INTRODUCCIÓN

El campo político latinoamericano de los últimos años ha estado caracterizado por el surgimiento de prácticas ligadas a los preceptos del populismo. Autores como ^{Mila et al., (2022}), han establecido estudios de esta nueva corriente política desde una mirada de izquierdas (como Laclau (2005), Mouffe (1981) y Salomón (2013); por ejemplo), frente a autores con visiones contrapuestas al plano de la derecha Mudde (2015). Tomando en cuenta los principales autores de dichos autores, es posible identificar como elemento en común de ambas corrientes del populismo; etimológicamente derivado del término popularis del latín -o relacionado con el pueblo (Zanatta, 2014), la capacidad de los políticos de capitalizar al público votante bajo una construcción de la identidad del pueblo que adhiera elementos políticos, sociales, culturales e identitarios propios de la realidad multidimensional de dicha nación en la que se vea aplicado este principio.

Como punto de partida, es importante el análisis el cual nos conlleva a efectuar una diferenciación de lo que significa votar o botar, desde el punto de vista fonético, son palabras homófonas cuyos significados establecen la diferencia. De esa diferencia semántica, Quevedo (2022) pretende enriquecer el concepto llevándolo a un contexto político, en situaciones electorales que se dan en Latinoamérica. Con el primer término, alude a un sufragio consciente, esto implica el manejo de conceptos que permitan pensar y explicar fenómenos más complejos a fin de arribar en decisiones políticas y humanas más atinadas. Con el segundo (cuyo significado es arrojar, tirar, desechar), nos conduce a la idea de desperdiciar una oportunidad electoral, en la que el elector podría haber elegido al mejor líder que conduzca el destino de su país.

Otro, hablar del desperdicio de un voto, no se está refiriendo necesariamente al voto viciado, sino a aquellos que, resultandos válidos, van a favorecer a candidatos que no están realmente comprometido con el desarrollo de su pueblo, más bien abrigan intereses particulares o ambiciones egoístas de un grupo. Esto lleva a pensar en los actos voluntarios o involuntarios de muchos electores; voluntario porque siendo consciente del efecto de su voto, priorizan un estímulo material que les condiciona; involuntario porque ensombrece su consciencia las limitaciones informativas, o caen en las influencias manipuladoras de la prensa tradicional.

Al respecto se debe señalar, que, durante las décadas del 70, 80 y en estos últimos años hubo mucha participación y movilización de la gente en temas políticos, así como varios proyectos o propuestas para tratar de mejorar la situación social y económica del Perú, muchos problemas de desigualdad y crisis. Así, ^{Alvarado y Patriau (2009}), señalan que, “los años setenta y ochenta se caracterizaron por una intensa politización social y por diversos intentos políticos de resolver los problemas estructurales de pobreza e inestabilidad de la sociedad peruana” (p. 29).

Entonces, en medio de incertidumbres y crisis políticas, económicas, así como un mayor nivel de pobreza y desempleo en nuestro país aparecen nuevos personajes políticos de un determinado partido o candidato ofreciendo en sus estratégicas campañas electorales, movilizando sus emociones para lograr convencer a la ciudadanía en su decisión en los comicios electorales para ganar un espacio de representación pública como en muchos países.

Otro aspecto relevante, según ^{Geys (2006}), es el de las dos líneas argumentativas, en la primera, los anuncios negativos pueden resultar dañinos para la imagen del candidato atacado y del candidato que profiere el ataque, disminuyendo el apoyo electoral de ambos y reduciendo la participación electoral; de la misma manera, este tipo de campañas desincentivan la concurrencia a las urnas al generar una visión adversa de la política en general. En la segunda línea argumentativa explica que las campañas negativas pueden llegar a incrementar la participación electoral, debido a que se genera una gran carga de información sobre el rendimiento de los candidatos, aspecto que disminuye el costo de información para el votante, construye una imagen definida de los candidatos y tiende a producir respuestas afectivas entre los ciudadanos.

