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INTRODUCCIÓN
Los derechos de las mujeres afganas constituyen un tema marcado de contrastes, que ha pasado por un proceso de logros durante las épocas monárquica y republicana desde la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, esta situación se revierte con la primera toma de poder de los talibanes en septiembre de 1996 y su posterior reconquista el 15 de agosto del 2021. Disertar sobre los derechos de las mujeres afganas resulta complejo porque se puede caer fácilmente en la figura del Orientalismo propuesta por Edward Said, con lo cual se estaría silenciando las voces de las afganas bajo un determinismo cultural; pero, por otro lado, es necesaria una mirada crítica que denuncie los abusos a los cuales las niñas y mujeres de este país se encuentran sometidas cada vez que un grupo religioso ultraconservador decide llegar al poder y, a partir de patrones culturales e interpretaciones religiosas, compromete los derechos de las mujeres, con la complicidad de la Comunidad Internacional.
Esta investigación también forma parte del proyecto de Integración Cultural sobre las mujeres afganas residentes en Toronto GTA del Centre for Refugee Studies en York University, entre enero 2024 y octubre 2025. El objetivo general del artículo consiste en mostrar la evolución de los derechos de las mujeres en los diferentes regímenes políticos de Afganistán a través de un análisis interseccional. Por tanto, a nivel ontológico, la pregunta de investigación que plantea responder el presente artículo académico es: ¿Cuáles son los factores interseccionales que han condicionado los derechos de las mujeres afganas durante los períodos de mayor represión de género?
La estructura del trabajo está compuesta por tres partes, la primera identifica las etapas más favorables y críticas de los derechos de las mujeres afganas. La segunda parte examina los factores interseccionales -como etnia, religión, clase social y ubicación geográfica- que condicionaron los derechos de las mujeres afganas. La última parte sintetiza la respuesta de la Comunidad Internacional para aliviar el sufrimiento de la mujer afgana en las etapas más críticas de opresión.
MARCO TEÓRICO
A nivel epistemológico, para poder explicar desde una perspectiva crítica los problemas estructurales que enfrentan los derechos de las mujeres afganas se utilizarán principalmente los textos de Elameh Rostami, Haideh Moghissi, Sunita B. Mehta y Sirin Adlbi Sibai.
Por su parte, Mehta (2002), en su obra Women for Afghan Women, denuncia que las mujeres afganas están expuestas a una violencia estructural en nombre de la tradición, lo que podría eventualmente explicar la influencia del Pashtunwali, una tradición de más de 2500 años arraigada en la sociedad afgana. Para complementar este análisis sobre cómo la cultura se configura, también se han elegido las propuestas de Jürgen Habermas (1971)yMax Horkheimer (1968/2003), siendo estos representantes emblemáticos de la Escuela de Frankfurt, cuyos aportes críticos sobre la cultura permiten cuestionar e identificar estructuras sociales tradicionales. Horkheimer orienta su crítica a la razón instrumental, dado que se presenta como neutral, pero en realidad está sustentada en intereses de todo tipo (como económicos, de poder e históricos). Esto permite visualizar cómo las estructuras de poder, que dan la impresión de ser naturales, son solamente construcciones ideológicas que son instrumentalizadas como formas de dominación. Por su parte, Habermas, propone que la cultura también juega un rol importante en el análisis crítico, ya que constituye una estructura dominante (Habermas, 1971), y esto, a su vez, termina imponiendo restricciones significativas al género.
Con respecto al fundamentalismo religioso, Haideh Moghissi (1999), en su obra Feminism and Islamic Fundamentalism, afirma que el fundamentalismo religioso codifica la subordinación femenina como parte de un proyecto ideológico. De esta manera se institucionaliza la desigualdad de género, como las restricciones que imponen los talibanes a las mujeres en Afganistán. De la misma manera, Rostami-Povey (2007), en Afghan Women: Identity and Invasion, expone la instrumentalización de las mujeres afganas por fuerzas externas tanto coloniales como locales que han usado su imagen para imponer modelos culturales. De esta forma se pone en evidencia cómo esta instrumentalización -que combina motivaciones políticas, culturales y religiosas- construye una estructura que ha permitido una transgresión sistemática de derechos a costa del honor comunitario y en detrimento de la agencia individual.
Sirin Adlbi Sibai (2016), en su obra La cárcel del feminismo: Hacia un pensamiento Islámico decolonial, evidencia cómo los discursos feministas occidentales apuntan a replicar lógicas coloniales mediante la victimización de las mujeres en países islámicos; las cuales se muestran como sujetos pasivos que tienen que ser liberadas de la estructura opresora, la cual no solo se configura desde el interior de una sociedad mediante cultura y religión, sino también desde el exterior a través de un imperialismo cultural, y las afganas quedarían atrapadas entre ambos polos.
