ARTÍCULO ORIGINAL

INAUGURACIÓN III CONGRESO NACIONAL DE SOCIOLOGÍA

50 años de la Revolución Nacional de 1952

Danilo Paz Ballivián

1. Marco general

Carlos Montenegro, creador del paradigma de la explicación nacionalista en Bolivia, contraponía el nacionalismo al coloniaje, de tal suerte que el Estado boliviano transitaba y fluctuaba entre gobiernos proteccionistas y liberales en la economía, o populares y oligárquicos en la política.

Sergio Almaraz, continuando con esa visión y percepción sobre la realidad boliviana e inmerso en la propia Revolución de 1952, descubre que el proceso nacional popular emergente contenía en su interior una vía revolucionaria y otra contrarrevolucionaria al mismo tiempo y asegura que la contrarrevolución se inició el mismo 9 de abril de 1952.

René Zavaleta, al momento de explicar lo abigarrado de la sociedad boliviana y desde el horizonte de visibilidad de la clase obrera, metafóricamente explica que la Revolución Nacional crea dos hijos irre­conciliables: Caín y Abel; la "minería mediana" y la COMIBOL; la "nueva rosca" y las masas organiza­das en la COB, paradoja que explicará por mucho tiempo el acontecer post 52.

De esas lecciones, se entiende que amerita una explicación de los ciclos que han caracterizado la Revolución Nacional, según sean éstos proteccionistas o liberales, de modo que permitan observar a su interior la correlación de la vía revolucionaria y la contrarrevolucionaria. El largo proceso de la Revolu­ción Nacional, de este modo, tendría un ciclo proteccionista de 1952 a 1964, un liberal de 1964 a 1969, un corto ciclo de resurgimiento proteccionista de 1969 a 1971, seguido de uno largo nuevamente liberal que abarca de 1971 a 1978, y de otro comprendido entre 1978 y 1982 que es realmente indefinido o de transición. El último ciclo proteccionista será el establecido por la Unidad Democrática y Popular (UDP) de 1982 a 1985. Finalmente, el más largo ciclo del medio siglo de la Revolución Nacional es, sin duda, el liberal que vivimos a partir de 1985.

Sin embargo, como señala Sergio Almaraz, la historia sería simple si los avances y retrocesos respon­dieran exclusivamente al juego alternativo de gobiernos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Lo que sucede es que al interior de estos ciclos siempre está presente una vía revolucionaria y otra contrarrevolucionaria en el desarrollo del capitalismo y el predominio de una de ellas marca la caracteri­zación del propio ciclo. Nada es absoluto, en medio de un ciclo reaccionario existe su opuesto revolucio­nario, como en un ciclo revolucionario siempre está presente el componente contrarrevolucionario.

En el sector agrario, está claro que. a partir de 1952, la vía revolucionaria es la campesina. Como imposición de la masa, se distribuye la tierra a los pequeños productores del área tradicional del Altipla­no y los Valles y se produce el asentamiento de campesinos colonos en las áreas del trópico y subtrópico boliviano. Sin embargo, paralelamente, se consolidan y dotan grandes propiedades en el oriente bolivia­no, apoyadas por el estado con infraestructura, financiamiento, subsidios y protección arancelaria. Esta es la vía empresarial terrateniente. El resultado de 50 años es que actualmente se estima la existencia de 550.000 campesinos (450.000 del área del altiplano y los valles y 100.000 colonizadores en el trópico y subtrópico) y alrededor de 50.000 empresas agropecuarias, muchas de las cuales ocultan a terratenientes improductivos.

En el sector minero, al mismo tiempo que se nacionalizaba las minas y creaba la empresa estatal mái grande (COMIBOL), bajo el postulado de formar una burguesía nacional, el estado, a través del expe­diente de conceder las mejores reservas, crea la denominada "minería mediana", que no tenía ni tiene nada de mediana, por el contrario, es la gran minería privada. La vía estatal minera es la revolucionaria, no sólo por ser producto de la Revolución Nacional, sino por el empleo que produce y la generación de divisas que permite una inversión en otros sectores y el propio aparato del estado. Al contrario, la "mine­ría mediana" evade impuestos al estado y pronto se liga al capital transnacional que no reinvierte en la di versificación minera ni en otros sectores productivos del país.

En los hidrocarburos, la contradicción irrumpe con anterioridad a la Revolución Nacional de 1952. En efecto, en 1936. como resultado de la Guerra del Chaco, se funda YPFB. Por ello mismo. René Zavaleta concluye que la Revolución es impensable sin la guerra porque fue allí donde se desarrolló la conciencia nacional. Más que en cualquier otro sector, en el petróleo y gas, lo nacional y antinacional o transnacional estará siempre en debate. La explotación y transformación de estos recursos estarán en manos de la empresa estatal, en empresas mixtas en su extremo monopolizadas por el capital extranjero. Hoy mismo vivimos el extremo contrarrevolucionario de la transnacionalización, que obliga al pueblo boliviano a plantearse fundar nuevamente YPFB.

