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Tinkazos

versión On-line ISSN 1990-7451

Tinkazos v.11 n.25 La Paz nov. 2008

 

 SECCIÓN III

INVESTIGACIONES

 

Descentralizar o no descentralizar: los debates sobre la forma del Estado en la posguerra del Chaco1

Hernán Pruden2

Este artículo propone una revisión del debate que caracterizó a la posguerra del Chaco sobre la forma del Estado, y opuso a quienes propugnaban que el descentralismo era la solución para los males del país contra quienes defendían la creación de un Estado central fuerte. El foco principal son las disputas que tuvieron como escenario la Convención de 1938 y que a la vez reflejaban las de la esfera pública, y refluían sobre ella.


Los defensores de las autonomías departamentales sostienen hoy en Bolivia que el principio que los anima es el sentido común sobre la mejor forma de hacer más eficiente al Estado. Procuran encontrar los fundamentos de su legitimidad en una lucha que consideran ya centenaria, originada casi al mismo tiempo que Bolivia nació a la vida republicana. Una lucha única, que enarboló las banderas del federalismo o del descentralismo, como ahora las de la autonomía.

Si nos acercamos a los contextos históricos específicos donde estas diversas posiciones militaron, veremos que durante el siglo XX carecieron de la natural espontaneidad que alegan, y surgieron en momentos de crisis donde se confrontaban distintos modos posibles de solucionar los problemas nacionales. En el nivel local, el descentralismo supo ser ideario y plan de acción de quienes buscaron desvincularse de un poder central que encarnaba proyectos de cambio social. En el nivel nacional, por el contrario, fortalecer al Estado central tenía como corolario tan deseado como inevitable la desestructuración y aun desorganización del poder local, asociado al viejo orden: condición necesaria, aunque no suficiente, para llevar a buen término un plan de gobierno.

En este artículo propondré una revisión del debate que caracterizó a la posguerra del Chaco sobre la forma del Estado, que opuso a quienes propugnaban que el descentralismo era la solución para los males del país contra quienes defendían la creación de un Estado central fuerte. El foco principal serán las disputas que tuvieron como escenario la Convención de 1938 y que a la vez reflejaban las de la esfera pública, y refluían sobre ella. En cada caso, me ocuparé del sistema de argumentos con que los unos defendían los méritos de su posición, y atacaban lo que percibían como vicios de la de sus contrarios. Por último, analizaré qué efectos produjo la decepción de los representantes del Oriente con la Asamblea Constituyente. Los más entre ellos se radicalizaron, y finalmente fundaron un partido regional, el Partido Oriental Socialista (POS), que a principios de 1939 planteó las particularidades étnicas, geográficas e históricas de la región y las volvió el centro de su discurso político.

Desde que, a fines del siglo XIX, había quedado desplazada de sus mercados altiplánicos por la construcción de ferrocarriles que unían los puertos del Pacífico con los centros mineros del altiplano, la elite cruceña planteó dos reclamos de cuya difícil conciliación dependería la historia posterior: quería reintegrarse a la nación y autogobernarse en los asuntos locales. Cuando estas posiciones fueron defendidas por las armas, bajo la forma más o menos bien organizada de rebeliones o sublevaciones regionales, el conflicto con el poder central alcanzó su máxima violencia. Esto se vio con Andrés Ibáñez y los igualitarios, con la rebelión de los Domingos y, ya en el siglo XX, con las luchas bajo la consigna “Ferrocarril o nada” de la década del 20.

A fines de la década del 20, como enfatizaron Klein y Malloy, aparecieron con claridad los límites de una economía basada en el estaño. Los bajísimos precios internacionales del metal implicaron una reducción de los ingresos fiscales. Más de la mitad de los mismos fueron utilizados para pagar los servicios de la deuda externa y el presupuesto militar. Como estos desembolsos coincidieron con la gran depresión de 1929, el resultado fue una situación bastante catastrófica (Malloy, 1989:98-100). Para encontrar una solución a la crisis, el gobierno nacionalista de Hernando Siles la buscó en una Convención constituyente. Antes de que pudiera convocarla, sin embargo, una Junta Militar ocupó el gobierno desde junio de 1930 (Klein, 1995:126-127). La maniobra militar contra el gobierno de Siles contó con el apoyo de “liberales y salamanquistas desplazados el 20 por Saavedra, a los saavedristas desplazados desde el 26 por Siles”, así como de militantes universitarios y de una serie de intelectuales, a quienes Céspedes bautizó como los “sabios asesores”, asignados uno para cada miembro de la Junta (1987:103, 117, 123). La Junta utilizó como una de sus mayores excusas la  intención del presidente Siles de reformar la Constitución para así extender su mandato por un segundo período consecutivo. En su discurso inaugural, el general Carlos Blanco Galindo, que presidía la Junta, fue muy cuidadoso al respecto, e insistió en el carácter de “restauración legal” de la intervención militar en “resguardo de la Carta Constitucional” (Díaz, 1955:156). La crisis intentó salvarse con una serie de reformas a la Constitución de 1880, planeadas por Daniel Sánchez Bustamante, “principal consejero civil de la Junta” (Klein, 1995:137). Como una forma de darle una pátina de legitimidad a las reformas, propuestas por una Junta militar de gobierno, se las sometió a referéndum. Sería el primero en la historia constitucional boliviana, donde de hecho no estaba previsto. 

El Referéndum

El referéndum se realizó el 11 de enero de 1931 y ganó la opción por la “descentralización administrativa” junto con otras reformas como la autonomía universitaria y el hábeas corpus. Por la reforma descentralizadora hubo 22.458 votos contra 6.251, o sea un 78% por el sí y un 22% por el no (El Diario [ED], 24.2.1931). Eran aún tiempos de voto restringido, donde sólo podían votar quienes estaban inscritos en el registro electoral. Para inscribirse, además de ser boliviano y hombre, era necesario ser alfabeto y mayor de 21 años o estar casado. Para esa votación habían inscritos en el registro electoral “51.000 y poco más” sobre una población que podemos estimar en dos millones (La Razón [LR], 7.1.1931).3 En esa elección votó poco más de la mitad de quienes estaban habilitados para hacerlo, cifra llamativa por lo baja si la comparamos con asistencia electoral en las elecciones presidenciales previas (79.281 en 1917 y 54.068 en 1925, Barragán, 2005:300).

El criterio adoptado para computar los votos del referéndum era favorable a una de las dos posiciones: los votos en blanco “se reputarán como afirmativos” (Anuario Administrativo [AA], 1932:1911). Este principio resultó sumamente útil: según se denunció en la prensa, “la mayor parte de las respuestas que se han tomado como afirmativas son votos en blanco” (ED, 16.1.1931).  La Junta encabezada por Blanco Galindo incorporó la reforma a la Constitución a través del Decreto-Ley del 23 de febrero de 1931 (AA, 1931:291-293).