Para enriquecer esta perspectiva critica, también se aplicará el análisis interseccional de Ashley J. Bohrer (2021) en Marxism and Intersectionality - Race, Gender, Class and Sexuality under Contemporary Capitalism, donde plantea que la interseccionalidad es un término que reúne una variedad de posiciones sobre las relaciones entre los modos de opresión y la identidad en el mundo contemporáneo. En el contexto de la violencia contra las mujeres, esta elisión de la diferencia en las políticas de identidad es problemática, fundamentalmente, porque la violencia que experimentan muchas mujeres a menudo está determinada por otras dimensiones de sus identidades, como la raza y la clase (Crenshaw, 1989).
De esta manera, el marco teórico pretende identificar, desde una perspectiva interseccional, los problemas estructurales que han afectado los derechos de las mujeres afganas bajo los distintos regímenes políticos enfrentando diferentes dinámicas de poder al entrecruzarse cultura, religión y las narrativas propias de un colonialismo externo.
METODOLOGÍA
La investigación es de carácter cualitativo con un método histórico estructuralista, que consiste en identificar patrones que se repiten y propician la desigualdad. En este caso particular, hace referencia a las estructuras sociales, políticas y legales que se convirtieron en mecanismos de opresión sistemática en detrimento de los derechos de las mujeres afganas. Para este fin, se utilizará la división de la historia de Afganistán propuesta por Julie Billaud (2015, p. 33) en su libro Kabul Carnival Gender Politics in Postwar Afghanistan, que divide la historia de Afganistán en cuatro periodos: las monarquías modernas (1920-1973), el régimen comunista (1979-1992), la guerra civil (1992-1996) y el régimen Talibán (1996-2001).
Esta investigación se apoya en un análisis crítico de fuentes bibliográficas y fuentes secundarias provenientes de libros y artículos académicos escritos en diferentes idiomas, como inglés, francés, farsi y alemán. También examina una recopilación de informes de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales de alcance global que hacen un seguimiento constante sobre la situación de las mujeres afganas.
HALLAZGOS
1. Evolución de los derechos de las mujeres afganas durante los diferentes sistemas de gobierno contemporáneos
1.1. Etapas más favorables de los derechos de las mujeres afganas
Durante las monarquías modernas: Con respecto a las monarquías modernas (1920-1973), durante la administración del rey Amanullah y su consorte la reina Soraya, las corrientes ideológicas que predominaron fueron el nacionalismo y el liberalismo, las cuales influenciaron las reformas de modernización en Estados vecinos como Irán y Turquía. En esa época, Mahmud Beg Tarzi, padre de la reina Soraya, se encargó de levantar todas las restricciones que excluían a las mujeres del resto de la sociedad.
En 1927, el rey Amanullah emprendió una gira mundial, recalando en Calcuta, El Cairo, Estambul, Londres, París, Berlín, Moscú y otros lugares. Los europeos quedaron fascinados ante este primer vistazo de un Shah afgano como el afable rey y su bella esposa, la reina Soraya, y fueron agasajados con suntuosos banquetes (Tanner, 2003, pág. 222). Este viaje a Europa generó una influencia en la visión del Amanullah, que apostó por una occidentalización de Afganistán a tal punto que, para el siguiente loya jirga (لويه جرګه) o gran consejo, luego de este viaje, el Shah afgano insistió en que los líderes tribales se afeitaran la barba y usaran sombreros de copa y frac. Esto obviamente indignó aún más a la población, sobre todo, como menciona el autor, cuando tuvo que anunciar un plan de educación obligatoria para las mujeres (p. 222). Es así como Amanullah ambicionaba llevar a su país a una era moderna, caracterizada por la libertad y el respeto a los derechos individuales. Sin embargo, a nivel del pueblo surgieron quejas de que la reina Soraya no había llevado velo en Europa, e incluso había aparecido en un banquete con los hombros al descubierto (p. 222).
Por otro lado, sus escritos siempre estaban caracterizados por interpretaciones modernas de la jurisprudencia islámica. Obviamente, estaba convencido de que el acceso de la mujer a la educación le permitiría reforzar sus capacidades para cumplir un buen rol dentro de la sociedad (Billaud, 2015). En los años cuarenta y cincuenta recién se pudieron ver los frutos de esta visión de cambiar la estructura de la sociedad afgana, puesto que aparecieron las primeras enfermeras, profesoras y médicos. Justo en este periodo de tiempo, Afganistán apoyó y suscribió la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 (United Nations Assistance Mission in Afghanistan [UNAMA], 2024). En 1959, durante el Gobierno del rey Zahir Shah, se abolió el uso voluntario del pardeh1 y del velo. En 1964 apareció un conjunto de derechos sobre la mujer, como el derecho a votar; no obstante, la participación política de esta es aún baja (Billaud, 2015, p. 42).
El final de la década de 1960, en el marco de la Guerra Fría, fue un período culturalmente tumultuoso por la emergencia de movimientos sociales en todo el mundo, y Afganistán no fue la excepción. Gracias a sus intentos de modernización, existía en Kabul un estrato de estudiantes e intelectuales comprometidos con la idea de un cambio drástico, o incluso revolucionario. Una larga sequía a principios de la década de 1970 causó extremas penurias en el campo afgano, incluso cuando los fieles islámicos, educados por los mulás2, resentían la tendencia a la liberalización en las ciudades. Si bien las feministas afganas no quemaron sus sostenes, al menos aparecieron en público sin burka, lo que provocó cruentos ataques con ácido por parte de fundamentalistas y, posteriormente, manifestaciones de mujeres en respuesta (Tanner, 2003, pág. 229).
