''democracia". Para combatir a las movilizaciones, el siete de abril el gobierno decide utilizar dos formas patológicas de la violencia como el estado de sitio y el confinamiento de los dirigentes. Sin embargo, por primera vez ocurre el desacato civil a la medida de excepción, lo que hundió al país en una convulsión social no vista desde 1952.

El propio aparato de represión, en sus filas inferiores, respondió con el amotinamiento al día siguiente de dictarse el Estado de sitio, pidiendo los siguientes puntos⁶: 1) el aumento salarial del 50%, 2) bono alimenticio de acuerdo al costo del nivel de vida, 3) pago de salarios puntuales hasta el 3 de cada mes, 4) pago de bonos de acuartelamiento, 5) dotación de víveres en forma semestral, 6) mejoramiento de la alimentación en las unidades, 7) seguro de vida en caso de muerte en cumplimiento del deber, mínimo de 10.000 dólares americanos, sueldo vitalicio a la viuda y educación de los hijos, 8) dotación de uniformes y vituallas de forma semestral, 9) dotación de armamento reglamentario, 10) modernización y mejoramiento del equipo policial, 11) aplicación de los derechos humanos en la policía nacional, 12) reformulación del Reglamento de disciplina y sanciones de la policía con la participación de suboficiales, clases y policías, 13) inclusión en la Ley General de Trabajo (servicio por horas extras, etc.), 14) amplias garantías constitucionales para el piquete de huelga, representantes de unidades y demás miembros policiales a nivel nacional, 15) cambio del nivel del tercero al segundo, 16) el acuerdo debe ser de forma escrita y firmada por autoridades competentes del gobierno, previa intervención del Presidente de Derechos Humanos y Decreto Supremo, 17) representación de los señores clases y policías a la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, 18) creación de una Escuela Nacional de Policías con duración de gestión académica de tres años y título en provisión nacional, y 19) reconocimiento por parte del gobierno de que este movimiento es salarial, de ninguna manera y bajo ningún pretexto de carácter político partidista.

Sin duda, el motín policial halló respaldo en la población civil y más tarde se convirtió en una suerte de alianza por mejores condiciones de vida para civiles y policías. La marcha de protesta y el mitin del 8 de abril alrededor del palacio quemado en realidad no fue en apoyo al aparato de represión, sino a las condiciones de vida de los clases y policías que, debido a la colonialidad de la estructuración social, están integrados fundamentalmente por indígenas que son sometidos a abusos inhumanos y trato totalmente diferenciado y jerarquizado entre policías y oficiales de la misma institución. Los abusos y trato diferenciado no sólo se comenten porque los oficiales tengan un rango superior dentro la institución sino, sobre todo, porque estos son superiores por su pertenencia a la casta criolla mestiza. Ese hecho también hace que los salarios de clases y policías sean muy inferiores a los de los oficiales. En ese entonces, un Suboficial superior, que es el rango máximo alcanzado por los policías, ganaba 711 Bs., equivalentes aproximadamente a 120 dólares americanos y un policía sólo 520 Bs., o sea, menos de 60 dólares.

A pesar de la concesión gubernamental de un aumento salarial del 50 por ciento, para desbaratar el movimiento policial -apoyado por la huelga de hambre de las esposas de los policías que respaldaban las reivindicaciones de los 19 puntos-, el propio amotinamiento y la marcha de protesta en respaldo a los policías develaba que, en los finales del siglo XX, la sociedad se estructuraba sobre la idea de raza y el etnicismo. Por eso se abría la gran posibilidad de alianza entre todos los indígenas que ocupaban diferentes espacios en la estructuración social.

Al día siguiente del amotinamiento policial, en respuesta al estado de sitio, los indígenas de Omasuyos hicieron añicos a todas las instituciones burguesas del lugar. El conflicto empezó a las 10:00 de la mañana, cuando todas las comunidades de la provincia se disponían a realizar una marcha de protesta en la población de Achacachi. Sin embargo, ésta fue intervenida por los efectivos del Regimiento Ayacucho. La reacción de los campesinos fue inmediata: se escuchaba voces que decían: "si vamos a morir, moriremos en la lucha, para eso hemos nacido los Achacacheños. Toda la provincia Omasuyos está en pie de guerra". Armándose con palos y hondas, hicieron escapar a los soldados. La superioridad de la revuelta indígena obligó al ejército a pedir refuerzos al Regimiento Naval de Chua. En ese equilibrio de fuerzas, murieron dos indígenas: Ramiro Quispe Chambi y el joven Aruquipa más los seis heridos de bala. La furia indígena creció. Fue el momento que convocaron a los soldados a unirse a la lucha indígena por ser sus hijos. Así empezó la lucha selectiva, de vengarse no de los soldados sino de los oficiales que pertenecían al igual que la policía a la casta criolla mestiza, golpearon a varios militares dejando a dos oficiales moribundos.

Después de ello, atacaron y destrozaron todas las instituciones que simbolizaban el poder de dominación. Empezaron saqueando el palacio de justicia, la subprefectura y las oficinas de COTEL, luego continuaron con la liberación de todos los presos de la cárcel de Achacachi, para culminar en el hospital pues se enteraron que allí estaba uno de los oficiales heridos. Allí decidieron matar al capitán Ornar Jesús Téllez Arancibia.

Más tarde, cuando pasó todo, salió la furia del Estado contra la "indiada". Como en una guerra, surcaban el cielo avionetas de reconocimiento y, más tarde en la noche. llegaron nueve camiones con 1000 efectivos del Grupo de Defensa Antiaérea (G A DA), el Regimiento Max Toledo de Viacha y la Fuerza Naval de Chua; todos se reunieron en Huarina para partir en la noche hacia Achacachi. En la madrugada y durante todo el día del 1O de abril empezó la venganza del poder, sacando los militares todo lo que podían, allanando domicilios, torturando a algunos indígenas. Para ellos fue muy doloroso perder a uno de su casta, pero la furia no habría cobrado tanto si el muerto hubiera sido sólo un soldado, pues habría sido un indígena. En un país estructurado de manera colonial, se valora a las personas por su pertenencia racial y étnica.

Pero ese día la rebelión indígena no se redujo a Achachi, sino se extendió a otras provincias de La Paz. En Batallas, un centro poblado de la provincia Los Andes, los habitantes resistieron durante tres horas los gases y balas del Ejército y la Policía. El clamor era el mismo que en Achacachi: se pedía que los soldados por ser indígenas se sumaran a la batalla.

Los gritos y las consignas mostraban la estructuración colonial de la sociedad que supuestamente, en el discurso de la clase dominante, había sido eliminada durante todo el proceso del Estado del 52. "Mueran los k'aras y viva el movimiento indígena", "que se enfrenten los k'aras y no nuestros hijos" y "si quieren pelear con nosotros que vengan los oficiales y no manden a nuestros hijos", eran los gritos constantes. Así, las dos Solivias, es decir, la Bolivia compuesta por una minoría, descendiente de los españoles y con una cultura europea, y la Bolivia mayoritariamente indígena. Aquello que teorizó Reinaga se hizo realidad y adquirió sentido de proyecto político en esa jornada de rebelión indígena.

Después de la jornada de guerra, el aparato de poder Estatal, expresado en la policía y poder judicial, fue sustituido por las rondas indígenas y vecinos del pueblo y por la justicia comunitaria como ley de sociedad.

Día antes (8 de abril 2003), en la ciudad de Cochabamba, el gobierno había sufrido su primera derrota con la movilización convocada por la Coordinadora Departamental por la Defensa del Agua. Cuatro días antes del Estado de Sitio, ésta había pedido rescindir el contrato con Aguas del Tunari, consorcio privado que debía encargarse de la distribución de agua en Cochabamba. Una multitud compuesta por trabajadores por cuenta propia, comerciantes, estudiantes, amas de casa y alguna gente de clase media había salido a las calles a las 10:00 de la mañana para hacer barricadas, en franco desafío al estado de sitio. Más tarde incendiaron el edificio de la ex Corporación de Desarrollo de Cochabamba (CORDECO), donde funcionaban varias dependencias de la prefectura departamental; luego quemaron dos vagonetas y motocicletas del Grupo Especial de Seguridad (GES). Así avanzaron hacia la plaza 14 de septiembre, lugar de la aristocracia del poder cochabambino. Ahí murió Hugo Daza. un joven de 17 años. Cerca a mediodía, fue roto el cerco policial por los jóvenes manifestantes, quienes prendieron fuego a las puertas de la Policía Técnica Judicial y del propio palacio prefectura!; a horas 17:00, habían logrado capturar totalmente el centro de poder de Cochabamba. Aquí, la vigilia civil sustituyó a la policía, la deliberación asambleísta al Parlamento y la Coordinadora al poder ejecutivo. Era una franca desobediencia a las leyes del Estado.

En dos días, se vio cómo se fue cayendo la fuerza de aquel Estado que se había sustentado en el voto indígena y popular, y que estaba seguro que por las reformas duraría su poderío pues se apoyaría en esta gente para enfrentar cualquier crisis. Decía que salvaba a los indígenas de la marginación y discriminación y se la pasaba vanagloriándose de la lucha contra la pobreza, mientras su industria cada vez se iba pulverizando sin visos de levantarse.

El país que construyeron en 20 años de democracia era en realidad el mayor escándalo y un auténtico vivero de toda forma de corrupción. Sus partidos, en vez de constituir agrupaciones de tipo ideológico, se convirtieron en agrupaciones de tipo patronazgo, es decir, agrupaciones para el poder del jefe, en que la ocupación de puestos administrativos y el control de recursos únicamente se hacían a favor de sus miembros. Cayeron en la seducción irresistible de sus cargos y empleos, lo que acabó siendo la manzana de la discordia entre fracciones rivales y aventureros de las clases dominantes. Su podredumbre y la podredumbre a la que había sido sometida la sociedad, en el conflicto de abril fueron puestas al desnudo por los tanques del Cuartel de Aehacachi, y los franco tiradores en Cochabamba, que mataron a 3 indígenas y un joven, más conocido como guerrero del agua. La revuelta le costó al gobierno varias cabezas del equipo ministerial.

La emergencia de la antítesis directa del imperio democrático es la revuelta indígena de Achacachi, en abril de 2000. Es el primer grito de "Nación comunitaria" después de Willka, no sólo el vago anuncio de acabar con los políticos tradicionales de la clase dominante sino con la propia dominación colonial. Es el inicio del reavivamiento de los postulados de Tupaj Katari y Willca, aunque para muchos analistas sociales y políticos hasta ese momento sólo se trataba de un movimiento reivindicativo en contra de la Legislación de aguas que estaba en el tapete de discusión en el parlamento; creían que una vez lograda su anulación, los campesinos aymaras se retirarían a trabajar la tierra sin nuevamente levantarse contra la dominación. Sin embargo, después de cinco meses, el mismo movimiento sorprendió a la clase dominante con otro bloqueo de caminos que, a diferencia del de abril, fue de mayor envergadura y se convirtió en una franca y abierta lucha política contra la dominación.

 

2. Pugna de legitimidades entre la nación comunitaria Aymará y el sistema democrático neoliberal: el movimiento Indígena de septiembre

Una vez pasado el conflicto de abril, la clase dominante continuó llevando adelante los proyectos de reformas implementadas desde 1994, sin modificaren nada su antigua estructura. Para la comunidad internacional, el mayor logro hasta ese momento del gobierno a la cabeza de Hugo Bánzer había sido la lucha contra el narcotráfico. Todo ello, sin embargo, no solucionó el problema de ingresos de los productores de coca; al contrario, la crisis económica de este sector empeoró y muchos de ellos volvieron a sus comunidades de origen, pues en su mayoría son del altiplano aymara y quechua hablantes, y engrosaron las filas del movimiento campesino.