En un intento por otorgar legalidad a la reforma descentralizadora, el Congreso Nacional llegó incluso a decretar una Ley Orgánica de Administración Departamental el 17 de noviembre de 1932. En su extenso articulado había cambios pero también continuidades con relación a las Constituciones previas. El presidente de la República seguía designando al prefecto, pero no según su solo arbitrio, sino sobre la base de una “lista propuesta por la Asamblea Departamental”. En el departamento, el prefecto sería el “gobierno superior en lo político” tal como había sido especificado por la primera Constitución de Bolivia del año 1826. También lo sería en el aspecto económico, como había quedado consignado en las constituciones desde 1871, y en lo administrativo, como constaba en la Carta Magna de 1880. La Asamblea Departamental estaría compuesta por procuradores electos en la capital y las provincias y por “Senadores y Diputados Nacionales del departamento”. Entre las facultades de la asamblea estarían “elegir a los senadores del departamento”, “regular los asuntos de interés colectivo” del departamento, decidir sobre impuestos, “contratar empréstitos” para obras públicas, “establecer el régimen de la policía”, organizar la “instrucción pública” del departamento y “la apertura y conservación de los caminos” (Anuario Legislativo [AL], 1933:90-100). 

En la institución de la Asamblea Departamental, se reconoce la impronta de los Concejos Municipales. Estos últimos aparecen a su vez como institución en la Constitución boliviana desde 1839. Estuvieron ausentes en las de 1843 y 1851, y reaparecieron en la de 1861 bajo el acápite de Municipalidad. Ya en la Constitución de 1839 se establecían como funciones de los Concejos Municipales un rol activo en las obras públicas, la educación y la recaudación de impuestos municipales.4

Una vez aprobada por el Congreso, la Ley Orgánica de Administración Departamental fue presentada al Poder Ejecutivo. El presidente Daniel Salamanca vetó la reforma, pues consideraba que al enfrentar el país un conflicto internacional no era aconsejable la transformación ya que aflojaría “los resortes de los cuales depende la defensa nacional” (AL, 1933:101).

El tema reapareció durante el ejercicio legislativo de 1934, en plena Guerra del Chaco: se debatió la  aceptación del veto presidencial a la reforma descentralizadora. El voto fue nominal. El ‘sí’ (esto es, la negativa al veto) ganó en el Senado y el ‘no’ (su aceptación) en Diputados. En total hubo 39 votos por el ‘sí’ y 38 por el ‘no’. Si bien la postura de insistir con la ley obtuvo la mayoría absoluta, no consiguió los dos tercios necesarios, y la reforma quedó archivada (Redactor del H. Congreso Nacional [R], 1936:317).

La Guerra del Chaco no sólo dio una excusa para no implementar la reforma, también mostró los límites de la concepción de país que la clase dominante había manejado hasta ese momento. Después de la derrota bélica frente al Paraguay, comenzó a ser parte del sentido común que no era posible continuar con el andino-centrismo: era necesaria una política territorialista de integración y desarrollo que fuera más allá del altiplano y los valles. A mediados de mayo de 1936, se produce el golpe que desplaza al presidente liberal José L. Tejada Sorzano y coloca al coronel David Toro a cargo de la Junta de Gobierno. El nuevo grupo en el poder estaba formado por “oficiales jóvenes íntimos de Toro y Busch, los socialistas de Baldivieso y los republicano-socialistas de Saavedra” (Klein, 1995:263). Poco después del golpe, la prensa difunde los 52 puntos del “programa mínimo” del nuevo gobierno. Los primeros puntos se referían al arreglo de límites con el Paraguay y a establecer un sistema de “democracia funcional”, eufemismo de la época para referirse a la representación corporativa, tanto para las alcaldías como para el parlamento (Klein, 1965:42). Inmediatamente después, como cuarto punto, reaparecía el tema de la “Reforma del régimen político administrativo” (LR, 26.5.1936).

La Convención

Toro, en un intento por dar institucionalidad a su proyecto, creó por Decreto Supremo del 12 de septiembre de 1936, una “comisión revisora de la Constitución Política del Estado”, que con el objetivo de “llevar a cabo la estructuración jurídica fundamental de la República” estaría “encargada de complementar o proponer las normas fundamentales que se inspiren en las necesidades, políticas, económicas y sociales de la Nación” (AA, 1940:1883-1884).

En julio de 1937, el teniente coronel Germán Busch desplazó a Toro y se convirtió en presidente de la Junta Militar de Gobierno. Este desplazamiento tuvo como objetivo “rectificar” ciertas desviaciones de Toro, quien parecía estar planeando extender su permanencia y consolidar su proyecto de un Partido Socialista de Estado que dejase fuera a los grupos tradicionales (Gallego, 1992:15). La ascensión de Busch parece haber ilusionado a los partidos tradicionales que incluso le pidieron que restaurase la Carta Magna de 1880 (Díaz, 1957:65). Fue así como Busch, el 29 de julio de 1937, decretó vigentes la Constitución Política del Estado de 1880, con las modificaciones y reformas introducidas por la Convención de 1920 y el Referéndum de 1931, las leyes, decretos, disposiciones gubernamentales existentes, en todo aquello que no esté en oposición a los decretos y leyes dictados y que se dictaren hasta la normalización institucional del país (AA, 1937:97-98).

La ilusión fue breve ya que un par de semanas más tarde el ministro de gobierno anunció que se realizarían elecciones para reunir una “Convención encargada de reformar el texto constitucional, de acuerdo con la realidad política y social surgida de la contienda”.5 La Convención era otro intento del “socialismo militar” por generar un marco legal para su proyecto. Sus dos objetivos principales eran  -en palabras del propio Busch- “elegir el Poder Ejecutivo y estudiar la reforma de la Constitución Política del Estado o la adopción de una nueva conforme a las necesidades presentes del país” (Mensaje, s/f:23). Los partidos que en ese entonces se designaban con carga peyorativa como tradicionales habían planteado una “tregua política” con el gobierno; sin embargo, mientras se acercaba la fecha de las elecciones, decidieron que no estaban dadas las condiciones para una contienda electoral justa y, por lo tanto, no se presentarían a los comicios.  No todos sus integrantes cumplieron con su palabra. De hecho, algunos de ellos figuraban en la lista oficialista que propugnaba a Busch para la presidencia, el Frente Único Socialista (FUS).

Porfirio Díaz Machicao, de modo crítico, reconocía como algo excepcional a los “representantes auténticamente obreros”, aunque aclaraba que no tenían “orientación ideológica ni teórica” y a “pocos intelectuales”, aclarando que “el resto no era sino una facción desprendida de los partidos tradicionales” (1957: 92). Augusto Céspedes, uno de los convencionales, que ya se perfilaba como uno de los intelectuales clave de lo que luego sería el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), más optimista recalcó la “riqueza sociológica” de la Convención que por primera vez estaba en consonancia con la realidad del país (1987:177). La Convención en general y el FUS en particular eran muy diversos (Klein, 1966). Entre sus integrantes se encontraban desde el linotipista Waldo Álvarez, representante del sindicato de los gráficos, hasta el gerente general de la Casa Suárez, Napoleón Solares. Por la ciudad de La Paz, dos curas, Chávez Lobatón y Tapia, dejaron al FUS en el segundo puesto. Sólo siete convencionales habían estado presentes en el Parlamento anterior, del año 1935.

La prensa del momento, ligada en general a intereses mineros o a los partidos tradicionales, puso su mira en la Convención y se dedicó de modo sistemático a recalcar, en palabras de Céspedes, “todos los vicios consubstanciales al parlamentarismo como tareas innatas y exclusivos de esa Asamblea” (1987:182-183). La Convención reaccionó promulgando leyes contra la prensa de derecha. Si parte de la prensa proponía el cierre de la Convención, algunos convencionales propusieron cerrar dichos periódicos, en particular a El Diario, principal vocero de las críticas.

