INTRODUCCIÓN

América Latina enfrenta desafíos estructurales en la ejecución de proyectos de inversión pública (PIP), donde la eficacia se define como el grado en que cumplen sus objetivos en tiempo, costo y calidad, conforme a lo planificado originalmente. Esta triada crítica evidencia brechas profundas: estudios como ^{Mena y Adrianzen, (2022}) revelan que la región sufre retrasos sistemáticos superiores al 58% y sobrecostos del 41% en PIP, atribuidos a fragmentación institucional y ausencia de cultura evaluativa. Tales ineficiencias no solo comprometen el desarrollo socioeconómico, con pérdidas estimadas en el 2.7% del PIB potencial anual (^{Cruzalegui et al., 2023}), sino que perpetúan desigualdades en acceso a infraestructura básica.

Además, la politización de prioridades distorsiona la asignación de recursos. Como señala ^{Escobar et al., (2021}), gobiernos subnacionales ejecutan apenas el 52% de sus presupuestos de inversión frente al 78% de entidades nacionales, priorizando obras visibles sobre necesidades reales. Este fenómeno se agrava por la corrupción: en Perú, el 42% de PIP en salud subestimaron cobertura poblacional por diagnósticos técnicos deficientes (^{Andía, 2011}), mientras la falta de unidades formuladoras acreditadas en municipios limita la calidad de los diseños iniciales (^{Rodríguez y Béjar, 2022}).

Frente a esto, la gestión de riesgos (GR) emerge como variable explicativa central del desempeño de PIP. En esta dirección, ^{Yacila y Luján, (2025}) demuestran que su aplicación sistemática, mediante matrices adaptadas y análisis de Monte Carlo, reduce desviaciones presupuestarias del 25% al 8% y eleva el cumplimiento de plazos al 92% en proyectos con contratos de riesgo compartido. Modelos como el MEIP en Perú (^{Cruzalegui et al., 2023}) validan este impacto, integrando protocolos ágiles que mitigan contingencias en tiempo real mediante georreferenciación y revisiones colaborativas.

Sin embargo, innovaciones como los contratos Gobierno a Gobierno (G2G), empleados en el proyecto Escuelas Bicentenario de Perú, redujeron retrasos de 24 a 6 meses mediante cláusulas de transferencia tecnológica y estándares internacionales (^{Medina, 2021}). Paralelamente, la definición precisa del alcance en PIP colombianos bajo el Sistema General de Regalías disminuyó variaciones no planificadas en 40% (^{Urrego, 2024}), evidenciando que la GR trasciende lo operativo para incidir en gobernanza.

No obstante, persisten brechas críticas: solo el 12% de PIP incorporan evaluación de riesgos sociales o ambientales (^{Yacila y Luján, 2025}), y la resistencia burocrática limita adopción de matrices de control en el 70% de entidades brasileñas (^{Da et al., 2014}). Proyectos de inversión pública como el educativo en Julcán (Perú) fracasaron por desarticulación intergubernamental (^{Carrillo y Reátegui, 2013}), exponiendo que la GR requiere marcos normativos armonizados.

Ante este panorama, la pregunta central de esta revisión sistemática es: ¿De qué manera la gestión de riesgos, en sus dimensiones de identificación, análisis cuantitativo y mitigación adaptativa, influye en el cumplimiento de plazos, costos y calidad de los proyectos de inversión pública en América Latina durante el período 2017-2024, y cómo los marcos normativos, capacidades institucionales y contextos socioeconómicos moderan dicha relación?

Consecuentemente, este artículo tiene como objetivo analizar la evidencia empírica de estudios regionales sobre el impacto de la Gestión de Riesgos en los Resultados de los Proyectos de Inversión Pública en América Latina (2017-2024), mediante el desarrollo de una revisión sistemática.

METODOLOGÍA

La presente revisión sistemática se implementó bajo los lineamientos PRISMA 2020, utilizando un enfoque cuantitativo-descriptivo y diseño longitudinal retrospectivo (2017-2025). Este marco metodológico permite sintetizar evidencia empírica sobre gestión de riesgos (GR) en Proyectos de Inversión Pública (PIP) en América Latina, generando insumos para políticas públicas en contextos de alta complejidad socio-territorial.

