ARTÍCULO ORIGINAL

LA RECONQUISTA DEL PATRIMONIO COLECTIVO POR LA NACIÓN

Oscar Olivera Foronda

1. El significado del petróleo y el gas para la economía nacional

A lo largo de las exposiciones en este seminario, se ha podido establecer que son tres los componentes para la importancia económica del petróleo y gas en el porvenir y la viabilidad económica del país.

El primero es el volumen de dinero que representa el conjunto de reservas probadas de petróleo y gas existentes en el territorio y que ahora está en manos de capitalistas extranjeros. Estamos hablando de 73.600 millones de dólares de reserva en gas y 3.420 millones de dólares en reserva de petróleo. Esto significa que el país, en sus recursos petroleros posee, como mínimo, un total de 76.000 millones de dólares, tomando en cuenta los precios bajos de 2.30 dólares por millar de pies cúbicos y 19 dólares por barril de petróleo, que podrían sostener no sólo un mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población a través de la utilización de ese dinero para generar empleos, mejorar salarios, ampliar servicios gratuitos sino, además, modificar la estructura productiva de la nación, ampliando la base industrial, mejorando los sistemas de transporte, diversificando la economía.

Setenta y seis mil millones de dólares es muchísimo dinero. Con él se podría crear una nueva base productiva, que saque al país del marasmo y la insignificancia industrial y comercial y, mejor aún, pues serian recursos que no provienen de préstamos ni favores extran­jeros que siempre nos vuelven a sumir en una mayor dependencia. El petróleo y el gas son riquezas contenidas por el territorio, son riquezas de la nación y una condición objetiva que permitiría la expansión económica nacional, la elevación de la calidad de vida y de empleo a partir de los propios recursos que tenemos los bolivianos.

Esta riqueza se halla hoy en manos de empresarios extranjeros que, como tales, se han apropiado de lo ajeno, se están enriqueciendo y pretender seguir haciéndolo con esos recursos, cercenando las posibilidades de que esas riquezas, que nos pertenecen, sirvan para beneficio de todos los bolivianos. El capitalista, local o extranjero, antepone su interés de lucro y beneficio personal, por encima del interés colectivo y nacional y la enajenación actual es justamente la suerte que está corriendo todo ese patrimonio colectivo de la nación llamado petróleo y gas.

Esto significa que lo que podría ser la fuente del renacimiento de la capacidad productiva de la nación, ahora es sólo la fuente del lucro y la fortuna privada de un puñado de capitalis­tas. La propiedad del petróleo y el gas por los empresarios es, no cabe duda, el estrangula- miento de una de las más grandes posibilidades que ha tenido y tiene la nación para sostener y financiar un tipo de desarrollo productivo, que beneficie a la población y satisfaga sus necesidades y su derecho a una vida digna y comunitaria.

Tenemos riqueza económica, pero ella no está bajo nuestro control. Tenemos posibilida­des de un gran salto tecnológico y productivo que beneficie a la gente trabajadora, auténtica propietaria del gas y el petróleo, pero quienes se disponen a aumentar enormemente sus ganancias privadas son los empresarios extranjeros y sus socios locales, empresarios y políti­cos que han regalado al capital extranjero lo que no es de ellos sino de todos los bolivianos.

La segunda consecuencia económica que traen consigo los recursos petroleros y gasíferos es que, por su uso y la situación jurídica en que se encuentran, son la mercancía local que más fuertemente nos vincula al comercio mundial y la inversión extranjera. Por la pequeñez del mercado interno boliviano, los principales consumidores de nuestros recursos hidrocarburíferos son empresas, gobiernos y ciudadanos de otros países del mundo, especialmente limítrofes. Pero, además, se calcula que hasta fin de año ha de haber en Bolivia una inversión extranjera total de 1.400 millones de dólares, lo que equivale al 20% del Producto Interno Bruto anual (PIB) y que viene de parte de compañías multinacionales muy poderosas y con influencia en las políticas gubernamentales de los principales países capitalistas del mundo.

El petróleo y el gas, de una y otra manera, nos unen al comercio mundial y cualquier opción que se adopte respecto a la gestión y control de esos recursos debe tomar en cuenta esa articulación internacional de la economía en sus dos dimensiones: como objeto de comercio y realización del valor comercial de la riqueza natural y como presencia objetiva de intereses privados extranjeros en la gestión de esos recursos.