Por otro lado, si bien en abril los campesinos habían cuestionado algunas disposiciones de la Ley INRA, promulgada durante el gobierno de MNR, la clase dominante continuó con el proceso de titulación de las denominadas tierras de las comunidades de origen (TCO). Para . los campesinos del altiplano, esto no significaba otra cosa que el reconocimiento y consolidación de su minifundio y pobreza. Paralelamente, en las tierras bajas, la burguesía rural iba consolidando su propiedad sobre grandes extensiones capitalistas. Para el campesino, esto implicaba tener que resignarse a sus pequeñas parcelas del altiplano, sin posibilidad de obtener otras tierras en la parte baja, como solía hacer mediante la colonización.

Lo peor fue que, en su afán de privatizar todos los recursos, el gobierno elaboró otro proyecto de Ley de Aguas, centrado en la administración privada, pero esta vez incluyó la privatización de las vertientes y los ríos que por milenios han sido administrados por los propios campesinos en forma comunitaria y familiar.

Estos fueron los factores de inicio que nuevamente aglutinaron a los trabajadores del campo para organizar el bloqueo de caminos que comenzó el 11 de septiembre y duró hasta el 7 de octubre de 2000. A diferencia de 1979, este movimiento no fue para defender la democracia ni conseguir sólo ciertas reivindicaciones. Por el contrario, significó el inicio, en primer lugar, del fin de la democracia representativa y el desmoronamiento del modelo económico neoliberal que se implementa a partir de 1985 y, en segundo, de la legitimación del proyecto político de la autodeterminación de las naciones originarias confederadas.

Día que pasaba, se fueron sumando más comunarios al bloqueo, que se convirtió en un levantamiento masivo, particularmente de los aymaras. La carretera La Paz-Oruro se veía llena de campesinos de los valles de Inquisivi y Loayza, muchos llevaban puestos su poncho y chicote. También se concentraron alrededor de 50.000 campesinos en Achacachi, provenientes de las provincias Muñecas, Bautista Saavedra, Camacho, Larecaja y Manco Kapac, que murmuraban entre ellos avanzar hacia Batallas y llegar hasta La Paz. De la misma manera, los que bloqueaban el sector de Río abajo, Los Yungas, por el lado de Viacha, todos pedían avanzar hacia la ciudad, para así cercar al centro de la burocracia y la aristocracia dominante. Todo esto revivió en la memoria de los aymaras el Cerco de La Paz, ejecutado porTupaj Katari en 1781. Hasta ese momento, nadie había creído que los indígenas fueran capaces de hacer revivir una lucha que había pasado hacía más de tres siglos y mucho menos como forma de lucha contemporánea, capaz de derrocar a un sistema dominante.

En las carreteras se veía que ya no sólo eran simples bloqueadores sino guerreros los que se alistaban para avanzar a la ciudad de La Paz y tomar el poder. Sin titubeos y con pasamontañas en la cabeza, respondían a la prensa: "no queremos pagar del agua, no queremos pagar de nuestra tierra, la coca vamos a sembrar por vida. La coca es como nuestra madre, no tenemos por qué subastarla; somos dueños de este territorio y que se vayan los forasteros". Así, el movimiento cada vez se iba tomando en movimiento político, afianzaba el poder político. A diferencia de las luchas guerrilleras llevadas a cabo por izquierdistas en diversas circunstancias en la historia boliviana, esto no nació del cerebro de los dirigentes formados en la universidad sino de los propios comunarios, que decían a Felipe Quispe: "porqué no hablas con el ejército, pero no con los q'aras, sino con los sargentos, con los oficiales que sean progresistas". Otros decían: "en abril has organizado a los policías, ahora por qué no vuelves a organizar", "cercaremos a la ciudad, pero saldremos toda la comunidad, padre, abuela, madre, hijos, llevaremos hasta nuestros animales, como en tiempo de Katari a tomar el poder político"⁷_•

Así fue naciendo en los indígenas aymaras la conciencia de tomar el poder y la máquina del Estado no tal como está para servirse de ella para sus propios fines, si no para acabarla y crear su propia estructura política en función de los ayllus.

Pero también el bloqueo evidenció la potencialidad aún existente de esa tecnología social colectiva, consistente en la combinación de la obligatoriedad y la rotación. De ahí, pues, que durante el bloqueo se implementasen tumos por comunidad, de modo que cada una de ellas sólo permaneció dos días luego para retomar a su lugar pero, además, los miembros de cada comunidad (por lo menos los afiliados) salieron de manera obligatoria, ya que este acto es considerado como una acción más al servicio de la comunidad. Esa lógica de obligatoriedad es el eje articulador de la cohesión comunal, más conocido por ellos en términos simples como Disciplina comunal. De esta manera se hizo sostenible un bloqueo que duró 21 días. Pensada de esta manera, la lucha podría prolongarse años sin ningún problema de desgaste y el sitio de las ciudades podría ser evidente sin mucho esfuerzo.

Sin embargo, el bloqueo también develó el rol que las ONGS habían jugado en el disciplinamiento sumiso al orden establecido de los indígenas constituidos en CONAMAQ y CONSAQ. Ellos trataron en varias ocasiones de desarticular la emancipación indígena, iban recorriendo las comunidades como jesuitas, diciendo "nosotros no estamos haciendo bloqueo por que esa no es nuestra lucha, eso es la lucha de los sindicalistas". Se vistieron de poncho, ch'ullo, chicote, pantalón de bayeta para reivindicarse como verdaderos indígenas, fueron al parlamento y a palacio de Gobierno a saludar al Gral. Hugo Banzer Suárez en una franca actitud de yanaconazgo, señalando que podía dialogar con ellos para el levantamiento inmediato el bloqueo. Sin duda, fueron vanas las intenciones de traición, debido a que los bloqueadores ideológicamente se habían formado mucho más que ellos al son de la acción.

Mientras los aymaras trabajadores del campo cada vez iban afianzando el poder central y haciendo revivir en momentos de la lucha la forma comunal de la política y de la organización, en la ciudad de La Paz escaseaban totalmente los productos de consumo alimenticio. Fue vana la actitud "salvadora y misericordiosa" del alcalde Juan del Granado al enviar movilidades para ir a comprar a las comunidades de Río Abajo, acompañado del ejército para desbloquear el camino. Viendo la actitud represiva del alcalde, los campesinos de esas comunidades tan solo optaron por abandonar la carretera que bloqueaban y retirarse a sus sedes para decidir en sus asambleas deliberativas no vender ni un solo producto. Así, las movilidades que fueron para obligar a los campesinos a vender sus productos volvieron vacías.

Pero no sólo escaseaban los productos en los mercados populares sino también en los supermercados y hoteles donde se aprovisiona la clase dominante. Esa gente rezaba todas las noches a su padre santo y pedía al gobierno solucionar de una vez el conflicto. Por primera vez, después de Katari, la clase dominante fue afectada por los campesinos de manera directa, estaba enjuego su propia reproducción como clase. Por ello, el gobierno y la prefectura optaron por traer productos por vía aérea, lo que sin duda fue un alivio para esta gente.

De esa manera, el bloqueo desnudó ante la sociedad nacional y la comunidad internacional el papel de la pequeña producción rural en la economía nacional y la dependencia de las ciudades de la economía del campo. Hasta ese momento, la clase gobernante siempre había despreciado la economía campesina por no ser significativa en el aporte de la economía nacional y destacado jactanciosamente el rol del empresariado y las importaciones. Por eso, el sector de la burguesía financiera sólo tiene relación con la burguesía agrícola ganadera.

El bloqueo también mostró que la nación oprimida se había constituido en una ciudad entera como es El Alto y las laderas de la ciudad de La Paz. Se trataba de esa misma población marginada por las políticas de urbanización y que, desde que inmigró, se encontró en una confusión de alienación, es decir, de querer convertirse en un ciudadano que repita en gran parte los habitus blancoides, pero que al mismo tiempo practica las costumbres de su origen. Para ellos, el bloqueo y, sobre todo, el discurso del "Mallku" significaron el despertar de su verdadera identidad. Todo ello se evidenció cuando las amas de casa de la ciudad de El Alto se organizaron para bloquear el ingreso de alimentos por vía aérea a los supermercados y hoteles de la ciudad de La Paz. Asimismo, todos Jos espacios de los medios de comunicación nativos fueron ocupados por llamadas telefónicas en que la gente opinaba sobre la necesidad de construir una nación propia de los oprimidos y mostrar su solidaridad e identificación con el "proyecto del Mallku".

Esta gente de la ciudad también salió a las carreteras en Jos barrios periurbanos de la ciudad de La Paz, derramaron piedras de modo de hacerlas intransitables y cuando Felipe Quispe estaba yendo a Achacachi para consultar a sus bases para firmar el dialogo con el gobierno, todos gritaban "¡Mallku!,....¡Mallku!" y le daban su voz de aliento: "Felipe, no estás solo, estás con nosotros, sigue adelante, hay que sacar al gobierno para recuperar lo que nos corresponde por naturaleza, estamos dispuestos a morir, vamos a tomar el poder, ahorita marchamos a La Paz y vamos a quemar la ciudad, vamos a sacar a los parlamentarios". Eran las voces de los aymaras de la ciudad que se escuchaban juntamente con las voces de los comunarios que viven en el campo.

La lucha no era solamente de los trabajadores del campo sino de los inmigrantes. Estos últimos saben muy bien que su economía no depende exclusivamente de la ciudad, pues también siembran y tienen ganado en las comunidades de origen, por ello, cualquier política que afecte al campo, los afecta en su estrategia de vida.

La clase dominante, distribuida en diferentes partidos, veía por su parte la unificación de la lucha aymara y cómo el sector empresarial se estaba haciendo añicos sin poder hacer nada. En Santa Cruz, algunos "valientes", aglutinados en el falangismo, convocaban a los hijos de los burgueses con una cabeza proburguesa a que se inscriban para que se les dote armas para salir a las carreteras a defender la patria boliviana y la economía empresarial. En Cochabamba, algunos empresarios tiraban camionadas de pollos muertos a la puerta de la Coordinadora del Agua, como señal del quiebre económico empresarial por el bloqueo de caminos.

La clase media empleada en la burocracia estatal y privada, no se quedó atrás: organizó marchas de pañuelos blancos pidiendo la pacificación durante el conflicto. Se vio cómo todos, horrorizados por la prolongación del bloqueo, terminaron rezando en las iglesias el "padre nuestro" y el "Dios te Salve María", como en las épocas del cerco a la ciudad de La Paz protagonizado por Tupaj Katari en 1780. Iconográficamente, se podía observar que, sin excepción, las mujeres que fueron protagonistas de estas marchas eran chotas de tez blanca, con faldas y tacos altos. Se notaba a leguas que practicaban ciertas reglas de endogamia en sus relaciones matrimoniales ya que, cuando pasaban y los jóvenes de tez morena las piropeaban, los miraban con toda rabia, en sus caras se veía el rechazo y desprecio hacia los indios. La clase dominante propiamente dicha hizo aparecer a las manifestaciones realizadas por esta clase social como la expresión de los "verdaderos bolivianos" que estarían disconformes con los bloqueos y que no habría dos Solivias. Cuando en la plaza San Francisco coincidieron la marcha de los pañuelos blancos y la del magisterio, que apoyaba el bloqueo de caminos y reclamaba por sus propias reivindicaciones, el aparato represivo del gobierno lanzó gases lacrimógenos a la marcha de los profesores y no así a la de los pañuelos blancos.

