ARTÍCULO ORIGINAL

 

RESCATEMOS LA CONCIENCIA NACIONAL

 

 

Andrés Solíz Rada

 

 

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El Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Mayor de San Andrés, al convocar al Foro "YPFB Vs. Capitalización", está recuperando el importante papel cumplido por nuestras Casas Superiores de Estudio en momentos claves de la historia nacional. Recor­demos, sobre el particular, la orientación rectora de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en la Guerra de la Independencia, que culminó con la fundación de nuestra Patria. En esa línea, sendos Foros realizados en las Universidades de Cochabamba y La Paz alumbraron el camino que impulsó la nacionalización de la Gulf Oil Company.

Tampoco es casual que el presente Foro, sinónimo de debate respetuoso, pluralista y democrático, pero exento de concesiones ideológicas y políticas, se lleve a cabo invocando las magnas figuras de Sergio Almaraz y Marcelo Quiroga Santa Cruz. Con su libro Petróleo en Bolivia, Almaraz creó las condiciones subjetivas para la segunda nacionalización de nuestros hidrocarburos, ejecutada por el patriótico gobierno del Gral. Alfredo Ovando Candia, gracias, en gran medida, al impulso y coraje de su Ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Valga la ocasión para rendir nuestro homenaje a esos tres insignes bolivianos.

Los engaños del neoliberalismo

El procedimiento más utilizado por los centros del poder mundial para mantener la situa­ción colonial y semicolonial de los pueblos periféricos reside en presentar al libre mercado como algo que está por encima de la voluntad humana y en el cual es imposible introducir modificación alguna. Si eso fuera cierto, la realización misma de este Foro carecería de sentido. Estamos reunidos aquí porque creemos que la acción conjunta, de hombres y muje­res, con sentido de Patria, está en condiciones de lograr el retroceso de las políticas neoliberales que asfixian a Bolivia. Así lo demostró, hace pocas semanas, la conjunción de voluntades de amas de casa, trabajadores, gremiales, estudiantes e intelectuales, que lograron resistir la privatización del servicio de agua potable, en la ciudad de Cochabamba.

La escritora francesa Viviane Forrester ha demostrado la impostura que significa confun­dir globalización con ultraneoliberalismo. La globalización, dice, es un fenómeno histórico, ligado al progreso de las tecnologías de punta, que modificaron en forma radical nuestros conceptos de tiempo y espacio y que permiten realizar intercambios planetarios en tiempos muy cortos El ultraneoliberalismo, en cambio, es la utilización que se pretende hacer de esos cambios para aumentar el lucro de las transnacionales, en forma exponencial. En ese contex­to, la globalización, como fenómeno histórico, es irreversible e ineludible, características ajenas al neoliberalismo. (Revista "Proceso" No. 1219, 12 de marzo de 2000).

Tal confusión ha servido para afirmar arbitrariamente que los vientos huracanados del neoliberalismo, basado en la vigencia absoluta del libre mercado, tienen aplicación homogé­nea y absoluta. Curioso libre mercado, decimos nosotros, que permite, supuestamente, la libre circulación de mercancías en todo el mundo y, sin embargo, restringe al máximo la migración de seres humanos desde el Tercer Mundo hasta los países más industrializados. El muro de cemento y púas electrificadas que construye Estados Unidos en sectores claves de su frontera con México y el despiadado asesinato de 54 migrantes que, en días pasados, trataban de ingresar a Inglaterra, demuestran lo afirmado.

Las subvenciones del libre mercado

Lo anterior prueba que, en tanto los países super industrializados potencian día a día sus ejércitos, sus aduanas, sus policías y sus Estados nacionales, buscan simultáneamente la desaparición de los Estados nacionales de los países sometidos. En ese orden de cosas, los teóricos neoliberales no pueden explicar, dice Fernando Baptista, la supuesta aplicación de las leyes de libre mercado, cuando, simultáneamente, Estados Unidos subvenciona su agri­cultura con alrededor de 30 mil millones de dólares anuales, Japón con 20 mil millones de dólares y la Unión Europea con 50 mil millones de dólares. ¿Acaso libre mercado y subven­ciones no son términos antitéticos? (Datos complementarios sobre el tema figuran en el periódico "Comercio Exterior", Santa Cruz, Septiembre de 1999).

Si bien la globalización se ha hecho más intensa por los sostenidos avances en la informá­tica, las comunicaciones y las transacciones comerciales y financieras vía computadora, es falso que la interdependencia hubiera reemplazado a la dependencia. La interdependencia existe entre regiones, potencias o países de similar peso económico y político. En este senti­do, podemos hablar de interdependencia entre Estados Unidos, Japón y Alemania o, en el otro extremo de la economía internacional, de la existente entre Bolivia y sus vecinos. Dentro de ese marco, es correcto afirmar que Bolivia o Paraguay dependen de Estados Unidos, pero decir que Estados Unidos depende de Paraguay o Bolivia carece de sindéresis. No es lo mismo, por tanto, dependencia que interdependencia.