La tercera implicancia económica es que, en términos energéticos, el petróleo y el gas, junto con el agua, son las más abundantes fuentes de energía con las que cuenta la nación, para cuyo uso y consumo generalizado se posee conocimiento técnico. En ese sentido, son fuentes de energía insoslayables con las cuales se ha de alimentar las distintas formas de desarrollo a largo plazo de la economía nacional. Cualquier estrategia de desarrollo econó­mico social articulada a la interdependencia mundial de las naciones, sea de tipo empresarial o de tipo comunitario y autogestionario, para tener un relativo sostén de autonomía y viabi­lidad material, debe contar con el control de la riqueza hidrocarburífera. No obstante, hoy, ese recurso estratégico está en manos de consorcios empresariales cuyo único horizonte es la ganancia privada y rápida, obstaculizando de manera dramática las posibilidades que, como país, tenemos de delinear una ruta de desarrollo productivo y que, tomando en cuenta las presiones de una economía mundializada, permita la conquista de ciertos ámbitos de autono­mía en materia de política económica, como lo hacen otros países.

2. ¿Qué hacer?

Sobre esta base de condicionantes económicas y políticas está claro entonces que:

Primero. El país debe recuperar el control y la gestión de los recursos hidrocarburíferos, pues en ello se juega quizá la última opción de disponer de un excedente económico capaz de permitir materialmente la revolución de la estructura productiva del país y el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de la población boliviana.

Segundo. Ésta recuperación del control sobre los recursos naturales debe tomar en cuenta que no existe posibilidad de un desarrollo autárquico, aislado del resto de la economía mundial y los intereses económicos dominantes. Mientras se mantenga el actual poderío transnacionalizado de las grandes empresas capitalistas, sin necesidad de hincarnos ni bajar­nos los pantalones a las exigencias del capital extranjero, como sucede ahora, debemos desplegar una política económica que, en medio del predominio de las imposiciones empre­sariales a escala global, sea capaz de conquistar espacios de autogobierno y autonomía económica que se enlacen con otros espacios de autonomía, resistencia y autogestión econó­mica de otros pueblos, en la búsqueda -a mediano y largo plazo- de una mundialización interdependiente de la autonomía y autogestión económica de los pueblos laboriosos. En verdad, este será el único momento en que la población sencilla y trabajadora podrá disfrutar a escala planetaria el uso de sus riquezas, como parte del uso y aprovechamiento de las riquezas de los otros pueblos del mundo.

Sin embargo, en ambas alternativas complementarias, la pregunta central es: ¿quién o qué es la nación?, ¿qué significa recuperar para la nación el control y gestión de las riquezas hidrocarburíferas?, ¿quién decide el significado y la voz autorizada de la nación que habrá de hacerse cargo de la reapropiación de las riquezas naturales?

Hasta ahora, quien encarnó la nación, su autoridad, su soberanía, fue el Estado. Desde los años 40 hasta los 90, quien se atribuyó la representatividad de la nación, de su destino y su soberanía política, fue el Estado y, en particular, una elite burocrático-política que hablaba a nombre del Estado, de la razón de Estado y, a través de ello, a nombre de la nación. De ahí entonces que durante casi 50 años,

se confundió el destino de la nación con el destino del Estado; se confundió la propiedad de la nación con la propiedad estatal; se confundió el bienestar de la nación con el bienestar de los funcionarios y administra­dores gubernamentales; se confundió la soberanía de la sociedad sobre sus destinos con el monopolio estatal de la economía, la cultura y la riqueza colectiva.

Este estatismo que habló a nombre de la nación, en el fondo no fue más que un capitalis­mo de Estado que, a costa de los recursos colectivos de la sociedad, enriqueció a una casta de políticos y militares y, a su vez, preparó el engorde y posterior encumbramiento de la actual elite burguesa, que es la que ha encabezado la privatización transnacionalizada del petróleo y el gas.

Es por eso que, a más de 60 años de luchas sociales por la reconquista de los recursos naturales y en momentos en que como nunca el país se halla embargado, loteado e hipoteca­do a angurrientos capitalistas, no se puede volver a plantear la misma estrategia de reconquis­ta de la riqueza y la economía por una burocracia estatal que quiere recuperar su papel de burguesía del Estado y por un Estado nacionalizador que es el que en el fondo preparó las condiciones para la desnacionalización de las riquezas colectivas.