Asimismo, en muchas naciones, ^{Sunkel (2008}), sostiene que, una decepción inicial fue el hecho de que muchos Presidentes que fueron elegidos por sus programas progresistas, en cuanto asumieron sus cargos cambiaron súbitamente su orientación hacia políticas de estabilización y reformas estructurales neoliberales sumamente impopulares. También existe la percepción de que la participación política es irrelevante, pues son los tecnócratas, las elites empresariales (más que nada trasnacionales) y las organizaciones financieras internacionales las que deciden las políticas.

Adicionalmente, produce decepción el que las democracias electorales procedimentales no hayan promovido la participación sociopolítica y que tengan poco que mostrar en términos de mejoras económicas y de reducción de la pobreza, la injusticia social y la desigualdad. Mientras tanto, la corrupción persiste o incluso ha empeorado, en buena parte vinculada a la privatización de empresas públicas. Existe también una crisis de representación, particularmente en relación con los jóvenes, pues los partidos políticos y la clase política no cumplen su función de percibir, entender y articular las viejas y nuevas demandas de la sociedad.

En relación a lo expuesto, la polarización política en opinión de ^{Schuliaquer y Vommaro (2020}), es un fenómeno que se manifiesta en el ámbito político, donde las actitudes y creencias de los colectivos se intensifican, llevando a la reducción de posturas a esquemas opuestos y excluyentes. Este proceso implica que el pensamiento individual se subsume en el marco ideológico del grupo de identificación, lo que resulta en el rechazo de posturas opuestas y de quienes las adoptan. Se manifiesta de diversas formas, incluyendo la división profunda entre partidos políticos, la disminución del compromiso, la falta de tolerancia hacia puntos de vista opuestos, y una tendencia hacia el extremismo en el debate político.

Cabe resaltar que en la polarización política alcanza unos niveles que son importante y se ha dado a conocer mediante ^{Berrocal et al., (2023}), el primer nivel se refiere a polarización en las élites, los líderes políticos adoptan posturas más extremas. En el segundo nivel se encuentra la polarización popular, donde la población se posiciona en visiones extremas y en el tercer nivel la polarización afectiva, en este nivel, los individuos no solo discrepan, sino que desarrollan animadversión hacia el polo opuesto.

Además, la polarización para ^{Villa et al., (2024}), incluye contenidos afectivos relacionados con la ideología, que admiten la diferencia entre grupos, favoreciendo divisiones severas entre "nosotros" y "ellos". Se generan vínculos personalistas con los candidatos electorales que conllevan una consideración del otro como enemigo. Esta dimensión emocional y afectiva se despliega en la vida social y en las relaciones cotidianas, trascendiendo la contraposición ideológica.

Dentro de este orden de ideas, la medición de la polarización ideológica según ^{Villanueva y Almagro (2022}), se realiza evaluando la posición (conservadora o progresista) que los individuos adoptan sobre diferentes temas. La polarización ideológica o partidista se manifiesta en la tendencia de los individuos a adoptar la posición de su partido al pensar sobre los diferentes asuntos. En un sistema polarizado, los votantes de un partido adoptan posiciones consistentes con la ideología de su partido, mientras que las personas moderadas muestran planteamientos más diversos.

Entonces, la polarización política puede ser tanto causa como efecto de tensiones y conflictos dentro de una sociedad. Entre sus orígenes se encuentran factores estructurales como el sistema electoral y las dinámicas de partidos. La presencia de medios de comunicación alineados con ideologías específicas puede intensificar la polarización al ofrecer información sesgada. En la historia estadounidense, la polarización ha estado influenciada por el sistema de elección mayoritario y la división regional dentro de los partidos políticos. Los períodos de polarización extrema han ocurrido cuando el conflicto entre los partidos se vuelve completamente unidimensional, como durante la Guerra Civil.

