INTRODUCCIÓN

Para abordar la educación inclusiva se requiere una estructura normativa que fomente aprendizajes significativos de todos los estudiantes. Por tanto, hace falta un marco nacional y provincial que de sustento a la implementación de estrategias pedagógicas inclusivas. Las leyes de educación establecen entre los Lineamientos Políticos la necesidad de propiciar la coexistencia de diferentes ofertas educativas y modalidades a partir de la construcción de equipos disciplinarios. Los alcances de la noción de “diferencias” de cada uno de los alumnos y la atención específica a discapacidades físicas y/o psíquicas están contempladas en este núcleo de La Educación de Calidad y Su Equidad para Todos (^{Cordero et al., 2015}; ^{Monarca, 2011}).

La inclusión dentro de la educación implica la creación ciertas características que en conjunto deben reducir la exclusión y aumentar la participación de estudiantes, también la reestructuración cultural de prácticas de ciertos centros educativos para abastecer la diversidad del alumnado, que busque fomentar el aprendizaje para que los estudiantes con alguna discapacidad formen parte de una sola comunidad y finalmente superen las barreras limitantes de la exclusión para que den paso al refuerzo de sus habilidades intelectuales, físicas y sociales (^{Valdez, 2017}).

La fragmentación social es el proceso que se da por medio de un grupo de personas apartadas ante la sociedad, asimismo, es una estrategia que tiene el poder de dominar la sociedad fragmentada en aquellas situaciones de la población que no solamente está alejada de ese poder, sino afectaría en ciertas capacidades de cada individuo al construir en su mayoría con aspiraciones para alcanzar un predominio en la política, además, existen diversas causas como los bajos niveles económicos, educativos o desigualdad social, lo cual afectaría en aquellas personas que están muy apartados por el resto de la sociedad (^{González, 2018}).

Por consiguiente, en las fragmentaciones sociales no es solamente una simple causa de la desigualdad socioeconómica, sino es el resultado de la indiferencia social y forman procesos de retroalimentación. Sin embargo, la fragmentación socioeconómica y la segregación residencial están asociados con el estilo de vida, además, el empobrecimiento y clases medias es como los efectos de precarizar y fragmentación laboral, ya que es una de las causas que se da en el retiro del estado benefactor y un daño en los niveles de ingreso, asimismo, en la fragmentación sociocultural manifiesta en dicha medida que surgen en los nuevos perfiles de la pobreza, es decir, los ingresos insuficientes, implantación laboral y la violencia urbana (^{Ramírez, 2013}).

En Latinoamérica, los organismos internacionales han evidenciado que la educación inclusiva se ve en riesgo de exclusión educativa, que se encuentra vinculada al contexto de pandemia, ha abierto una brecha educativa, a consecuencia de la inflación económica maximizando y haciendo vulnerables a los estudiantes y se requiere de repensar en propuestas educativas que repercuten en los estudiantes con necesidades educativas especiales (^{Cruz y Hernández, 2022}). Los problemas se suscitan a pesar de que la educación inclusiva se encuentra vigente la agenda al 2030, como objetivo de desarrollo sostenible, con el propósito de establecerlo como estrategia pedagógica y social en favor del bienestar e incrementar la paz mundial y justicia social; promoviendo equidad y promoción de oportunidades de aprender para la vida (^{Galván 2017}).

En el Perú, las políticas educativas enfocadas en la inclusión aún enfrentan serias dificultades en su aplicación efectiva, especialmente cuando se trata de hacer cumplir las normativas existentes. Aunque el marco legal reconoce el derecho a una educación equitativa y libre de discriminación, la falta de mecanismos de sanción y seguimiento limita su impacto real. Esta debilidad institucional refleja que la inclusión educativa no ha sido asumida como una prioridad estatal, lo que deja a estudiantes con necesidades especiales expuestos a situaciones de exclusión. La ausencia de garantías claras y de acciones concretas por parte del Estado contribuye a perpetuar desigualdades en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Por ello, es urgente reforzar los instrumentos legales y asegurar la implementación de políticas públicas que promuevan una educación verdaderamente inclusiva, capaz de atender la diversidad y fomentar la participación de todos sin distinción (^{Quispe y Sulca, 2021}).

