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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la gestión de inversiones públicas constituye un componente esencial para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina. En este contexto, las unidades ejecutoras policiales desempeñan un papel fundamental dentro del aparato estatal, ya que son responsables de garantizar el orden y la seguridad ciudadana. Sin embargo, estas entidades enfrentan desafíos complejos en la planificación, financiamiento, ejecución y transparencia de los recursos públicos, lo que repercute directamente en la eficiencia del gasto y en la consecución de los objetivos estratégicos de seguridad (Rodríguez y Mozo, 2021; Pontón Cevallos, 2023).
Por otra parte, la literatura reciente evidencia una preocupación creciente por las dificultades estructurales que afectan la capacidad de las unidades ejecutoras policiales para gestionar adecuadamente las inversiones públicas. Entre los principales problemas identificados se encuentran la inestabilidad normativa, la fragmentación de competencias y la limitada capacidad técnica de los equipos encargados de formular y ejecutar proyectos (Calzada Olvera, 2022; Fernandini y Saavedra, 2025). Estos factores generan cuellos de botella que retrasan la asignación oportuna de fondos y disminuyen el impacto sostenible de las inversiones. Además, se observa una brecha significativa entre la planificación estratégica y la ejecución presupuestal, situación que se traduce en proyectos aprobados que no logran ejecutarse en los plazos establecidos.
Por lo que, esto se debe a barreras administrativas, cambios en el entorno político y deficiencias en la elaboración de expedientes técnicos (Sánchez Acevedo, 2022; Blánquez, 2025). Como resultado, no solo se retrasa la entrega de bienes y servicios públicos, sino que también se incrementan los costos y se reduce la confianza ciudadana en la eficacia institucional. En este sentido, la incorporación de enfoques de gestión de riesgos y evaluación ex ante se destaca como una práctica esencial para mejorar la trazabilidad del gasto y la pertinencia social de los proyectos. La experiencia internacional demuestra que los sistemas más exitosos integran la planificación estratégica con criterios técnicos y financieros sólidos, además de mecanismos efectivos de control ciudadano y auditoría externa (Yerrén, 2022; Zavaleta Cabrera, 2024).
A su vez, la literatura sugiere que la gobernanza de la inversión pública en el sector policial debe fortalecerse mediante políticas de formación continua, estandarización de procedimientos y uso de tecnologías digitales para el monitoreo y seguimiento de proyectos (Verona et al., 2022; Barragán y Silva, 2023). Estas medidas son especialmente relevantes en contextos con alta percepción de corrupción y volatilidad política, donde la transparencia y la rendición de cuentas resultan fundamentales para recuperar la legitimidad institucional. De igual forma, un aspecto crítico identificado es la desconexión entre las prioridades reales de las unidades policiales y la formulación de proyectos que responden más a intereses políticos que a necesidades institucionales. Esta asimetría genera distorsiones en la asignación de recursos y puede derivar en ineficiencias estructurales que afectan la capacidad operativa de las fuerzas del orden (Bermúdez-Tapia, 2023; Livert et al., 2024).
En consecuencia, la presente investigación tiene como objetivo analizar sistemáticamente los retos en la planificación y gestión financiera de inversiones públicas en unidades ejecutoras policiales, identificando patrones, limitaciones y oportunidades de mejora basadas en la evidencia científica más reciente. Este análisis busca contribuir a la formulación de recomendaciones que permitan optimizar el uso de los recursos y fortalecer la eficiencia y transparencia en el sector. Por lo tanto, la justificación del estudio radica en la necesidad de mejorar la gobernanza y la efectividad del gasto público en el ámbito de la seguridad, un sector estratégico para el bienestar social y la estabilidad institucional. La investigación responde a la urgencia de superar las barreras técnicas, administrativas y políticas que limitan el impacto positivo de las inversiones públicas en las unidades policiales.
Asimismo, la importancia de esta investigación se manifiesta en su aporte para orientar políticas públicas basadas en evidencia, promoviendo la incorporación de tecnologías disruptivas, la profesionalización del capital humano y la implementación de mecanismos participativos de control y auditoría. Estos avances son cruciales para garantizar que las inversiones respondan a las prioridades reales del país y contribuyan a la construcción de un Estado más transparente, eficiente y justo (Rodríguez y Mozo, 2021; Pontón Cevallos, 2023). Finalmente, abordar los desafíos de la planificación y gestión financiera en las unidades ejecutoras policiales requiere una visión sistémica que articule esfuerzos institucionales, tecnológicos y humanos.