Durante la República de Daoud Khan: con la llegada al poder de Mohammed Daoud Khan en 1973 se puso fin a la monarquía Musahiban. No obstante, el legado en la lucha por los derechos e inclusión de la mujer en la sociedad afgana continuó.
Daoud incitó a la población a abordar el tema del pardeh al hacer que todas las mujeres de la familia real aparecieran en público sin velo. Cuando los mulás islámicos del campo comenzaron a darse cuenta de esta tendencia, automáticamente la vieron como algo negativo; sin embargo, aquellos que protestaron fueron arrestados. Daoud fue lo suficientemente astuto como para no prohibir el burka, pero también como para neutralizar a los extremistas mientras impulsaba a su país hacia la era moderna (Tanner, 2003, p. 227).
Esta administración contempló un proceso de modernización del país tomando en cuenta el aporte de la mujer en la sociedad. Esto sucedió gracias a la creación del Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA) en 1965, que contaba con una sección de mujeres denominada la Organización Democrática de la Mujer Afgana (DOAW) creada para erradicar el analfabetismo y la venta de novias, así como el matrimonio forzado (Billaud, 2015, p. 42). En este mismo periodo se creó un código penal (1976) y una ley civil (1977), que apuntaban a que no podía existir una ley que atente en contra del islam, por lo que, si bien es cierto que la mujer contaba con derechos, estos no deberían atentar en contra de su “honor” y el de su familia. Esto tampoco fue impedimento para que el régimen comunista mantuviera un enfoque de empoderamiento de las mujeres en el marco de un secularismo, ocasionando que las mujeres salgan a respaldar estas medidas, aunque fueron víctimas de ataques con ácido por parte de grupos conservadores islámicos (Billaud, 2015, p. 44). Durante su administración, también se unificaron temporalmente dos facciones rivales dentro del PDPA en 1977: los jalqistas3 liderados por el propio Nur Muhammad Taraki y Hafizullah Amín, que a su vez representaban a la mayoría; y los parchamitas4, encabezados por Babrak Karmal, por ende, la minoría. A su vez, él también fue víctima de un golpe de Estado que pagaría con su vida, en el marco de la revolución Saur5 liderada por el Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA). Cabe resaltar que la revolución Saur terminó con 230 años de dinastía; se estableció un Gobierno liderado por Nur Muhammad Taraki (1978-1979), quien fue secretario general del Consejo Revolucionario, secundado por Hafizullah Amín, otra de las figuras prominentes del PDPA (Barfield, 2010, p. 17). Bajo este contexto de polarización en el PDPA, se realizó una purga del partido, así como al interior del Gobierno, teniendo como consecuencia que varios miembros de alto rango de los parchamitas fueran enviados al exilio de facto.
Para el verano de 1978, el Gobierno anunció su agenda: igualdad de derechos y educación para las mujeres, estatus de idioma nacional para el uzbeko, el turcomano, el baluchi y el nuristaní, reforma crediticia y redistribución de tierras. El autor americano Larry P. Goodson afirma: “Estas reformas afectaron la esencia misma de la estructura socioeconómica de la sociedad rural afgana; de hecho, su repentina introducción a nivel nacional, sin programas piloto preliminares, sugiere que este era su verdadero propósito” (como se citó en Tanner, 2003, pág. 231).
Durante la administración Taraki se implementó una reforma agraria en enero de 1979; no obstante, fracasó. Conforme aumentaba el descontento de la población a causa de las reformas marxistas implementadas por el PDPA que afectaban de uno u otro modo a los elementos de la cultura afgana, entre ellos al islam, la represión brutal en contra de disidentes y masacres de aldeanos aumentaba. Estos factores fueron el elemento desencadenante para despertar el repudio de la población.
Al interior del PDPA, el poder de Amín crecía, por lo que el 27 de marzo de 1979 reclamó la posición de primer ministro, que hasta ese momento era ocupada por Taraki. El 14 de septiembre de 1979, Amín finalmente derrocó a Taraki y se autoproclamó presidente. Para ese entonces, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) veía con desconfianza las intenciones de Amín en cuanto al manejo de la política interna y exterior (como por ejemplo su posición nacionalista y los intentos de mejorar las relaciones con Pakistán y los Estados Unidos); en consecuencia, la URSS no se detuvo hasta desestabilizar al Gobierno de Amín, quien finalmente fue asesinado tras varios intentos, como por ejemplo el de un complot preparado por la KGB soviética. Siendo remplazado como presidente por Babrak Karmal, de la facción Parjam (Britannica, s.f.). Se puede afirmar que, gracias a la llegada al poder del PDPA, y a la defensa de los intereses de este, ocurre la intervención soviética el 24 de diciembre de 1979 contra los muyahidines, que duraría 10 años (Barfield, 2010, p. 17).