Presionado por diferentes sectores de la clase dominante, el gobierno improvisó una convocatoria al poder legislativo, para analizar la situación del país. Como en tiempos de Willka, la coalición gobernante compuesta por ADN, MIR y UCS y los opositores, aglutinados principalmente en el MNR, olvidaron sus viejos rencores y, en masa, apostaron a defender la nación boliviana expresada contemporáneamente en la democracia y el sistema económico neoliberal que se iba cayendo en las comunidades. Como nunca, se unieron en contra del proyecto del Mallku y, por todos los medios, se dieron a la tarea de desprestigiarlo, haciéndolo aparecer como el nuevo Hitler racista. El gobierno había hecho varios intentos de desbaratar el movimiento queriendo negociar con diferentes sectores por separado y con dirigentes que aparecieron para tales fines, pero fue en vano. Finalmente, comprendió que el hombre clave era Felipe Quispe que, además, día que pasaba, se iba legitimando como el presidente de la nación oprimida.

En este contexto, el l de octubre se realizó el primer encuentro entre el gobierno y los dirigentes de la CSUTCB, encuentro que marcó otro hito en la historia de Bolivia, ya que fue un encuentro de dos proyectos políticos irreconciliables. Por un lado, el de los ayllus, centrado en la soberanía colectiva comunitaria, formado por una corporación de trabajadores del campo y de la ciudad, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo. Por otro, el de burguesía criolla blancoide, centrado en el parlamento, que flota por encima de la sociedad y cuyo poder radica en un grupo de representantes automatizados que deciden el destino de la colectividad y se legitima mediante la enajenación de la soberanía en el voto secreto. Tal encuentro sólo sirvió para expresar los dos proyectos en discursos: sollozos del Mallku y alarde de Walter Guiteras. El primero decía tal como sigue:

Nosotros les hemos llamado a ustedes, les hemos dado nuestro territorio, les hemos alojado a ustedes extranjeros ¿y ahora?, nos matan ¡Carniceros! Y ahora, ¿por qué no me matan a mi?, ¿por qué matan a mis hermanos Quechuas?, ¿por qué matan a mis hermanos aymaras?, ¡¿por que?! Quiero saber la respuesta. El único delito que hemos cometido es de reclamar justicia y libertad, el único delito que hemos cometido es reclamado el poder político que nos devuelvan a nosotros. ¡Asesinos!, ¿por qué nos mata?, el pueblo entero tiene que saber esto, el faz del mundo tiene que saber. Me da pena a estos sanguinarios (que) se han manchado con la sangre indígena... si no había indios ustedes no serían gente, nosotros somos sus fusiles de ustedes. Nos han manejado, hemos sido sus instrumentos, hemos sido sus masa votantes y escalera político de estos q'aras.

Ustedes tienen que recoger su aparato represivo que está sembrado a lo largo y ancho de nuestra territorio. Yo no voy a venir a arrodillarme ni bajarme el pantalón para ustedes, mátenme si son hombres, ahorita fusílenme. O sino pueden descuartizarme como a Tupaj Katari. Si a Tupaj Katari ustedes han descuartizado con cuatro caballos, a mi me descuartizarán con cuatro tanques, o sino con cuatro aviones y esa sangre va derramar a este población boliviana. Quisiera que sepa el pueblo, basta de votar por estos señores ADN, MIR, USC. Como agradecimiento han matado en Huarina, en Jesús de Machaca...en Vinto; han matado y masacrado en Chapare. Yo no voy a mirarles sus ojos de ustedes, porque sus ojos están manchados de la sangre indígena. Yo no les voy a mirar sus caras, por que sus caras esta bañado de la sangre indígena. Me duele esto como Mallku Mayor. Yo no soy pongo político. Me duele esto porque ustedes, inquilinos, se han adueñado de nuestra tierra"⁸_•

A todo ello, el ministro de gobierno, Walter Guiteras, respondió con otro discurso defendiendo a la bolivianidad, indicando que "no existe dos Solivias y hay un solo presidente que es el Gral. Hugo Banzer Suárez, compuesta por trabajadores que luchan para sacar a Bolivia adelante". Son dos discursos que representan dos proyectos políticos. En otras palabras, la Bolivia oprimida, de cara morena, y la Bolivia señorial blancoide.

Los discursos no sólo expresaron la guerra de razas sino permitieron develar y visibilizar cómo ésta, después de 175 años de la fundación de la república de Bolivia, continuó siendo el ordenador de las clases sociales en Bolivia, o sea, como diría Zavaleta, los capitalistas no tienen valores propiamente burgueses sino los símbolos señoriales, aún lo que se obtiene de un mundo capitalista, se desperdicia de un modo señorial⁹ y tanto indios como trabajadores no tienen arraigada la visión estatal. El proyecto de multiculturalidad planteado por las reformas del Estado pretendía velar estas diferencias. Y cuando el discurso del "Mallku" cada vez fue ganando más espacio de legitimidad, al Gral. Hugo Banzer no le quedó otra alternativa que salir públicamente a reclamar su legitimidad de Presidente indicado que él era el presidente no sólo de los indios sino de todos, q'aras e indios, opresores y oprimidos; no le quedó otra alternativa que manejar los propios términos de Felipe Quispe.

Así, a pesar de las intimidaciones constantes de proseguir con el caso EGTK (el gobierno de Jaime Paz Zamora encarceló a Felipe Quispe desde 1992 hasta 1996 y el caso continúa en los estrados judiciales) se abrió el diálogo entre el gobierno y la CSUTCB mediado por la iglesia, Derechos Humanos y la defensora del pueblo. Para la firma de los acuerdos, el Mallku tenía que consultar a los campesinos que estaban en todas las carreteras y a la multitud de indígenas concentrados en Achacachi, para lo cual éstos prepararon un palco oficial para escuchar el discurso del Mallku y recibir explicaciones sobre el acuerdo. Mientras, como nunca, miles de campesinos indígenas juraban continuar la lucha, el gobierno desplazó aviones en vuelo rasante para vigilar tal multitud. Pese a los ruidos de los aviones, esa multitud serenamente redactó el documento de constitución del Gran Omasuyos, como bastión de la

 

rebelión del poder indio. Así terminó esta segunda etapa del levantamiento indígena, con la firma de los siguientes puntos centrales con el Estado:

• Sustitución de la Ley INRA.

• 3.8 millones de hectáreas serán destinados para el programa de asentamiento.

• Archivo definitivo de la Ley de aguas y del proyecto de la exportación de aguas.

• Modificación de la ley forestal, medio ambiente y los códigos minero y civil.

• Administración compartida de las áreas protegidas.

• Intervención del gobierno en el cumplimiento del convenio suscrito entre Transredes y las comunidades afectadas por el derrame del petróleo.

• Fomento a la aplicación del plan integral de Desarrollo Rural.

• No erradicación de la hoja de coca en las zonas tradicionales de los Yungas.

Por otro lado, el movimiento cocalero, con una experiencia larga en el bloqueo de caminos de la carretera que une Cochabamba y Santa Cruz, a partir de 1980 víctima de las políticas del Estado contra el narcotráfico, preparó el bloqueo de septiembre inmediatamente después de la revuelta de abril en Cochabamba y Achacachi, reforzando lazos con la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida. Así actuaron el 17 de septiembre, fecha de inicio del bloqueo: las seis Federaciones, con 967 sindicatos aproximadamente y a la cabeza de Evo Morales, obstruyeron el camino que une Cochabamba y Santa Cruz, mientras la Coordinadora era la encargada de la ciudad del valle y la carretera que une Cochabamba y La Paz. Ese fue el intento de la unidad de lucha en una sola acción colectiva entre el movimiento rural y urbano. Evidentemente, esta nueva lucha para la Coordinadora -que en abril fundamentalmente agrupó en la revuelta de Cochabamba a los regantes periurbanos y a los que viven en zonas marginales que tienen en su mayoría una ocupación asalariada y de comercio al por menor, además de jóvenes estudiante provenientes de la clase media baja y algunos funcionarios de la burocracia Estatal y privada representaba el desafío de dar un salto cualitativo de una reivindicación puramente urbana hacia una de interés general, incluyente de los sectores rurales.

Sin embargo, desde el inicio del bloqueo, la Coordinadora no logró estructurar sus propias demandas de mayor impacto e interés del movimiento popular urbano, o sea, el pedido de la anulación del contrato con Aguas del Tunari y la rebaja de las tarifas de energía eléctrica sólo fue usado en función de la solidaridad y reciprocidad que tenía con los cocaleros en abril del mismo año, por eso no le quedaba otro camino que tan solamente apoyar al movimiento cocalero que reclama entre los puntos más importantes: a) la no instalación de tres cuarteles en el Chapare, b) permiso para cultivar un cato de coca (0.6 hectáreas), y e) la creación de una universidad agraria, mercados para los productos del desarrollo alternativo.

Las demandas respondían a la acción del gobierno que, en 1998, mediante el "Plan Dignidad, se había propuesto sacar a Bolivia en cinco años del circuito coca-cocaína, bajo la meta "coca cero". Para tal fin, invirtió 700 millones de dólares, que incluían la creación de tres cuarteles que jugarían un rol de control ante la advertencia de que se generaría un movimiento político en contra del orden social establecido, es decir, del sistema del capital y la democracia liberal.

En ese contexto se inicia el bloqueo de la carretera a Santa Cruz en Cristal Mayu, Paradito, Villa Tunari, Sinahota e lvirgarsama, a la cabeza del Diputado Evo Morales. Mientras, los habitantes de Entre Ríos y Bulo Bulo se suman al bloqueo aprovechando la situación para pedir la creación de la sexta sección municipal. Hasta ese momento, para el gobierno, el mayor foco de atención era este movimiento y no así el del altiplano ya que, según la aristocracia dominante, el bloqueo a Santa Cruz afectaba seriamente los intereses del corazón del capitalismo, o sea la Industria Agropecuaria Cruceña. Por eso las primeras semanas mandó mayor número de militares a la región del Chapare, aunque tenía advertido en abril la emergencia del movimiento altiplánico con fuerte carga de proyección política.

El tercer día del bloqueo empiezan a producirse los primeros enfrentamientos violentos entre militares y cocaleros. En esta situación, se veía que la capacidad de lucha de los cocaleros era mayor que la de los militares. Estos despejaban el camino y más tarde los bloqueadores volvían a poner piedras y árboles sobre él. Después se ingeniaron para levantar muros con piedras y cemento sobre el camino, además de soldar fierro en los pasamanos del puente, lo que implicaba mayor trabajo y fatiga para el aparato de represión.

Como en otros lugares, el Estado había decidido usar todo lo que tenía para desbloquear los caminos, así que usó la maquinaria del Servicio Nacional de Caminos y hasta los trabajadores del Estado fueron puestos al servicio de la represión. La guerra entre bloqueadores y militares era constante, disparar agentes químicos y que el cielo se nuble de proyectiles humeantes se iba con virtiendo en la rutina del día. En todos los lugares, por 15 minutos los militares tomaban el control de las carreteras, pero después, en un abrir y cerrar de ojos, aparecían lns piedras y árboles. Esa fue la estrategia hormiga de los bloqueadores.

Todos participaban en el bloqueo. Las señoras llegaban con varias botellas de vinagre en las canastas y los bloqueadores remojaban en el vinagre los pequeños trozos de tela con los que se cubrían las vías respiratorias, para amortiguar el efecto de los gases. Para que los proyectiles no tengan efecto mortal confundían con el humo negro que emanaba de las llantas que eran incendiadas en las barricadas por los cocaleros. Varios de ellos tenían guantes de cuero para levantar los humeantes cartuchos y lanzarlos a las fogatas y así aminorar los efectos de los gases. Tal fue la inteligencia de lucha, que poc~ a poco el ejército y la policía abandonaron los lugares de bloqueo como producto del cansancio. Al gobierno no le quedaba otro camino que retroceder y deponer su actitud prepotente. Después de tres semanas, cede respecto a la construcción de los cuarteles y el diálogo sobre la política de coca cero. Sobre esa base ahora se pretenderá dialogar.