Frente al cataclismo privatizador y extranjerizante del capital transnacional, su opuesto no es el capitalismo de Estado ni la propiedad estatal. Ambos concentran el control de la riqueza en manos de unos pocos: en el primer caso, en las de los dueños de las empresas y, en el otro, en manos de ministros, funcionarios gubernamentales y abogados. En ambos casos, pequeñas castas y elites, ya sea a nombre del libre mercado o de la patria, se apropian para usufructo privado del patrimonio colectivo de la sociedad boliviana. Ambos, a su modo, monopolizan el destino y uso de esas riquezas, por encima de la decisión y voluntad de la sociedad trabajadora, del pueblo sencillo.

Es por eso que de lo que se trata es de contraponer a ambas formas de privatización, a la propiedad de las transnacionales y a la propiedad del Estado, formas de gestión social, econó­mica y política, donde sea la gente trabajadora, la gente de a pie, la gente que no vive del trabajo ajeno, la que tome en sus manos el control, el uso y propiedad de esas riquezas colectivas y comunitarias, que son de todos.

Frente a la privatización, su auténtico opuesto es pues la re-apropiación social de esas riquezas por la propia sociedad laboriosa organizada en estructuras de gestión y control comunales, asambleístas, barriales, sindicales, plebeyas. Eso es la autogestión de la econo­mía o, como decía Marx, la comunitarización,4a forma comunal de la gestión de la vida económica de la nación.

Para que la nación verdadera no sea suplantada por el mercado o el Estado, la nación laboriosa proletarizada, campesinizada, marginalizada y precarizada -esto es, la mayoría abrumadora del país- es la que tiene que asumir, bajo formas de autoorganización asambleísta a nivel barrial, regional y nacional, el control de las riquezas hidrocarburíferas. La soberanía de la nación ya no debe ser enajenada en el Estado ni en su burocracia administrativa. La nación tienen que auto-presentarse, auto-dirigirse, auto-gobernarse a través de estructuras autónomas de participación y responsabilidad socializada sobre la vida pública. Es decir, la recuperación del patrimonio para la nación y la forma de articulación de la nación en el contexto internacional, esto es, la forma de ejercicio de la soberanía económica y política, es algo que tiene que ser ejecutado, decidido y administrado por los componentes básicos de la nación que somos todos los que no vivimos del trabajo ajeno.

Ahora, esta manera distinta de conceptualizar la nación, como ejercicio directo de su soberanía social por todos los trabajadores, no es algo que baste pronunciar para que se produzca. Es un proceso largo de reconstitución del tejido de solidaridad, confianza y apoyo mutuo entre los pobres, entre los trabajadores de la ciudad y el campo, entre los pobladores sencillos y laboriosos que mantienen este país. Esto requiere un trabajo de reconstitución, ampliación y mejoramiento del viejo tejido de solidaridades que fue destruido por el neoliberalismo en los últimos 15 años. Es un camino dificultoso y posiblemente largo pero el único mediante el cual el poder y el control del patrimonio natural y social de los bolivianos sea administrado por la propia Bolivia plebeya y laboriosa. El otro camino, el de la re- estatización, es por cierto más rápido y fácil, pero está claro que es a la vez un simple cambio de elites expropiadoras de los recursos naturales.

Los acontecimientos de la denominada "guerra por el agua" en Cochabamba muestran que esta construcción de lazos de auto-organización, rebeldía y dignidad colectiva pueden avanzar rápidamente si se sabe interconectar el descontento, derrotar el miedo y la separación que nos aisla y nos vuelve impotentes. La guerra por el agua en Cochabamba es un ejemplo de lo que es la recuperación de los recursos naturales por el pueblo trabajador. Allí, todos se movilizaron, todos asumieron la responsabilidad de recuperar su patrimonio, todos delibera­ron en cabildos y asambleas, todos ofrecieron sus vidas y alimentos para resistir la represión militar, todos se hicieron responsables -a través de sus asambleas locales, regionales y depar­tamentales- de controlar, gestionar y administrar el recurso hídrico.

Con el petróleo y el gas, debiera suceder lo mismo. Los que estamos interesados en que no nos roben el futuro de nuestros hijos, debemos ayudar a convertir el sufrimiento y cansancio que brota por todas partes en fuerza de decisión, de aglutinamiento y movilización. Hoy en día hay mucho descontento porque la gente paga el precio de la gasolina como si la trajeran en avión desde Irak. Hay mucho descontento social porque la gigantesca riqueza que está bajo nuestros pies pasa frente a nuestras narices y nos sigue dejando en la miseria y la desesperación económica. Hay por tanto predisposición a la lucha. Lo que falta es crear redes de asociación, órganos de unificación social donde esta rabia y desilusión individual se conviertan en fuerza de movilización colectiva, en práctica de decisión, deliberación demo­crática y acción colectiva .