Teniendo en cuenta el contexto histórico mostrado anteriormente, se puede apreciar que los derechos de las mujeres comienzan a forjarse bajo la visión de un islam liberal acompañado por una interpretación progresista en cuanto a derechos individuales, influenciados por un proceso de occidentalización durante el periodo que se denomina las monarquías modernas (1920-1973). La investigadora Elaheh Rostami-Povey (2007), especializada en estudios de género, desarrollo y política en Medio Oriente, especialmente en Irán y Afganistán, denuncia que quienes ostentaban el poder no representaban a la mayoría. Su principal política era la de “divide y vencerás”. Las cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres fueron formuladas por la élite afgana, predominantemente masculina, y generalmente se basaban en modelos occidentales de derechos de las mujeres, que eran culturalmente insensibles e impopulares entre la mayoría de las mujeres afganas (p. 12). Es evidente que, ante esta situación, se despertara el descontento de las masas, ya que atentaba contra su dignidad. Según Sirin Adlbi Sibai (2016), esto se atribuye a la imposición de un colonialismo epistemológico sobre Oriente, el cual construye a Occidente como un ente todopoderoso capaz de decidir el destino de toda la humanidad, anulando la voluntad, la agencia y la responsabilidad también de los individuos de otros pueblos, culturas y civilizaciones (p. 64).
1.2 Etapas críticas de los derechos de las mujeres afganas
Desde los muyahidines de Afganistán hasta el surgimiento de los talibanes: Los muyahidines, bajo la excusa de combatir al Gobierno y a las reformas implementadas por el PDPA desde 1973 hasta 1978, que según ellos atentaban contra el islam, iniciaron sus primeras acciones de protesta. En especial, las reformas que permitían la inserción progresiva de la mujer en el seno de la sociedad afgana eran las que más incomodaban a este grupo religioso ultraconservador. La invasión de Afganistán realizada por el Ejército de la URSS solo exaltó más la visión conservadora islámica de los muyahidines, los cuales recibieron el apoyo americano y pakistaní para expulsar a los soviéticos (Financial Times, 2016).
Durante la administración Karmal, la bandera del régimen respaldado por los soviéticos fue la liberación de las mujeres, a quienes se animó a continuar su educación y a aceptar empleos, a menudo en el Gobierno. Fotos contemporáneas de mujeres jóvenes con elegantes uniformes del KhAD (خدمات اطلاعات دولتی)6 desempeñando funciones de responsabilidad en la capital revelan una etapa de la historia cultural afgana única en su época y que no se ha repetido desde entonces. Los soviéticos también intentaron establecer escuelas y guarderías. En las pocas tierras que controlaban, brindaron asistencia a los agricultores, tentando a otros, pagando precios exorbitantes por cualquier producto. A través de Karmal, se mostraron receptivos al islam, mientras intentaban lograr la mayor estabilidad y prosperidad posible (Tanner, 2003, p. 225).
Luego del retiro del Ejército soviético en diciembre de 1989, los muyahidines de Afganistán se convertirían formalmente en una organización político-militar llamada Talibán hacia mediados de la década de los noventa. Es cierto que originalmente se inspiraron en el deobandi7, que es un movimiento revivalista dentro del islam sunita que tiene su origen principalmente en la escuela Hanafi. También se apoyaron en un código no positivizado denominado Pashtunwali (پښتونولي)8, que es un código de ética tribal en el que predomina un estilo de vida tradicional que los pueblos indígenas Pastún aplican en la vida diaria. Además, la influencia del salafismo en las élites del Talibán ha hecho que la situación sea cada vez más difícil. En consecuencia, los derechos de las niñas y mujeres se encontraron en una situación crítica bajo el Emirato Islámico de Afganistán (1996-2001), puesto que se vieron restringidos sus derechos de circulación, educación y trabajo (Amnesty International, 2019), además de ser sometidas a un sinnúmero de violaciones sistemáticas de sus derechos debido a una interpretación legalista del Corán (como matrimonios forzados, lapidaciones, linchamientos, persecuciones y asesinatos, entre otros).
Esta situación perduró hasta que los americanos decidieron ingresar a Afganistán en octubre del 2001, justo después de los atentados de las Torres Gemelas en septiembre del mismo año. Cabe mencionar que, bajo la presencia de las tropas americanas y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la situación de las mujeres afganas mejoró relativamente. Esto se debe a que, en la Constitución del 2004, se restituyeron los derechos básicos que gozaban las mujeres antes de la llegada al poder de los talibanes. Por ejemplo, se observó una mejora en el acceso a la educación, salud y trabajo en el sector público. En 2003, menos del 10% de las niñas estaban matriculadas en escuelas primarias; para 2017, esa cifra había aumentado al 33%. Con respecto a la matriculación femenina en educación secundaria, esta aumentó del 6% en 2003 al 39% en 2017. Como resultado, 3,5 millones de niñas afganas asistían a la escuela y 100.000 estudiaban en universidades. La esperanza de vida de las mujeres aumentó de 56 años en 2001 a 66 en 2017, y su mortalidad durante el parto disminuyó de 1100 por cada 100.000 nacidos vivos en 2000 a 396 por cada 100.000 en 2015. En el 2020, el 21% de los funcionarios públicos afganos eran mujeres, el 16% de ellas ocupaban puestos directivos superiores y el 27% de los parlamentarios afganos eran mujeres (Allen & Felbab-Brown, 2020).