Solo de esta manera será posible optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar que las inversiones respondan efectivamente a las necesidades de seguridad ciudadana, contribuyendo al fortalecimiento de la confianza social y la legitimidad del Estado, por lo que es vital analizar de manera exhaustiva los patrones recurrentes, las principales limitaciones y las oportunidades de mejora en la planificación y gestión financiera de inversiones públicas en unidades ejecutoras policiales.
METODOLOGÍA
Esta investigación se desarrolla bajo el enfoque metodológico de revisión sistemática de la literatura, utilizando las directrices PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) como marco orientador. Dicho enfoque permite garantizar un proceso riguroso, transparente y replicable en la identificación, selección, evaluación y síntesis de evidencia científica relevante para el análisis de los Desafíos en la planificación y gestión financiera de inversiones públicas en unidades ejecutoras policiales. La elección de PRISMA se justifica por su idoneidad para sistematizar estudios dispersos en diferentes bases de datos y países, generando un cuerpo de conocimiento comparado que respalde propuestas de mejora en el caso peruano.
El proceso de revisión se desarrolló en cuatro etapas. En la primera fase (identificación), se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de artículos científicos, documentos institucionales y publicaciones oficiales en bases de datos académicas como Scielo, Redalyc, Scopus, y Google Scholar, así como en portales gubernamentales y organismos multilaterales como Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Fondo Monetario Internacional y Departamento Nacional de Planeación (OECD, IMF, DNP, Ministerio de Hacienda, entre otros). Los criterios de búsqueda incluyeron los términos “gestión de la inversión pública”, “unidades ejecutoras”, “Policía Nacional”, “presupuesto institucional”, “seguridad pública” y sus combinaciones en español e inglés. El rango temporal fue de 2021 a 2024, focalizándose en estudios relevantes para América Latina y países con experiencia en modernización de la gestión pública.
Durante la segunda fase (selección), se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para garantizar la pertinencia de los documentos. Se incluyeron artículos en inglés o español que abordaran explícitamente la gestión de la inversión pública en sectores gubernamentales, preferentemente en instituciones policiales o de seguridad, publicados entre 2021 y 2024, con acceso al texto completo. Se excluyeron trabajos duplicados, notas de opinión o documentos sin evidencia metodológica. De un total de 94 estudios encontrados, se seleccionaron 32 documentos para el análisis final.
La tercera fase (evaluación de calidad) implicó una revisión crítica de los artículos seleccionados, considerando aspectos como claridad metodológica, validez interna, contexto geográfico y grado de aplicabilidad al caso peruano. Se empleó una matriz de extracción de datos en Excel que permitió sistematizar información sobre autores, país, año, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Esta matriz fue clave para identificar patrones comunes, enfoques divergentes y vacíos de investigación relevantes para el contexto de la Policía Nacional del Perú.
En la cuarta fase (síntesis de resultados), se procedió a una integración cualitativa de los hallazgos, agrupando los estudios según categorías temáticas emergentes como: planificación estratégica, ejecución presupuestal, sistemas de monitoreo y evaluación, coordinación interinstitucional y gobernanza en el uso de recursos públicos. La síntesis fue redactada en forma narrativa y se acompañó de tablas comparativas para resaltar las similitudes y diferencias entre países. Además, se discutieron las implicancias prácticas de los hallazgos para el diseño de estrategias en la planificación y gestión financiera de inversiones públicas en unidades ejecutoras policiales.
Este enfoque metodológico ha permitido construir una base sólida de conocimiento, orientada a proponer lineamientos técnicos y políticos para mejorar la gestión de la inversión pública en el marco de la seguridad ciudadana. La revisión sistemática bajo el método PRISMA aporta evidencia estructurada que respalda la toma de decisiones informadas, pertinentes y sostenibles para el caso de estudio en la Policía Nacional del Perú, 2025.
Este diagrama permitió visualizar claramente cada una de las etapas de la revisión: en primer lugar, se identificaron 94 registros a través de búsquedas en bases de datos académicas y portales institucionales; posteriormente, se eliminaron duplicados y documentos sin texto completo, reduciendo el total a 67 artículos potencialmente elegibles. Tras una lectura a nivel de título, resumen y criterios de pertinencia temática y metodológica, se seleccionaron 32 investigaciones que cumplieron con los estándares de calidad requeridos. Este procedimiento riguroso garantizó la integridad del corpus analizado y fortaleció la base empírica sobre la cual se fundamentan las conclusiones del estudio, asegurando que los datos considerados fuesen relevantes, actualizados y metodológicamente sólidos, Figura 1.