La búsqueda de un sistema educativo basado en la igualdad, la participación y la no discriminación es un desafío constante, donde la educación inclusiva se presenta como una alternativa que prioriza la solidaridad, la responsabilidad social y el respeto por la diversidad, en contraposición a la competencia y la selección entre estudiantes (^{Arnaiz, 2019}). Este enfoque promueve el acceso equitativo al conocimiento y fomenta una ciudadanía activa y cooperativa.

Desde la perspectiva de ^{Echeita (2017}), la educación inclusiva implica acoger a todo el alumnado, independientemente de sus necesidades o limitaciones, reconociendo a cada niño como un participante valioso dentro del entorno escolar. Para lograrlo, es fundamental implementar estrategias organizativas y de aprendizaje que aseguren el acceso a espacios comunes, la convivencia basada en el bienestar y el desarrollo de competencias académicas para todos.

Sin embargo, el diagnóstico actual revela una educación fragmentada y procesos de inclusión disociados, donde el Estado no garantiza plenamente la integración de todos los estudiantes. ^{Rodríguez-Rodríguez et al. (2016}) subrayan la necesidad de desarrollar procesos integrales y adecuados a cada contexto para avanzar en este objetivo. La fragmentación educativa se manifiesta en trayectorias escolares incompletas o devaluadas, fenómeno que, según ^{Jiménez et al. (2009}), está estrechamente relacionado con procesos de exclusión social y refleja dinámicas sociales complejas y cambiantes. ^{Santos (2020}) añade que, a pesar de los avances en el acceso, persisten desigualdades que se traducen en abandono escolar, debilitamiento de la cohesión social y distanciamientos culturales.

En este contexto, la presente investigación se propone analizar las políticas públicas de educación inclusiva como una alternativa frente a la fragmentación social en 2023, abordando tanto el análisis de dichas políticas como el estudio de las dinámicas de fragmentación social en el ámbito educativo.

MÉTODO

La presente investigación se enmarca en el paradigma interpretativo, el cual privilegia la comprensión de las experiencias y realidades subjetivas de los participantes, reconociendo la influencia de la cultura, creencias y contexto en la construcción del conocimiento. Bajo este enfoque, el conocimiento se concibe como una construcción dinámica y abierta, que se enriquece a partir de las vivencias humanas y permite el surgimiento de nuevas posibilidades epistemológicas.

El estudio adopta un enfoque cualitativo, caracterizado por su flexibilidad y dinamismo, ya que permite replantear el problema de investigación a lo largo del proceso y adaptarse a las particularidades del fenómeno estudiado. El método seleccionado es el inductivo, el cual parte de la observación de casos particulares para llegar a conclusiones generales, facilitando así la comprensión profunda de las realidades sociales.

Respecto al tipo y diseño de investigación, se optó por una perspectiva cualitativa e interpretativa, orientada a captar los puntos de vista de los participantes (^{Flick, 2007}). El diseño es fenomenológico, centrado en la interpretación y descripción de las experiencias tal como las viven los sujetos, sin realizar inferencias previas. Las categorías y subcategorías analizadas incluyeron políticas públicas de educación inclusiva, fragmentación social y cultural, y medidas de atención a la diversidad.

El escenario del estudio fue una institución ejecutiva de alto nivel encargada de la supervisión de políticas educativas inclusivas. Los participantes fueron cuatro exfuncionarios del Ministerio de Educación, entrevistados individualmente mediante una guía semi estructurada, diseñada para captar sus vivencias y percepciones sobre prácticas inclusivas y derecho a la educación. Las entrevistas fueron grabadas, transcritas y posteriormente analizadas.

El análisis de datos se realizó siguiendo criterios de rigor científico, como credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad. Se empleó la triangulación como método principal, contrastando las opiniones de los participantes para identificar patrones, similitudes y diferencias, y así construir categorías abstractas. El proceso incluyó la elaboración de matrices de categorización, codificación minuciosa, categorización y triangulación, asegurando la validez y confiabilidad de los hallazgos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para efectos del desarrollo del presente trabajo de investigación se ha empleado la técnica de entrevista a especialistas que han sido altos funcionarios del Ministerio de educación Las mismas que han sido debidamente analizadas por el investigador con la finalidad de tener una perspectiva amplia sobre la materia. Asimismo, se ha considerado el análisis normativo y la observación participativa por parte del investigador, Tabla 1.