El debate entre descentralizadores y centralistas comenzó casi al mismo tiempo que el tratamiento de la Carta Magna. Entre quienes propugnaban la descentralización, existía la posición de que dentro de los artículos 1 y 2, sobre la “forma de la Nación”, debía legislarse respecto a la “autonomía administrativa y económica de los Departamentos, que podrán constituir bloques de regiones afines” (R 2, 1938:433). Los centralistas optaron de modo estratégico por posponer el debate y limitarlo al llamado “régimen interior”, en el artículo 101, postura que se impuso (R 2, 1938:445).

Los convencionales esperaban que, desde la presidencia, les fuese enviada la propuesta de constitución de la comisión armada para tal fin por Toro. Ese proyecto debía ser remitido a la Comisión de Constitución y Policía Judicial de la Convención, que estaba integrada por siete integrantes del oficialista FUS y por un liberal.6 La comisión de la Convención presentó un informe “en mayoría” donde propuso, en la línea del decreto de Busch ya mencionado, “tomar como base la constitución de 1880 incluidas las reformas”. El informe en minoría -presentado por E. Rodríguez Vásquez, senador por La Paz e integrante del FUS- propuso tomar como base el proyecto de la comisión formada por Toro (R 2, 1938:318). Para salvar las diferencias, los convencionales del FUS, J. Antezana y O. Quiroga propusieron una síntesis conciliatoria que fue aprobada (R 2, 1938:412). Allí se establecía: “Proceder al estudio de las reformas constitucionales propuestas o que se propongan en el curso del debate, sobre la base de la Carta Magna de 1880” (Informes [I], 1938:109-110). Las distintas posiciones dentro de la comisión, nos dan a entender el grado de diversidad dentro del FUS y la falta de disciplina partidaria; de hecho, las tres posturas distintas dentro de la comisión fueron apoyadas por miembros del FUS, a pesar de ser bastante diferentes.

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Los proyectos de Constitución

Cuando la presidencia remitió, con una nota de Busch y del ministro de gobierno capitán Elías Belmonte, el producto del trabajo de la comisión organizada por Toro, recalcó “la involución que importaría un sistema federativo frente al concepto de una fuerte unidad nacional” y que la tarea de la comisión era “revisar” la Constitución de 1880 (Última Hora [UH], 8.6.1938). Así, el texto que presentaban “no se aparta fundamentalmente de aquélla” (UH, 8.6.1938).  De por sí, el proyecto aclaraba que “No es permitida actividad alguna que tienda a romper la unidad nacional, provocando la lucha de razas, de clases o de religiones” (Proyectos de Ley [P], 1938:42). Algunos periódicos del día siguiente cometieron el interesante lapsus de referirse a la “lucha de regiones”.

En el artículo específico sobre el régimen interior, si bien se utilizaba la palabra descentralización, se limitaba su alcance conforme a la reforma aprobada en el Referéndum de 1931:

Artículo 122.–Cada Departamento constituye una circunscripción autónoma en la que los ciudadanos administran directamente los intereses locales del modo que determine la ley, la cual asegurará un régimen de la descentralización administrativa del Estado, en que corresponderá al Gobierno Central la vigilancia superior de todas las circunscripciones, y la coordinación y unificación de la política general del país, sin entrabar la libertad de acción de aquellas, y prestándoles, por el contrario, la cooperación económica y de cualquier otra índole que precisen (P, 1938:89).

La prensa de aquellos días registró diversas y aun contrastantes actitudes frente al proyecto de Constitución de la Comisión Toro, enviado por Busch. Por un lado, el  editorial de Última Hora, que pertenecía al empresario minero Mauricio Hochschild (Knudson, 1973:19), apoyó al proyecto enviado por el Ejecutivo, aclarando que no era de “extrema izquierda” (UH, 8.6.1938).  Por otro, El Diario, ligado al Partido Liberal y del cual otro de los grandes empresarios mineros Simón I. Patiño tenía buena parte de las acciones,7 en su editorial del mismo día se refirió a lo ilusorio de creer que se podía cambiar la realidad del país alterando las leyes que lo regían:

Vana es, pues, la idea que informa a nuestros reformadores que imaginan que, con solo el cambio de nuestra Constitución, se ha de lograr transformar la estructura del país y, al propio tiempo, llegar al más alto grado de progreso institucional y material. Si no tenemos convicciones bien arraigadas y carecemos de capitales e industrias todas las reformas no pasarán de ser ficciones, mientras que el ritmo de los hábitos inveterados seguirá su curso porque no se podrán modificar éstos sino por el influjo de la educación y del respeto al derecho y a la ley (ED, 9.6.1938).

En el otro extremo del espectro político está La Calle, periódico alineado con la postura centralista, en ese momento ligado al Partido Socialista y fermento intelectual de lo que luego sería el MNR (Knudson, 1973).  En el editorial del mismo día, relativizaba los cambios propuestos, cuestionaba a los conservadores que sostenían la “intangibilidad de la Carta de 1880” y planteaba como obvia la necesidad de adecuar la Constitución, de:

implantar un nuevo régimen orgánico de acuerdo con el estado de evolución económico a que ha llegado Bolivia. Esto no es siquiera un criterio revolucionario, sino de simple adaptación a realidades nuevas, no previstas por la Constitución del 80 (La Calle [LC], 9.6.1938).

El proyecto de la comisión formada por Toro no fue el único en ser presentado. El convencional Rodríguez Vásquez, integrante de la Comisión de Constitución de la Convención, presentó por su parte un informe en minoría. En su justificación, entendía a la descentralización como parte de una especie de entrenamiento que permitiría llegar algún día al “Régimen Federal, que, si bien no es la condición, es el necesario complemento de todo sistema democrático, si se han de cumplir las leyes biológicas a que están sujetos los organismos sociales, constituidos en Estado” (I, 1938:471).

En su proyecto de ley, Rodríguez Vásquez fue aun más explícito sobre los modos en que el descentralismo debía implementarse. Allí, en una línea casi idéntica a la de la reforma descentralizadora aprobada en el Referéndum de 1931, propuso la existencia de Asambleas Departamentales que estarían integradas por “representantes de la Capital y Provincias”. Estas Asambleas serían las encargadas de proponer ternas de prefectos. La Asamblea y los prefectos serían los encargados exclusivos de la “Administración interna del Departamento” (P, 1938:157). Por otro lado, asignaba a la Asamblea Departamental un rol económico activo en promoción de industrias, en colonización, así como en obras públicas, en políticas impositivas y educación (P, 1938:157-158).

Hubo un tercer proyecto de Constitución que presentó el convencional por Omasuyos, F. Eguino Zaballa, también integrante del FUS (UH, 5.3.1938).8 A pesar de haber sido consignado como proyecto, fue sólo un simple y básico índice posible para la nueva Constitución (P, 1938:166-169). La Comisión de Constitución, tras revisar los tres proyectos, presentó un informe donde enfatizó que no se debían importar recetas ideológicas foráneas. La comisión pudo demostrar así su complacencia, ya que:

Ninguna de dichas iniciativas propone la alteración de la estructura estatal [ni] la erección de un Estado totalitaeio [sic] o de otra índole, bajo la influencia de corrientes europeas o de preocupaciones ajenas a nuestra nacionalidad (I, 1938:51-52).