También se busca encubrir la explotación neoliberal indicando que la producción indus­trial se ha diversificado al máximo. A manera de ejemplo imaginario, se dice que un automó­vil podría contar con motor norteamericano, llantas indonesias, carrocería japonesa, batería mexicana y parabrisas guatemaltecos, para luego preguntarnos sobre la procedencia exacta del vehículo. No hay duda que la producción de piezas o partes se ha internacionalizado, pero, ¿ocurre lo mismo con las utilidades, ganancias y beneficios? ¿No es cierto, acaso, que estos se siguen concentrando en el Primer Mundo? ¿Alguien ha visto que las fugas de capita­les producidas en México, Japón, Brasil o Argentina se hubieran depositado en Kenia, El Salvador o Marruecos? Las fugas de dólares "aterrizan" siempre en bancos europeos o norte­americanos o en sus "paraísos" financieros de las islas Bahamas o Cook, donde se produce el lavado de 600 mil millones de dólares año (Heinz Dieterich Steffan).

Tecnología al servicio de la política

El notable filósofo egipcio Samir Amín ha indicado que la dominación de las grandes potencias sobre el mundo periférico tiende a incrementarse a través del control de cinco monopolios. El primero es el tecnológico. Sobre el particular, los neoliberales afirman que la tecnología está unificando al mundo. Mao Tse Tung gustaba decir que no es el fusil el que dirige a la política, sino la política la que dirige al fusil. Parafraseando a Mao, anotemos ahora que es la política la que dirige a la tecnología y no la tecnología a la política. Pensar que se ha producido la universalización tecnológica porque tenemos facilidades para el uso del Internet, significa olvidar la existencia de decenas de miles de programas informáticos que los países imperiales guardan como secretos de Estado.

En los últimos años, hemos observado, con impotencia, la forma en que las transnacionales del Primer Mundo patentan el germoplasma de la Amazonia o las semillas de papa o quinua, para después comercializarlos en su exclusivo beneficio. ¿Dónde está, en consecuencia, la supuesta mundialización tecnológica, que beneficia a todos los pueblos? Hace pocos días, Estados Unidos e Inglaterra anunciaron la culminación del "mapeo" del genoma humano o del llamado también "libro de la vida". Mientras la extraordinaria noticia circulaba por el mundo, se hablaba al mismo tiempo de la posibilidad de lograr el cruce genético entre chimpacés y seres humanos, para obtener una suerte de esclavos estúpidos, baratos e incons­cientes del sistema. ¿Quiénes se beneficiarán o se perjudicarán con esos inventos?

Samir Amín dice que el segundo monopolio es el financiero. La existencia y potenciamiento del FMI, del Banco Mundial y del BID han permitido a Estados Unidos encubrir parcialmente su dominio imperial, al actuar a través de estos organismos internacionales, que lejos de ser promotores del desarrollo de los países pobres, canalizan su sometimiento económico y financiero. La presencia de la ominosa deuda externa evita mayores comentarios al respecto. La explotación económica y financiera se traduce, a su vez, en el saqueo de nuestros recursos naturales, lo que constituye el tercer monopolio descrito por Samir Amín. Seria suficiente enumerar la nacionalidad de las empresas que se han abalanzado sobre nuestras empresas estratégicas para confirmar este aserto.

Las guerras secretas

El cuarto monopolio busca el control de la cultura, la que abarca a la información y educación. Somos testigos cotidianos de la manera en que la célebre CNN se ha convertido prácticamente en el único referente informativo en todo el mundo. Dios nos guarde de sufrir una calumnia a través de esa cadena informativa, ya que jamás podremos desmentirla. La forma en que ha evolucionado el control informativo puede ser apreciada al comparar lo ocurrido en las guerras de Vietnam y el Golfo Pérsico. La primera de ellas logró la mejor cobertura periodística en los anales de la historia. La humanidad tuvo conciencia de su importancia a través de cientos de miles de fotografías, reportajes televisivos, escritos y radiales, además de documentales y películas de antología.

Sin embargo, ese hecho generó una quinta columna pacifista dentro de los propios Esta­dos Unidos, que debilitó seriamente su poderío militar, lección que fue aprovechada al máxi­mo por sus posteriores gobiernos. De esta manera, la Guerra del Golfo, de 1992, fue, posible­mente, la que, modernamente, tuvo menor cobertura periodística. Todo se limitó, salvo pocas excepciones, a los partes de guerra entregados por el comando militar estadounidense a la CNN.