Tabla 1 Normas de análisis documental respecto a inclusión Educativa 

La Ley General de Educación, promulgada en el Perú en 2003, constituye la base legal del sistema educativo nacional y tiene como finalidad principal garantizar una educación de calidad para todos los ciudadanos. Este marco normativo promueve activamente principios fundamentales como la equidad, la inclusión y la no discriminación. Uno de sus mayores aportes es el reconocimiento explícito del derecho a una educación inclusiva, sin distinción de condiciones personales, sociales o culturales. Esta perspectiva busca asegurar el acceso equitativo al aprendizaje y fomentar oportunidades para el desarrollo integral de todos los estudiantes.

Además, la ley establece la inclusión como eje transversal en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, lo que implica adecuar los procesos pedagógicos a la diversidad de necesidades del alumnado, promoviendo su participación activa y reconociendo el valor de la diferencia. Al mismo tiempo, se orienta a reducir las brechas existentes en el acceso y la calidad de la educación, con el propósito de que cada estudiante, sin excepción, tenga la posibilidad de desarrollar su potencial y alcanzar logros significativos en su formación académica.

Se debe señalar que esta ley carece de directrices específicas sobre cómo implementar la educación inclusiva en las instituciones educativas. Esto puede generar confusiones e interpretaciones diversas, dificultando su aplicación efectiva en la práctica. Otra de las limitantes es la falta de recursos económicos destinados a la inclusión educativa. Esto ha afectado la disponibilidad de infraestructura adaptada, materiales pedagógicos especializados y formación docente en temas de inclusión. También, si bien es cierto que la ley menciona la importancia de la formación docente en inclusión educativa, no establece requisitos específicos ni mecanismos para asegurar que los docentes estén adecuadamente capacitados en este ámbito.

Respecto a la Ley General de la Persona con Discapacidad la misma que fue promulgada en el año 2012 en Perú con el propósito de promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley reconoce la discapacidad como una condición de diversidad y establece medidas para su inclusión en diversos ámbitos, incluyendo la educación.

Uno de los aportes más destacados de este marco legal es el reconocimiento explícito del derecho de las personas con discapacidad a recibir una educación inclusiva y de calidad, en condiciones de igualdad con el resto de la población. Este enfoque se basa en los principios de equidad, no discriminación y respeto a la diversidad, promoviendo oportunidades reales de acceso y permanencia en el sistema educativo. Además, impone a las instituciones educativas la responsabilidad de ofrecer servicios y programas adaptados a las características individuales de cada estudiante, incorporando medidas como la adecuación curricular, la accesibilidad física y la eliminación de barreras que limiten la participación. De igual manera, se valora la participación activa de los propios estudiantes con discapacidad en los procesos que afectan su trayectoria educativa, lo cual fortalece su autonomía y contribuye al desarrollo de una cultura inclusiva basada en el respeto, la corresponsabilidad y el empoderamiento.

Sin embargo, también se debe referir que, pese a los avances en el reconocimiento de la educación inclusiva, la implementación efectiva de la ley ha presentado desafíos, entre los cuales podemos resaltar que existen dificultades en su cumplimiento uniforme en todas las instituciones educativas, lo que puede evidencia en desigualdades en el acceso y la calidad de la educación para las personas con discapacidad. Otra de las dificultades ha sido el la formación y capacitación docente en temas de educación inclusiva y atención a la diversidad han sido insuficientes. Esto ha limitado la capacidad de los educadores para brindar un ambiente educativo inclusivo y adaptar las prácticas pedagógicas a las necesidades individuales de los estudiantes con discapacidad. También se ha evidenciado las barreras físicas y ambientales. Si bien es cierto que la ley promueve la accesibilidad física, todavía existen barreras en las instalaciones educativas que dificultan la participación plena de las personas con discapacidad. Esto incluye la falta de rampas, ascensores, señalización adecuada y espacios adaptados.