Por otro lado, en su informe hizo referencia a una serie de reformas, aprobadas en el Referéndum de 1931, describiéndolas como parte de un “esfuerzo ascendente de progreso” (I, 1938:53).

En el caso de la propuesta de Rodríguez Vázquez, siguiendo las reformas del Referéndum de 1931, la parte económica dentro del artículo sobre Régimen Interior en los proyectos de constitución se limitaba a darles a las Asambleas Departamentales potestad sobre la recaudación de impuestos departamentales y su utilización en obras públicas, tan importantes como la apertura de caminos. Los otros dos proyectos no mencionaban las fuentes de financiamiento departamental ni los modos de utilización de sus recursos. Este tema apareció sin embargo de otros modos: en la discusión sobre la participación departamental en la renta del petróleo y de modo aun más encubierto en los tratados de vinculación ferroviaria con Brasil y Argentina.

En 1929, durante el gobierno de Hernando Siles, el Congreso Nacional sancionó una ley que, basándose en la Resolución Suprema del 25 de julio de 1922, destinaba el 11% para el Estado y asignaba el 30% de ese 11% a los tesoros departamentales. Eran tiempos en los cuales, como resulta evidente, no existía aún Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por lo que ese porcentaje era aportado por las compañías privadas. El fondo debía ser administrado por una “junta impulsora compuesta por el Prefecto, Presidente del Concejo Municipal, Presidente de la Cámara de Comercio, un vecino notable nombrado por el señor Presidente de la República y un miembro de Contraloría”. El destino de esos fondos serían “obras públicas, vialidad, irrigación, fomento de la instrucción pública y de las industrias agropecuarias” (AA, 1929:1360-1361). Estas juntas parecen un antecedente temprano de las corporaciones de desarrollo que décadas después se crearon en cada departamento y que fueron clave como el caso de la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ), para el desarrollo regional.

Durante la Convención de 1938, en un proyecto de ley, 27 convencionales propusieron elevar el porcentaje a 17% (P, 1938:129-130). Cuando se presentó el proyecto en la Convención, el convencional por La Paz, Ballón Saravia, consideró ese porcentaje “excesivo” y propuso reducirlo al 10% (R 2, 1938:46). El convencional Flores Jiménez, representando a Santa Cruz, reaccionó y propuso por el contrario elevarlo (R 2, 1938: 46). Le tocó a Víctor Paz Estenssoro, en ese momento representando a Tarija y que había sido uno de los impulsores del 17%, proponer como fórmula intermedia fijar el 11% la participación departamental, justificándolo porque YPFB “se encuentra en un período de iniciación” y “por consiguiente necesita de un enorme capital para consolidar sus trabajos [...] precisa resarcirse de los gastos ingentes que va haciendo para estabilizar formalmente la explotación” (R 2, 1938:46). La segunda posición de Paz Estenssoro se impuso, y su moción fue aprobada.

Esta ley fue propulsada por convencionales de diverso origen partidario y regional. Entre sus propulsores hubo liberales, del FUS, del Partido Republicano Socialista (PRS) en el FUS e independientes y representantes de los 9 departamentos (sólo uno de Santa Cruz). Del grupo de propulsores, 12 luego votaron por la centralización administrativa y 6 por la descentralización. Esto nos da a entender hasta qué punto la cuestión de los recursos naturales, hidrocarburos en particular, era en ese momento entendida al margen de la descentralización administrativa.9

Desde el punto de vista de la  memoria histórica regionalista cruceña, conviene mencionar que la ley se recuerda aun hoy como “Ley Busch”. Como toda onomástica, la preferencia es significativa, porque excluye al Congreso Nacional de  Hernando Siles, y al convencional por Tarija Paz Estenssoro, que propuso sus modificaciones en 1938. De este modo, al menos en la construcción, la genealogía que lleva de Busch a Melchor Pinto y a las “luchas cívicas por el once por ciento” de la década del 50, deja incólume  la versión según la cual “el desarrollo de Santa Cruz es [sólo] obra de los cruceños”.

El debate

Una vez presentados los proyectos de Constitución, las cartas estaban sobre la mesa y comenzó el debate. Los partidarios de mantener el centralismo fueron clarísimos. El argumento que más repitieron era la necesidad de continuar el régimen centralista e incluso de profundizar el proceso de centralización como garantía de la unidad nacional, único camino para construir la Nación. Uno de los portavoces principales de esta posición fue W. Guevara Arce, convencional por Arani, electo como integrante de la lista del FUS, y que en las siguientes décadas sería tan influyente en la política nacional (R 3, 1938:500, 671).

La Calle consideraba al descentralismo como un “retroceso a un sentido de disgregación institucional que se opone a la firmeza del Estado” y recalcaba el hecho:

inexplicable que sean precisamente los que se dicen más moderados -los sectores liberales- quienes pretendan ahora revolucionar fundamentalmente el régimen constitucional boliviano, implantando una forma de gobierno que, muchas veces y obedeciendo a sentimientos o a móviles demagógicos, se aprobó, pero que nunca llegó a aplicarse en la práctica, puesto que la realidad del país ha consagrado el sistema unitario como una evidencia indestructible.

El principio de nación está concretado en el Estado, uno e indivisible. Debilitar al Estado en momentos de reconstrucción nacional es algo que sólo puede explicarse por un desconocimiento de los principios capitales de nuestra estructura nacional. Esa reforma radical, la más violentamente revolucionaria que se ha propuesto en la Convención, no se justifica siquiera por la utilidad que significaría para los departamentos, puesto que no es con leyes escritas que ha de crearse en un país pobre, de la noche a la mañana, una economía rica que abastezca a todas las zonas de la nación por igual (LC, 2.9.1938).

Los partidarios de un Estado fuerte, como Guevara Arce, asumían a la vez que sólo éste sería capaz de limitar los efectos nocivos del imperialismo (R 3, 1938:500). Por otro lado, en momentos en que la palabra socialismo aparecía en intervenciones de todo tipo, significando cosas muy diversas, pero siempre connotando algo positivo, también apareció asociada al centralismo, como su expresión política (R 3, 1938:522).

Otra línea de argumentación táctica de los centralistas fue criticar el proyecto de descentralización, pero al mismo tiempo reconocer, nunca faltos de generosidad retórica, que tanto el federalismo como el descentralismo eran potencialmente positivos. Sin embargo, aclaraban, ése no era el momento histórico: el país aún no estaba listo (R 3, 1938:493). En esa línea, un editorial de El Diario, destacaba el hecho que la mayoría de los convencionales hayan:

expuesto categóricamente y sin ambajes los peligros que acarrearían al país las actitudes de acentuado regionalismo, que no otra cosa importarían en el fondo los sistemas de descentralización administrativa si acaso hubiesen sido puestos en ensayo. En realidad, Bolivia aquejada del mal de su escasa densidad demográfica, tiene que esperar mucho tiempo aún para seguir el ejemplo de otros pueblos en donde ha sido posible descentralizar la administración con sus recursos inherentes por las enormes riquezas que explotan (ED, 4.9.1938).