El monopolio cultural pretende, asimismo, aplastar a las identidades nacionales, a fin de convertir a todos los seres humanos en consumidores de similares productos, elaborados en gran escala. Sin embargo, se excluyen de ese consumismo aquellos hombres y mujeres con­vertidos en mercancías desechables, por su carencia de empleo. El quinto monopolio se refiere al armamentismo. Este es el que más ha escapado al control de las grandes potencias, ya que son varios los países, con diferentes grados de desarrollo, que han obtenido armas inclusive atómicas.

La estupidez del "homo sapiens"

El pensador egipcio encuentra en el armamentismo una de las dos grandes irracionalidades de nuestro tiempo, ya que es sencillamente demencial seguir fabricando armas atómicas cuando con sólo el 10 por ciento de las existentes podría producirse la desaparición del género humano. La segunda gran irracionalidad es el incesante incremento de la contamina­ción ambiental. Son numerosas las autoridades científicas que prevén una incontrolable contaminación de las aguas, especialmente de los ríos, en los próximos cincuenta o sesenta años.

Parece una utopía, dice Samir Amín, el plantear la eliminación del armamentismo a fin de utilizar tales recursos en crear empleos y, por consiguiente, luchar contra la pobreza. Parece absurdo pedir el acceso equilibrado de todos los países al uso de los medios informativos y al beneficio de sus propios recursos naturales, con sostenibilidad ecológica. Se trata, como ya se dijo, de una utopía. Pero, paradójicamente, sólo esta utopía podrá salvar al «homo sapiens» de su exceso de estupidez.

"Nos guste o no nos guste"

Los voceros del neoliberalismo gustan utilizar, con inusitada frecuencia, la frase "nos guste o no nos guste" para respaldar la supuesta vigencia irreversible del neoliberalismo, así como la enajenación de las empresas estatales latinoamericanas, para culminar diciendo que hasta Fidel Castro acepta el neoliberalismo. Reiteramos que una cosa es negar el obvio avance globalizador y otra, muy distinta, someterse sumisamente a los designios neoliberales. Sobre la posición de Fidel Castro en esta materia, la Embajada de Cuba en Bolivia ha dis­tribuido, el 26 de junio último, su "Circular No. 137", en la que figura un reportaje concedido por el Presidente de Cuba al ex Director de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, quien le consultó sobre la conveniencia de "abrir más ampliamente la economía cubana al resto del mundo".

Esta la respuesta: "Hemos abierto la economía en la medida de lo posible y de lo necesa­rio. No hemos cometido las locuras e insensateces que tuvieron lugar en otras partes que recibían, cual si fuesen profetas bíblicos, los consejos de expertos europeos y norteamerica­nos. No nos invadió la locura de las privatizaciones... no hemos cometido la estupidez de adaptar a Cuba al caótico mundo actual y su filosofía, lo que hicimos fue adaptar sus realidades a las nuestras, mientras luchábamos junto a muchos otros países del llamado Tercer Mundo por nuestro derecho al Desarrollo y la supervivencia ".

Fidel Castro considera, en la misma entrevista, que su país ha logrado crecer, pese a 40 años de bloqueo norteamericano, gracias a que no ha recibido ninguna "ayuda" del FMI. Es evidente que Cuba aceptó inversiones extranjeras en sectores de su economía y que no descarta hacerlo en el rubro petrolero, pero, obviamente, sin renunciar a la conducción global de su economía. Deducir de lo anterior que Cuba ha ingresado al concierto neoliberal, como lo hizo Bolivia, es un exceso inadmisible.

Resistencias victoriosas

La frase "nos guste o no nos guste" puede servir también para recordar que PETROBRAS, la empresa estatal brasileña, es una de las más grandes del mundo y que abarca la explora­ción, explotación y comercialización de hidrocarburos, la propiedad de la flota de barcos petroleros más grande del hemisferio Sur, de empresas petroquímicas y de investigaciones hidrocarburíferas. Chile, al igual que Cuba o Brasil, vale decir aceptando lo que le conviene de la globalización, ha mantenido el carácter estatal de su Corporación del Cobre (CODELCO), que genera el 50 por ciento de las divisas del país vecino.

Añadamos que Brasil subsidia con 2.700 millones de dólares su industria azucarera y de sus derivados. Chile subvenciona su producción de trigo y oleaginosas dentro del MERCOSUR. La inexistencia de empresas estatales latinoamericanas se desmiente también por la permanencia de empresas estatales petroleras en México, Venezuela, Colombia, Chile y Ecuador. Venezuela acaba de incorporar a su Constitución Política del Estado la inaliena­ble e imprescriptible propiedad estatal sobre sus hidrocarburos. Bolivia, pese a contar con esta misma norma, ha liquidado YPFB.