De acuerdo al Decreto Supremo N° 013-2017-MINEDU que fue emitido por el Ministerio de Educación de Perú en el año 2017. Este decreto tiene como objetivo establecer disposiciones para garantizar la atención educativa inclusiva de calidad a los estudiantes con discapacidad en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.

Entre los aspectos más relevantes de este decreto destaca su impulso al enfoque de educación inclusiva, al reconocer el derecho de todos los estudiantes con discapacidad a acceder a una formación de calidad en condiciones de igualdad. Su propósito central es erradicar la discriminación y asegurar la participación plena y significativa de este grupo en todos los niveles del sistema educativo.

Para ello, establece que las instituciones deben implementar adaptaciones curriculares y brindar los apoyos necesarios que faciliten el aprendizaje, lo cual promueve una enseñanza más flexible y ajustada a las necesidades individuales. Además, se fomenta el uso de estrategias pedagógicas diversificadas y recursos accesibles, en consonancia con los principios de equidad e inclusión. Finalmente, el decreto resalta la importancia de involucrar a toda la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, familias y docentes, en los procesos de planificación y toma de decisiones relacionadas con la educación inclusiva, fortaleciendo así una cultura de corresponsabilidad y participación colectiva.

Sin embargo, en este marco normativo pese a que las disposiciones establecidas la implementación no ha sido adecuada en las diferentes instituciones educativas y regiones, lo que ha generado desigualdades en el acceso y la calidad de la educación inclusiva para los estudiantes con discapacidad y por ende la fragmentación de la inclusión educativa. La implementación efectiva del decreto se ha visto limitada por la falta de recursos humanos capacitados, materiales didácticos adaptados y apoyos especializados, lo cual ha sido un escollo para brindar una atención educativa inclusiva de calidad.

Respecto a la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación esta norma fue promulgada en el año 2016 y tiene por finalidad promover la inclusión de personas con discapacidad en la educación superior y también garantizar el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la educación superior, promoviendo la inclusión, igualdad de oportunidades y eliminación de barreras.

Entre los elementos a destacar de esta ley es que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la educación superior. También promueve la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior. Y por último, establece la obligación de adaptar los entornos físicos y digitales para garantizar la accesibilidad. Sin embargo, esta ley no establece mecanismos claros respecto a la accesibilidad física y digital en las instituciones de educación superior. Evidencia también la Insuficiente difusión y conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la educación superior.

Respecto a la Ley N° 30797, Ley que promueve la educación inclusiva esta fue promulgada en el año 2018 y busca garantizar una educación que promueva la valoración y respeto por la diversidad cultural y lingüística del país. Reconoce y promueve la educación sin discriminación en los diferentes niveles educativos. Destaca de este marco legal el hecho que fomenta el respeto y valoración de la diversidad social y cultural en el ámbito educativo y promueve la educación inclusiva en todos los niveles educativos. Sin embargo, en la práctica la Insuficiente implementación de la educación intercultural en algunas regiones del país y la necesidad de mejorar la capacitación docente en temas de educación intercultural e inclusiva ha sido los componentes en vías de desarrollo.

Del análisis comparativo de las entrevistas semiestructuradas efectuadas a los participantes se ha obtenido la siguiente información:

Respecto al objetivo general qué era el analizar políticas públicas de educación inclusiva como alternativa al proceso de fragmentación social 2023; se planteó el cuestionamiento respecto a las dificultades que existen para proponer las políticas de inclusión a nivel nacional, se hace necesario determinar políticas adecuadas respecto a la inclusión y que estas estén acordes con las necesidades específicas de inclusión. Se necesario tener en consideración que existen vacíos en sanciones y acciones para la inclusión y control las cuales deben estar dentro del marco normativo establecido. También debe resaltarse la importancia de la inclusión y reconocer la “diversidad” como un concepto fundamental que debe estar presente en las políticas públicas de educación y no solo ser meramente teóricas y que no se reflejan en la realidad, lo que se refleja en que el Estado peruano no prioriza la educación inclusiva. Por eso necesario implementar un nivel organizativo y estructural de nivel escolar que se permita la adecuación a las políticas que deben implementarse dentro del Estado con la finalidad de dotar de un presupuesto adecuado que permita la formación continua de los educadores.