Sin embargo, el movimiento cocalero a la cabeza de Evo Morales, que al inicio se pintaba como protagonista y aglutinador de los intereses de otros sectores, se fue desinflando al no tener un discurso político incluyente. Su discurso se redujo a lo siguiente: "los cocaleros están en su peor situación porque no tienen coca para producir ingresos, los cocaleros carecen de desarrollo sin un Chapare industrializado y capaz de ofrecer oportunidades a todos". Por eso fue eclipsado por Felipe Quispe quien, desde el inicio, había desarrollado un discurso político contra la estructura colonial del país. Mientras la sociedad no supo de las demandas que exigían, identificaba al movimiento altiplánico con la reconstitución y la autodeterminación de la nación aymara y quechua. Hasta que, en la recta final, el líder de los campesinos les da la espalda y deja solos a los cocaleros.

Desde ese momento, en la palestra central desaparece el rol de los cocaleros y todos prestan atención al movimiento campesino. El propio Estado, que antes apuntaba su fuerza hacia los cocaleros, ahora veía políticamente como más preocupante el discurso del Mallku. Por eso, en el discurso del 28 de septiembre, se da el lujo de decir que todos los puntos eran dialogables menos el "Plan Dignidad". Y así fue. Los puntos consensuados resultaron ser lo~ siguientes: a) la suspensión de la construcción de los tres cuarteles en el Chapare, b) caminos, mercados para sus productos, medios para la exportación y desarrollo alternativo real, y e) creación de la universidad agraria. Fue negado el cato (0.6 has.) de cultivo de coca.

El resultado de un mes de guerra fueron 9 muertos, entre campesinos y cocaleros, y un transportista, cuatro en las regiones del valle y seis en el altiplano, además de 127 heridos. Todos podían decir que las condiciones para la revolución estaban dadas, sin embargo, en toda esa masa de luchadores no se perfilaba un proyecto societal alternativo a la democracia representativa y la organización económica del capital. A lo sumo, los cocaleros llegaron a pedir el acortamiento del mandato presidencial de Hugo Banzer, pero no cuestionaban la actual estructuración de la política y económía; los de la Coordinadora, si bien rompieron los viejos esquemas de organizar el movimiento con base en la agrupación de gremios y desarrollaron la capacidad de organizarse en función del derecho a la vida y al trabajo, tampoco pudieron estructurar un programa político más allá de las reivindicaciones; lo máximo que se pudo plantear fue la Asamblea Constituyente. Por otro lado, el movimiento campesino liderado por Felipe Quispe si bien perfiló un proyecto basado en los ancestros, tampoco pudo estructurar una propuesta capaz de articular los intereses de todos los sectores.

Por lo tanto, a partir de septiembre se reconfigura el mapa de los actores sociales: los cocaleros, los campesinos y la Coordinadora. Los Cocaleros, liderados por Evo Morales, dirigente de las seis Federaciones del trópico cochabambino que abarca las provincias Sacaba, Colomi y VillaTunari; en el Chapare, viven aproximadamente 131.727 personas. Por más que la producción de coca sólo represente el 20% de la producción total, este producto es el que realmente articula y hace que se constituya un movimiento social. Mientras, el movimiento campesino liderado por Felipe Quispe, más conocido como el Mallku, tuvo presencia en 11 provincias: Camacho, Muñecas, Omasuyos, Manco Cápac, Los Andes, Ingavi, Loayza, Aroma, Villarroel, Cercado en Oruro, Mecapaca y Sorata. Todas esas regiones más o menos comprenden unos 493.000 habitantes. Es movimiento en tanto es capaz de articular un discurso político de reconstitución de las naciones originarias. La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida convoca a su vez a los habitantes de la provincia Cercado de Cochabamba, donde la fuerza principal son los regantes, más menos constituyen unos 415.000 habitantes.

De esta manera, la lucha desde la economía política, o sea la lucha de clase que se aglutinaba en la Central Obrera Boliviana, desapareció al parecer definitivamente, dando lugar como únicos movimiento contestatario al Estado al movimiento indígena. Por ello podemos decir que las grandes transformaciones vendrán desde estos actores. Pero también cabe indicar que en estas luchas los tres sectores han mostrado una gran debilidad para generar una propuesta única o capaz de articularse entre sí, a lo que se suma la competencia por el liderazgo, hecho que conduce a que cada uno de ellos encare la lucha por su cuenta.

 

4. Bloqueo de caminos junio de 2001 y la Revuelta de febrero de los Cocaleros en Sacalr 1: una lucha aislada y conciencia de poder de los aymaras y quechuas

Una vez terminado el conflicto el 6 de octubre de 2000, se vivió 8 meses de aparente tranquilidad, sin embargo, para todos había quedado claro que el futuro de Bolivia debía ser pensado de otra manera. También quedó claro que la clase dominante no era capaz de proponer otro proyecto alternativo económico y político al sistema liberal, pues es una incondicional defensora del neoliberalismo y la democracia representativa. Precisamente esa democracia que últimamente se había convertido en un espacio de legitimación de todo tipo de corrupción y acumulación ilícita de capital pero, fundamentalmente, de reproducción de un poder basado en el sistema de compadrazgo de la casta colonial. Un poder que se caracteriza por usurpar la soberanía del pueblo y que se legitima cada cinco años a través de un acto plebiscitario por el cual se atribuye la facultad de tomar decisiones y dictar leyes en nombre del pueblo. La clase dominante había defendido esta forma de política y la había hecho ver como la única y mejor opción política para el país y el mundo, práctica de poder más conocida como el fetichismo de la política.

Sin embargo, el sabor de la democracia representativa también empezó a gustar a los propios indígenas, por ello, muchos de sus dirigentes organizaron diversos partidos para participar en las elecciones. Tal es el caso de Alejo Véliz, dirigente de Cochabamba y Evo Morales, en el Chapare. El propio "Mallku" no pudo salvarse de esa tentación, por ello organizó un partido el 15 de noviembre de 2000, denominado Movimiento Indio Pachacuti (MIP). Sin duda, el MIP se estructuró como partido bajo la lógica liberal pero velado por un discurso comunitario. Este partido se formó, evidentemente, en medio de una multitud de esperanzas de construir un estado propio pero, en esencia, estaba condenado al fracaso ya que, al adoptar la forma de organización liberal para participar en los escenarios políticos, actuaría igual que los partidos tradicionales y/o coloniales de izquierda o de derecha, donde la característica principal es el hecho de que la gestión de la vida pública la hace el representante, que se convierte en mandante y el representado queda circunscrito al papel de obediente.

Para la mayoría de los combatientes en septiembre, la fundación del MIP, más que aclarar la estrategia del movimiento, la dejó totalmente perpleja. Nadie sabía si se trataba de un partido para participar en las elecciones de 2002 o si era un movimiento político que sólo se encargaría de organizar el movimiento venidero, pero sí dejó más dividido al movimiento aymara y quechua. Por ello, no se pudo lograr un consenso en el IX Congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia; de hecho, los sectores de Alejo Véliz y Evo morales intentaron llevar adelante el congreso en el mes de febrero, en la ciudad de Oruro, sin la presencia de Felipe.

Así, las pugnas crecieron. Se veía que el movimiento estaba diezmado. Por una parte, el sector de Evo Morales que había elegido en Oruro como su representante a Humberto Choque y, por otra, el sector del "Mallku" que reclamaba la legitimidad de su dirigencia y tenía sus bases sólidas en Achacachi. En medio de críticas de haberse aliado con el gobierno, en el IX congreso llevado a cabo en abril de 2001 en La Paz, Felipe Quispe fue nuevamente elegido como Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Su elección se produjo en un contexto en que el sector de Evo Morales, en alianza con los dirigentes de la Coordinadora del Agua, marchaba hacia La Paz para ganar protagonismo en el liderazgo y deslegitimar el movimiento de Felipe Quispe. Además, se había creado un ambiente de psicosis social por la posibilidad de un nuevo bloqueo de caminos. Se hablaba de que este duraría un mínimo de tres meses y se convertiría en un movimiento eminentemente político que buscaría la toma del poder.

Los propios campesinos encabezados por Alejo Véliz, de un lado, y Evo Morales, del otro, iniciaron un plan de desprestigio en contra de Felipe Quispe. Evo Morales creyó que había que sacarlo de la competencia electoral de 2002 y Alejo Véliz parecía un portavoz del MNR, pues para él no sólo se debía desprestigiar al "Mallku" sino tan bien al MIR, por eso asociaba todos los actos del movimiento encabezado por Felipe con el accionar del MIR.

Sin duda, el estar en la cúspide de los acontecimientos de la rebelión aymara hizo que Felipe Quispe se convirtiera en un caudillo con un comportamiento prepotente y tirano, inclusive para con sus propios humildes hermanos. Sin embargo, su capacidad fue la de socializar el proyecto de la reconstitución de las naciones originarias o su autodeterminación. Por eso, el último bloqueo ya no será en tomo a la creencia en el liderazgo de Felipe, muchos apostarán al proyecto mismo.

Eso demostró el bloqueo convocado para el 1 de junio y que duró casi un mes. Fue un bloqueo, a diferencia de los dos anteriores, protagonizado sólo por los campesinos de las provincias Los Andes, Omasuyos, Manco Cápac, Camacho y Franz Tamayo del departamento de La Paz. Para muchos de los analistas sociales, hasta antes de los bloqueos éstos eran campesinos parcelarios libres que, por su situación económica, no podían engendrar ninguna comunidad de ideas, ninguna unión nacional y ninguna organización política. Por lo tanto, eran concebidos como una inmensa masa de población incapaz de hacer valer su interés de clase a nombre propio ni de representarse a sí misma, sino que tenía que ser representada. Por ello, todos los partidos políticos se disputaban su voto en las elecciones municipales y generales.

Sin embargo, a la hora de la verdad, no habían sido campesinos fragmentados en pequeñas parcelas. Bajo esa apariencia, pervivió la lógica comunitaria, traducida en el uso y gestión colectivos de los recursos naturales, tal como ocurre en el lago Titicaca con la siembra de la totora, el manejo del sistema de riego y otros. En forma similar, el sistema de autoridades, antes que adecuarse al sindicalismo puro, fue más bien capaz de apropiarse del sindicato y subordinarlo a la lógica rotación y obligatoriedad, cosa que inclusive se ha ido perdiendo en las comunidades originarias. Por lo tanto, a largo de la historia, en estos campesinos se construyó no un ethos sindical propiamente dicho sino un ethos comunal.

Así, a pesar de no existir una propuesta de reivindicaciones por parte de la CSUTCB, los de Achacachi fueron los primeros en salir a bloquear nuevamente los caminos. Pero, ¿por qué salieron los campesinos si ni siquiera había un pliego de peticiones? La respuesta es sencilla. Ellos .tenían claro que ya no se trataba de pedir migajas ni proyectos de desarrollo sino de dar un paso más en la estrategia de la toma de poder y construir su propia autonomía como nación aymara. Por eso, aún sin tener apoyo de los campesinos del resto de las regiones de Bolivia, subjetivamente se sentían capaces de perforar el modelo económico y el régimen de propiedad privada. Los planteamientos en el primer documento casi son equiparables a la propuesta de Willka Zarate cuando señalan:

•     Los bosques, tierras forestales y minerales son del dominio originario de las naciones originarias conforme a su territorio y del pueblo trabajador, no del Estado boliviano neoliberal.

•     Reconocimiento del derecho a la libe determinación de las naciones, comunidades y pueblos originarios.

•     Retiro de efectivos policiales de las provincias, secciones, cantones y comunidades, debiendo organizarse en su lugar policías urbanas y guardias municipales y comunales para la vigilancia y cuidado de las personas y los bienes en las zonas rurales.