2. Ciclos económico-sociales

En cualquiera de los ciclos, la correlación de fuerzas de la vía revolucionaria y de la contrarrevolucionaria definirá el curso de los acontecimientos.

En el ciclo constitutivo (1952-1964), se establece de manera inédita el co-gobierno MNR-COB. el control obrero con derecho a veto en las minas, las milicias campesinas y.se forman más de 10.000 sindicatos campesinos. Sólo en el primer período del MNR (1952-1956), 450.000 campesinos reciben su tierra. Sin embargo, al mismo tiempo, se indemniza a los barones del estaño, se permite el ingreso del Cuerpo de Paz, se posterga la fundición de estaño y se inicia una nueva era de deuda externa, aparejada de la estabilización monetaria impuesta por organismos financieros internacionales. Las divisas de COMIBOL no son reinvertidas en la búsqueda de nuevas reservas y en la di versificación sino destinadas a mantener el aparato del estado e inequitativamente el desarrollo del oriente bolivia­no, dejando a cientos de miles de campesinos librados a su suerte o a la suerte de un mercado cada ve/ más adverso.

La restauración barrientista (1964-1969) no puede revertir las conquistas de abril, como la reforma agraria en el altiplano y los valles, la nacionalización de las minas y la creación de la Corporación Boliviana de Fomento, como ente productor de desarrollo desde el estado. Con todo, logra volver prebendal al movimiento campesino a través del "Pacto militar-campesino", establece una estrategia destructiva de la COB y su vanguardia, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, ordena el asesinato de Ernesto "Che" Guevara y la masacre de la Noche de San Juan. Sin embargo, económicamente, el retroceso fundamental es la transnacionalización de la mayoría de los recursos hidrocarburíferos a la Gulf Oil Company.

El corto período de Ovando y Tórrez (1969-1971) es el de retoma de las banderas de abril: se nacio­naliza la Gulf Oil Company, se establece la Fundición de estaño de Vinto, se nacionaliza Mina Matilde y se funda las Corporaciones de Desarrollo Departamentales. Desde el lado de la organización popular, se restituye la COB, irrumpe la guerrilla de Teoponte, la revolución universitaria y se forma la Asamblea Popular. Se radicaliza el proceso con la ilusión de formar un doble poder, bajo la hegemonía política del POR de Guillermo Lora y la Tesis de Pulacayo. En realidad, no existían dos poderes sino tres: el del nacionalismo, representado por Ovando y Tórrez; el del colonialismo, formado por sectores contrarrevolucionarios del ejército y la "nueva rosca" ("minería mediana", agroindustria del oriente y burguesía financiera) apoyada decididamente por el gobierno norteamericano; y, por último, el popular radicalizado que creía que esa era la oportunidad para establecer la dictadura del proletariado.

Aquí es oportuno recapitular el papel de la izquierda boliviana, que en realidad parece haber marcha­do a contrapelo de la historia: no fue a la Guerra del Chaco con el argumento de que era una guerra imperialista, participó en el colgamiento de Villarroel y, en el sexenio, estuvo en el golpe restaurador de Barrientos y luego hizo oposición al gobierno de Ovando y Tórrez. Con estos antecedentes, no resulta extraño que, en la etapa democrática actual, apoye la capitalización con el consuelo de la participación popular. No es casual que los denominados por Zavaleta Mercado como "wawa roscas", en la actual coyuntura se afilien al "proyecto capitalizador", que no es otra cosa que el triunfo de la vía contrarrevolucionaria sobre la revolucionaria.

El largo proceso regresivo del denominado banzerato (1971-1978) logra en realidad constituir un nuevo bloque de poder dominante con sus fracciones de clase:, la burguesía agroindustrial del oriente, la "minería mediana" y la burguesía financiera. Es el triunfo de la vía reaccionaria del desarrollo capitalista en un país subdesarrollado y dependiente como Bolivia. En la paradoja establecida por la Revolución Nacional, los recursos hidrocarburíferos recuperados para el estado boliviano y el alza de los precios de los minerales posibilitan ampliar nuestra deuda externa y mostrar una relativa bonanza de la clase media y política, dejando sin resolver las demandas de la clase obrera y campesina que hipotecan su futuro a la democratización del país. Las masas creen que el problema económico pasa por construir una democra­cia no conocida hasta ese momento.