Luego de dos décadas, tras el anuncio del retiro de las tropas americanas y de la OTAN de Afganistán, aunado al avance irremediable de los talibanes en el transcurso del año 2021, se estimó que 270.000 afganos se encontraban en calidad de desplazados dentro del país desde enero hasta junio del 2021, principalmente debido a la inseguridad y la violencia, lo que elevaba la población total desarraigada a más de 3,5 millones (United Nations I.R. Iran, 2021). La doble moral de algunas potencias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otras potencias regionales de Medio Oriente trata con estatus de “diplomáticos” a algunos de sus representantes en medio de negociaciones que solo pretenden salvaguardar sus propios intereses en Afganistán. Todo esto a costa de los crímenes que comenten en contra del pueblo y de las mujeres de esta nación, sumida en más de cuatro décadas de inestabilidad política y conflicto armado.
Luego de la recaptura del poder el 15 de agosto de 2021, los talibanes, mediante decretos (decisiones políticas de alto nivel), fatwas (فتوى)9 y órdenes administrativas (regulaciones emitidas por funcionarios), han restringido severamente los derechos de las mujeres. Entre las principales actividades que están prohibidas para las mujeres, se encuentran asistir al colegio o a la universidad, exclusión del mercado laboral, salir a la calle sin unmahram (محرم)10, practicar deporte, abordar un autobús con hombres, asistir a espacios públicos, participar en protestas e ir a un salón de belleza. Todo esto está acompañado por un estricto código de vestimenta y ser víctimas de matrimonios impuestos (Amnistía Internacional, 2024).
Analizando el contexto histórico expuesto en esta parte de la investigación, se puede apreciar que la occidentalización de los derechos de las mujeres en Afganistán tuvo como consecuencia inmediata la exacerbación religiosa encarnada en los muyahidines y posteriormente en los talibanes, quienes se impusieron a dos ocupaciones: la soviética (1979-1989) y luego la norteamericana (2001-2021), respectivamente.
Con respecto al extremismo religioso, Haideh Moghissi (1999) manifiesta que todos los movimientos fundamentalistas islámicos comparten la opinión de que la subyugación y subordinación de las sociedades islámicas se deben a su desviación del islam “verdadero” y “auténtico”, ocasionada por el quietismo y la colaboración de los ulemas, cooptados por regímenes corruptos, infieles y prooccidentales. Para salvar y “purificar” las sociedades islámicas, los fundamentalistas buscan establecer una verdadera sociedad islámica basada en una interpretación “correcta” de las escrituras y modelada, como menciona la autora, según las primeras sociedades islámicas (p. 69). Asimismo, sostiene que el fundamentalismo religioso codifica la subordinación femenina como parte de un proyecto ideológico (p. 73). Esto se puede apreciar desde la creación del Emirato Islámico de Afganistán en 1996, donde se interpretó la Sharia o ley islámica de una manera literal, restringiendo los derechos de las mujeres, tal y como viene ocurriendo desde el 15 de agosto del 2021. Cabe resaltar que parte del problema radica en una manipulación maliciosa por parte de las élites político-religiosas en detrimento de los derechos de las mujeres afganas para consolidar una dominación completa de la sociedad (Lederman, 2007, pp. 45-60).
Pero la manipulación no es solo exclusiva de los actores locales, sino también un recurso usado por actores externos. En palabras de Sirin Adlbi Sibai (2016), las potencias colonialistas por lo general usan tres discursos o grandes argumentaciones que justifican todas estas intervenciones, como la liberación de las mujeres oprimidas por el islam, la instauración de la democracia que habrá que llevar a estos países y, por último, pero igual de importante, la seguridad y estabilidad (p. 96). Ambos recursos fueron usados tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos en 1979 y 2001, respectivamente.
2. La interseccionalidad de la cultura, el género, la etnicidad y la religión que contribuyeron a la vulneración de derechos de las mujeres afganas
Los conflictos armados han dado lugar a prácticas recurrentes de violencia a lo largo de la historia, con consecuencias como la pérdida de vidas humanas y la destrucción; pero en medio de estos, por lo general, las niñas y mujeres quedan expuestas a una serie de abusos. Esto puede explicar las causalidades del problema que han enfrentado las mujeres afganas en relación a la vulneración sistemática de sus derechos durante un conflicto interno que se intensificó en 1979 y duró hasta el 2021, exacerbándose con la toma definitiva del poder por parte de los talibanes. Por ejemplo, durante el primer periodo que va entre 1996 y 2001, la seguridad física se convirtió en una preocupación fundamental para las mujeres en Afganistán. El conflicto armado era fuente de numerosos abusos físicos. El peor período en materia de agresión sexual fue durante la guerra civil en Kabul, como se puede leer en el informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, presentado de conformidad con la resolución 1997/44 de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de la ONU, en septiembre de 1999 (United Nations Commission on Human Rights, 2000).