Para los centralistas era imprescindible cambiar el perfil económico del país. En ese proceso, el Estado aparecía como llamado a cumplir un rol dirigista en la economía. A fines de la década del 30, los ejemplos del rápido desarrollo de la Unión Soviética y de las políticas keynesianas aplicadas en los Estados Unidos para salir de la Gran Depresión, así como el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano y mucho más cerca el Estado Novo brasileño, impactaron sobre el modo de concebir el rol del Estado en la economía (R 3, 1938:609). De un modo más clásico, a la hora de plantear posibles soluciones, los centralistas propusieron la necesidad de sustituir las importaciones de alimentos. Algunos de los convencionales plantearon ese modelo económico como opuesto a la minería que tanto mal había hecho a la nación; un convencional oriental, del PRS en el FUS, si bien planteó la misma solución, se apuró a su vez a agradecer el rol histórico que la minería había desempeñado en el país (R 3, 1938:611). Guevara Arce planteó con claridad que la sustitución de importaciones de alimentos debía llevarse a término con los recursos producidos por la minería (R 3, 1938:688).

La diversidad de Bolivia era un dato básico para los convencionales, y aparecía en las descripciones de los descentralistas como en las de los centralistas. La diferencia radicaba en cómo se proponían afrontarla. Guevara Arce planteaba que el modo de resolverla era con un Estado fuerte (R 3, 1938:495). En una línea similar, Augusto Guzmán, del FUS por Cochabamba, describía a las vías de comunicación como las encargadas de lograr la “conjunción de razas” (R 3, 1938:520).

Los centralistas no sólo se proponían como la solución; también hacían fuertes críticas al descentralismo. Entre ellas, la más recurrente fue que disolvería la nacionalidad. Esta idea aparecía de distintas formas: que desmembraría al país, que lo disgregaría y, en su versión más extrema -fueron palabras de Guevara Arce- lo “polonizaría” (R 3, 1938:669, 671). Comentario erudito sobre la  partición y desaparición del país  a fines del siglo XVIII, pero también clarividente, como anticipando la invasión nazi de ese país. Ese comentario de Guevara Arce provocó una reacción en un editorial de La Razón, periódico del empresario minero Carlos V. Aramayo, donde se calificó a la idea de “polonización” como “inexacta y peligrosa” y como una “palabra [que] no es digna de nosotros ni de las naciones vecinas y es deplorable que en el seno de la asamblea constituyente se la haya mencionado como un pronóstico pesimista” (LR, 11.9.1938).

Otro de los argumentos centralistas en contra de la descentralización fue la pregunta por la suerte que correrían los “departamentos pobres” (R 3, 1938:493, 572, 612). Este argumento lo repetían de modo paradójico los convencionales, tanto del FUS como independientes, que no representaban a los departamentos más desatendidos sino que aparecía, como de modo altruista, en boca de quienes representaban a “departamentos ricos”.

Una de las críticas más recurrentes fue que la descentralización equivalía a la hegemonía de las oligarquías locales en la política local, según la regla de que a menor presencia del Estado central, mayor poder para las elites locales (R 3, 1938:499, 601, 613). Éste era un argumento que se hacía eco de las ideas de José C. Mariátegui (1928) sobre el regionalismo, que calaron muy hondo en la visión de la izquierda latinoamericana sobre el problema regional. En una línea similar, se entendía que a menor poder del Estado central, el imperialismo podría tener un efecto disgregante o bien influir a nivel local de un modo mucho más intenso (R 3,1938:524; R 4, 1939:40); también se mencionaba que los departamentos tendrían menos poder frente a los capitalistas y que debilitaría al poder central (R 3, 1938:524). Sólo en su versión más extrema fueron asociados descentralismo y separatismo (R 3, 1938:610).

“Socialismo” aparecía en la Convención con una connotación positiva, “liberalismo” en cambio aparecía como algo negativo, asociado al orden de cosas anterior. Así fue como los centralistas plantearon que el descentralismo era liberal, no sólo para desprestigiarlo sino también para denunciar que dos de los convencionales que lo sostenían pertenecían al Partido Liberal.

Los descentralistas defendieron su posición, con una réplica para cada una de las críticas que recibieron. Uno de los contra-argumentos más repetidos era que la descentralización no implicaba ningún peligro para la unidad nacional, sino todo lo contrario: que sería garantía de la misma y que de ningún modo polonizaría a Bolivia (R 3, 1938:516, 521, 576, 607, 618, 621; R 4, 1938:38). Por otro lado, se enfatizaba de modo recurrente que se estaba incurriendo en una confusión entre descentralismo y federalismo (R 3, 1938:515, 521, 568, 576, 606, 621). Que el descentralismo de ningún modo produciría separatismo o desvincularía a los departamentos del poder central (R 4, 1938:12, 38; R 3, 1938:573-376). Y que tampoco daría más campo de acción para los capitalistas, que de hecho, como no  dejó de recalcar un convencional, ya tenían bastante libertad (R 3, 1938:570).

La descentralización, según planteaba un convencional del Frente Único Oriental por Ichilo, Santa Cruz, no lesionaría los intereses generales de la Nación (R 3, 1938:608); de acuerdo al convencional liberal Fajardo, tampoco perjudicaría a los departamentos pobres, como planteaban los centralistas (R 4, 1938:12).

La maniobra centralista de posponer indefinidamente el tema -hasta un momento distinto del desarrollo del país, hasta que la descentralización fuera estudiada a fondo-, fue respondida con la reserva de que la cuestión había sido muy estudiada, y que tampoco era un planteo nuevo (R 3, 1938:573-574). Los descentralistas procuraron que se reconociera legitimidad constitucional a su proyecto, al entroncarlo en el Referéndum de 1931, donde habían ganado (R 3, 1938:492, 506-508, 561, 569, 573, 616-617). La prensa se hizo eco de ese argumento. Un editorial de La Razón dio por sentado que la descentralización gozaba de una legalidad bien ganada en el referéndum:

sólo la autonomía y la descentralización son los factores decisivos que hacen el progreso de un pueblo apto para gobernar y resolver sus propios asuntos, en cuanto al régimen interior. No debemos retrogradar en esas conquistas logradas (LR, 4.9.1938).

Los partidarios del descentralismo coincidían con los centralistas en el diagnóstico sobre la diversidad geográfica y étnica de Bolivia. Para los descentralistas, sin embargo, a esa diversidad debían responder leyes distintas, y distintos tipos de gobierno (R 3, 1938:494, 575, 606, 614). En vez de homogeneizar con un Estado fuerte -como planteaban los centralistas-, proponían aceptar las especificidades y legislar acorde a ellas.

Por otro lado, planteaban que la descentralización abriría nuevas posibilidades para el desarrollo de los departamentos (R 3, 1938:492, 503, 571) y permitiría un mejor y más económico uso de los recursos (R 3, 1938:570, 608), evitaría la corrupción (R 4, 1938:12-13). Fomentaría también que los prefectos conocieran mejor la realidad donde les tocaba gobernar (R 3, 1938:524), terminando con el amiguismo y la discrecionalidad, tanto de los partidos como del propio presidente (R 3, 1938:508, 569; R 4, 1938:12, 37). De este modo, se podría acabar con la tan criticada figura del prefecto forastero (R 3, 1938:498). Y, contra lo que planteaban los centralistas, el descentralismo produciría así equilibrio entre los departamentos y el poder central (R 3, 1938:576, 607).

Los argumentos pro descentralización se reforzaban utilizando ejemplos de países federales prósperos, como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Suiza, Alemania y Rusia (R 3, 1938:606, 615-616). Guevara Arce, aguafiestas, aclaró que Argentina, México y Venezuela sólo eran “federalistas hipotéticos” (R 3, 1938:673).