Los criterios de inclusión definen las características que deben cumplir las fuentes para ser consideradas válidas y relevantes dentro del estudio. En este caso, se incluyen artículos publicados entre 2020 y 2024, que estén enfocados en ciudadanía digital en América Latina y programas de gestión, y que provengan de bases de datos reconocidas como Google Académico, Scopus, WOS, Scielo y Dialnet, además de estar publicados en revistas con credibilidad científica. Esto garantiza que la información utilizada sea actual, pertinente y confiable. Por otro lado, los criterios de exclusión establecen las características que descalifican las fuentes, tales como publicaciones anteriores al año 2020, estudios que no abordan el tema específico de ciudadanía digital en América Latina o que provienen de bases de datos o fuentes no reconocidas, lo que ayuda a evitar información irrelevante o de baja calidad, Tabla 1.
Estos criterios son fundamentales para asegurar la validez y confiabilidad del análisis, al seleccionar únicamente información pertinente y actualizada, y evitar sesgos o datos no representativos. Además, la definición clara de estos criterios facilita la transparencia y replicabilidad del proceso de selección de fuentes en la investigación.
DESARROLLO Y DISCUSIÓN
La revisión de los 32 documentos seleccionados (100%) abarca principalmente artículos académicos (40%), informes técnicos (25%), guías (15%) y documentos oficiales (20%), publicados entre 2020 y 2025. Esta distribución refleja una diversidad metodológica y temática en el análisis de la inversión pública, gestión estatal y temas asociados. Mientras que, las principales bases de datos utilizadas para la recopilación de estos documentos son Google Académico (30%), Scielo (25%), Scopus (20%), Dialnet (10%), WOS (5%) y repositorios institucionales (10%), garantizando la inclusión de fuentes con credibilidad científica y académica. En cuanto a los países de origen o foco de estudio, predominan investigaciones centradas en América Latina (80%), especialmente Perú, México, Colombia, Chile, Argentina, El Salvador y Honduras, con algunos documentos relevantes sobre el Reino Unido y Canadá (20%). Los idiomas predominantes son el español (65%) y el inglés (35%), reflejando la diversidad lingüística de la región y la inclusión de estudios internacionales, Tabla 2.
Entre los principales hallazgos de la revisión destaca la importancia crítica de una inversión pública eficiente como motor del desarrollo nacional, evidenciando que la optimización en la asignación y uso de recursos públicos impacta directamente en el progreso económico y social. En particular, la gestión de riesgos en proyectos públicos emerge como un factor clave para mejorar la eficiencia del gasto. Estudios en América Latina, la implementación de prácticas sólidas de gestión de riesgos como análisis de Monte Carlo, análisis de escenarios y matrices de riesgo adaptadas ha permitido mejorar la eficiencia del gasto entre un 15% y un 35%, con beneficios concretos como reducción de sobrecostos, prevención de retrasos y mejora en la calidad de la infraestructura. El impacto de la pandemia en las contrataciones estatales, especialmente en Perú, ha evidenciado la necesidad de adaptar los sistemas de gestión pública para mantener la transparencia y eficiencia en contextos de crisis, reforzando la importancia de mecanismos flexibles y resilientes.
Además, se identifican dilemas políticos y fiscales en países como Argentina y Colombia, donde la complejidad de las reglas fiscales y la evaluación del gasto público requieren reformas profundas para garantizar la sostenibilidad financiera y la efectividad de las políticas públicas. Lo que muestra tendencias crecientes hacia la sistematización y evaluación rigurosa de políticas públicas y proyectos de inversión, con un énfasis en la sostenibilidad fiscal y la transparencia. Esto implica un avance hacia metodologías más integrales que consideran no solo aspectos financieros, sino también sociales y ambientales, promoviendo una gobernanza más responsable y orientada al desarrollo sostenible.
De ahí que, las investigaciones sugieren que para maximizar el impacto de la inversión pública es necesario fortalecer la capacitación del personal en gestión de riesgos, incorporar tecnologías emergentes para el monitoreo y evaluación continua, y adaptar las prácticas a los contextos socioeconómicos y culturales específicos de cada país. La promoción de una cultura de gestión de riesgos contextualizada y multidisciplinaria se perfila como una línea prioritaria para futuras investigaciones y políticas públicas en América Latina.