Si avanza nuestra mirada más allá de América Latina, encontraremos ejemplos de protec­cionismo y de estatismo mucho más contundentes. Ahí están las subvenciones norteamerica­nas a las empresas que fabrican acero en su territorio, la renacionalización del petróleo en Inglaterra, los bancos estatales alemanes, la industria automovilística que controla el Estado francés y el espectacular avance económico de Malasia, debido, precisamente, a que no aceptó las imposiciones del FMI. Existe en los países periféricos una inescindible relación dialéctica entre empresas estatales estratégicas y potenciamiento nacional. En pocas pala­bras, el Estado brasileño es fuerte gracias a PETROBRAS y el Estado chileno gracias a CODELCO. El Estado boliviano, en cambio, se ha vuelto casi una piltrafa, a partir de la liquidación de YPFB y el resto de sus empresas estratégicas.

La locomotora gonista

La columna vertebral del "gonismo", entendido como las políticas económicas aplicadas en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, entre 1993 y 1997, consistió en cambiar lo que denominó la "locomotora" del desarrollo nacional. Ello consistió en arrojar, por, supues­tamente, inservible y corrupta, la "locomotora" estatal, que respaldaba la existencia de nuestras empresas estratégicas. De esta manera, se nos dijo, encontraremos la luz al final del túnel en lo relativo al desarrollo del país. Sin embargo, esa luz no correspondía a la alborada de la economía boliviana, sino a poderosos reflectores de la locomotora neoliberal que avan­zaba contra el país, arrasando sus estructuras defensivas y la autoestima nacional.

El tema de la autoestima tiene enorme importancia, ya que el desmantelamiento de las empresas estatales se llevó adelante aduciendo que los bolivianos, al ser "ladrones" e "incapaces", de acuerdo a los atrevidos e irrespetuosos adjetivos de Sánchez de Lozada, no estábamos en condiciones de manejarlas. La concepción arguediana, según la cual el "hombre boliviano no sirve" estuvo presente con toda su carga negativa. Los aliados del gonismo afirmaban, asimismo, que defender al Estado era propio de tendencias fascistas. Así se confundía, de manera artera, el papel agresivo y expansionista que juega el Estado en los países imperialistas, con el rol defensivo de los recursos humanos y naturales y de la soberanía nacional que cumple el Estado en los países oprimidos como Bolivia.

Lo municipal, un distractivo de lo nacional

El "gonismo" hizo retroceder la resistencia de los trabajadores petroleros a liquidar Yaci­mientos al convertirlos en accionistas. Engañó al resto del país con el pago del Bono Solida­rio (BONOSOL), para los mayores de 65 años, y con la promulgación de la Ley de Municipa­lidades y de Participación Popular. Estas medidas paralizaron, temporalmente, la defensa nacional. Nadie, con un mínimo de racionalidad, podía oponerse a una mayor participación popular en los asuntos de la comunidad, a través de los denominados Comités de Vigilancia u Organizaciones Territoriales de Base (OTB).

El veneno del caramelo estaba en desarrollar la participación popular en el recojo de la basura, el servicio de alumbrado público y el alcantarillado, mientras se anulaba nuestra capacidad de participar y tomar decisiones en temas como el petróleo, la energía hidroeléctri­ca, la telefonía, los ferrocarriles, el transporte aéreo y las fundiciones de minerales. La otra mentira, no exenta de cinismo, consistió en sostener que el "gonismo", a través de las capita­lizaciones, no había vendido ni enajenado nada y que los bolivianos, al ser "propietarios" del 50 por ciento de las empresas estratégicas, entregadas al control de las trasnacionales, se­guían siendo, aunque parcialmente, dueños de las mismas. Lo que se ocultaba es que el denominado proceso "capitalizador", al mutilar toda capacidad de decisión estratégica por parte del Estado nacional, ha provocado el vaciamiento de la conciencia nacional. Con ese vaciamiento hemos perdido el alma y la autoestima. Esto es lo que debemos recuperar.

La corrupción estatal y la corrupción neoliberal

Otro de los argumentos neoliberales reside en enfatizar la corrupción que evidentemente existía en las empresas estatales. Es obvio que existe corrupción estatal y corrupción neoliberal. Las dos son repudiables, pero no son iguales. La diferencia radica en que la corrupción y la ineficiencia estatales son reversibles. La propia vigencia del proceso democrático, así sea limitado y defectuoso, permite remover a los funcionarios y gobernantes corruptos e ineficientes. Recordemos que hace una década, en agosto de 1990, presenté mi proyecto de Ley de Investigación de Fortunas, cuya aprobación fue obstaculizada por la misma oligar­quía que, luego de beneficiarse con la corrupción estatal, impuso en el país la liquidación de las empresas estratégicas.