Posteriormente, se ejecutó un protocolo estructurado en cuatro fases. Primero, identificación mediante ecuaciones booleanas en ocho bases académicas (Scopus, Web of Science, SciELO, Redalyc, Latindex, Dialnet, DOAJ, CyberLeninka), utilizando la cadena: ("gestión de riesgos" OR "risk management") AND ("proyectos de inversión pública" OR "public investment projects") AND ("América Latina"). Segundo, selección con criterios de inclusión/exclusión: se incluyeron artículos revisados por pares (2017-2025), metodologías cuantitativas/mixtas, evaluación de ≥2 dimensiones de GR (identificación, análisis, mitigación) y métricas de desempeño; se excluyeron tesis, libros y estudios sin análisis empírico.

Adicionalmente, la fase de extracción empleó fichas electrónicas con campos estandarizados: autor-año, diseño metodológico, variables de GR (matrices FODA, simulaciones Monte Carlo), métricas de desempeño (% cronograma/presupuesto), correlaciones estadísticas (r/β) y factores moderadores (ej. capacidades institucionales). En la síntesis crítica para análisis cuantitativo se empleó estadísticos de frecuencia (países, metodologías GR, sectores PIP).

Paralelamente, se implementaron controles de rigor para minimizar sesgos. Filtros temporales (2017-2025) y lingüísticos (español/inglés/portugués) aseguraron representatividad regional. La búsqueda inversa (bola de nieve) en referencias citadas. Además, se asumieron los criterios éticos de la Declaración BES, incluyendo citación rigurosa y declaración de cero conflictos de interés.

Por otra parte, el flujograma PRISMA 2020 (Figura 1) detalla el proceso: identificación (n=2,150 registros), selección (n=320 elegibles), elegibilidad (n=50 evaluados) e inclusión (n=30 analizados). Limitaciones como heterogeneidad métrica se abordaron mediante estandarización de indicadores (ej. conversión a % de cumplimiento).

Figura 1 Flujograma de PRISMA 

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

La Figura 1, presenta el flujograma PRISMA 2020 que rigió la selección de estudios. De los 2,150 registros identificados en ocho bases académicas (Scopus, WoS, SciELO, etc.), 320 superaron los filtros iniciales mediante criterios de elegibilidad: i) enfoque cuantitativo/mixto; ii) evaluación de ≥2 dimensiones de gestión de riesgos (identificación, análisis, mitigación); iii) métricas de desempeño explícitas (plazos, costos, calidad). Tras evaluar la calidad metodológica, 90 estudios avanzaron a la fase de elegibilidad, de los cuales 30 (1.4% del universo inicial) cumplieron los estándares de rigor y fueron incluidos. Este proceso garantizó validez estadística mediante la exclusión de literatura gris y la estandarización de indicadores (ej. conversión de métricas a % de cumplimiento), mitigando sesgos de heterogeneidad analítica. La alta tasa de exclusión evidencia limitaciones en la literatura regional.

Por otra parte, la Tabla 1 muestra la distribución temporal de las investigaciones incluidas en el trabajo, el 58% de estudios (20/30) se concentra en 2021-2023 (pico 2023: 28.6%), indicando reactivación investigativa postpandemia vinculada a urgencias fiscales. Solo el 13% (4/30) corresponde a 2017-2018, reflejando aceleración en la producción académica ante brechas documentadas (sobrecostos del 41%, retrasos del 58%). En cuanto a revistas, el 54% (19/35) aparece en publicaciones únicas, evidenciando fragmentación del conocimiento; solo Ciencia Latina (17%) e IUS ET VERITAS/Gaceta Científica (14% combinado) muestran cierta consolidación temática.

Adicionalmente, la columna de principales resultados desagrega tres ejes dominantes con frecuencias asimétricas: En primer lugar, eficiencia operativa (50%, 15/30): Modelos como MEIP/G2G elevan cumplimiento de plazos al 95-98%, destacando impacto de innovaciones contractuales. En segundo lugar, barreras estructurales (40%, 12/30): Corrupción (asociada al 70% de retrasos) y baja capacidad institucional (ejecución del 52% en gobiernos subnacionales) emergen como obstáculos sistémicos. Por último, impacto socioeconómico (26.7%, 8/30): PIP en saneamiento logran cobertura del 100% de agua potable, mientras reducción de pobreza muestra correlación significativa (ρ=0.766).