Las principales brechas detectadas en la revisión de la literatura sobre inversión pública radican en la limitada integración de enfoques multidisciplinarios en varios estudios. Muchos análisis se centran predominantemente en aspectos financieros o técnicos, dejando de lado perspectivas sociales, ambientales y políticas que son fundamentales para comprender la complejidad y el impacto real de la inversión pública. Esta fragmentación dificulta la formulación de políticas integrales y adaptadas a las necesidades específicas de cada contexto nacional. Además, la falta de datos actualizados y confiables en ciertos países, especialmente en América Latina, limita la capacidad de realizar evaluaciones precisas y oportunas, lo que afecta la toma de decisiones y la implementación de mejoras en la gestión de proyectos públicos.
Otra brecha significativa es la necesidad de fortalecer la gestión de proyectos públicos para mejorar su eficiencia y resultados concretos. Aunque existen avances en metodologías y herramientas de gestión, su aplicación práctica aún es insuficiente o inconsistente en muchos contextos, lo que genera pérdidas de recursos y resultados subóptimos. Asimismo, se observa una carencia relativa de investigaciones que aborden de manera integral los impactos sociales y económicos de la inversión pública, particularmente en contextos específicos donde las condiciones socioeconómicas y culturales influyen decisivamente en los resultados. Esta falta de estudios integrales limita la comprensión de cómo la inversión pública puede contribuir efectivamente al desarrollo equitativo y sostenible, y señala la necesidad de promover investigaciones más holísticas que consideren múltiples dimensiones y actores involucrados
De cara al futuro, se anticipa un crecimiento significativo en la producción de revisiones sistemáticas y evaluaciones técnicas que integren análisis profundos de riesgo, sostenibilidad y gobernanza en la gestión de la inversión pública. Estas evaluaciones permitirán no solo identificar y mitigar riesgos financieros y operativos, sino también garantizar que los proyectos públicos contribuyan a objetivos de desarrollo sostenible y se gestionen bajo principios de transparencia y responsabilidad. La incorporación de estos enfoques multidimensionales responderá a la creciente demanda de políticas públicas más resilientes y adaptativas, capaces de enfrentar desafíos complejos como crisis sanitarias, económicas o climáticas, tal como evidenció la pandemia de COVID-19.
Paralelamente, se prevé un énfasis creciente en la digitalización y en la gestión transparente de la inversión pública, impulsando el uso de tecnologías de la información para mejorar la eficiencia, el monitoreo y la rendición de cuentas. La digitalización facilitará la recopilación y análisis de datos en tiempo real, permitiendo ajustes oportunos y una mayor participación ciudadana en los procesos de inversión. Además, la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas entre países serán elementos clave para fortalecer los sistemas de inversión pública, especialmente en América Latina, donde la heterogeneidad institucional y los desafíos estructurales requieren soluciones colaborativas. Este intercambio promoverá la adopción de estándares internacionales y la innovación en modelos de gestión, contribuyendo a una inversión pública más efectiva, equitativa y sostenible.
Discusión
Los hallazgos obtenidos en esta revisión sistemática permiten identificar una serie de desafíos recurrentes en la planificación y gestión financiera de las inversiones públicas en unidades ejecutoras policiales. Estas dificultades de acuerdo con Cabana et al. (2020), no solo afectan la eficacia institucional, sino también la capacidad del Estado para garantizar una seguridad ciudadana efectiva y sostenible. La evidencia recopilada revela que uno de los principales obstáculos es la débil formulación técnica de proyectos, ya que muchos se diseñan sin un diagnóstico adecuado de las necesidades locales ni proyecciones realistas de impacto (Villalobos et al., 2020).
Además, se observa una falta generalizada de personal calificado encargado de gestionar estos proyectos, lo cual limita su viabilidad y aumenta el riesgo de fracaso operativo (de La Peña et al., 2022). Esta carencia se traduce en una débil articulación entre los objetivos estratégicos establecidos y los recursos disponibles, generando una planificación reactiva y alejada de un enfoque prospectivo (Rodríguez y Mozo, 2021). En este sentido, Pontón Cevallos (2023) destacan cómo la ausencia de capacitación técnica impide que los equipos logren ejecutar adecuadamente los fondos asignados. En cuanto a la ejecución financiera, los datos muestran que menos del 60 % del presupuesto programado suele ser ejecutado dentro del periodo fiscal establecido. Esto se debe principalmente a retrasos en procesos licitatorios, observaciones técnicas y una escasa supervisión durante el desarrollo de las actividades (Blánquez, 2023).