La corrupción y la ineficiencia neoliberales, en cambio, son muchísimo más difíciles de revertir, en la medida en que ambas están protegidas por la ingerencia directa de organismos internacionales y potencias mundiales. A nadie extraña que la Embajadora de Estados Unidos visite al Presidente Banzer ante cualquier atisbo de revisar los actos ilegales de las compañías petroleras norteamericanas o de las que construyeron el ga­soducto al Brasil.

El Estado, instrumento de negocios privados

Digamos, asimismo, que la corrupción neoliberal tiene una de sus mayores expresiones en el tráfico de influencias o conflicto de intereses. La liquidación de empresas estatales ha exacerbado ese daño hasta límites inimaginables. Recordemos, a manera de ejemplo, que el último presidente de YPFB en el régimen "gonista", el Ing. Arturo Castaños, pocos días después de dejar su cargo en la empresa estatal, fue posesionado como representante de PETROBRAS en Bolivia. Frente a este hecho, caben algunas preguntas: en realidad, ¿desde cuando Castaños ya trabajaba para PETROBRAS? ¿No es lícito suponer que antes de asumir su nuevo cargo ya se lo había "ganado" transfiriendo información relativa a las reservas de la empresa estatal boliviana? ¿ Es casual que las reservas más importantes del país, en materia gasífera, ubicadas en los campos "San Alberto" y "San Antonio", en Tarija, hubieran ido a parar precisamente a manos de PETROBRAS?

Infelizmente, ese caso está lejos de ser el único. El Ing. Herbert Müller dejó las funciones de representante de la petrolera norteamericana Maxus en Bolivia para ocupar las funciones de Ministro de Hacienda. Pocas horas después, Müller negociaba con la Maxus y las otras compañías que trabajan en Bolivia el precio del gas y del petróleo en nuestro mercado interno. En esa situación, ¿de cuál lado del escritorio estaba el ministro? El actual Presidente de YPFB, Ing. Carlos Salinas Estenssoro, trabajaba también para la Maxus y para la privati- zada YPF argentina, antes de desempeñar en nuestro país su indicado cargo. El hermano del Ministro de Capitalización del " gonismo", Gabriel Alfonso Revollo, apareció como repre­sentante de la Shell en Bolivia, empresa que junto a la Enron formaron Transredes, la compa­ñía encargada de construir el gasoducto al Brasil.

El tráfico de influencias suma y sigue

Existen otros casos igualmente preocupantes. Hace pocas semanas, renunció a su cargo el Viceministro de Hidrocarburos, Ing. Carlos Alberto López. A las pocas horas, se posesionó en el cargo de Vicepresidente en Bolivia de la "capitalizada" Chaco, vinculada a la norteameri­cana Amoco. Obviamente que el conflicto de intereses sobrepasa el ámbito petrolero. Ahí está el caso del Lic. Pablo Gottret, quien, luego de ser nombrado por las AFPs representante en el directorio de la "capitalizada" ENTEL, fue designado Superintendente de Pensiones, que es justamente la entidad encargada de fiscalizar las actividades de las AFPs. Debe quedar claro que el Vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez lideriza al grupo de tecnócratas del actual gobierno, como López y Gottret, que cometen tráfico de influencias.

Por otra parte, los conflictos de intereses en los sectores bancario y financiero son los que mayores pérdidas económicas han ocasionado al país. Sólo a manera de ejemplo, recordemos que uno de los ministros claves de Sánchez de Lozada, Fernando Romero, y otros vinculados al banzerismo, como Luís del Río, son responsables de estafas en bancos privados en los que han tenido influencia preponderante. A quienes les gusta mostrar lo que sucede en el exterior, digámosles que en Chile, durante un año, y en Estados Unidos, durante tres, ninguna persona que hubiera ocupado altas funciones en determinado sector del Estado puede dedicarse a la misma actividad en el sector privado. El Proyecto de Ley de Investigación de Fortunas contempla también este punto vital para la moralización del sector público.

Los abusos de los hermanos Sánchez de Lozada

No es posible, sin embargo, separar mecánicamente la corrupción estatal de la neoliberal. Gonzalo Sánchez de Lozada, como Ministro de Planeamiento, y su hermano, Antonio Sánchez de Lozada, como Contralor General de la República, tuvieron a su cargo, en la década de los años ochenta, el tráfico de influencias más flagrante de la historia del país. En esa época, todos los proyectos importantes de inversión se iniciaban en el Ministerio de Planeamiento, cuya evaluación final correspondía a la Contraloría.