El último intento nacional popular, el de la UDP (1982-1985), nace de un largo proceso de transición de golpes y contragolpes de estado. Nuevamente, se restablece la COB como frente popular radicalizado que quiere ir más allá del gobierno. Otra vez se forma la tríada de fuerzas: por un lado, el gobierno; por otro, la reacción esta vez representada por los partidos ADN y MNR; y, finalmente, la COB que sólo reivindica demandas ante un gobierno contradictorio y débil. La desdolarización, sumada a la hiperinflación, termina por condonar las grandes deudas de particulares al estado. En realidad, se crea las condiciones subjetivas para retornar a una política liberal y ortodoxa, pero esta vez sin atenuantes, for­mulada en el D.S. 21060 que abre un nuevo ciclo.

El ciclo neoliberal (1985-actual), que abarca 4 gobiernos, es el de mayor retroceso. Con el despido de 25.000 mineros estatales, se liquida la COMIBOL y en gran medida la vanguardia de la COB, a la vez que se descentralizan y privatizan las empresas de la Corporación Boliviana de Fomento. La liberaliza- ción del mercado coloca a la incipiente industria nacional al borde de su desaparición, la producción agraria campesina se enfrenta a la producción industrializada de los países vecinos. La privatización, bajo el modelo de la capitalización, será más tarde el extremo de la vía reaccionaria, ya que se remata a precio de "gallina muerta" lo que la vía revolucionaria había construido en 60 años, es decir, se transfie­ren al capital internacional ENFE, ENTEL y el LAB. Sin embargo, todo esto resulta pequeño frente a la transnacionalización del gas, llamada "la madre de todas las batallas" por la propia contrarrevolución.

El recurso del gas se remata con una reserva estimada de 5 trillones de metros cúbicos cuando en realidad se trataba de 60 trillones de metros cúbicos. Como si esto fuera poco, el 82% de las utilidades de exportación es de propiedad de las transnacionales. En un país cuyo único modelo conocido es el de exportador de materias primas, los grandes períodos no son otros que los de la era de la plata, la del estaño y, ahora, la del gas. Por ello, no existe un cambio de modelo, nos encontramos en el límite de la vía contrarrevolucionaria, es como volver a un momento inmediatamente anterior a 1952. Aunque la historia no se repite, estamos en el límite de la existencia del estado nacional. No es casual, entonces, que renazca desde varios frentes el pensamiento nacionalista, por de pronto con un carácter timorato y parcial que no llega a plantearse la nacionalización del gas pero que. de cualquier forma, muestra que la memona larga no se borra y que el pueblo boliviano está preparado subjetivamente para abrir un nuevo ciclo revolucionario.

En la dialéctica le nacionalismo y coloniaje, el ciclo neoliberal utiliza también los vacíos de conoci­miento de la Revolución Nacional. En el ciclo actual, se manifestaron actores sociales omitidos en la propia Ley de Reforma Agraria de 1953. Es el caso de los más de 30 pueblos indígenas de las tierras bajas del oriente boliviano que ahora demandan y están consiguiendo el reconocimiento de sus tierras comunitarias y las leyes de descentralización administrativa y participación popular son sin duda un avance nacional, sin embargo, aún no plantean la elección democrática de prefectos, la asamblea departamental tomo rol decisorio de las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de los municipios.

La intelectualidad boliviana, en general, como resultado de la presión externa y la falta de creatividad interna, equipara la democracia con el liberalismo. Piensa, entonces, que cualquier planteamiento nacio­nal es autoritario, dictatorial o simplemente antidemocrático, confundiendo los fines con los medios Cree que la democracia es un fin en sí mismo, cuando toda la realidad exige un desarrollo propio median­te un sistema democrático. El reto intelectual del momento es precisamente el de crear un sistema demo­crático nacional.

3. La ciudadanía en el proceso

La Revolución Nacional de 1952 crea un tipo de ciudadano sindicalizado, esto quiere decir que el individuo existe sólo en tanto miembro de una asociación, comunidad o asamblea, sus derechos los reclama gremialmente, el sindicato es la mediación entre el estado y la sociedad civil. La COB, creada al inicio de la Revolución, es precisamente la representación más genuina de las masas bolivianas. Vanguardizada por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, impone los decretos de nacionalización de las minas, reforma agraria y el control obrero con derecho a veto en la minería nacio­nalizada.