Por consiguiente, la polarización ideológica puede condicionar la interacción y el entendimiento entre los partidos políticos, generando efectos políticos desfavorables. Un alto nivel de polarización puede propiciar la irrupción de partidos antisistema y debilitar la legitimidad y la estabilidad del sistema político. Asimismo, la polarización puede generar conflictividad política, movimientos de protesta y problemas de gobernabilidad debido a bloqueos institucionales y la incapacidad para generar coaliciones de gobierno (^{Barreda y Ruiz, 2020}). Dentro de este marco, la polarización dificulta el establecimiento de acuerdos y compromisos entre los partidos, lo que comporta consecuencias políticas e institucionales desfavorables. En sistemas de partidos altamente polarizados, pueden surgir problemas como la inestabilidad política y las dificultades para la gobernabilidad, incluyendo la parálisis institucional.

En su análisis sobre las elecciones en Latinoamérica, Quevedo Pereyra plantea la pregunta de si los latinoamericanos en las elecciones "votan o botan". Este cuestionamiento sugiere una reflexión sobre si los ciudadanos eligen opciones políticas de manera informada y reflexiva, o si simplemente rechazan (botan) a los líderes o partidos en el poder como una forma de expresar su descontento. Un ejemplo de esto, es la primera vez que un izquierdista gana elecciones en Colombia. El análisis de Quevedo Pereyra podría enmarcarse dentro del contexto más amplio de la polarización política y el auge de liderazgos populistas en la región.

En ese orden, el régimen político corresponde a la expresión del sistema político que articula a una sociedad (Zamorano, 2018), fundamentado en estructuras ideacionales inherentes a la nación y susceptibles de tergiversación por los actores políticos. En Latinoamérica los regímenes políticos históricamente expresan anclajes ideacionales (^{Hawkins y Rovira, 2017}; ^{Mainwaring y Pérez, 2013}), donde las constituciones de los Estados como pacto social expresan la legalización del régimen, que no deviene necesariamente en la legitimación de los gobiernos (^{Sotillo, 2015}).

En esta perspectiva, ^{Cáceres y Quevedo (2021}), han dicho que, los Estados se encuentran “dotados de estructuras que garantizan la trascendencia del orden constituido y el equilibrio en las relaciones de poder entre actores sociales con la preminencia de líderes visibles para las masas quienes encarnan la figura del protector promoviendo redes clientelares” (p. 52). La afirmación de estos autores, es que los Estados están dotados de estructuras que garantizan la trascendencia del orden constituido sugiere que las instituciones estatales están diseñadas para mantener el sistema político existente. Esto implica que el Estado tiene mecanismos establecidos para preservar su estabilidad y continuidad, lo que es fundamental para la gobernanza efectiva. La trascendencia del orden constituido implica que este orden no solo debe ser mantenido, sino también legitimado ante la ciudadanía.

Desde la perspectiva de Gastón Jorge Quevedo Pereyra, su análisis destaca que las estructuras ideológicas presentes en los regímenes predominantes moldean las dinámicas de la Presidencia y su entorno, influyendo directamente en los indicadores y dimensiones de la democracia, así como en el respeto y ejercicio de los Derechos Fundamentales y Sociales. En este marco, América Latina atraviesa una etapa caracterizada por un desarrollo desigual de los procesos democráticos. Esto se evidencia en la coexistencia de países con democracias consolidadas, como Uruguay, Costa Rica y Chile, junto a Estados con regímenes autoritarios, entre ellos Nicaragua, Venezuela y Cuba.

En consecuencia, las características de los regímenes políticos determinan distintos grados de democratización, los cuales se reflejan en la protección o vulneración de los Derechos Fundamentales y Sociales. En los sistemas autoritarios, es común observar estrategias institucionales que limitan el ejercicio efectivo de derechos políticos. Estas estrategias suelen estar fundamentadas en estructuras ideológicas que distorsionan los valores democráticos y alteran sus indicadores clave. A pesar de los esfuerzos realizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante controles de convencionalidad, no se ha logrado frenar el deterioro progresivo de las bases democráticas que impulsaron la ola democratizadora del siglo XX en la región. Por el contrario, la aparición de gobiernos personalistas bajo regímenes presidenciales con tintes neocaudillistas ha debilitado aún más los valores democráticos, contribuyendo al aumento significativo en la vulneración de derechos fundamentales y sociales.