Los Sánchez de Lozada controlaban, por así decirlo, las dos puntas de un tubo, por una de las cuales utilizaban su influencia en el Ministerio de Planeamiento para ampliar las opera­ciones de su empresa privada, la Compañía Minera del Sur (COMSUR), en tanto que el control de la otra punta (la Contraloría) les garantizaba la impunidad de sus acciones. Este es uno de los muchos hechos denunciados y nunca desmentidos que figuran en mi libro La Fortuna del Presidente.

El tráfico de influencias cometido por Gonzalo Sánchez de Lozada adquirió mayores dimensiones cuando ocupó la Presidencia de la República. Baste indicar que los abogados de COMSUR se convirtieron también en abogados de la Enon en Bolivia. COMSUR tiene, además, antiguas relaciones con el City Bank, de Estados Unidos, una de cuyas filiales, el Citytrust, de las islas Bahamas, tiene la custodia del 50 por ciento de las acciones de la "capitalización", cuyos honorarios alcanzan a 150.000 Dls. anuales y al 0.2 por ciento de intereses sobre activos, lo que le ha deparado ingresos superiores a los 3.2 millones de dóla­res-año. La trilogía COMSUR, Enron y Citytrust ha constituido el pivote corrupto de las "capitalizaciones" en el país.

El ratón y el elefante

La experiencia histórica demuestra que, en los países coloniales y semicoloniales, la enajenación de sus recursos naturales se realiza, por lo general, en forma rápida y fácil. Su retomo al patrimonio nacional cuesta, no pocas veces, duras luchas, angustiosos enfrentamientos y cruentos procesos revolucionarios. Tal recuperación se hace casi imposi­ble cuando el entreguismo edifica fortalezas inexpugnables, como el proceso "capitalizador" que vivimos. Por eso, cuando los enfrentamientos directos fracasan, los pueblos y sus intelec­tuales tienen el deber de encontrar las fisuras que permitan vulnerar al sistema enajenador, así sea progresivamente. Los primeros guerrilleros vietnamitas que enfrentaban al colonialismo francés decían que un ratón (el país oprimido) puede derrotar al elefante (el país opresor) si logra penetrar en su oreja y abrirle una herida, para que miles de insectos le provoquen después una infección irreversible.

Correspondió al Dr. José Luis Roca, autor del libro Bolivia Después de la Capitalización, dedicado a la memoria de Marcelo Quiroga Santa Cruz, encontrar el punto vulnerable de la "capitalización" gonista. Tal vulnerabilidad se asienta en el Art. 6^o de la Ley de Capitaliza­ción, que reconoce la propiedad de los ciudadanos bolivianos sobre el 50 por ciento de las acciones de las empresas "capitalizadas". Como por arte de magia y sin ningún respaldo jurídico, el Vicepresidente de la República, Ing. Jorge Quiroga Ramírez, el Superintendente de Pensiones, Pablo Gottret, y el ex Viceministro de Hacienda, Ramiro Cavero, han declarado que la titularidad de esas acciones ha pasado a las AFPs.

¿Dónde están los 1.600 millones de dólares?

Con lucidez y oportunidad, el Dr. Roca ha preguntado quién confirió el derecho de propiedad a las AFPs. Si estas compraron el paquete accionario de los bolivianos, que indi­quen cuánto pagaron por él o que demuestren que esa transferencia es producto de una donación, legado u obsequio. El destino de ese paquete accionario, cuyo valor asciende a 1.600 millones de dólares, se convirtió en un misterio irresoluble... hasta ahora.

La suma de 1.600 millones de dólares en juego está lejos de ser irrelevante. Téngase en cuenta que en estos precisos momentos el gobierno está realizando el denominado "Diálogo 2", con representantes municipales, departamentales y nacionales, a fin de determinar el destino, en los próximos 15 años, de 1.300 millones de dólares, procedentes de la condona­ción de la deuda externa. Esos 1.300 millones de dólares divididos en 15 años, nos da un resultado de 86 millones de dólares anuales, los que repartidos entre 8 millones de habitantes que tiene Bolivia, determina un saldo de apenas 10.75 dólares, per cápita al año.