•     Se disponga mediante ley que, en lugar de Bolívar y Sucre, en forma obligatoria deben estar nuestros héroes como Tupaj Katari, Bartolina Sisa, Zárate Willka, Apiaguayki Tumpa y otros, según las regiones del país.

•     Derogatoria del decreto supremo 21060

Esto no significa otra cosa que todo poder al indio. Se había consolidado una conciencia indígena del modelo comunitario y se estaba dispuesto a luchar sin importar el tiempo. Habían surgido ideas de declararse en violencia permanente, llegar inclusive a la situación de palestinos e israelitas. Sin embargo, esta vez el gobierno había ganado adherentes para restarle legitimidad al Mallku. Supieron aprovechar muy bien la enfermedad de Hugo Banzer Suárez para convocar a la solidaridad con el presidente. Y cuando más comunidades se sumaron, el gobierno sacó tanques para amenazar con intervenir el bloqueo a través de la fuerza, aunque ya lo había hecho hasta ese momento victimando a dos campesinos. En respuesta, los indígenas organizaron la resistencia, construyeron barricadas. No había indígena que no hablara de la estrategia y táctica militar, en fin, en Qalachaca se había constituido el Gran Cuartel General de los Aymaras,

Aunque reducidos a unas cinco provincias de La Paz, los aymaras habían demostrado la solidez del proyecto político de autodeterminación, aunque habría que aclarar que, en términos de clase, la composición de los aymaras se había diversificado mucho. Desde la burguesía manufacturera, pasando por la burguesía comercial, clase media, hasta los trabajadores asalariados. En este sentido, por esta vez no todos hicieron una alianza de clase y no todos participaron en el bloqueo como ocurrió en septiembre. Los transportistas y los vecinos de los pueblos se resistieron a esta medida, mucho menos estaban de acuerdo con el proyecto de reconstitución de las naciones originarias. La burguesía comercial asentada en los pueblos, se vio más bien afectada por el bloqueo y fue la que, en alguna medida, saboteó la lucha indígena. Podemos decir entonces que el gran desafío para el movimiento será también entender y dar solución al problema de clase entre los aymaras.

Si bien con el bloqueo no se logró conseguir el poder, en la conciencia de los campesinos quedóla idea que la lucha era por el poder y que por ahora tenían que jugarse entre apostar por los programas de desarrollo o la lucha política. El convenio de 24 de agosto de 2001 entre los campesinos y el gobierno, centrado en los programas de desarrollo, pone una tregua en la lucha. En él se establece:

•     47 millones de dólares americanos para el programa de Desarrollo Integral

•     Plan de mecanización del agro con la entrega de 1000 tractores

•      11 millones de dólares para el micro crédito en beneficio de los agricultores

•     Implementación del seguro social indígena originario

•     Suspensión del proceso de saneamiento de tierras en el departamento de La Paz

•     La CSUTCB presentará una propuesta alternativa a la Ley INRA

•     Creación de una Universidad Indígena

•     La CSUTCB elaborará un Proyecto de Ley alternativo a la Ley 1008.

Hasta ese momento, la división del movimiento campesino e indígena estaba claramente establecida bajo dos liderazgos: Felipe Quispe y Evo Morales. Ambos tenían la misma importancia, aunque después del último bloqueo Felipe había consolidado un movimiento más allá de las reivindicaciones. En aquella oportunidad, a diferencia de los bloqueos de septiembre, el presidente era Jorge Quiroga, un joven empresario que estudió Ingeniería Comercial en la Universidad de Harvard de Estados Unidos y había sido cooptado por el partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) que, en su plan de dinamizar al partido con la nueva generación lo escogió como Vicepresidente del General Hugo Banzer Suárez. En el bloqueo de junio y julio, a raíz de la enfermedad de Banzer, él asumió el cargo de Presidente Interino de la República y, el 6 de agosto, tras la renuncia de Banzer, se posesionó como Presidente Constitucional y sucesor de Banzer. Quiroga era un joven que inspiraba confianza y esperanza al sector empresarial. En su discurso, apeló a la eficiencia y la lucha contra la corrupción, que hasta ese momento se había convertido en el orden del día.

Sin embargo, la política del nuevo presidente no sólo dio continuidad al Programa de Banzer, sino que lo profundizó. Tal fue el caso del "Plan Dignidad" que se inició en 1998. En enero, dictó el Decreto Supremo No. 26415 que penalizaba el transporte y comercialización de coca producidos en el Chapare. Esta situación hizo que las seis Federaciones productoras de coca en el Chapare, a la Cabeza del dirigente Evo Morales, convocaran a movilizaciones en rechazo a la medida.

Pero esta vez, el movimiento no organizó sólo el bloqueo hacia Santa Cruz, sino que salió una multitud de personas de las comunidades del Chapare a defender y protestar a la ciudad de Cochabamba. El día 15 de enero se dirigieron hacia el mercado Sacaba, que es el principal mercado de comercialización de la coca proveniente del Chapare. En el trayecto, prendieron fuego a cuanto vehículo se encontraba en el camino. Al llegar a Sacaba, levantaron barricadns en las avenidas y esquinas principales de la plaza principal del Municipio de Sacaba. Los días 16 y 17 de enero se produjeron los enfrentamientos más feroces entre los cocaleros y el ejército; el segundo día murieron dos cocaleros. Viendo que los militares y la policía actuaban como en una situación de guerra, al día siguiente los cocaleros se organizaron con armas de fuego y todo lo que pudieron. En ese enfrentamiento entre el aparato de represión y el movimiento cocalero murieron en total 7 personas: tres cocaleros, dos soldados del ejército, un oficial del ejército y un policía.

Después de tres días de guerra, el gobierno intervino la sede sindical, detuvo a más de 100 cocaleros y encerró en la Policía Técnica Judicial a 30 dirigentes, el resto fue traslado por la fuerza al Chapare. Allí cayeron los dirigentes Delfín Olivera, Leonilda Zurita, Silvia Lazarte, Feliciano Mamani, Rolando Vargas, Oswaldo Tojo, entre otros. Como siempre, el Estado utilizó toda la logística de la prefectura. Los vehículos carecían de placas oficiales de circulación y sus logotipos institucionales estaban cubiertos con papel blanco. En esas circunstancias, ni la prensa podía registrar lo que estaba pasando.

El gobierno prometió una y otra vez que los hechos de Sacaba no volverían a suceder y que los responsables irían todos a la cárcel. Para ello recurrió a todo el aparato judicial que emitió 60 mandamientos de apremio, acusando a los detenidos de faltas como instigación pública a delinquir, atentado contra los bienes públicos, lesiones graves, asesinato y daño calificado. Y para que los campesinos de Chapare no se reunieran nuevamente clausuraron violentamente la Radio Soberanía, de propiedad de la Federación de Cocaleros, bajo el argumento de "falta de licencia de funcionamiento".

El terrorismo de Estado llegó incluso a los hogares de Chapare, donde se saqueó y abusó de mujeres y niños bajo el argumento de buscar a los responsables de la muerte de los militares y policías. La superioridad de su fuerza militar hizo pensar al gobierno que era posible mantener y hacer prevalecer el decreto. Sin embargo, en su cálculo el gobierno no contó con que el movimiento campesino apoyaría a los cocaleros: semanas después, la CSUTCB empieza otro bloqueo de caminos. Los departamentos que salieron a poner piedras fueron cinco: La Paz, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz.

En medio de llanto y tristeza por haber perdido a dos de sus afiliados, el movimiento aseguró así su triunfo con la derogatoria del decreto. El gobierno no tuvo otro camino que renunciar nuevamente a sus intenciones de obedecer al Plan de Estados Unidos de reducir a punto cero la hoja de coca. Indignado por ello, el gobierno trasladó el problema al parlamento. Como nunca antes, allí se unió la oposición, en ese entonces representada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR), y el oficialismo, integrado por Acción Democrática Nacionalista (ADN), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Unión Cívica de Solidaridad (UCS). La consigna era alejar del parlamento al dirigente y diputado del movimiento cocalero Evo Morales, bajo la acusación de los muertos en Sacaba, alzamiento armado y perjuicio a los Hoteleros del Chapare.

El desafuero se realizó en un momento en que la clase dominante veía el peligro del avance del Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones generales próximas, por eso interpuso un juicio de responsabilidades no sólo para votarlo del parlamento, sino inhabilitado para las elecciones de junio de 2002.

El problema, sin embargo, no era el dirigente, sino la lucha entre el Estado y el movimiento social que pugnaba a través de sus representantes para hacer valer sus intereses. De ahí que iniciara otros bloqueos y una huelga de hambre pidiendo la anulación del juicio interpuesto en contra de su dirigente principal. Una vez más, el Estado no pudo lograr su objetivo de anular la participación del MAS en las elecciones. Esta lucha sacó a flote cómo el Aparato Judicial estaba al servicio del gobierno; la independencia pregonada por los diferentes gobiernos de tumo era pura palabrería ya que este ente siempre había actuado en contra el movimiento social, por eso las denuncias de corrupción y diversos juicios que se ventilaban en estrados judiciales nunca prosperaron, siempre salía ganando la clase dominante. Se veía cómo los tres poderes del Estado se movían para actuar conjuntamente en contra de los movimientos sociales con francos ribetes racistas.

Desde entonces, la unidad entre el movimiento social y partido político fue sellada como una nueva estrategia de hacer política, A partir de ahí, el Estado no sólo tenía que enfrentarse con los movimientos sociales, sino disputar espacios de poder como el parlamento. Porque, sin duda, de la lucha en Sacaba el MAS salió más fortalecido, contexto que además le permitió ganarse adeptos en otros sectores sociales. Para el resto de la sociedad civil, la expulsión de Evo Morales no apareció sólo como la lucha de los cocaleros, sino como un hecho en el que era fundamental la injerencia de Estados Unidos, a través de su embajada, en contra de la soberanía del país. La lucha que se abría, por lo tanto, no era únicamente de la clase dominante contra la indiada, sino contra otros sectores populares también porque para ella estaba claro que la lucha de los distintos sectores sociales no era sólo contra un modelo económico sino contra el sistema del capital. Eso era lo que no dejaba dormir tranquila a la clase dominante, una clase que subjetivamente había creído que ya no se presentaría tal situación después de la caída de muro de Berlin. El peligro no sólo asechaba a la clase dominante nacional, sino afectaba además a Jos intereses de Norte América.

 

5. De movimiento a partido político: la nueva forma de articulación de la lucha indígena hacia la toma de poder

Para los indígenas, no era una experiencia nueva organizar partidos políticos en miras de participaren las elecciones presidenciales. Dicha experiencia data de 1970 con el Movimiento Indio Tupaj Katari (MITKA); la participación del Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de Liberación (MRTKL) fue también muy importante durante la década de los 80', así como la de otros grupos que generalmente se aliaron con Jos partidos del sistema. Sin embargo, la característica particular de esta última época fue la de conjuncionar el movimiento sindical con el partido, o sea, el movimiento sindical concibió por esta vez constituirse en instrumento político y, desde la palestra del Estado, hacer valer sus intereses.

Esta visión nace en un contexto en que todos Jos partidos políticos habían llegado al extremo de representar a una oligarquía criolla mestiza y convertirse en sinónimo de corrupción. La rotación de tres partidos (ADN, MNR, MIR) en la estructura gubernamental desde que Bo-livia entró a la democracia, antes que aportar a la solución de los problemas del país, lo sumió en el escándalo del mal manejo de los recursos del Estado y la profundización de la pobreza; de otra parte, como nunca, estos partidos condujeron al Estado a una sumisión incondicional a la política de Estados Unidos.