Para los descentralistas, tanto el federalismo como el descentralismo aparecían como un instrumento que permitiría efectivizar la democracia y last but not least también aparecía asociado al socialismo (R 3, 1938:615-617).

Para los descentralistas la solución era, como planteó el convencional por Santa Cruz, J. Serrate, crear Asambleas Departamentales, tal como las preveía el Referéndum de 1931. El convencional liberal E. Fajardo, ante las críticas, propuso como posibles soluciones intermedias que la Asamblea Departamental, para evitar rencillas, podía estar compuesta por “representación funcional” o corporativa, o incluso por los propios representantes nacionales, de forma de ahorrar los gastos que implicaría una elección (R 3, 1938:607;  R 4, 1938:11-12).

Las críticas principales contra el centralismo eran de corte político y económico. A nivel político se planteó que el centralismo era un sistema que destruía la Nación; que en más de un siglo de vida republicana no había logrado la unidad nacional y que incluso era la causa del regionalismo (R 3, 1938:38, 492, 567, 614). Todo esto aparecía relacionado con otra de las críticas principales: que con el sistema centralista no se podían ofrecer soluciones acordes a la realidad, ya que al no provenir el poder o la legitimidad del prefecto de sus gobernados, sino del presidente que lo designa, los gobernantes tendían a ignorar las realidades locales (R 3, 1938:494, 565, 569). En los debates, el centralismo aparecía así como sinónimo de totalitarismo y como una de las causas de la corrupción (R 3, 1938:571, 577; R 4, 1938:13).

En el nivel económico, se planteaba que el centralismo era la causa del estancamiento y del “macrocefalismo económico” que caracterizaba a Bolivia (R 3, 1938:617-618). Según el convencional del Frente Único Oriental por Santa Cruz, W. Suárez Landívar, este sistema era la causa del abandono en que vivían algunos departamentos (R 3, 1938:493).

Uno de los argumentos centralistas era desviar el problema del centralismo hacia el imperialismo (R 3, 1938:495, 618, 671), argumento en el que se notaba la impronta del clásico de Lenin sobre el imperialismo. Los descentralistas denunciaron este argumento como un ardid y llegaron a desestimar la existencia del imperialismo. Para sustentar este argumento se explicaba que capitalistas como Patiño o Nicolás Suárez eran bolivianos; el convencional liberal Fajardo formuló una defensa de Patiño (R 3, 1938:499, 616, 619-620; R 4, 1938:9). Los centralistas replicaron que el imperialismo existía, y que Patiño no tenía más realidad que la de ser una clara expresión del mismo (R 3, 1938:502, 619).

A la hora de defender su postura, los centralistas responsabilizaron por los males del país a los hombres que lo habían gobernado, y aun a  los representantes nacionales que no habían cumplido bien sus funciones (R 4, 1938:13), y nunca al centralismo o al sistema unitario.

¿Pero quién era quién en el debate? La mayoría de quienes se explayaron por el centralismo eran del frente oficialista por su origen partidario (diez pertenecían al FUS y cinco a otras agrupaciones). En relación a los departamentos que representaban, seis provenían de La Paz, tres de Cochabamba al igual que de Chuquisaca, dos de Pando y uno de Santa Cruz. En el otro bando, entre quienes hicieron intervenciones por la descentralización, sólo cinco eran del FUS, cuatro tenían un pasado liberal y tres eran independientes. Entre los que en discursos habían apoyado al proyecto descentralizador, tres habían sido parte del último congreso ordinario del año 1935, habían estado ligados al Partido Liberal y en 1934 habían votado a favor de la reforma descentralizadora del referéndum en contra del veto de Salamanca, L. Lanza Solares, A. Mendizábal y Fajardo (R 1936:317) -y los dos últimos en 1938 aún eran orgánicos del Partido Liberal-.10 En cambio, entre quienes apoyaron la centralización, con discursos o votos, ninguno había sido parlamentario en el  congreso de 1935. A nivel departamental, los oradores pro descentralización eran cinco de Potosí, de Oruro al igual que de Santa Cruz dos, y sólo uno respectivamente por Tarija, Cochabamba y Chuquisaca (AL, 1936:XXIV).

El largo debate se cerró de modo apoteótico. Soruco, quien no se había pronunciado ni en el debate ni en la votación por una postura o por la otra, que era parte de la Legión de ex combatientes por Santa Cruz y del Frente Único Oriental, planteó que:

el Oriente ha vivido y sigue viviendo en una situación verdaderamente miserable; por eso queremos cambiar el sistema de Gobierno: queremos que los pueblos surjan por su propia voluntad y sus propios medios: que no sigan siendo esclavos ni estén sometidos al dominio de la Casa Suárez…(R 4, 1938:43)

Esto fue contestado por otro convencional cruceño, también parte del Frente Único, Serrate, quien le respondió que: “Santa Cruz no puede decirse que está bajo el dominio de la casa Suárez ni de ningún otro capitalista”; Soruco, contrarrestó diciendo que: “¿Aquí no se pueden decir verdades? Es porque en Bolivia estamos acostumbrados a la adulación, a la sumisión y al engaño…”. Según consta en el redactor, hubo “Protestas y desórdenes en la sala” y se decidió que “No habiendo compostura ni orden en la discusión, la Presidencia levanta la sesión” (R 4, 1938:44).

La votación

En la sesión siguiente, del 12 de septiembre de 1938, se procedió a votar por las respectivas posiciones. Los resultados de la votación fueron muy parejos: por la fórmula del ‘sí’, o sea continuar con el centralismo, un total de 44 votos, por la del ‘no’, 35. Al confrontar la lista de convencionales presentes con la de quienes emitieron su voto, aparecen 10 convencionales que no votaron, lo cual se podría interpretar como la cifra de abstenciones.11

La votación se hizo, como en otros temas conflictivos, de modo nominal. Esto nos permite observar que a nivel departamental el ‘sí’ ganó entre los representantes de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba y Pando. En tanto que el ‘no’ lo hizo entre los representantes de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Potosí. Empatando en Oruro. De los treinta y dos representantes, senadores y diputados,  por Santa Cruz, Beni y Pando, doce votaron por el ‘no’, es decir por la descentralización; ocho votaron por el ‘sí’, o sea la centralización; cuatro estaban presentes pero no emitieron su voto, lo que podríamos interpretar como las abstenciones regionales; seis estaban ausentes; y, por último, dos no figuran ni como presentes ni como ausentes.12

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El Partido Oriental Socialista13

Poco más de cuatro meses después, el 19 de enero de 1939, un grupo de quince convencionales orientales, que conocieron los límites de la experiencia constituyente cuando su agenda regional chocó con la nacionalista, fundaron el POS reunidos en Cachuela Esperanza (El Frente [EF], 5.2.1939). En su acta fundacional, declararon:

‘proclamar la intangibilidad del territorio oriental’, ‘aceptar como principio básico la integridad de cada uno de los departamentos orientales, dejando establecida nuestra identidad racial’ y ‘sostener el principio de defensa de nuestra raza’ (ED, 9.2.1939).