El presente análisis de interseccionalidad abarcará variables como género, etnicidad, cultura y religión; apoyándose en factores concomitantes como los aspectos sociopolítico y legal (la permisividad de la acción). En su formulación más amplia, la interseccionalidad es un término que reúne diversas posturas sobre las relaciones entre los modos de opresión y la identidad en el mundo contemporáneo. En el contexto de la violencia contra las mujeres, esta omisión de la diferencia en las políticas de identidad es problemática, fundamentalmente porque la violencia que muchas mujeres experimentan a menudo está condicionada por otras dimensiones de sus identidades, como la raza y la clase. Por otro lado, este condicionamiento puede conducir a una invisibilidad. En ciencias sociales, la invisibilidad se refiere a los mecanismos culturales impuestos por un grupo hegemónico para excluir a otro grupo social con la intención de dominarlo y mantenerlo al margen de las decisiones y el control social y político. Las prácticas de invisibilidad generan dinámicas de racismo, sexismo, homofobia y discriminación en general, y afectan a ciertos grupos sociales, como las minorías étnicas o las mujeres (Figueras, 2022).
2.1. Cultura y género
La cultura también puede desempeñar un papel en el análisis de la interseccionalidad. Según Habermas, la cultura constituye una estructura dominante que impone restricciones significativas (Habermas, 1971, p. 56), y en este caso específico se las termina imponiendo al género. En consecuencia, Habermas habla de una acción emancipadora, orientada a la liberación de la estructura. Cierto, la cultura influye en el comportamiento de las personas, convirtiéndose en un paradigma que indica cómo se debe actuar. Además, la imposición de una cultura sobre otra es prácticamente sinónimo de dominación. Esto es prácticamente lo que sucedió con los talibanes, dado que la mayoría de sus miembros son pastunes. Este grupo étnico del este de Irán, que pertenece a la región de Pastunistán (en el sur de Afganistán y el noroeste de Pakistán), históricamente ha gobernado su sociedad a través del Pashtunwali, un código de conducta (Barfield, 2010, p. 35).
Este grupo tribal ha dominado diferentes regiones de Afganistán en diferentes periodos de tiempo; por ende, impuso sus normas por doquier. El Pashtunwali consta principalmente de los siguientes principios: Nang (orgullo), Namus (reputación del hombre basada en la honorabilidad de la mujer), Tura (valentía), Badal (venganza), Melmatsia (hospitalidad), Nanawatee (asilo) y Sharm (humildad) (Haqiqat, 2018, p. 3). Sin embargo, Wafa (lealtad), Shegere (linaje), Jirga (asamblea), Groh (comunidad), Prat (promesa), Wyar (alianza), Merana (valentía) y Hewad (nación) también son principios del Pashtunwali (Nocker & Junaid, 2011). Este código tribal reconoce la completa libertad e independencia de cada hombre adulto (Cathell, 2009). En este caso, ¿qué sucede con la autonomía de las mujeres? Simplemente, al estar en una estructura dominada por los hombres, esto socava de modo automático la capacidad de decidir por sí mismas.
Varios autores pertenecientes a la Escuela de Frankfurt analizaron críticamente el papel de la cultura y cómo esta se convierte en una limitante para los individuos dentro de esta estructura. “No solo actuamos impulsados externamente por los impactos de la cultura y el destino, sino que inevitablemente actuamos algo que no somos. Rara vez una persona determina su forma de actuar únicamente a partir de su existencia; la mayoría de las veces, vemos una forma preexistente ante nosotros, que llenamos con nuestro comportamiento” (Habermas, 1971).
Esta idea presupone que las estructuras culturales preexistentes moldean la identidad y las acciones que inhiben el comportamiento individual. Es así como tradicionalmente los hombres pastunes han impuesto y moldeado la sociedad afgana a su manera a través de normas culturales sometiendo a las mujeres y persuadiéndolas de que su función es la de servir a los hombres. Es por esto que, dentro de contextos patriarcales, la autenticidad de las mujeres queda limitada, debido a que sus comportamientos están en función a formas culturales preexistentes.
Además, las mujeres pastunes y el resto de mujeres afganas prácticamente no participan en la toma de decisiones en ningún nivel dentro de la sociedad debido a la influencia familiar basada en los principios pastunes que rigen el estilo de vida. Resolver este problema requiere una consideración crítica para liberar, en este caso, a las niñas y mujeres de las estructuras de una sociedad tradicional. “Un comportamiento que, orientado hacia esta emancipación, tenga como fin la transformación de la totalidad, puede muy bien servirse del trabajo teórico, realizado dentro de los ordenamientos de la realidad establecida” (Horkheimer, 2003, p. 241). Esta perspectiva crítica expone cómo las estructuras culturales ahondan las desigualdades en las dinámicas del poder y en las diferencias de género no solo afectando a la identidad de la mujer afgana, sino también reduciendo su capacidad de agencia. Por lo tanto, esta perspectiva requiere complementarse con una transformación emancipadora que disminuya la opresión de género.