Este problema se agrava por la falta de autonomía operativa de las unidades ejecutoras, lo cual limita su capacidad de respuesta ante imprevistos o ajustes necesarios en el curso de los proyectos (Calzada Olvera, 2022). Por otro lado, se destaca la escasa integración entre niveles de gobierno, lo que genera duplicidad de esfuerzos, ineficiencias y mal uso de los recursos destinados a la seguridad pública (Fernandini y Saavedra, 2025). Verona et al. (2022) coinciden en que, sin mecanismos claros de coordinación interinstitucional, cualquier intento de mejorar la inversión pública resultará insuficiente. Estos autores enfatizan la importancia de construir redes colaborativas entre ministerios, gobiernos locales y organismos internacionales para maximizar el impacto de los recursos.
Otro aspecto crítico es la falta de transparencia y trazabilidad en la gestión de las inversiones, lo cual reduce la legitimidad institucional y fomenta la percepción de corrupción entre la población (Zavaleta Cabrera, 2024). Barragán y Silva (2023) señalan que esto se debe, en gran parte, a la ausencia de sistemas digitales robustos que permitan monitorear en tiempo real el avance de los proyectos. Como solución, algunos estudios sugieren el diseño e implementación de plataformas de control social y auditorías independientes como herramientas clave para mitigar este riesgo. En relación con la gobernanza de las inversiones, existe consenso en la literatura sobre la urgencia de reformar los marcos normativos y técnicos que rigen la planificación y ejecución del gasto público (Bermúdez-Tapia, 2023).
Por lo que, sin un sistema sólido basado en criterios de transparencia, rendición de cuentas y evaluación continua, será difícil avanzar hacia una gestión más eficiente y orientada a resultados (Yerrén, 2022). Además, Livert et al. (2024), resaltan la necesidad de incentivar la mejora continua mediante políticas de reconocimiento y premiación a la excelencia administrativa. Una de las barreras institucionales más persistentes es la inestabilidad normativa y burocrática, que genera cuellos de botella y retrasos innecesarios en la asignación de recursos. Calzada Olvera (2022) afirma que esta situación afecta especialmente a las unidades encargadas de la seguridad, donde la rapidez y precisión en la toma de decisiones son cruciales. Para superar este escollo, se recomienda simplificar procedimientos y dotar a las unidades de mayor autonomía técnica y operativa.
Asimismo, se identifica una carencia de capacidades institucionales sostenibles, lo que dificulta la continuidad de los proyectos más allá de los cambios políticos o administrativos (Rodríguez y Mozo, 2021). Por su parte, Sánchez Acevedo (2022) subrayan que la formación continua del personal técnico y directivo es fundamental para profesionalizar la gestión de inversiones. Proponen además la creación de unidades especializadas en planificación estratégica dentro de las dependencias policiales, con el objetivo de alinear los recursos con prioridades reales de seguridad ciudadana. También se destaca la necesidad de adoptar un enfoque integral y territorializado de la seguridad, que vincule las inversiones públicas con las características específicas de cada región (Chávez y Peña, 2023). Espinoza y Barreto (2023) argumentan que, sin esta perspectiva contextualizada, las intervenciones suelen ser genéricas, poco eficientes y desconectadas de las verdaderas necesidades de la comunidad.
Finalmente, los estudios coinciden en que, para lograr una transformación real en la gestión financiera y planificación de inversiones públicas en contextos policiales, es indispensable transitar hacia un modelo centrado en la transparencia, la evidencia y la rendición de cuentas. Esta visión debe estar respaldada por una política clara de seguimiento y evaluación ex post, que permita aprender de los errores y replicar aquellas prácticas exitosas
CONCLUSIONES
La revisión sistemática realizada permite identificar que las unidades ejecutoras encargadas de la seguridad ciudadana enfrentan desafíos recurrentes en la planificación y gestión financiera de sus inversiones públicas. Entre los principales obstáculos destacan la débil formulación técnica de proyectos, la escasa capacitación del personal técnico, la subejecución presupuestal y la falta de coordinación interinstitucional efectiva. Estas problemáticas afectan negativamente la capacidad operativa de las instituciones policiales y limitan su contribución al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Además, se evidencia una marcada desconexión entre los objetivos estratégicos establecidos y las necesidades reales de los territorios. La ausencia de un sistema claro de monitoreo y evaluación dificulta la rendición de cuentas y reduce la transparencia en la asignación de recursos. Asimismo, se identifica la necesidad urgente de profesionalizar las unidades de planeamiento y dotarlas de autonomía operativa para mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos de inversión.
En este contexto, se hace necesario implementar reformas orientadas a fortalecer la gobernanza institucional, actualizar los marcos normativos y promover una cultura de gestión basada en resultados. Solo mediante estrategias sostenibles, respaldadas por políticas claras de control, transparencia y formación continua del personal, será posible optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar una seguridad ciudadana más efectiva y equitativa.
CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran que no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo científico.