Cabe destacar que persisten omisiones estratégicas: solo 6.7% (2/30) abordan riesgo climático pese a vulnerabilidades regionales (CEPAL, 2023), y el 36.7% (11/30) carece de datos cuantitativos comparables, limitando meta-análisis. Esta fragmentación temática y métrica obstaculiza la identificación de soluciones escalables para políticas públicas.

Además, la escasa presencia de estudios técnicamente especializados (solo 20% en revistas sectorizadas) explica vacíos en profundidad analítica, particularmente en gestión de riesgos socioambientales (12% de PIP), lo cual demanda mayor articulación entre academia y entidades formuladoras

Tabla 1 Informes incluidos en la investigación 

En la Tabla 2, se muestra que el cumplimiento de cronogramas muestra alta variabilidad: el 93% de estudios (28/30) reportan datos, con valores entre 40% y 98%. Destacan dos extremos: gobiernos subnacionales con ejecución crítica (40-60% en 6 estudios) y modelos exitosos como contratos G2G/NEC (95-98% en 5 estudios). Solo el 20% (7/35) omiten esta métrica. Los retrasos promedio del 65% se asocian a fallas de planificación (^{Mesa et al., 2019}), mientras innovaciones como IA elevan cumplimiento al 85% (^{Álvarez, 2022}). Esta dispersión refleja asimetrías institucionales regionales, donde capacidades técnicas desiguales explican brechas de hasta 58 puntos porcentuales.

Además, el cumplimiento presupuestal presenta mayor cobertura (96.7%, 29/30), pero con desviaciones preocupantes. El 33% de casos (10/30) muestran subejecución grave (45-65%), vinculada a corrupción o limitaciones técnicas. Contrariamente, esquemas colaborativos (G2G/NEC) logran 95-97% de eficiencia. Las modificaciones contractuales, reportadas en 86.7% de estudios (26/30), exponen disfunciones: 8 proyectos registran hasta 10 cambios, mientras contratos optimizados (G2G) limitan alteraciones a menos de uno. Esto evidencia que mecanismos de transparencia reducen costos de transacción Tabla 2.

Igualmente, las conclusiones revelan cuatro patrones recurrentes: 1) Herramientas eficaces (43%, 13/30): IA, MEIP y G2G mejoran plazos/costos; 2) Barreras estructurales (31%, 11/30): corrupción (70% de retrasos), déficit técnico (65% de fallas) y politización; 3) Mecanismos de control (23%, 7/30): control interno aumenta ejecución presupuestal 5-15%; 4) Enfoques participativos (13%, 4/30): presupuestos concertados mejoran focalización (ej. 46.67% en educación). Destaca la omisión de riesgo climático (solo 1 estudio), pese a su relevancia para resiliencia infraestructural (Tabla 2).

Además, un resultado crítico es la incoherencia métrica: el 23% de estudios (7/30) omiten indicadores clave, por ejemplo, un estudio reporta cumplimiento ODS, pero no plazos. Esta heterogeneidad limita comparaciones costo-beneficio. Pese a ello, la coherencia temática es clara: optimizar PIP exige combinar innovación contractual (contratos basados en resultados), fortalecimiento institucional (certificación en GR) y participación ciudadana, abordando simultáneamente corrupción y capacidad técnica insuficiente, factores que afectan el 60% de los casos analizados Tabla 2.

Concretamente, la evidencia confirma que la gestión de riesgos (GR) es un multiplicador de eficiencia: reduce desviaciones presupuestarias del 25% al 8% y retrasos en 75%. Sin embargo, su adopción es asimétrica: Perú lidera con modelos como MEIP, mientras Brasil y Ecuador replican solo el 30% de innovaciones por fragmentación institucional. La correlación entre participación ciudadana y efectividad indica que la GR debe trascender lo técnico para incorporar rendición de cuentas social.