Por supuesto que este fenómeno, lleva a redactar que el objetivo de este artículo es analizar desde la sistematización de documentos la polarización política-ideológica en las elecciones Latinoamericanas desde la perspectiva de Gastón Jorge Quevedo Pereyra, considerando las políticas estabilidad de los regímenes democráticos, la insatisfacción de la ciudadanía, se trató tal vez de una estrategia política para ganar el apoyo de las clases medias y altas, y de los organismos financieros internacionales, que exigían reformas estructurales para la garantizar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Como es que, las instituciones políticas y de los grupos y liderazgos que compiten por el gobierno solo buscan favorecerse a costa de sus engañosas campañas electorales.

MATERIALES Y MÉTODO

El artículo se desarrolló bajo el paradigma interpretativo, enfoque cualitativo, el método es la sistematización de documentos, y el diseño fue documental, que requiere un proceso riguroso de selección, análisis y síntesis de la información, utilizando todo material escrito relacionado con la polarización política-ideológica en las elecciones Latinoamericanas, especialmente artículos científicos, literatura y estándares nacionales y organizados internacionalmente, además de examinar periódicos como parte de la búsqueda de información importante para el desarrollo de la investigación. El análisis de libros y artículos de revistas indexadas como método de investigación requiere un análisis sistemático de muchos artículos que documentan un período determinado, tanto legal como social. La muestra son los documentos alusivos al tema material particulado y humedad de suelo tanto nacional como internacional.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Gastón Jorge Quevedo Pereyra, en su estudio sobre la polarización política-ideológica en Latinoamérica, establece lo siguiente: la política latinoamericana se ha caracterizado por el surgimiento de liderazgos populistas radicales, tanto de izquierda como de derecha, lo que ha intensificado la polarización política en el continente. A su vez mencionó que, América Latina ha experimentado un desarrollo desigual de los procesos democráticos, observándose polarizaciones que van desde estados con altos niveles de democracia hasta regímenes autoritarios.

Por otro lado, no se puede pasar por alto su postura sobre los regímenes autoritarios en Latinoamérica, porque estos se caracterizan por la concentración del poder en la figura presidencial, limitando las libertades políticas y restringiendo la crítica3. Estos regímenes minimizan los Derechos Fundamentales y Sociales, argumentando que los intereses colectivos prevalecen sobre los derechos individuales. Dijo también que, en la polarización, el caudillo personifica la lucha de las víctimas contra el opresor, lo que legitima sus acciones y permite la tergiversación del principio de división de poderes.

En términos generales, los que han considerado a este autor, han dejado claro que, en los autoritarismos se observa la replicación de estrategias institucionales de minimización en el ejercicio de derechos políticos, fundamentado en estructuras ideacionales que permean los valores democráticos y tergiversan las dimensiones e indicadores de la democracia y la existencia de un debilitamiento de valores democráticos, es decir, la emergencia de gobiernos personalistas en regímenes presidenciales neocaudillistas, debilitan los valores democráticos y registran un exponencial crecimiento en la vulneración de Derechos Fundamentales y Sociales.

Por consiguiente, los Estados latinoamericanos según el análisis realizado a los documentarnos, se encuentran vinculados a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por

lo que, en principio, están obligados a cumplir con las decisiones emanadas del CIDH. De lo que se desprende que las fuentes del derecho en materia de Derechos Fundamentales son por principios nacionales e internacionales, aun cuando el debate doctrinario en materia de positivación de los Derechos Fundamentales persista y que Latinoamérica constituye un continente de vanguardia en materia de ratificación de tratados de Derechos Fundamentales, continentales y universales. Al año 2020 Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay eran los únicos países que había ratificado la totalidad de los 18 tratados en materia de Derechos Fundamentales emanados de convenciones ONU (ONU, 2020). Observándose en la Figura 1:

Figura 1. Tratados sobre DDHH ratificados por Estados Latinoamericanos 

No obstante, la ratificación de tratados no deriva en la aplicación de los mismos o la positivación de las normas contenidas en éstos (Anaya, 2017). Para el año 2018 la CIDH, registró un total de 2957 peticiones disgregadas entre los países latinoamericanos tal y como se observa en el gráfico 1:

Figura 2. Peticiones presentadas antes la CIDH año 2018 Nota: en el gráfico se observan Peticiones presentadas antes la CIDH año 2018. Fuente, CIDH (2019). 