Asimismo, se debe resaltar la necesidad de dotarse de recursos y capacitación para atender a los estudiantes con discapacidad, y estos recursos deben ser adecuados y suficientes para atender la diversidad de demanda de los estudiantes con discapacidad y que estos puedan ser atendidos por entidades que atienden a esta población estudiantil. Es por ello que debe haber una responsabilidad y apoyo del Estado a todo nivel y que estos deben verse reflejado en la priorización de una educación inclusiva en la participen activamente los docentes y que sean estos supervisados por el Estado, esto concuerda con lo señalado por ^{Amaro y Martínez (2020)} el cual hace hincapié sobre la importancia de las familias como el triángulo de la educación: familia, escuela y la educación inclusiva.

Por otro lado, existe la necesidad de dotar de un marco legal adecuado y que no solamente sea enunciativo, sino que permita una real implementación dentro de las instituciones educativas bajo una supervisión adecuada. Es por ello que debe haber una mayor participación y apoyo del Estado en acciones que permitan una intervención respecto a la forma como la educación inclusiva se está llevando de manera efectiva dentro de las instituciones educativas. Para esto es necesario identificar cuáles son demandas amenazas y oportunidades que hay dentro de la educación inclusiva con la finalidad de determinar oportunidades y así orientar las políticas y recursos actuales a acciones que permitan una real inclusión de los alumnos dentro de la gestión educativa de nuestro país.

Respecto al primer objetivo específico que era analizar las políticas públicas de educación inclusiva 2023, se identifican dificultades para lograr implementar las políticas de inclusión a nivel nacional; es claro que existen obstáculos dentro del sistema educativo y que estos no han permitido una implementación real de las políticas de inclusión establecidas por el Estado. Estos obstáculos como lo pueden ser la corrupción, la burocracia, las deficiencias a nivel organizativo, las capacidades desiguales de gestión en el sistema educativo, la falta de difusión y la falta de atención de las necesidades especiales del tipo educativo; han perjudicado durante años la inclusión educativa dentro del Estado.

Es por ello, que se hace importante conocer las políticas educativas y que estas deben ser difundidas en todos los niveles, especialmente entre los docentes para que éstos respeten los derechos de la población educativa con la finalidad de respetar los derechos y así mismo puedan cumplir con sus responsabilidades. A esto se debe sumar estrategias que permitan establecer apoyo a los estudiantes con necesidades educativas especiales, y que esto debe ser velado por los docentes con el apoyo de especialistas y organismos estatales para atender estas necesidades de manera específica y así poder reducir la brecha la inclusión educativa que hay en el Perú.

Es necesario que para la implementación de políticas públicas orientadas a la inclusión la difusión adecuada de las mismas. La falta de difusión y puesta en práctica hacen que no se respeten los derechos de la población para su inclusión y menos aún se asigna responsabilidades dentro de los actores que son partícipes de este tema de gestión inclusiva. Para eso es importante establecer una revisión crítica y reflexiva de las políticas de gestión pública se establecida este respecto y las herramientas implementadas para la inclusión y la equidad dentro de la educación en todos los niveles para velar por una eficiente implementación de la misma.

Cabe indicar que existen barreras que impiden la implementación de las políticas de gestión pública como lo son la falta de formación docente y los recursos limitados para la implementación que deben dotarse en todos los colegios del Perú. Es por ello que establecerse normativas específicas para lograr la atención específica a los estudiantes con necesidades especiales dentro del sector educativo y que esto debe estar adecuadamente supervisada por los órganos gubernamentales para su cumplimiento. Por otro lado, también se establecer sanciones y acciones de seguimiento y control concretas para la implementación de políticas educativas de inclusión dentro de los colegios y qué estás deben tener estrategias de seguimiento con la finalidad de lograr una adecuada gestión no sólo en su implementación sino también en las medidas correctivas que puedan existir al respecto; por ende urge tener un respaldo legal adecuado para el proceso educativo de los estudiantes con necesidades especiales de inclusión y que esos deben estar debidamente normados y supervisados por los órganos gubernamentales establecidos por el estado.