Hay que reforzar la conciencia y la convicción que el petróleo y el gas son de nosotros, de ustedes, de nuestros padres e hijos, del obrero y el gremial, del campesino y el comunario y que, por tanto, nos toca a todos responsabilizarnos por su uso, su utilidad y su gestión.

La formación de Comités y Coordinadoras de defensa de los recursos naturales, de la economía popular o el petróleo y gas compuesta por cualquier ciudadano, junta vecinal, ama de casa, sindicato, trabajador asalariado, pudiera ser una vía de reconstitución del tejido de la sociedad trabajadora capaz de aglutinar y canalizar el descontento y las demandas colecti­vas. Sin embargo, esto no puede ser una construcción cupular de algunos vivos que desean sobresalir delante de las cámaras de televisión.

La Coordinadora del agua y la vida de Cochabamba pudo emerger con tanta fuerza porque desde hace más de 6 años desde abajo, desde cada sindicato campesino, sindicato obrero, barrio marginal y villa, se fueron creando estructuras organizativas con objetivos claros: defender lo que es de la colectividad, defender los derechos sociales, defender los usos y costumbres tradicionales en base a la deliberación asambleísta y la movilización contun­dente y asociada con otras asociaciones similares. Sólo este paciente trabajo de hormiga, honesto, claro, comprometido dio lugar años después a la única organización social obrera, campesina y popular que ha sido capaz de echar a la empresa extranjera, derrotar al Estado y sustituirlo, durante una semana, por formas de autogobierno asambleísta.

Con el petróleo y el gas, se tiene que superar y ampliar esa labor a escala nacional, pero comenzando desde abajo, desde las bases. Sin eso, la recuperación de una conciencia nacio­nal y de los recursos naturales será imposible.

Pero, a la vez, es cierto que cualquier medida de reapropiación por la sociedad trabajadora de su patrimonio, pasa por tomar en cuenta la presencia de la fuerte inversión y presión política, económica y hasta militar extranjera para la producción, extracción y transporte de los recursos hidrocurburíferos. Esto no se puede dejar de lado y convierte a la defensa del gas y el petróleo en algo mucho más complicado que la defensa del agua.

Hay montos de inversión extranjera y compromisos de compra de gas con gobiernos y empresas que tienen que ser tomados en cuenta.

Por tanto, el primer paso que habría que dar, después de la organización de una amplia red de defensa de los recursos naturales, es que la gestión de la mitad de las acciones de las empresas capitalizadas ya no esté en manos de los Fondos de Pensiones que, a título de guardar lo que es del pueblo boliviano, en realidad están permitiendo que sean los inversionistas extranjeros los que se hagan cargo, de manera absoluta, como si fueran dueños totales de las empresas capitalizadas. Hay que conquistar, por encima del Estado y a las AFP's una forma comúnitarizada de gestión, control y decisión de esta parte de la propiedad de las empresas capitalizadas por parte de la sociedad laboriosa organizada en comités, sindicatos y asocia­ciones. Esto significa que hay que arrebatarle al Estado la tuición del 50% de las acciones y convertir eso en políticas de gestión y administración económica paralela y en disputa a la que ejercen los inversionistas privados.

Con la fuerza social ganada contra este primer enemigo del patrimonio público que es el propio Estado, hay que prepararse para la auténtica medición de fuerzas con las empresas transnacionales que controlan el otro 50%. De ahí surgen varias opciones, desde la expropia­ción de los recursos petroleros y gasíferos a las empresas transnacionales, pasando por la revisión de los contratos que regalaron o devaluaron pozos y reservas de gas de la ex YPFB, hasta la formación de empresas conjuntas con el capital extranjero, pero donde la gestión, administración y ganancia sea igualmente compartida con representantes de las organizacio­nes laborales y civiles, etc. En todo caso, la medida que se tenga que tomar en esta segunda etapa de reapropiación de los recursos naturales de la nación por parte de la gente trabajadora, deberá ser una decisión tomada de manera soberana por ella misma, en función de lo que todos nosotros -organizados en asambleas y cabildos que tapicen todo el país, en base a nuestra fuerza, convicción y necesidad- estemos dispuestos a hacer, defender con nuestras acciones, nuestras luchas y nuestro sacrificio colectivo.

Debemos recordar lo que Marcelo Quiroga decía: los recursos naturales son el pan de hoy y el hambre del mañana.