En la última década, los indicadores de los Estados latinoamericanos muestran un aumento en la vulneración de los derechos fundamentales (CIDH, 2019a). Sin embargo, las acciones de los organismos internacionales de monitoreo y judiciales de Derechos Fundamentales no resultan en acciones coercitivas sobre los infractores, ya que el signatario de la Convención no establece relaciones vinculantes con la Corte Interamericana. En la mayoría de los casos, las sentencias incluyen recomendaciones del organismo para reparar el daño causado, y solo en situaciones excepcionales, a petición de uno o varios Estados, podrían derivar en acciones políticas y económicas justificadas en base a las sentencias emitidas, aunque no como una acción judicial directa de los organismos internacionales.

Discusión

El estudio de Gastón Jorge Quevedo Pereyra sobre la polarización política-ideológica en Latinoamérica resalta puntos críticos sobre la situación política actual de la región. Este investigador señala que la política latinoamericana se ha visto marcada por el auge de liderazgos populistas radicales, tanto de izquierda como de derecha, lo cual ha intensificado la polarización política en el continente. Estos líderes a menudo explotan las divisiones sociales para obtener apoyo, polarizando aún más a las comunidades y socavando los valores democráticos. Este consenso se alinea a lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas (2023), al manifestar que, la polarización política en América Latina tiene una importancia significativa debido a su impacto multifacético en la estabilidad, la gobernabilidad, el desarrollo socioeconómico y las instituciones democráticas de la región.

Así mismo plantea que, América Latina ha experimentado un desarrollo desigual de los procesos democráticos, observándose polarizaciones que van desde estados con altos niveles de democracia hasta regímenes autoritarios, lo cual refleja la complejidad del panorama político en la región. Esta polarización puede generar sistemas de partidos más inclusivos, donde tengan cabida demandas muy diferentes entre sí y que serían representadas por los partidos. Estos hallazgos coinciden con lo establecido por ^{Barreda y Ruiz (2020}), el cual alega que, la polarización sobre los sistemas políticos vive en la actualidad un renovado interés. En Estados Unidos el aumento del enfrentamiento entre las élites de los partidos ha contribuido a que se tome conciencia de la relevancia de esta temática. Pero no es Estados Unidos el único país donde la polarización ha cobrado protagonismo.

Y que, los regímenes autoritarios en Latinoamérica se caracterizan por la concentración del poder en la figura presidencial, limitando las libertades políticas y restringiendo la crítica. Estos regímenes minimizan los Derechos Fundamentales y Sociales, argumentando que los intereses colectivos prevalecen sobre los derechos individuales. En la polarización, el caudillo personifica la lucha de las víctimas contra el opresor, lo que legitima sus acciones y permite la tergiversación del principio de división de poderes.

Por otra parte, el análisis sobre la replicación de estrategias institucionales en los autoritarismos latinoamericanos revela un patrón preocupante en la erosión de los derechos políticos y democráticos. Se observa que, a través de estructuras ideacionales que permean los valores democráticos, estos regímenes no solo minimizan el ejercicio de derechos políticos, sino que también distorsionan las dimensiones e indicadores que definen la democracia. Este fenómeno se manifiesta en el crecimiento de gobiernos personalistas, donde el líder se convierte en el eje del poder, debilitando así los principios democráticos y fomentando la vulneración de Derechos Fundamentales y Sociales.