Respecto al cuestionamiento sobre el proceso que se utilizó para la implementación de las políticas de inclusión a nivel nacional; es importante seguir el ciclo de las políticas públicas y qué estás deben estar orientadas a evaluar los efectos de las intervenciones que hay respecto a la inclusión educativa y la forma cómo estás ejecuta dentro de los organismos de educación en el territorio nacional.

Por otro lado, el marco legal vigente, como la Ley 29973 busca en su espíritu una educación inclusiva de calidad en el Perú, cabe indicar que esta ley tiene sus bases técnicas en lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establecida por la ONU, por ende, su cumplimiento debe ser obligatorio dentro del territorio nacional tanto en los organismos de educación privada como pública. Para su cumplimiento es necesario dotar de recursos y capacitación para la implementación de políticas orientadas a la inclusión dispuesta en ella. Está asignación de recursos debe reflejarse en una infraestructura adecuada con mobiliario y materiales acordes para garantizar la igualdad de oportunidades y desarrollo integral de los estudiantes. Así mismo o estos recursos deben garantizar una atención a la diversidad de población que exige su inclusión dentro del sistema educativo y para esto es necesario que se garantice de que la infraestructura y capacitación que recibe las instituciones educativas debe poder satisfacer las expectativas que se tienen al respecto.

Respecto al cuestionamiento sobre a la manera de reducir la brecha de inclusión educativa; es importante potencial el rol del docente en la educación inclusiva. Se debe destacar la importancia de preparar a los docentes con estrategias inclusivas desde su formación inicial, incluyendo cursos específicos en las universidades o instituciones formativas que tengan esta responsabilidad. Es necesario reducir la brecha de inclusión educativa a través de la capacitación de los docentes en estrategias inclusivas. Por eso la importancia de adaptar los materiales de enseñanza al entorno virtual y mantener una comunicación cercana con los padres lo que refrenda con lo señalado por ^{Valdés et al. (2019)}. En general, se evidencia en la actualidad la falta de formación adecuada en atención a la diversidad entre los docentes, lo cual afecta especialmente al docente. Se argumenta que la falta de formación pedagógica básica dificulta la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

También se debe destacar la existencia de diferencias entre áreas rurales y urbanas en términos de calidad educativa y condiciones de vida y expresan preocupación por los estudiantes rurales que enfrentan dificultades relacionadas con una alimentación y salud deficientes, por ello se debe enfatizar la importancia de aceptar y promover la diversidad en la comunidad educativa, cultivando una cultura inclusiva basada en principios de cooperación y respeto hacia la diversidad.

Es relevante que las políticas educativas reconozcan que la equidad en la educación es un objetivo fundamental del Estado, pero se debe señalar que la gratuidad no garantiza el acceso y la culminación de la educación en todos los niveles y por ende plantea la necesidad de abordar desafíos adicionales para ampliar la cobertura y promover una educación inclusiva que atienda las diversas necesidades de los estudiantes, considerando su contexto social, intercultural y personal. También se enfatiza la responsabilidad de los sistemas educativos en gestionar la diversidad estudiantil y maximizar el potencial de cada estudiante y la necesidad de implementar acciones dirigidas a segmentos de la población aún excluidos, manteniendo un enfoque integral.

Respecto al cuestionamiento sobre la forma como las políticas de inclusión deban proponer tutorías individualizadas con el objetivo de que se cumplan los indicadores; debemos señalar que la tutoría inclusiva tiene como objetivo favorecer el desarrollo de todos los estudiantes y fortalecer la cohesión de la comunidad educativa, lo señalado concuerda con lo descrito por ^{Bravo y Santos (2019}) el cual referencia que el favoritismo no siempre es positivo esto debido a gran parte porque no garantizan los procesos exitosos y menos aún refuerza la consolidación de la cultura y práctica inclusiva. Sin embargo, se identifica que los docentes carecen de capacitación y materiales específicos para atender adecuadamente a los estudiantes inclusivos. Además, algunos estudiantes inclusivos pueden experimentar sentimientos de aislamiento y tienen dificultades para interactuar con sus compañeros.