¿Quiénes eran los adherentes del POS en relación a su postura en el debate y la votación sobre la descentralización? Una parte de ellos, que representaría una anomalía aparente, fueron quienes votaron por la centralización, o bien no expresaron su postura favorable a la descentralización. Entre ellos, el grupo más conspicuo estaba integrado por los cuatro convencionales (G. Balcázar, S. Parada Suárez, F. Flores Jiménez, I. Zuazo), que habían votado por el centralismo. Otros tres convencionales (G. Chávez, F. Hurtado, J. Rioja Aponte) estaban presentes el día de la votación pero no efectivizaron su voto. Siete convencionales (N. Solares, S. Montero Hoyos, W. Suárez Landívar, A. Aponte, A. Chávez, N. García Chávez, W. Suárez Dorado), en cambio, habían votado por la descentralización y luego se hicieron del POS. Grande fue la adhesión al POS entre los convencionales que representaban al departamento de Santa Cruz: sus dos senadores se sumaron al partido regional, así como nueve de sus trece diputados. De los treinta y dos representantes de los departamentos orientales, veinte se adhirieron al POS (EF, 5.2.1939, 14.2.1939).

La reacción contra el recién formado partido regionalista no se hizo esperar y encontró expresión tanto en periódicos de Santa Cruz como de La Paz. En general, el punto más sensible fue el de la “raza”. Un editorial de El Tiempo de Santa Cruz, redactado tal vez por su director, Lucas Saucedo Sevilla -quien había sido designado como prefecto por Saavedra, unos años antes, tras las luchas por el FFCC-,14 planteó que:

establecer diferencia racial y conservación de ella, proclamándose buenos y mejores, altos o bajos, en un país en que se quiere hacer sentir el principio socialista de igualdad [son] […] conclusiones propias de los estados totalitarios (El Tiempo [ET], 28.1.1939).

La idea era clara: “raza” no podía ser tolerada como parte del discurso jurídico-político; si aparecía en él, se cuestionaban los fundamentos mismos de la Nación. Se interpretó que por ser “raza” el elemento articulador de ese partido, ya no era simplemente una especie de regionalismo lo “que enardece la mente de los nuevos profetas [sino…] ‘racismo’, equivalente a separatismo, como una minoría incrustada en el Estado Boliviano” (ET, 2.2.1939).

En la misma línea, un editorial de El Diario de La Paz recalcaba que no sólo “raza” sino geografía e historia, los tres posibles pilares de la Nación eran cuestionados en la plataforma de este partido en:

el momento en que en un ángulo del territorio insurgen 15 REPRESENTANTES NACIONALES enarbolando una bandera que representa  no un partido político que se debe a la Nación, sino que expresa con claridad pasmosa la mente incubadora de otra soberanía con definiciones propias en el orden geográfico, en la trayectoria histórica y en el ancestro racial (ED, 10.2.1939).

En un editorial de La Calle también se enfatizó lo negativo del hecho de que “raza” sea parte de una plataforma política, por ser:

un elemento de escisión que no repara en tocar cuestiones raciales, extrañas a toda la política boliviana de ayer y de hoy y funda un programa basado en una curiosa interpretación geográfica de los departamentos orientales, a los que asigna un sentido exclusivista y antiboliviano, que ninguna teoría nacional puede admitir (LC, 9.2.1939).

Pero la reacción no se limitó a los periodistas. Desde el POS habían invitado a Busch a integrar su partido; algo que Céspedes relacionaba con el “paisanaje” entre ellos, que según él había envalentonado a los convencionales en el plan de formar un partido político. Lo que no entendieron los integrantes del POS era que Busch -en palabras de Zavaleta- formaba parte de “lo único centralizado [el ejército] en un país que no había cumplido la tarea de su centralización” (1992:42). Fue así como el presidente reaccionó de modo violento, definiendo qué se podía decir y qué no en esos tiempos, definiendo lo que él consideraba los intereses de Bolivia, aclarándoles que:

como militar y como gobernante, no concibo más tendencia política que la que comience por proclamar la integridad de la Patria como unidad indivisible y solidaria histórica, geográfica y racialmente y tenga por finalidad la unión de todos los bolivianos, para trabajar de consuno, en todos los confines de la República, por la creciente superación de Bolivia (ED, 1.2.1939).

Frente a las reacciones adversas y a la amenaza presidencial, el POS se defendió, enviando un telegrama a Busch “explicando su ‘orientalismo’”. El texto del mensaje fue publicado en distintos periódicos, entre ellos en La Nación de Santa Cruz, dirigido por Rómulo Herrera, rector de la universidad, miembro del PRS, que durante las luchas por el ferrocarril de la década del 20 había sido parte del Grupo Orientalista.15 Allí, denunciaron mala intención de parte de la “prensa dañina o mal intencionada” por atribuirles “intenciones antipatrióticas”.16 Por otro lado, en otro telegrama explicativo, que apareció en otro periódico cruceño, El Frente, propiedad del convencional por Florida S. Montero Hoyos, apoyado por la Federación Obrera de Trabajadores y el Frente Único de Florida, y dirigido por A. Román hijo, convencional por Santa Cruz, representante de la Federación Obrera Sindical de la ciudad de Santa Cruz e integrante del Bloque Obrero,17 compararon su movimiento con los ideales del indigenismo, aclarando que: “Si hablamos de raza oriental, es con el mismo concepto de especulación científica con que se habla de las razas tihuanacotas, aymara o quechua, y con la misma finalidad de conservar su tradición y estimular sus virtudes”.18 Esta suerte de indigenismo fue denunciado como una maniobra, en un editorial de La Calle, con probable alusión a la presencia de N. Solares, gerente de la Casa Suárez y yerno de su propietario, donde plantearon que:

mal pueden ostentar facultades representativas de un pueblo los senadores y diputados que hablan de defender a los nativos de su raza ‘del abandono y pobreza, las miserias y calamidades’ en que está sumido el proletariado del Oriente, cuando son ellos precisamente los explotadores que determinan esa miseria (LC, 18.2.1939).

¿Regiones o clases?

El encargado de describir con claridad “El Problema del Oriente” fue Rafael Chávez Ortiz. En su persona se combinaban ser hijo de un líder regionalista, sobrino del más connotado separatista, y, al mismo tiempo, trotskista marofista. En su diagnóstico de los problemas bolivianos, planteó que la producción minera era la causa de:

los tres conflictos fundamentales que estamos obligados a resolver: el problema del imperialismo, del indio y del Oriente boliviano. De la solución de estos tres problemas depende no sólo el futuro de Bolivia, sino el mantenimiento de la nacionalidad toda (Chávez:187).

De ese modo, Chávez Ortiz ponía al problema del Oriente como parte de la agenda nacional, junto a otros asuntos irresueltos de la talla del imperialismo y la cuestión indígena. De algún modo adelantaba lo que sería la agenda de la Revolución Nacional, una especie de Tesis de Pulacayo oriental. Acusando al mismo tiempo a los “grandes mineros del Altiplano”, a su “interés exclusivo de la explotación estañifera y de otros minerales” y a “su hegemonía en la política económica de Bolivia, dirigida a servir a los grandes Trust imperialistas de Inglaterra y Estados Unidos”. Y entendiendo por lo tanto que:

sólo la acción conjunta en el plano nacional que reúna en un gran movimiento nacional a collas y cruceños contra el poder absorcionista de la gran ‘Rosca’ minera, podrá dar solución al problema del Oriente y demás problemas angustiosos que aquejan al país (Chávez:191).