Evidentemente, el intento de constituirse en Instrumento Político comenzó en 1996, con la Asamblea de Soberanía por el Pueblo (ASP), que participó en alianza con la Izquierda Unida en las elecciones generales de 1987, logrando sacar cuatro diputados. Sin embargo, esta instancia no logró articularse con el movimiento social y terminó subsumida a los intermediarios culturales surgidos de la clase media mestiza. Contrariamente, los nuevos movimientos políticos son distintos. Tanto el Movimiento al Socialismo (MAS) como el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) emergen como movimientos políticos libres de intermediarios culturales. Se articulan precisamente con el movimiento social a partir de las grandes rebeliones ocurridas desde 2000. En realidad, es el tercer movimiento indígena después de Katari en 1780 y Zarate Willca en 1899. No son partidos que se insertan en el movimiento para articularse con él, sino que salen de él, por eso las fronteras entre movimiento y partido no están diferenciadas y aparecen como una gran potencialidad en la nueva forma de lucha contra el Estado.

El MIP, por ejemplo, después del bloqueo de caminos en septiembre de 2000 y una vez deslegitimada y develada la estructura colonial del país, decidió como movimiento organizarse en Partido Político el 14 de noviembre del mismo año, en una concentración multitudinaria en Peñas, lugar donde fue descuartizado Tupaj Katari en 1781. En ese contexto multitudinario, recolectar firmas para registrarse en la Corte Nacional Electoral no fue problema: en una semana ya había más de 60 mil firmas, suficiente cantidad para habilitarse en las elecciones generales de 2002.

Su programa político lo muestra como una organización contestataria al Estado y aclara "que nace de las mismas comunidades, y que no es un partido político más, sino un instrumento político de los verdaderos dueños de estas tierras"¹⁰_• Sus protagonistas lo definen como un movimiento de rebelión contra las nuevas roscas, que se plantea la "reconstitución" filosófica y económica, de valores y autoridades del Tawantinsuyo. Por lo tanto, nace con una fuerte crítica hacia el racismo que, según este movimiento, estaría llevando a la agonía los valores culturales. Sin embargo, no critica explícitamente al sistema del capital ni la forma de organización política liberal.

Visto de esta manera, para el conjunto de la sociedad civil aparece como un movimiento excluyente de otros sectores ya que, tanto en su estatuto orgánico como en su programa de gobierno, no elabora claramente una propuesta económica y política a más de apelar a la moralidad indígena basada en los principios éticos del ama sua, ama llulla y ama qhella. En todo su programa resaltan los valores culturales y simbólicos, lo que incidirá decisivamente en su accionar en los espacios de poder. Es decir, en su plan mismo no hay referencias concretas sobre la nueva forma de organización del país en cuanto a su economía y política. Como cualquier otro programa de partido, termina planteando cinco pilares: educación, salud, empleo, vivienda y equidad entre género.

Por lo tanto, si bien ideológicamente reivindica lo ancestral como aglutinador del movimiento, esto lo lleva a un nivel más lírico y poético, no retoma con claridad el sistema comunitario como una alternativa al sistema de capital. Por eso, con relación a la concepción del manejo de recursos, sólo dirá: "la tierra no es propiedad privada, sino que la tierra pertenece al hombre", frase que no dice nada.

El fracaso de este movimiento político en la escena del parlamento se debe entonces a la falta de un proyecto societal alternativo, y esa situación llevará a sus representantes en los espacios de poder a ocuparse de querellas o de acusaciones de unos contra otros.

De la misma manera, por el lado del movimiento cocalero, a pesar de tener más años de fundación como partido, el MAS tampoco pudo articular un programa de gobierno contra el sistema del capital y la democracia representativa liberal. En su caso, apeló al romanticismo étnico ancestral indicando que "en nuestras tierras y territorios, no se conocía miseria y hambre. Todo era VIDA, todo estaba en su lugar. Nada faltaba ni sobraba. Vivíamos en sociedades comunitarias de abundancia, donde la vida era en completa armonía, hermandad y respeto mutuo con la madre naturaleza"¹₁• El MAS apela al ayllu ancestral, como una nueva forma de organización, pero no la convierte en contemporánea ni trabaja sobre la potencialidad de la economía y política del ayllu. Igual que el MIP, resalta lo lírico y poético, quizás incluso con más fuerza que este otro, cuando dice que "al tener esta herencia, la cultura andina y amazónica, quehuas, aymaras, e indígenas de la amazonía, pertenecemos también a la tierra y al cosmos, estamos arraigados en el suelo que habitamos. No nos podemos separar: tierra, naturaleza, hombres y mujeres, estrellas, gotas de lluvia, piedras, vicuñas, plantas, etc., todos dependemos de todos y de todo, los unos de los otros, y los otros de los unos, todos somos hermanos".

Como vemos, en esta tienda política tampoco hay un proyecto societal alternativo que esté centrado en una forma de organización de la economía y política distinta al sistema capitalista y liberal. Quizá una de sus mayores virtudes es la de haber denunciado el atentado a la soberanía nacional y su lucha contra el modelo económico neoliberal. Aquí se nota la influencia de la gente de izquierda que se incrustó en el movimiento indígena una vez fracasado su pregón del socialismo. Esta gente no tenía otra alternativa que pensar en su cerebro la vuelta a un capitalismo de Estado, de ahí que proponga la recuperación de la Empresas Estratégicas y que estas sean administradas por el Estado. Es una izquierda que al ver que sus estrategias de vida estaban en peligro no le quedó otra que incorporarse a este movimiento político, por más que antaño profetizaba que el progreso comunista iba a incorporar a los indígenas mediante el desarrollo de las fuerzas productivas progresistas y que, por lo tanto, no se le debía prestar mucha atención debido a su forma de organización precapitalista.

En resumen, los dos movimientos políticos si bien emergen del propio movimiento social indígena, nacen con dos pecados capitales. Primero, ninguno logró construir un proyecto societal alternativo al sistema de capital y la política liberal, que supere el etnocentrismo indígena y el localismo agrario. En segundo lugar, la estructura organizativa del partido no obedecía a las estructuras comunitarias, donde la decisión fundamentalmente está en manos de la colectividad y el representante sólo expresa o es el portavoz de dicha colectividad. Precisamente por eso, con fines de evitar el monopolio de los dirigentes, en las comunidades el ejercicio de cargos públicos se cumple en forma rotativa. Sin embargo, en vez de optar por este camino, los dos partidos se organizaron bajo la forma liberal, que privilegia la competencia de liderazgo y da lugar al monopolio en la toma de decisiones de los dirigentes.

Esta situación llevó a un rápido desencanto y paulatina separación del movimiento y partido por un lado, y una división interna como producto de la falta de ideología. Generalmente, esta ausencia conduce a que los partidos se conviertan en partidos de tipo patronazgo, donde los militantes se reúnen en función de intercambio de favores. Necesariamente, esta forma de organización lleva a la competencia de liderazgos no para protagonizar al movimiento, sino en función de intereses personales. Por ello, la crisis de este tipo de movimientos no obedece a factores externos como el Estado, sino a su accionar interno mismo.

 

6. El triunfo electoral indígena y el fracaso en la escena parlamentaria

Las tres etapas de las revueltas indígenas (abril, septiembre 2000 y junio 2001 con los campesinos y enero 2002 en Sacaba) han dejado dos resultados. Primero, una crisis de legitimidad del estado y, segundo, la posibilidad de construir un proyecto social alternativo apelando a la historia. Para los dos partidos políticos (MIP y el MAS), el escenario estaba totalmente preparado, por lo cual lo único que le quedaba a éstos era elaborar dicho proyecto y, desde la palestra parlamentaria, luchar por la liberación de los indígenas. Sin embargo, como vimos en el anterior punto, ninguno de ellos fue capaz de concretizar tal proyecto.

En un momento en que los partidos políticos habían perdido totalmente su legitimidad al interior de la sociedad civil, por los diferentes escándalos de corrupción y una economía en bancarrota y donde el discurso de la eficiencia económica de las empresas privadas sólo servía para justificar la mentalidad pastiche, la sociedad estaba desesperada de apostar por cualquier organización emergente que vaya precisamente a solucionar los problemas de crisis económica, política y moral. Por eso el discurso del "Mallku", que apelaba a conformar un movimiento de rebelión y desde el parlamento luchar contra esa rosca, ganó fácilmente adeptos. Pero, al mismo tiempo, su planteamiento de reconstitución del Qullasuyo y su etnocentrismo indígena hizo que sólo los ayamaras que habitan las provincias de La Paz y la ciudad de El Alto lo apoyaran consecuentemente con su voto en las elecciones generales de 2002.

La popularidad que el "Mallku" adquirió en septiembre de 2000 al develar la organización de la sociedad boliviana bajo las formas de anillos de jerarquía colonial, fue bajando por tres razones. Primero, por su carácter autoritario y dictatorial al interior del movimiento campesino, hecho que condujo a las primeras divisiones y/o apatía de las bases. Segundo, su competencia por el liderazgo hizo que profundizara aún más sus diferencias con dirigentes de otras regiones como Evo Morales, Alejo Véliz y otros; éstos, por su cuenta, se encargaron de debilitar aún más su liderazgo. Por último, sabiendo que había posibilidades de sacar mayores escaños en el poder legislativo, muchos ex militantes de otros partidos que habían adquirido un habitus liberal entraron a ocupar las direcciones principales en la nueva estructura del MIP; en vez de coadyuvar a la lucha, ellos se ocuparon de conseguir prebendas y cargos públicos. Estos factores incidieron para que la influencia del MIP no trascienda más allá del altiplano del departamento de La Paz, por eso sólo logró el 6% del total de votos nacionales y el 17% en el departamento de La Paz. Aún así, en términos electorales, ese porcentaje es muy significativo en la historia de Bolivia. Por este lado, el MIP logró cinco diputados uninominales que corresponden a una circunscripción de la ciudad de El Alto, provincias Omasayos, Ingavi, Pacajes, Aroma, Villarroel, Loayza, Inquisivi y otras, y un diputado plurinominal.

Por su lado, el MAS tuvo mayor éxito en las elecciones generales del 2002. El discurso de la defensa de la soberanía ligado al tema de la coca, la necesidad de cambiarel modelo neoliberal en vigencia a partir de 1985 y la conformación de un movimiento antiglobalización, paulatinamente fue convocando en términos de voto a la mayoría de los sectores populares, campesinos e, inclusive, a personas de clase media que habían sido víctimas del modelo de libre mercado. Viendo el paulatino ascenso del MAS en los meses de campaña electoral, la preocupación no sólo fue de la clase dominante, representada en sus partidos más conocidos como tradicionales, sino incluso de la Embajada de Estados Unidos que, en los últimos días de campaña, pidió personalmente a los bolivianos no votar por el MAS. Aquí no sólo se mostraba la injerencia norteamericana en los asuntos políticos del país, sino el peligro en que estaba la "civilización occidental" cuyo actor principal por ahora es el Estado de Norte América.

La disconformidad de la sociedad civil con el actual modelo neoliberal fue evidente, por eso el 21 % del total de la población votante apostó por el MAS, ubicando así a ese partido en el segundo lugar después del MNR, que había logrado el 22%. El MAS rompió las fronteras: no sólo ganó las elecciones en cuatro departamentos (La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí) sino marcó su presencia en departamentos del Oriente boliviano como Santa Cruz, Beni y Pando, que antes eran una especie de feudos del ADN y MNR. Incluso logró un escaño parlamentario en Santa Cruz. Evidentemente, allí no fue la casta señorial dominante la que votó por él, sino los indígenas ocupados económicamente en sectores populares que, desde Jos años 80' se habían asentado allí. La nación "camba" en realidad no es una nación, sino un grupo de oligarcas que se forjó con un sentimiento de odio hacia los indígenas y es resultado de la colonialidad de la estructura social que ha hecho que éstos sean ahora empresarios.