Se debe desatacar la importancia de la tutoría personalizada para los estudiantes inclusivos, reconociendo la necesidad de considerar sus necesidades individuales. También se subraya la necesidad de que el Estado invierta en una educación inclusiva, brindando capacitación a los docentes y especialistas en prácticas pedagógicas inclusivas. Por ende, la realización de tutorías individuales y grupales como una forma de abordar las necesidades de los estudiantes se convierte en una prioridad. La tutoría individual implica un acompañamiento personalizado para establecer un vínculo estrecho con el estudiante, mientras que la tutoría grupal se basa en la participación de profesores reconocidos por los alumnos. Se resalta la importancia de la tutoría personalizada para construir la identidad del estudiante, regular las emociones y desarrollar hábitos de estudio. Además, en este marco se proporcionan criterios, reflexiones y herramientas para llevar a cabo una tutoría efectiva y promover el desarrollo integral de los alumnos.

El desarrollo del estudiante debe considerar la implementación de tutorías individuales y grupales para abordar las necesidades de los estudiantes. La tutoría individual implica un acompañamiento personalizado que busca establecer un vínculo estrecho con el estudiante, mientras que la tutoría grupal se basa en la participación de profesores reconocidos por los alumnos. Se enfatiza la importancia de la tutoría personalizada para construir la identidad del estudiante, regular las emociones y desarrollar hábitos de estudio. Además, se ofrecen criterios, reflexiones y herramientas para llevar a cabo una tutoría efectiva y promover el desarrollo integral de los alumnos.

Respecto al segundo objetivo específico que era analizar el proceso de fragmentación social 2023, se evidenció que existe una clara fragmentación social lo que ha impedido que las políticas educativas dictadas a este respecto no hayan tenido el efecto con el cual fueron creadas. Es por ello que sobre el cuestionamiento sobre las desigualdades educativas que se han evidenciado y que no posibilitan justicia social; al acceso inclusivo al que hace referencia en la legislación en el Perú no se ha implementado completamente ni generado mecanismo al acceso inclusivo a la educación para todos los estudiantes, sin importar la discapacidad. Esto refuerza lo señalado por ^{González (2018}) que identifico que se hace necesario la determinación de políticas que eviten la fragmentación educativa entre las que podrían identificarse como factores la pobreza, la etnicidad, el área de residencia y la discapacidad como obstáculos para el acceso y las oportunidades educativas. También indican que, en términos de equidad en el acceso a la educación, pero se enfatiza la necesidad de ampliar el enfoque hacia el desarrollo de competencias digitales y cognitivas.

En el ámbito de la discapacidad, resulta esencial reconocer y atender los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, como parte fundamental de una educación verdaderamente inclusiva. No obstante, aún persisten desafíos importantes, ya que las desigualdades sociales continúan impactando múltiples dimensiones de la vida, incluyendo el acceso a la educación y otros servicios básicos. La discriminación, el maltrato y la falta de acceso efectivo a la justicia representan barreras que limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Además, factores como la cultura, etnia, religión, origen, nacionalidad e incluso las creencias personales y colectivas contribuyen a reforzar estas desigualdades. En este contexto, avanzar hacia la equidad educativa exige no solo eliminar dichas barreras, sino también ampliar el enfoque pedagógico hacia el desarrollo de competencias digitales y cognitivas, adaptadas a las características individuales de cada estudiante. Atender a esta diversidad no es solo una medida pedagógica, sino una obligación ética y social.

El desarrollo de competencias ha progresado en términos de equidad en el acceso a la educación, pero es necesario enfatizar ampliar el enfoque hacia el desarrollo de competencias digitales y cognitivas. La desigualdad educativa se refiere a la disparidad en los recursos académicos en la sociedad, influenciada por factores como el financiamiento, la calidad de los educadores y el acceso a la tecnología. La condición económica de las familias de los estudiantes puede ser un factor predominante que dificulta el acceso a la educación y afecta negativamente el aprendizaje, así como abordar las desigualdades económicas para promover una educación equitativa.