La defensa del ahorro histórico

Los 1.600 millones de dólares constituyen no sólo la totalidad del ahorro histórico del pueblo boliviano, que estaba concentrado en sus empresas estratégicas, sino la última espe­ranza de impulsar en el país un proceso de desarrollo, con soberanía y sentido de integración nacional. Por esta razón, apenas el MNR planteó utilizar ese dinero en el Bonosol y el Gral. Banzer en el Bolivida, Conciencia de Patria (CONDEPA) se pronunció porque ese dinero sirva para terminar de construir la red caminera nacional. Téngase en cuenta que los 1.600 millones de dólares sólo significan el capital inicial, que se irá incrementando, en la medida que las empresas capitalizadas no roben al país el producto del 50 % de las utilidades que generen en el mercado de valores.

El tema nos lleva a afirmar con el mayor énfasis que la lucha contra la pobreza sólo puede ser coherentemente enfrentada impulsando el desarrollo nacional. La red de carreteras, sin olvidar los recaudos ecológicos, ampliará la frontera agrícola, logrará que nuestras exporta­ciones sean más competitivas, generará empleos permanentes, equilibrará nuestra balanza comercial y arrancará al país de los riesgos de inviabilidad que ahora padece.

El planteamiento de las carreteras ha dividido al país. En su momento, fue apoyado por el MIR, por la casi totalidad de los periódicos de circulación nacional y por sectores de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Sin embargo, el actual presidente de esta entidad, el Lic. Carlos Calvo, propicia el Bonosol o el Bolivida. Todos sabemos que Calvo es vendedor del singani "San Pedro", cuyo consumo piensa incrementar con ese beneficio. ¿Será que su visión nacional no va más allá de sus intereses personales?

Extraños representantes de los bolivianos

Uno de los elementos más extraños del proceso de capitalización se produjo cuando de manera irregular se determinó que los representantes de los ciudadanos bolivianos en los directorios de las empresas capitalizadas sean designados por las AFP's. Esa determinación no se encuentra en la Ley de Capitalización, ni en la Ley de Pensiones, ni en la Ley de Propiedad y Crédito Popular. Tampoco está consignada en ninguna de las cláusulas del contrato de administración suscrito entre la Superintendencia de Pensiones y las AFP's. Tales designaciones forman parte de los contratos firmados por el Ministerio de Capitalización, existente durante el "gonismo", con las empresas trasnacionales, como Chaco, Andina o Transredes.

De eliminarse ese abuso no existe posibilidad alguna de que las AFP's formulen algún reclamo, ya que no forma parte de sus contratos. Estas entidades, de manera arbitraria, desig­naron como Directores, en representación de los bolivianos, a ciudadanos españoles, norte­americanos y otros de nacionalidad y domicilio desconocidos. En lodo el tiempo de su vigencia, los falsos representantes nuestros jamás publicaron un informe de sus actividades. Sólo pudimos saber, a través de una petición de informe parlamentario, que sus dietas fluc­túan entre 500 y 1.000 dólares por sesión asistida. Con esos representantes, ¿a quién puede extrañar que la capitalizada ENTEL, por ejemplo, hubiera resuelto invertir en el exterior 300 millones de dólares correspondientes a sus utilidades obtenidas en el país, en la gestión 1999?

Lo anterior nos lleva a formular una pregunta adicional: Si los síndicos y representantes de los ciudadanos bolivianos son designados por las AFP's, ¿quién o quienes defienden nuestros intereses? Sobre el particular, el Superintendente de Pensiones, Pablo Gottret, ha declarado que las empresas capitalizadas no le envían la información relativa a los estados financieros de las "capitalizadas", razón por la que esos datos debe obtenerlos a través de las memorias de la bolsa de valores. ¿Merece el país semejante tratamiento? En los hechos, las empresas capitalizadas no están funcionando con un directorio integrado por cuatro repre­sentantes de las trasnacionales y tres de los ciudadanos bolivianos, como dice la ley, sino que los siete Directores responden al capital foráneo.

Un proyecto de ley de decisiva importancia

Las razones anotadas permiten advertir la importancia del proyecto de ley que presenta­mos, a iniciativa del Dr. José Luis Roca, para que los tres representantes de los bolivianos en los directorios de las capitalizadas sean nombrados por el Congreso de la República. En la gigantesca lucha por la recuperación del patrimonio nacional, este proyecto de ley parece tener un alcance limitado. Pero no es así. Se trata, por el contrario, hablando figurativamente, del ratón que se introduce en la oreja del elefante, para abrirle una herida y permitir que miles de insectos le ocasionen una infección irreversible.