2.2. Etnicidad y religión
La Constitución de Afganistán de 2004 citaba las etnias pastún, tayika, hazara, uzbeka, turcomana, baluchis, pashaie, nuristaní, aymaq, árabe, qirghiz, qizilbash, gujur y brahwui. No obstante, en Afganistán habitan docenas de otros pequeños grupos étnicos (CIA, 2025). Cabe mencionar que los pastunes representan al menos el 40% de la población afgana (Maizland, 2023), además, también son el principal componente de los talibanes (Lieven, 2021).
A nivel religioso, los talibanes, luego de inspirarse en un primer momento en el deobandi, como se ha mencionado anteriormente, también han sido influenciados por otras corrientes ortodoxas como el Wahabismo11, por el financiamiento proveniente de la península arábiga y sus lazos con el Sheij Bin Laden, lo cual derivó en la adopción y aplicación de una manera estricta y legalista de la Sharía o ley islámica para juzgar a la sociedad afgana.
En este contexto, Mullah Omar capturó Kabul y fundó el Emirato Islámico de Afganistán en septiembre de 1996, previa captura del sur y oeste del país en 1995. Es así que, bajo el liderazgo de Omar, los talibanes siguieron políticas tan radicales como el PDPA, pero en la dirección opuesta. Con el apoyo de Pakistán, los talibanes se expandieron rápidamente, abriendo la tercera y última tercera fase de esta guerra civil (Barfield, 2010, p. 172). Esto enseguida se vio reflejado en los derechos de las mujeres. Como consecuencia de su falta de libertad de movimiento, a las mujeres también se les niega la libertad de asociación. No hay actividades sociales para ellas, ni siquiera actividades religiosas. No tienen acceso al deporte ni al ocio. No tienen derecho a formar agrupaciones políticas o comunitarias. Fundamentalmente, no existe una sociedad civil en Afganistán y se les niegan a las mujeres sus derechos civiles o políticos. No pueden asociarse en grupos grandes ni participar en actividades grupales, ya sea solas o con hombres. La consiguiente falta de solidaridad comunitaria es otra razón por la que las mujeres parecen sufrir tasas tan altas de problemas de salud mental (United Nations Commission on Human Rights, 2000).
En este sentido, Patricia Hill Collins afirma que “el término interseccionalidad” hace referencia a la comprensión fundamental de que la raza, la clase, el género, la sexualidad, la etnicidad, la nación, la capacidad y la edad no operan como entidades unitarias y mutuamente excluyentes, sino como fenómenos que se construyen recíprocamente y que, a su vez, configuran desigualdades sociales complejas (como se citó en Bohrer, 2021, p. 87). En julio de 1998, los talibanes continuaron sus ofensivas en la parte norte del país, capturando dos importantes ciudades Taliqan de Massoud en el este y Mazar-i-Sharif de Dostum. Esta incursión fue mucho más violenta, debido a que esto fue un acto de venganza, en el que masacraron por lo menos a unos 6.000 hazaras. También se produjo la matanza de nueve diplomáticos iraníes en un consulado, lo que llevó a Irán a concentrar setenta mil soldados en la frontera afgana (Tanner, 2002, p. 285). Las desigualdades que menciona Patricia Hill Collins a causa de las interseccionalidades son una realidad en Afganistán, donde ser parte de una minoría étnica o religiosa constituye un verdadero problema, el cual se agrava por un tema de género. Lamentablemente, la interpretación legalista de corrientes como el wahabismo y el salafismo pertenecientes al islam suní ha conducido a que organizaciones político-religiosas como los talibanes, Al-Qaeda y el Estado Islámico promuevan una interpretación muy rigurosa de la Sharía (Castilla, 2017).
En este periodo de tiempo, se documentaron también numerosos relatos de discriminación contra mujeres pertenecientes a minorías étnicas, incluyendo a habitantes hazara y tayikas de Hazarajat y la zona de Shomali. Se recibieron informes fidedignos de que algunas personas fueron objeto de persecución debido a su etnia y a su presunta simpatía por los opositores talibanes. Durante los combates en el valle de Shomali, mujeres pertenecientes a minorías étnicas fueron deportadas a la fuerza de la zona. Las subieron a automóviles, jeeps y camiones y las obligaron a abandonar sus hogares. Por otro lado, se recibieron informes sobre el secuestro de niñas hazara en aldeas. Tras el secuestro, se dice que las obligan a contraer matrimonio con hombres de tribus pastunes. En 1998, se informó que se secuestró a mujeres en Mazar-i-Sharif para matrimonios forzados. Algunos creían que esta práctica estaba oficialmente sancionada; otros opinaban que tales violaciones eran cometidas por los “talibanes no afganos” y eran contrarias a las normas talibanes (United Nations Commission on Human Rights, 2000).