Con esos resultados electorales, el MAS obtuvo 14 diputados uninominales, 12 plurinominales y ocho senadores. La mayoría evidentemente indígena. Sin duda, para la historia política del país fue un cambio total debido a que, desde la fundación, el manejo del Estado en la república siempre fue monopolizado por la casta criolla mestiza. Como estrategia para legitimarse frente a la sociedad, esta elite generalmente hacía participar a los indígenas en los últimos puestos de las listas para las diputaciones o senaturias, mientras en los primeros figuraba toda la elite dominante, de esta manera al momento de la votación, quedaba asegurada la ocupación de estos espacios de poder por dichos agentes. Por eso, con los resultados de la elección de 2002, los intereses de la clase dominante fueron afectados totalmente, ya que no sólo disminuyó la cantidad de votos, sino que llevó a la desaparición de algunos partidos históricos de la elite dominante, como ADN, y Conciencia de Patria (CONDEPA), que representaba al populismo que servía de sostén popular a la perpetuación del sistema.

Esta situación por primera vez trajo problemas a la clase dominante en la elección del presidente de la República. A como de lugar, el MNR debía aliarse con el MIR, que había sacado el cuarto lugar en las elecciones generales y con el que, en otras estructuras de gobierno, se la había pasado acusándose sobre escándalos de corrupción. Para el MNR, el difícil contexto parlamentario podía ser interpretado solamente como producto de la pérdida de autoridad durante el gobierno de Banzer y no como una crisis del modelo económico y el sistema político. De ahí que estuviese dispuesto a usar el golpe de Estado en caso de no llegar al poder.

Los primeros debates en el parlamento causaron si duda impacto ya que, por primera vez, los indígenas sentaron presencia en este espacio de poder con su propia vestimenta y se expresaron en su propio idioma; en otras palabras, mostraron que todo lo cultural y simbólico, o la crítica al Estado colonial, siempre se la había hecho desde los planos culturalistas. Para los defensores de la democracia, evidentemente ese era un salto cualitativo en la conformación de una democracia plurimulticultural. Sin embargo, la población que había votado en las urnas por ellos, esperaba no sólo que resalten la cultura y símbolos indígenas, sino creía que desde allí podían luchar por una verdadera transformación de la sociedad. No se necesitaba indios presentes para perpetuar la estructura del sistema del capital y la forma política liberal. Pero los diputados y senadores indígenas, electos gracias a esa masa disconforme, no lograron coagular en el espacio del Estado ninguna de las propuestas que esperaba la población; sus discursos, después de transcurridos varios meses de su posesión, seguían siendo de protesta.

Esta debilidad fue aprovechada muy bien por el gobierno del MNR, que decidió solamente profundizar las políticas que había gestado en su anterior gobierno, por eso, en un año, no generó ninguna política que incentivara la salida de la crisis económica. Hasta enero de 2003, sólo se ocupó de generar dos leyes caritativas: el Bono Sol, o sea el pago anual de 1800 Bs.-a todos los ancianos mayores de 65 años, y el Seguro Materno Infantil (SUMI). Por otro lado, continuó con las políticas de reducción de la producción de coca a un nivel cero.

Esto último hizo que nuevamente el MAS, junto con los dirigentes, convocara en enero de 2003 al bloqueo de caminos de la carretera que une Cochabamba y Santa Cruz y, para que esta lucha tenga mayor impacto, convocó a otros sectores de la sociedad civil a aliarse al movimiento con sus propios demandas, así logró evidentemente unir a otros sectores. Frente a esta primera movilización social y bajo la lectura de la movilización por ausencia de autoridad, el gobierno intentó imponerse sacando a las carreteras casi todo el aparato de represión. Acostumbrada al triunfo y al sofocamiento de los movimientos sociales, la elite criolla mestiza no logró sin embargo sus objetivos y terminó accediendo a negociar con los dirigentes, pero también por el lado del movimiento social se veía un debilitamiento, el sueño de los dirigentes del retorno de abril y septiembre de 2000 se disipaba cada vez más.

La paradójica actitud prepotente de los agentes del Estado y la incapacidad de hacer sostenible el modelo económico y la preservación de la democracia, no solo dejó en statu quo al movimiento social, sino que la propia burguesía agraria y turística quedó totalmente desencantada con la gestión del gobierno.

Desde entonces, la clase dominante se ha visto envuelta en la incapacidad de proponer salidas a la crisis del modelo neoliberal que se va haciendo añicos en toda su estructura, tanto económica como política. A nivel macroeconómico, el Estado se debatía en un déficit fiscal del 8%, hecho nada promisorio para el Banco Mundial y otras entidades financieras internacionales, de ahí que su condicionamiento de reducción del déficit fuera fatal para el Estado Boliviano. El Estado encontró la salida en la reducción del salario de los sectores de clase media a través del descuento directo del impuesto, pero la población interpretó que dicha política afectaría a todos los sectores, y la consideró como otra de las políticas de la crisis del modelo y la administración del poder por la elite criolla mestiza, de ahí la revuelta popular.

 

8. Movimiento Multiforme del 12 y 13 de febrero de 2003 y la ausencia del Proyecto Político Alternativo

Como siempre, la clase dominante charloteaba en los medios de comunicación que salvaría y sacaría de la crisis a Bolivia mediante el impuesto directo a la clase media, queriendo hacer aparecer que, frente a una crisis tan aguda, la única política a seguir era esa y que no afectaría a los sectores populares. En ese sentido hizo su anuncio oficial el 9 de febrero de 2003. El discurso no convenció a nadie, ni siquiera a los propios trabajadores de la represión como es la policía, ni a los empresarios, que consideraban que la medida más bien achicaría el mercado interno. Las voces de protesta crecían contra la medida. Jueces, fiscales, médicos, futbolistas, empleadas domésticas, chóferes, profesores, amas de casa, estudiantes y otros sectores se sumaron a la protesta. Sin embargo, bajo el postulado de recuperar el principio de autoridad y acostumbrado a mover el rodillo parlamentario, el gobierno estaba seguro que la medida estaba a un paso de aprobarse.

Pero la protesta social era evidente y fue surgiendo un movimiento multiforme, es decir, una acción colectiva que provenía de distintas historias y estructuras. El elemento que articulaba a este movimiento era la defensa de los salarios, en unos casos, y la defensa del mercado interno, en otros. Por lo tanto, no era un movimiento que provenía de la economía política, o sea, de la identidad de clase ni de la identidad étnica. Era más bien una multitud que unía sus fuerzas para enfrentarse a la elite gobernante, en rechazo al impuesto.

Por lo tanto, la convocatoria a la protesta provenía de todos lados. Desde los Empresarios que trataban de convencer al gobierno mediante el diálogo e influenciar en sus representantes parlamentarios, pasando por el paro decretado por la debilitada Central Obrera Boliviana, hasta el amotinamiento de la policía; acciones conjuntas que pusieron en jaque al gobierno. Pese a ello, éste aún creía que se trataba de un movimiento disperso y controlable al que se le podía imponer el principio de autoridad. De ahí que el 12 de febrero, cuando todo estaba en desborde, el ministro Sánchez Berzaín continuaba creyéndose un Napoleón que podía dar órdenes. Mientras tanto, el brazo derecho de la represión de los movimientos urbanos, la policía, no sólo se amotinó sino salió a marchar conjuntamente algunos manifestantes frente al palacio quemado portando pancartas que decían: "Viva el aumento salarial, abajo el impuestazo". En los 20 años de democracia, la elite dominante había disfrutado del apoyo incondicional del aparato de represión policial y de los empresarios privados, pero esta vez quedaron desamparados, librados a su suerte, ni los propios emenerristas pudieron mantener su unidad. En este contexto, el gobierno no tuvo otro remedio que apoyarse y sacar al Ejército Nacional a defender el palacio y custodiar las calles de La Paz y el Alto.

Sin embargo, la lucha entre los aparatos de represión (Policía y Ejército) convirtió al palacio quemado en un campo de batalla. Esta batalla develó la composición étnica en ambos aparatos de represión, ya que los que se enfrentaban no eran los oficiales de composición étnica criolla mestiza, sino fundamentalmente indígenas. De ahí también que los que murieron fueron 8 indígenas con grado de sargentos y policías y sólo un oficial, de apellido Némer Patón.

Como única fuerza, a pesar de sacar a las calles tanques, metrallas y franco tiradores, el Ejército no logró controlar la efervescencia del movimiento social. Este ya no era sólo un movimiento contra el "impuestazo", por eso el levantamiento de dicha medida por el presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, fue en vano. El movimiento aglutinó la disconformidad social con el modelo neoliberal y la democracia representativa, de ahí que selectivamente destruyera y quemara el Ministerio de Trabajo, de Hacienda, la Vicepresidencia y la Alcaldía de El Alto, que estaba administrada por el MIR. También hizo añicos las sedes de los partidos que representan al modelo neoliberal tales como MNR, MIR, ADN Y UCS. En pocas horas, todos los símbolos del poder del Estado fueron cayendo como naipes y además se convirtió en una acción colectiva a escala nacional, porque la destrucción no sólo ocurrió en la ciudad de La Paz sino que repercutió en Cochabamba y Oruro.

Parecían estar contadas las horas de permanencia del gobierno. En esa situación, las palabras desesperadas del presidente mediante la prensa radial y televisiva, "convoco a todos a que pare la violencia, que vayamos al diálogo, Dios salve a Bolivia", fueron vanas, ya que el movimiento cada vez adquirió más cuerpo. El objetivo ya no eran sólo las estructuras de gobierno, sino la estructura misma del sistema capitalista, por eso en la ciudad del El Alto se comenzó a atacar a empresas capitalizadas como Aguas del Illimani, Electropaz, transnacionales como Coca Cola y la Aduana. También fueron destruidas algunas entidades financieras, debido a que éstas aparecieron casi a la par de la implementación del modelo neoliberal como entidades succionadoras de la plusvalía de los trabajadores por cuenta propia. Por culpa de ellas, casi todos perdieron el poco capital que tenían y las viviendas que apenas habían logrado adquirir.

Fueron dos días en que el movimiento social escenificó la combinación de una conciencia de clase y la rabia de la discriminación étnica, por eso los grandes objetivos del asalto y saqueo no fueron las pequeñas propiedades que sirven como estrategia de vida y son trabajadas por los mismos propietarios, sino los edificios de los ministerios, alcaldías y prefecturas, que simbolizan la dominación de clase y exclusión étnica. Una parte de la población llegó incluso a un desarrollo de conciencia tan alto que quería borrar toda la historia de colonización quemando los archivos de la "historia de la colonia y Bolivia", concentrados en el edificio de la vicepresidencia, para de esta manera empezar otra historia más justa y sin jerarquías coloniales. Lo propio ocurrió con las propiedades capitalistas que generan plusvalía y/o ganancias mediante la enajenación del trabajo. La mayoría de los trabajadores de las empresas asaltadas, en un ambiente de confusión entre querer defender su trabajo y la conciencia de su miseria, colaboró de manera secreta y disimulada con todo este movimiento, mostrando de esta manera su disconformidad con la continuidad del sistema económico; sin embargo, frente a los propietarios, aparecieron como los fieles defensores de la empresa para evitar ser despedidos.

El gobierno y las fuerzas armadas, viendo que ya no podían controlar la revuelta popular con los tanques ni los franco tiradores, no tuvieron otro mecanismo que pedir auxilio y sacar helicópteros y avionetas y desde allí disparar en las calles a la muchedumbre enardecida. En esos instantes, todos creían que en Bolivia se estaba dando otra Revolución de 52.