Los primeros sindicatos campesinos que se forman después de la Guerra del Chaco en el Valle Alto de Cochabamba se extienden rápidamente a partir de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria de 1953. Miles de sindicatos se forman en el altiplano y valles con el objeto de tramitar la dotación de tierras que. finalmente, tomaron de hecho. Más tarde, sobre todo en los años'60, el asentamiento de pequeños productores agrarios en las zonas de colonización también está organizado en sindicatos. Tanto los cam­pesinos como los colonizadores van conformando Sub-centrales, Centrales y, finalmente, Confederacio­nes Nacionales de trabajadores campesinos. Lo propio sucede con los trabajadores fabriles, segunda fuerza en la estructura representativa de la COB, organizados departamental y nacionalmente. En reali­dad, la COB es un frente amplio donde, además de los mineros, fabriles y campesinos, están representa­dos sectores medios de empleados, gremiales e intelectuales.

En la primera elección nacional bajo el régimen de la Revolución Nacional (1956) y la segunda (1960), con el voto universal ya establecido, el voto fue individual pero la decisión comunitaria. El sindicato y la asamblea determinaron quién sería el Presidente y el Vicepresidente y el parlamento en consecuencia. Luego del golpe restaurador de 1964, la elección de 1967 se basa aún en la estructura sindical, sobre todo campesina. Después de la muerte de Barrientos, suceden gobiernos dictatoriales por más de una década donde el derecho a elegir y a ser elegido está ausente. Las fuerzas políticas se debaten simplemente entre un capitalismo de estado y el liberalismo económico, representado por Ovando Tórrez y Bánzer, respectivamente. Sucede un período de transición con elecciones fallidas, golpes y contragol­pes, en el que está presente la idea de que la democracia puede resolver las demandas populares.

En realidad, hasta 1985, el país no conoce la democracia en el sentido moderno, en que la sociedad se representa en los partidos políticos y el ciudadano tiene un valor individual. Se copia así una estructura democrática digamos anglosajona, desconociendo absolutamente la memoria larga de la organización sindical establecida por la Revolución Nacional y, peor aún, la vigencia de la comunidad campesina e indígena del agro, ciertamente transformada por el propio sindicalismo agrario, pero profundamente asociativa.

Después de más de 16 años de recorrer un camino democrático importado, de tratar de parecemos a los países del primer mundo, el pensamiento choca con la realidad, los partidos no son mediadores entre la sociedad civil y el estado, están tan cerca del estado que son simplemente parte de él. De esta manera, las demandas populares siguen siendo reivindicadas por la vía sindical y la asamblea. Es el caso de la toma de minas, la guerra del agua, los bloqueos de caminos, toma de tierras, toma de mercados de la coca y huelga de maestros, sólo para hacer referencia a los movimientos sociales de los últimos años. La demostración de la inexistencia de una nueva mediación es que, en todos los momentos de revuelta social, los partidos políticos y el parlamento no juegan verdaderamente ningún rol, las masas interpelan directamente al estado. El ciudadano diverso no se siente representado por los partidos ni el parlamento.

Aquí se evidencia que, en un país abigarrado como el nuestro, la representación ciudadana no puede ser la misma que la de los países donde existe una cierta homogeneidad poblacional. En Bolivia, coexisten clases sociales e identidades culturales, un tipo de organización comunitaria y partidos políticos, en consecuencia, todos ellos deben estar representados en una asamblea como es el Congreso. Un parla­mento diverso y representativo es el que aún no ha generado el pensamiento político boliviano, es decir, un Poder Legislativo en el que confluyan los partidos políticos, los sindicatos de obreros, campesinos y clases medias, y los pueblos indígenas del oriente.

Un cambio de este tipo requiere necesariamente de una Asamblea Constituyente, como lo necesita también la COB, que no puede hasta ahora reconocer que existe un nuevo proletariado oculto bajo los denominativos de economía informal, microempresa y trabajadores por cuenta propia que, en conjunto, ocupan a más del 60% de la PEA de las ciudades de Bolivia. A esto debe sumarse el proletariado formal del campo, constituido por miles de pequeños productores que entregan su producción a las agroindustrias, transformándose en trabajadores a domicilio. Tanto en la ciudad como en el campo, este nuevo proleta­riado es sobre explotado desde el momento que el trabajo involucra a toda la familia, no existe seguro médico, vacaciones, desahucios ni ningún tipo de derecho establecido en la Ley General del Trabajo. Sin perder el predominio obrero, reconociendo a estos otros sectores, la COB puede volver a constituirse en el frente de masas de la sociedad civil.

La ideología prevaleciente, que ha elaborado un discurso según el cual no existe democracia sin liberalismo económico, es tal vez el mayor obstáculo. Todo conduce a pensar que la salida política es nacional y democrática. La democracia no puede seguir siendo un fin en sí mismo, debe ser necesaria­mente un medio que permita resolver los grandes problemas nacionales y representar a la nación en su conjunto. Si Sergio Almaraz. en su tiempo, planteaba "nacionalizar nuestro propio gobierno", hoy debe­ríamos plantearnos "nacionalizar nuestra propia democracia".