Tabla 2 Principales conclusiones de los informes incluidos en la investigación 

Discusión

Los resultados de la presente investigación evidencian correlaciones robustas entre la gestión de riesgos (GR) y el desempeño de proyectos de inversión pública (PIP) en América Latina durante 2017-2024. Primeramente, los resultados cuantitativos confirman que la implementación integral de GR eleva el cumplimiento cronológico al 92%, superando significativamente el 58% observado en PIP sin estos protocolos. Este hallazgo coincide con ^{Álvarez, (2022}), quien reportó mejoras del 85% en plazos mediante inteligencia artificial para priorización de proyectos, aunque en el presente análisis se muestran metodologías que tienen mayor impacto en contextos con fragmentación institucional (^{Medina, 2019}; ^{Yacila y Luján, 2025}).

Además, la reducción de desviaciones presupuestarias del 25% al 8% mediante contratos de riesgo compartido corrobora estudios previos sobre variaciones de costos. Mientras, ^{Velásquez, (2011}) atribuía sobrecostos >10% a fallas en cláusulas contractuales, los resultados de esta investigación demuestran que mecanismos como los contratos Gobierno a Gobierno (G2G) en Perú ^{Medina, (2021}) limitan modificaciones contractuales a menos de uno por proyecto, optimizando la ejecución financiera. Sin embargo, persisten divergencias regionales: en gobiernos subnacionales brasileños, el 70% rechaza matrices de riesgo por cargas burocráticas (OECD, 2024), explicando desviaciones del 25% en esos contextos.

Paralelamente, la mejora del 35% en calidad de infraestructura educativa con GR sistemática contrasta con los resultados de ^{Mesa y Muñoz, (2019}), quienes vinculaban incumplimientos técnicos a reducciones del 40% en vida útil de activos. Los elementos presentes en la actual revisión sistemática sugieren que protocolos ágiles de mitigación (^{Cruzalegui et al., 2023}) disminuyen estos defectos mediante evaluaciones continuas de calidad, aunque su efectividad depende de capacidades técnicas locales.

A diferencia de estudios como ^{Mena y Adrianzen, (2022}), que atribuían retrasos únicamente a corrupción o falta de presupuesto, se identificó en la presente investigación, que la politización de PIP explica el 70% de casos en Ecuador donde se priorizan obras visibles sobre necesidades rurales. No obstante, innovaciones como sistemas georreferenciados en Colombia (^{Urrego, 2024}) redujeron variaciones de alcance en 40%, demostrando que herramientas digitales pueden compensar sesgos políticos cuando existen marcos normativos sólidos.

Cabe destacar que el impacto socioeconómico de la GR varía según sectores. Mientras proyectos de saneamiento básico mejoran indicadores como acceso a agua potable (^{Cárdenas, 2019}), PIP educativos muestran retrasos del 60% por descoordinación intergubernamental (^{Carrillo y Reátegui, 2013}). Esta disparidad confirma que la GR requiere contextualización, apoyando propuestas como el Marco Integrado de Gestión de Riesgos Adaptativos (MIGRA) que integra Objetivos de Desarrollo Sostenible (^{Portocarrero et al., 2023}).

Además, la escasa integración de riesgos socioambientales (solo 12% de PIP según ^{Yacila y Luján, (2025}) revela una brecha crítica frente a estándares internacionales. Si bien se reportan beneficios en sostenibilidad, en la presente investigación se indica que municipios peruanos destinan solo 3% de PIP a gestión de residuos sólidos (^{Solis, 2024}), evidenciando subestimación de externalidades negativas.

En contraste con modelos tradicionales, los PIP con análisis cuantitativo de riesgos registran 35% menos incumplimientos técnicos. Esto valida los resultados de ^{Medina, (2019}) sobre contratos NEC, aunque amplía su aplicabilidad a sectores sociales. Conviene subrayar que los factores moderadores identificados (marcos normativos, capacidades institucionales) explican disparidades regionales. Mientras Colombia logra 82.6% de eficiencia en georreferenciación (^{Oliva y Torres, 2024}), municipios peruanos como Cajamarca presentan niveles regulares (57.6%) en ambiente de control COSO (^{Quiquín, 2019}), afectando ejecución presupuestal.

A diferencia de enfoques centralizados, la participación ciudadana mejora la pertinencia de PIP. Como demuestra ^{Argüezo, (2017}), el presupuesto participativo en Huánuco elevó al 46.67% la ejecución en educación, corroborando que la GR adaptativa debe incluir mecanismos de rendición de cuentas locales. Asimismo, persisten desafíos en capacidades técnicas: el déficit de profesionales certificados explica 65% de fallas en PIP (^{Rodríguez y Béjar, 2022}), limitando implementación de GR. Este hallazgo amplía observaciones de ^{Sullca, (2022}) sobre correlación baja (r=0.338) entre habilidades gerenciales y desempeño.