Se puede alegar que, la aparición de gobiernos neocaudillistas en regímenes presidenciales ha llevado a una concentración del poder que limita las libertades políticas. Esto se traduce en un debilitamiento generalizado de los valores democráticos, donde las decisiones del ejecutivo prevalecen sobre el marco legal y constitucional. La legitimidad democrática inicial de estos líderes, obtenida a través de elecciones competitivas, se ve socavada por prácticas que atentan contra el estado de derecho y que, a pesar de que muchos Estados latinoamericanos están vinculados a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la realidad es que el cumplimiento de estas obligaciones es frecuentemente ignorado. La existencia de un marco normativo robusto no garantiza su aplicación efectiva, lo que refleja una desconexión entre el compromiso formal y la práctica real en la protección de los derechos humanos.

En este mismo orden de ideas, Latinoamérica ha sido pionera en la ratificación de tratados internacionales sobre Derechos Fundamentales. Sin embargo, esta vanguardia contrasta con la realidad de su implementación, ya que muchos países enfrentan desafíos significativos para garantizar los derechos humanos en sus territorios. La situación actual pone en evidencia que la mera ratificación no es suficiente; es necesario un compromiso genuino por parte de los gobiernos para traducir esos compromisos en acciones efectivas.

CONCLUSIONES

La polarización política en América Latina es un fenómeno complejo con diversas manifestaciones y consecuencias. La polarización puede conducir al estancamiento legislativo, dificultando la aprobación de políticas y reformas cruciales. Cuando las facciones políticas priorizan sus intereses sobre el bienestar nacional, la confianza en los organismos gubernamentales disminuye, lo que potencialmente erosiona el estado de derecho y los mecanismos de rendición de cuentas. Abordar esta polarización requiere esfuerzos concertados para fomentar el diálogo, fortalecer las instituciones y promover el compromiso cívico para construir una sociedad más inclusiva y resiliente en la región.

Se concluye además que, la situación política en América Latina presenta un panorama complejo donde el autoritarismo se manifiesta a través de la minimización sistemática de los derechos políticos y una distorsión del concepto democrático. La emergencia de gobiernos personalistas y neocaudillistas ha llevado a un debilitamiento significativo de los valores democráticos, lo cual repercute negativamente en el respeto y protección de los Derechos Fundamentales y Sociales.

Todo esto lleva a pensar que es crucial que los Estados latinoamericanos no solo ratifiquen tratados internacionales, sino que también implementen políticas efectivas para garantizar el respeto a estos derechos. La comunidad internacional debe jugar un papel activo en monitorear y presionar a estos gobiernos para asegurar que cumplan con sus obligaciones. Solo a través del fortalecimiento real de las instituciones democráticas y el respeto por el estado de derecho se podrá revertir la tendencia hacia el autoritarismo y asegurar un futuro más democrático para la región.

Se pudo encontrar entre lo escudriñado que, la aparición de gobiernos personalistas ha llevado a una notable concentración del poder en manos de líderes carismáticos, lo que limita las libertades políticas y socava los valores democráticos. Esta tendencia se traduce en decisiones ejecutivas que a menudo ignoran el marco legal y constitucional, lo que pone en riesgo el estado de derecho. Aun cuando muchos Estados latinoamericanos están vinculados a tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la CIDH, el cumplimiento de estas obligaciones es frecuentemente deficiente. Esto evidencia una desconexión entre el compromiso formal de los gobiernos y la implementación efectiva de políticas que protejan los derechos humanos.

Aunque Latinoamérica ha sido pionera en la ratificación de tratados internacionales sobre Derechos Fundamentales, la realidad muestra que esta vanguardia no se traduce necesariamente en una protección efectiva de estos derechos. Muchos países enfrentan desafíos significativos para garantizar su cumplimiento, lo que subraya la necesidad de un compromiso genuino por parte de los gobiernos. Para revertir la tendencia hacia el autoritarismo y fortalecer la democracia, es esencial promover un cambio estructural que incluya el fortalecimiento de las instituciones democráticas y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Esto implica no solo ratificar tratados, sino también garantizar su aplicación real en todos los niveles del gobierno.

En resumen, la situación actual en América Latina exige un análisis profundo y un enfoque proactivo para fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos, asegurando que los compromisos internacionales se traduzcan en acciones concretas y efectivas.