Respecto al cuestionamiento sobre desigualdades educativa y como estas se han evidenciado en la inclusión educativa; la segregación educativa cuyo efecto determina la asignación a estudiantes con discapacidad a instituciones educativas especiales, lo cual genera desigualdad, ha contribuido a esta exclusión, sumado a la falta de acceso a material educativo, equipamiento y personal capacitado, así como la pobreza. Lo dicho anteriormente corrobora lo señalado por ^{Uribe (2020}), el mismo que evidencia la incapacidad del Estado por atender de manera oportuna la demanda de inclusión en la educación que se presenta y que debe ser atendida por los docentes especializados. Por ello se destaca la necesidad de contar con docentes formados en educación inclusiva, materiales adecuados e infraestructura apropiada para evitar la discriminación y la fragmentación del sistema educativo. Asimismo, existe la discriminación y la segregación en el ámbito educativo, incluyendo la segregación socioeconómica y la segregación en la educación inclusiva.

Se evidencia que los estudiantes inclusivos no tienen acceso a una educación de calidad debido a la falta de preparación de las escuelas regulares para recibirlos conforme lo señalo ^{Martinez (2011}). Además, la segregación por género y la separación entre la educación especial y la regular ahonda las limitaciones a las oportunidades democráticas y esta influye como un elemento fundamental para la democracia de un país. En la práctica, la educación inclusiva presenta deficiencias y contradicciones entre los principios teóricos y su implementación real. Se señala que la inclusión educativa es segmentada y presenta desafíos en términos de equidad y garantía de igualdad de oportunidades. Por ello el estudio de ^{Palacios et al. (2022}) indicaron que la fragmentación social es un problema sociopolítico donde se encuentra fragmentada la sociedad existiendo una ruptura social donde se encuentran los grupos marginados, excluidos, discriminados siendo los estudiantes con NEE. Esta contradicción revela una brecha entre los principios teóricos y la realidad de la educación inclusiva en la actualidad.

Estas acciones deben estar respaldadas por metodologías y estrategias de trabajo que no requieran adaptaciones adicionales. Todo esto debe impulsar la promoción de la equidad y justicia social la misma que busca la equidad, la justicia social y la eliminación de prácticas excluyentes. Los resultados coinciden con el estudio de ^{Palacios et al. (2020}) manifestaron que uno de los factores que afecta la educación inclusiva es la falta de preparación en estrategias inclusivas de los docentes de educación básica, no capacitados para brindar una educación de calidad inclusiva.

Las acciones de inclusión educativa las mismas que deben mejorar el ambiente y la experiencia estudiantil al complementar medidas de apoyo y eliminación de barreras existentes. Para ello es necesario de desarrollar acciones a través de planes, programas y proyectos educativos que promuevan la inclusión educativa. No se proporciona información adicional sobre estas acciones.

CONCLUSIONES

La presente investigación evidencia que las políticas públicas de educación inclusiva constituyen una herramienta esencial para mitigar el proceso de fragmentación social, al promover la igualdad de oportunidades y garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los estudiantes, independientemente de sus características socioeconómicas, culturales o personales. Los resultados destacan la necesidad de reconocer y gestionar la diversidad estudiantil de manera integral, fomentando una cultura inclusiva que fortalezca la cohesión social y el desarrollo equitativo.

No obstante, se identifican desafíos significativos en la implementación efectiva de estas políticas, especialmente en aspectos relacionados con la capacitación docente y la adecuación de los recursos educativos a contextos emergentes como la educación virtual. Asimismo, persisten desigualdades marcadas entre zonas rurales y urbanas, evidenciando la urgencia de diseñar estrategias específicas que atiendan las particularidades y necesidades de los estudiantes en contextos vulnerables.

Finalmente, se concluye que la educación inclusiva, sustentada en políticas públicas sólidas y acompañada de acciones concretas, representa una alternativa viable para superar las barreras que generan fragmentación social, contribuyendo así a la construcción de sociedades más justas, equitativas y cohesionadas. Se recomienda fortalecer los procesos de formación docente, la asignación de recursos y la evaluación continua de las políticas para asegurar su impacto positivo y sostenido en el tiempo.