Como advierte ^{Escobar et al., (2021}), gobiernos regionales ejecutan solo 52% de presupuestos versus 78% en entidades nacionales, requiriendo modelos escalables como el MEIP (^{Cruzalegui et al., 2023}). Resulta paradójico que, pese a evidencia robusta, solo 12% de PIP analicen riesgos sociales. Frente a esto, el MIGRA propuesto ofrece un marco contextualizado, superando limitaciones de modelos importados no adaptados a complejidades latinoamericanas.

Al comparar los resultados presentes, con ^{Andía, (2011}), confirmamos que desviaciones >15% en cronogramas invalidan beneficios sociales, pero añadimos que protocolos ágiles de mitigación reducen este riesgo en 60% (^{Urrego, 2024}). También, Es crucial destacar que la GR no elimina vulnerabilidades sistémicas: proyectos como Julcán (Perú) fracasaron por descoordinación intergubernamental (^{Carrillo y Reátegui, 2013}), demostrando que marcos legales deben institucionalizar interfaces de coordinación.

En cuanto a sostenibilidad, PIP con evaluación de ODS (^{Portocarrero et al., 2023}) muestran 75% de cumplimiento, sugiriendo que la GR debe incorporar indicadores de impacto multidimensional. Como evidencia el caso peruano, herramientas como contratos G2G redujeron retrasos en Escuelas Bicentenario de 24 a 6 meses (^{Medina, 2021}), pero su réplica exige ajustes a realidades locales, evitando transferencias acríticas de modelos. En última instancia, la GR debe evolucionar de mecanismo técnico a estrategia política integral, articulando actores multinivel y ciudadanía para cerrar brechas estructurales que limitan el desarrollo regional.

En otra dirección crítica, los resultados expuestos refuerzan la urgencia de integrar el riesgo climático en los PIP, dado que apenas el 15% de los estudios revisados (5/35) incorporan esta dimensión. Esta omisión es alarmante ante las vulnerabilidades regionales documentadas por la CEPAL, (2023): el 70% de la infraestructura latinoamericana está expuesta a sequías, inundaciones o deslizamientos, con pérdidas anuales estimadas en el 0.8% del PIB. Proyectos como carreteras o sistemas hídricos, sin evaluación de resiliencia climática, registran un 40% más de sobrecostos por daños recurrentes.

CONCLUSIONES

La investigación corrobora que la gestión de riesgos (GR) constituye un determinante crítico para el éxito de los proyectos de inversión pública (PIP) en América Latina, al potenciar significativamente el cumplimiento de plazos, costos y calidad. Su implementación sistematizada, mediante identificación proactiva, análisis cuantitativo y mitigación adaptativa, demuestra capacidad para transformar desafíos estructurales en oportunidades de eficiencia, aunque su efectividad está modulada por factores contextuales e institucionales.

En segundo término, se evidencia que la eficacia de la GR depende fundamentalmente de marcos normativos flexibles y capacidades técnicas locales. La fragmentación institucional, las limitaciones en recursos humanos especializados y las cargas burocráticas emergen como barreras sistémicas que exigen soluciones descentralizadas y escalables, adaptadas a realidades subnacionales diversas.

Adicionalmente, la investigación revela que la integración de enfoques participativos, como presupuestos concertados y empoderamiento comunitario, no solo mejora la pertinencia socioterritorial de los PIP, sino que fortalece la sostenibilidad de sus resultados. Esta sinergia entre rigor técnico y gobernanza inclusiva resulta indispensable para alinear las inversiones con necesidades poblacionales y objetivos de desarrollo.

Asimismo, se constata que innovaciones metodológicas, como modelos predictivos, contratos basados en desempeño y herramientas georreferenciadas, pueden mitigar riesgos asociados a politización y corrupción. No obstante, su adopción requiere marcos regulatorios que fomenten transparencia y rendición de cuentas, superando lógicas tradicionales de planificación centralizada.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo científico.