Fue el momento en que la clase media, los intelectuales, los comunicadores y los políticos empezaron a mostrar su verdadera cara. Todos ellos, en un solo coro, pedían el retorno a la paz. Artistas y religiosos se apostaron en las puertas de la iglesia portando pañuelos blancos. Entre ellos se abrazaban para simbolizar que el tema en cuestión ya no era el impuestazo ni el modelo económico, sino que lo que estaba en peligro era la democracia representativa y el sistema capitalista. Por eso, a través de la radio, televisión, periódicos, etc., clamaban diciendo que el movimiento se había desbordado y empezaron a estigmatizado como un movimiento de vándalos, sabiendo inclusive que gracias a ese movimiento ellos eran los que habían salido más beneficiados. El impuestazo afectaba fundamentalmente a la clase media, por eso el levantamiento de la medida fue un beneficio que ganó sin salir a las calles. Clamorosamente sin embargo, esta misma clase media pedía la solución a las demandas de la policía para que ella intervenga en el control de la revuelta social. Así se develó con claridad que la clase dominante no puede existir sin este aparato de represión. El origen y la esencia de esta entidad no tiene otra explicación que la defensa de la propiedad capitalista y el resguardo del orden social establecido por la clase dominante.

Los intelectuales y los mediáticos salidos de la clase media, una vez identificado su verdadero rostro, se convirtieron en verdaderos jesuitas del estado profetizando que la democracia es la única y mejor forma de administración del poder. Jorge Larzarte, Toranzos, entre otros y mediáticos como Cayatano Llobet y Jaime Iturri se identificaron con la consigna de "Goni" "la democracia no es perfecta pero es la mejor que ha creado la humanidad". Absolutamente todos defendieron la democracia representativa, esa democracia que es el monopolio de unas cuantas personas en la toma de decisiones y que excluye a la colectividad en la administración del poder.

Ni el MAS ni el MIP se libraron de ese entrampe de la defensa de la democracia representativa. Los dos y otras elites de la clase subalterna no pusieron en el tapete la cuestión de la democracia representativa, sólo pedían la renuncia del presidente de la república para que lo suceda el Vicepresidente y dar continuidad al orden social capitalista. No fueron capaces entonces de proponer otra forma de administración del poder, ni han logrado comprender hasta ahora que el sistema de poder comunal o comunitario puede constituirse en un modelo sustituti vo.

Por eso ambos partidos no pudieron responder a esta lucha, tampoco surgió otro grupo o clase con capacidad de hegemonizar y capitalizar la revuelta social. Febrero fue un movimiento multiforme, con alta capacidad de estrategia de lucha, pero huérfano de dirección política. Durante esa lucha tampoco se halló un líder al cual llevar al palacio quemado y ponerlo en vez de Gonzalo Sánchez de Lazada. En este sentido, las condiciones de su emancipación como clase y etnia a la vez habían estado dadas, sin embargo, la incorporación de los líderes a la institución de la democracia, en vez de potenciar la desestructuración del orden establecido, los llevó más bien a defender el sistema. De ahí que la disolución de la revuelta por esta vez no fue resultado de la capacidad de represión, sino sobre todo del cansancio y la imposibilidad de encontrar objetivos que conduzcan hacia la toma del poder. No había otro camino que retomar a las casas la noche del día siguiente. De esta manera, sólo quedó como un recuerdo que el movimiento estuvo a un paso de tomar el poder y que la ausencia de un proyecto político lo llevó ofrendar 32 muertos sin ningún resultado. Quedaba la esperanza que, en otra, de algún lado surgiría un proyecto y líderes con capacidad de tomar el poder y transformar la sociedad.

Desde entonces, tanto el MIP como el MAS, aunque montados sobre un discurso comunitario, por su estructuración liberal más que fortalecerse se fueron debilitando. Su competencia por el liderazgo (característica de la forma liberal de la política) y las divisiones internas están a la orden del día. En la forma liberal, a diferencia de la estructura comunal, se da una especie de propiedad del poder, razón por la que las políticas son decididas o monopolizadas principalmente por el jefe del partido, pero lo más característico es la pugna por acaparar puestos burocráticos en función de adquirir recursos económicos. Por eso estos partidos, al no poder estructurar un proyecto societal, han terminado siendo una agrupación de tipo patronazgo. Eso se nota tanto en el MAS como en el MIP. En el caso del primero, la muestra más clara es la división de sus militantes para ocupar la dirección regional del El Alto. En el caso del MIP, esta situación tiene mayor magnitud, debido a su división en la estructura nacional. Las querellas y las acusaciones de corrupción entre ellos han afectado incluso al movimiento indígena dividiéndolo, por eso el último bloqueo convocado por Felipe Quispe en julio de 2003 no fue obedecido ni siquiera por los sectores que antes lo habían apoyado de manera incondicional.

La competencia de liderazgo entre el MAS y el MIP también llevó a la división de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. A inicios del mes de julio, el MAS convocó al Congreso Ordinario de la CSUTCB al margen de Felipe Quispe y allí eligió a Román Loayza como su máximo representante. La disputa, por lo tanto, consolidó la división y alejó cada vez más las posibilidades de generación de un movimiento social igual al de septiembre. En este contexto, Sánchez de Lozada, como poder ejecutivo convertido en fuerza representante aún con mayor proyección para defender la continuidad del sistema de capital, se creyó llamado a garantizar el "orden burgués" y, por tanto, representante de la Burguesía nacional, de ahí que promulgó leyes y decretos en este sentido. Preocupado por la ruina del empresariado privado, trató de liberar de las responsabilidades con el Estado. Así las cosas, el panorama para el movimiento social se pinta oscuro y de aquí a 1O años el propio MAS y el MIP estarían viviendo su extinción.

A manera de reflexiones finales

El contexto social hasta antes de 2000 se pintaba como el triunfo total de la economía del capital y el sistema político liberal. El Estado creía que garantizaba el "orden social" establecido mediante la promoción de políticas multiculturales de reconocimiento implementadas a partir de 1994. Sin embargo, dicho reconocimiento no aportó, mucho menos solucionó, la colonialidad de la estructuración social. O sea, el elemento "raza" y etnia sigue siendo el ordenador principal en la definición de la ocupación y/o asignación de roles en la estructura social. Por eso, por más que el Estado permita al indígena hablar en su propio idioma, vestir su propia indumentaria, practicar su religión, incluso enarbolar sus símbolos, éste continúa ubicado en los anillos más inferiores de la jerarquía colonial.

Por lo tanto, el plurimulticulturalismo, como una política de acoplamiento del entorno indígena, es decir, de reconocimiento tan solo de los sistemas culturales y simbólicos, para neutralizar y anular la potencialidad del sistema comunal económico y político, fue puesto en práctica como una nueva estrategia de integración, de modo de perpetuar y universalizar el sistema económico del capital y el sistema político liberal.

Viendo que con el ahora Estado Plurimulticultural la situación de los indígenas no ha cambiado, el año 2000 se inauguró el tercer momento histórico de la rebelión indígena después de Katari en 1780 y Willca en 1899. Desde su inicio, este movimiento no sólo emerge con la competencia por el liderazgo entre Felipe Quispe y Evo Morales, sino deviene de dos propuestas políticas distintas. El primero postulaba la autodeterminación de naciones originarias confederadas, lo que se traducía en la reconstitución de la sociedad ancestral; sus raíces contemporáneas se pueden encontrar en la década de los 70'. El segundo se va erigiendo sobre la propuesta multicultural que históricamente no pretende anular el actual Estado, sino participar en él para que el indígena tenga mejores condiciones de vida. Su historia actual data de la década de los 90', con las movilizaciones organizadas para contrarrestar los 500 años de festejo de la conquista de América que, en aquel entonces, el Estado preparaba.

Por lo tanto, en los tres momentos de la rebelión indígena (abril 2000, septiembre 2000 y julio 2001-enero 2002), cada uno de ellos orientó sus acciones también de manera distinta. El sector coca!ero se perfiló más bien como un movimiento de demanda con propuestas de políticas de reforma, pero no de sustitución del Estado existente. Por su parte, el sector campesino más anclado en el altiplano de La Paz apareció como una acción colectiva orientada a plantear la sustitución del Estado con la reconstitución de las naciones originarias.

Sin embargo, el momento de derivar de movimiento en partido y por la raíz consanguínea y cultural que los une, ambos se sustentaron en la historia ancestral, pero también ambos tomaron de esa historia únicamente la parte cultural simbólica, o sea, todo lo que es el entorno, y no vieron a la economía y política comunal como una potencialidad contemporánea y alternativa al sistema liberal. Por eso, para el resto de la sociedad, la reconstitución de las naciones originarias sonaba simplemente como un lirismo y romanticismo aymara y quechua.

Ahora, la transición de un movimiento social estructurado bajo la tecnología comunal o comunitaria hacia un partido estructurado bajo la tecnología liberal, ha llevado al movimiento indígena a una incoherencia de estructuras, y la primacía de lo liberal sobre lo comunal hace que el movimiento esté sufriendo divisiones y fracturas sin visos de recuperarse pronto.

La paradoja del discurso comunitario lírico en el escenario del parlamento y la estructura liberal de los dos partidos está haciendo que los parlamentarios de ambos sectores (MIP y MAS) entren en primer lugar en una competencia de liderazgo por generar opinión pública y, en segundo lugar, en una competencia al interior de cada estructura. Además, la falta de capacidad de generar una propuesta alternativa frente al sistema económico del capital y la forma de organización política liberal, está haciendo que estos partidos terminen convirtiéndose en organizaciones políticas de tipo patronazgo, igual que los partidos liberales. Eso sin duda conducirá, en primera instancia, al distanciamiento del movimiento social y, en segundo, a una disconformidad y desilusión por parte del movimiento. Ahí, nuevamente puede darse un reflujo del movimiento social. Parece que para el Estado y la clase dominante nuevamente se abre la posibilidad de reconstituirse y ganar legitimidad a partir del fracaso del movimiento indígena. En esta etapa, la incorporación del indígena en su estructura serán cada vez mayor.

 

NOTAS

¹ El término de vulgata planetaria fue analizado pcr Pierre Buordieu, en franca crítica a los intelectuales que defienden la teoría de la multiculturalidad y la globalización.

² Pierre Bourdieu, Contrafuegos: reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal. Anagrama, Barcelona, 1999.

³    Carlos Marx, El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. Progreso, Moscú, 1985, p. 95

⁴    René Zavaleta Mercado, Lo nacional popular en Bolivia. Siglo XXI, México, 1986, p. 155

⁵    Según Max Weber, el concepto de casta es de origen portugués, la casta no tiene territorio, vive separada del pueblo y tiene todos los derechos sin participar de las actividades del pueblo. Una casta tiene siempre como fundamento esencial reglas de endogamia, reglas alimenticias y de comensalidad.

⁶    Periódico la Razón, domingo 9 de abril de 2000.

⁷ Entrevista a Felipe Quispe, realizada por Patricia Costas y otros, publicada en Álvaro García et alt., Tiempos de Rebelión. Comuna, La Paz, 2001.

⁸    Transcripción de la declaración de Felipe Quispe en la sala de reuniones de CARITAS-La Paz, frente a los ministros de Estado, 1 de octubre de 2000.

⁹    René Zavaleta M., op.cit.

¹⁰   Movimiento Indígena Pachacuti, Programa de Gobierno, 2002.

¹¹   Movimiento al Socialismo, Territorio, soberanía y vida, Programa de Gobierno, 2002

 

Bibliografía

GARCÍA LINERA, Álvaro et al
2001 Tiempos de Rebelión. Muela del Diablo, La Paz, p_: 184 MARX, Carlos

1988 El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. Progreso, Moscú, p. 247        [ Links ]

PATZI, Félix
1999 Insurgencia y sumisión, movimiento indígena campesino (1983-1998). Muela del Diablo, La Paz, p. 169

BOURDIEU, Pierre
1999 Contrafuegos: reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal, Anagrama, Barcelona, p. 180

WEBER, Max
1998 Ensayos sobre sociología de la religión, 11. Taurus, Madrid, p. 378

ZAVALETA M., René
1986 Lo nacional popular en Bolivia. Siglo XXI, México, p. 289