***

La demanda de descentralismo tenía en la posguerra del Chaco su historia. No sólo de los representantes del Oriente. El hecho que desde el gobierno central el proyecto “socialista militar” haya intentado generar un proceso de cambio social nos permite comprender la virulencia del debate sobre la forma del Estado. En momentos de cambio, la lucha por el autogobierno, sea en forma de autonomías administrativas, federalismo o descentralismo, cuando aún se controla la máquina política a nivel local, podría ser entendida como un modo de conservar cierto statu quo. Por el contrario, visto desde la perspectiva del poder central, el centralismo o más precisamente un Estado fuerte sería el modo de quebrar los poderes locales y generar procesos de cambio.

Es notorio en todo el debate sobre la descentralización el silencio absoluto de la prensa cruceña y casi absoluto de los convencionales por Santa Cruz. Este silencio se podría interpretar, por un lado, como una especie de canje, donde la elite cruceña posponía sus intereses políticos, con la intención de no entorpecer la firma de los convenios de vinculación ferroviaria con Argentina y Brasil; priorizando de ese modo la vinculación y los recursos provenientes del petróleo por sobre la cuestión del autogobierno. También se podría entender como un tipo de delicadeza, de no querer revolver asuntos aún candentes como la campaña separatista fomentada por Paraguay con la ayuda de algunos prisioneros cruceños. El hecho de que al haberse firmado los acuerdos internacionales de vinculación y al haberse establecido en forma oficial los límites entre Paraguay y Bolivia, es decir al haber visto asegurada la vinculación y al quedar limitado el fantasma de la escisión territorial, el campo parece haber estado más libre para los convencionales orientales. Si a esto le sumamos una posible desilusión de los representantes orientales, con la política del Frente Único que apoyaba a Busch, se podría entender que, recién en ese momento, buena parte de los convencionales hayan fundado un partido donde se priorizaba lo regional por sobre lo nacional. Pero este enfoque regional, que reclamaba las diferencias regionales, étnicas, geográficas e históricas, chocó con otro modo de concebir la Nación, encarnado en el “socialismo militar” y sus defensores. Fue así que tanto la prensa como el propio presidente, reaccionaron, definiendo los límites de qué se podía decir y qué no en la arena política.

En la coyuntura internacional de la Segunda Guerra Mundial, en la cual la industria bélica norteamericana experimentó la necesidad de materias primas estratégicas -como estaño, wolfram y goma-, los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos firmaron un acuerdo donde Bolivia se comprometía a entregarlas a precio fijo, y Estados Unidos a comprarlas y brindar ayuda técnica y financiera. La cooperación implicó la llegada de la Misión Bohan, que retomó a su cuenta buena parte de las recetas que la elite cruceña venía proponiendo desde principios de siglo. Dando un giro -como recalcó Gustavo Rodríguez (1993)- desde lo político hacia lo tecnocrático, donde ya no eran los regionalistas los que sostenían las recetas de integración sino los representantes del imperio. La Misión Bohan puso un gran énfasis en la integración física y económica del Oriente, lo cual implicó avanzar en el plan de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, fomentar la sustitución de importaciones alimenticias y desarrollar la industria petrolera.

Periódicos:

El Diario (La Paz)

El Frente (Santa Cruz)

El Tiempo (Santa Cruz)

La Calle (La Paz)

La Nación (Santa Cruz)

La Razón (La Paz)

Renovación  (Trinidad)

Última Hora (La Paz)

Publicaciones oficiales

Anuario Administrativo de 1929. La Paz: Unidas. s/f.

1932. Anuario Administrativo de 1930. II. La Paz: Unidas.

Anuario Administrativo de 1931. La Paz: Unidas. s/f.

Anuario Administrativo de 1937. III. La Paz: Unidas.  s/f.

1940. Anuario Administrativo de 1936. II. s/l, Unidas.

1933. Anuario Legislativo de 1932. La Paz: Unidas.

1936. Anuario Legislativo de 1935-1936. La Paz: Unidas.

Anuario Legislativo de 1938. La Paz: Unidas. s/f.

1938. Constitución Política de Bolivia. La Paz: El Trabajo.

1938. Informes de Comisiones. La Paz: Trabajo.

Mensaje del Presidente de la Junta Militar de Gobierno Tcnl. Germán Busch a la Convención Nacional de 1938. La Paz: Unidas. s/f.

1938. Proyectos de Ley. La Paz: Trabajo.

1938. Redactor de la Convención Nacional. II. La Paz: Universo.

1938. Redactor de la Convención Nacional  de 1938. III. La Paz: Universo.

1939. Redactor de la Convención Nacional. IV. La Paz: Universo.

1939. Redactor de la Convención Nacional. V. La Paz: Universo.

1936. Redactor del H. Congreso Nacional. La Paz: Unidas.


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1   Este artículo es parte de un proyecto de libro, basado en una mesa de la XX Reunión Anual de Etnología 2006, sobre la Convención de 1938, que organizamos con Pablo Quisbert y Rossana Barragán, en el cual también participan Laura Gotkowitz y Andrey Schelchkov. Recibió las atinadas correcciones, sugerencias y críticas de Nicolás Eilbaum, Alfredo Grieco y Bavio, Inés Katzenstein, Brooke Larson, Ben Martin, Françoise Martinez, Pati Montes, María E. Pruden y Martín Sivak. A todos mi agradecimiento.

2   Doctorante en Historia, State University of New York at Stony Brook. hpruden@ic.sunysb.edu

3   1.633.610 habitantes según el censo de 1900; y 3.080.921 en 1940 (Barragán, 2005:300).

4   Comparación entre constituciones en base a recopilación de Salinas (1989).

5   ED, 15.8.1937 (cit. en Gallego, 1992:21).

6   (R 5, 1939:553), UH, 17.3.1938, 14.3.1938, 18.2.1938, 5.3.1938 y 17.3.1938; ED, 18.2.1938 y 22.2.1938; Renovación (RE), 18.2.1938.

7   Sobre El Diario como órgano del Partido Liberal, Ocampo (1978:459). Sobre los intereses de Patiño, Knudson (1973:6) y Viscarra (1977:18-19).

8   Sobre el PRS en el FUS, ED, 18.2.1938.

9   Propulsores del proyecto, distrito representado y pertenencia partidaria: ED, 18.2.1938, 22.2.1938, 11.3.1938, 25.9.1938; Gallego (1992:60); (R 1, 1938:613); UH, 5.3.1938; RE, 18.2.1938; votantes (R 4, 1938:47).

10 Fajardo y Mendizábal listados participando en la Convención del Partido Liberal en ED, 25.9.1938.

11 Presentes, votantes y “ausentes” (R 4, 1938:43-47).

12 R 4, 1938:47, cotejados con lista de convencionales por departamento (AL, 1938).

13 Sobre el POS ver Pruden (1999:1-22).

14 Sanabria (1998:193-196) y Pruden (1999:9).

15 La Nación (LN), 25.2.1938. Revista Universidad 1 (1938):3 y Sanabria (1998:75-77).

16 LN, 14.2.1939 y ED, 11.2.1939.

17 EF, 6.3.1938, 8.3.1938 y Lora (1980: 211).

18 EF, 24.2.1939, ET, 25.2.1939 y ED, 18.2.1939.


 

 

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