De aprobarse esa ley, los representantes de los ciudadanos bolivianos en los directorios de las empresas capitalizadas o sociedades capitalizadas (SOCA), como prefiere llamarlas el Dr. Roca, al ser designados por el Parlamento, tendrán que rendir informes periódicos ante el propio Parlamento, por cuya vía el pueblo boliviano por fin sabrá lo que ocurre con su patrimonio. La Ley de Propiedad y Crédito Popular (PCP), calificada de "adefesio jurídico" por el Dr. Roca y de la cual se declaró co-autor el Ing. Jorge Torres, durante su participación en este Foro, determina el "carácter reservado" de las informaciones claves que las AFP's deben brindar a las Superintendencias. ¿Es esto admisible? No existe posibilidad de llevar a cabo ninguna política victoriosa si se carece de información, ya que información es poder. Y la información de lo que acontece dentro de las SOCA permitirá trazar las estrategias de recuperación del patrimonio nacional.

El Estado nacional del siglo 21

La aprobación del proyecto de ley mencionado tendrá otra connotación fundamental: ratificar el derecho propietario de los ciudadanos bolivianos sobre el 50 por ciento de las acciones de las empresas capitalizadas, con las que, en opinión del Dr. Roca, se debería exigir al MNR que cumpla su "Plan de Todos", elaborado para las elecciones de 1993, según el cual tales acciones deberían constituir una "Fundación de Desarrollo Solidario" (FUNDESOL), cuyos recursos, manejados por personas elegidas por dos tercios del Congreso Nacional, servirían para encarar los problemas de infraestructura que persisten en Bolivia.

Lo anterior debe ser acompañado por una readecuación del Estado nacional al siglo 21. Y lo anterior pasa, ineludiblemente, por reconstituir YPFB como empresa capaz de integrar, horizontal y verticalmente, la actividad hidrocarburífera del país. El neoliberalismo ha des­mantelado YPFB. Ha separado las actividades de exploración y comercialización, de la refinación y del transporte. Paradójicamente, PETROBRAS, la estatal brasileña, ha vuelto a integrar lo desintegrado en Bolivia, pero, obviamente, en beneficio de sus intereses, no de los nuestros.

Inicialmente, Bolivia puede y debe reconstituir YPFB sobre la base de las áreas que no fueron otorgadas a las trasnacionales y de campos que, por una u otra razón, son devueltos al patrimonio estatal. YPFB debe cambiar la matriz energética del país, sobre la base del gas natural, el que tiene que ser masivamente utilizado en consumo doméstico, transporte, indus­trias, termoeléctricas y petroquímica. Las utilidades de los ciudadanos bolivianos en las SOCA permiten avizorar perspectivas que deben ser aprovechadas. En este punto, es justo y legítimo recordar que CONDEPA fue la única organización política que, el 22 de marzo de 1996, convocó, en la sede de gobierno, a una multitudinaria marcha de protesta en contra la liquidación de YPFB. Corresponde al pueblo boliviano avanzar por esa huella precursora.

Aunar luchas, sueños y esperanzas

En este rubro, el Lic. Fernando Baptista Gumucio recordó que en Estados Unidos, dentro de otra decenas de ejemplos, está vigente la Ley «By American Act» (compre americano), en virtud de la cual las dependencias del gobierno estadounidense están prohibidas de comprar insumos o productos extranjeros que, paralelamente, son producidos en su país. ¿Por qué en Bolivia no puede ocurrir lo mismo? ¿Por qué las FFAA no pueden aprovisionarse de zapatos, uniformes, ropa interior y gorras procedentes de industrias nacionales? ¿Por qué no garanti­zar a tantas imprentas paralizadas la edición de textos escolares que hoy se importan? ¿Por qué no hacer lo mismo con los medicamentos básicos de la Caja de Seguridad Social? ¿Por qué no determinar que la mitad del trigo o de la cebada que se consume en Bolivia provenga de nuestros agricultores? ¿Por qué no dar preferencia a productos locales que sirven de insumo al desayuno escolar? Existe el espacio para adoptar políticas alternativas al neoliberalismo, pero ellas pasan por "bolivianitas" la cabeza de nuestros gobernantes.

Adecuar nuestro Estado a las necesidades del siglo 21 significa unir la táctica (recuperar los 1.600 millones de dólares que nos pertenecen) con la estrategia (recuperación del Estado nacional), al cual debemos tomarlo más democrático, más participativo y con capacidad de avanzar en el camino de la justicia social y de la interculturalidad. Se trata, en pocas palabras, de juntar las esperanzas de Tupaj Katari y de Bolívar, de Belzu, Busch, Villarroel, Ovando y Torres, con las que tuvieron los combatientes de la Guerra del Chaco y del 9 de abril de 1952.

Significa, en fin, juntar los sueños del "Mallcu", de Oscar Olivera y de Carlos Palenque, con la valentía de Marcelo Quiroga Santa Cruz y la profundidad analítica de Carlos Montenegro, Augusto Céspedes, René Zavaleta y Sergio Almaraz.