Lamentablemente, luego de que los talibanes reconquistaron el poder el 15 de agosto de 2021, la persecución de minorías étnicas y religiosas continuó. Es así que, pocas semanas después de que los talibanes tomaran el poder, llegaron denuncias sobre personas afganas no pastunes desalojadas forzosamente de sus casas y tierras para que los talibanes pudieran premiar a sus seguidores con tierras arrebatadas a otros grupos étnicos, concretamente el hazara, el turcomano y el uzbeko. Estos desalojos continuaron en todo el país, entre otros lugares, en las provincias de Balkh, Helmand, Daikundi, Kandahar y Uruzgan; lo que ha contribuido a aumentar el número ya enorme de personas internamente desplazadas (Amnistía Internacional, 2022).
2.3. Importancia de la combinación de interseccionalidad y un enfoque histórico estructural
Al analizar la vulneración de los derechos de las mujeres afganas a través de una lente interseccional que enfatiza la cultura, género, etnicidad y religión, acompañado por un enfoque histórico estructural, es posible comprender la transición entre un esquema propicio y otro nefasto para los derechos de las mujeres afganas, donde se configuró una estructura dominante que impuso restricciones significativas a las mujeres, especialmente desde que los muyahidines iban ocupando y dominando zonas durante la intervención soviética en Afganistán (1979-1989).
Como consecuencia de la reforma política denominada Perestroika, Mijaíl Gorbachov ordenó el retiro de las tropas soviéticas de Afganistán en febrero de 1989. Sin embargo, el Gobierno de Mohammad Najibullah estaba debilitado y, con la disolución de la URSS en diciembre de 1991, también llegaría el fin de su Gobierno al año siguiente. Lo que vendría después es la conformación de los talibanes por una fracción de los muyahidines que tomaron el poder consolidando el Emirato Islámico de Afganistán (1996-2001), para posteriormente restablecerlo el 15 de agosto del 2021. En este contexto, los derechos de las niñas y mujeres afganas quedaron reducidos a su mínima expresión, dejando en evidencia un patrón de vulneración de derechos sistémico perpetrado por los talibanes.
Asimismo, este análisis de interseccionalidad demuestra que la opresión de género se manifestó a través de fatwas que restringieron progresivamente las libertades de las mujeres. La etnicidad y la religión agravaron esta violencia, ya que las mujeres afganas, según su etnia, fueron racializadas dada su identidad. Las normas culturales reforzaron el silencio y el estigma, puesto que la estructura cultural silenció a las mujeres afganas, mientras que los códigos de honor provocaron incluso la muerte de algunas de ellas. Por otro lado, se pueden apreciar las contradicciones entre los derechos colectivos e individuales dado que coexisten normas culturales y religiosas que adquieren un carácter dominante, especialmente cuando se derivan de la interpretación de un islam ultraconservador impuesto por los talibanes, que genera un grupo de derechos colectivos que norma la vida comunitaria. No obstante, esto a su vez restringe gravemente derechos individuales como el derecho a la educación, a la libre movilidad, a la participación política, a la libertad de expresión y a la autonomía en general.
3. Respuesta de la Comunidad Internacional ante el sufrimiento de las mujeres afganas
Después de la reconquista del poder por parte de los talibanes en agosto 2021, la Comunidad Internacional cumplió simplemente un rol pasivo. Sin embargo, la lucha prosigue desde adentro, donde una de las asociaciones que sobresale en la defensa de los derechos de las mujeres afganas por décadas es “RAWA”12, la cual ha dejado sentir su voz de protesta por este abuso que restringe constantemente los derechos de las mujeres (RAWA, 2025).
Desde agosto 2021, RAWA ha evolucionado más allá de la simple defensa de los derechos de las mujeres; se ha transformado en una organización humanitaria que defiende la libertad y la democracia al tiempo que brinda asistencia a los segmentos más pobres de la población (Università della Svizzera italiana, 2023).
Otra de las organizaciones que destacan en esta lucha es la Red de Mujeres Afganas (AWN), fundada en 1995, y que sirve como red estable para el crecimiento de las organizaciones de mujeres activas en el país, así como de las que se encuentran actualmente en el exilio (Womankind Worldwide, 2025). Esta organización, como tantas otras, ha tenido que adaptar su trabajo a la clandestinidad para poder abordar las diferentes necesidades de las niñas y mujeres afganas, además de crear puentes con organismos intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales de presencia internacional para denunciar sin cesar la violación de sus derechos.
En el año 2025, los derechos de las mujeres afganas siguen siendo vulnerados sistemáticamente, con tendencia a agravarse. Especialmente el derecho a la educación, dado que a partir del 2 de diciembre del 2024 el líder talibán Haibatullah Akhundzada prohibió la enseñanza médica para mujeres. Esto significó la cancelación de programas de enfermería y formación de partera. Anteriormente, ya se había restringido el acceso de las niñas a la educación a partir de los 12 años (Follorou, 2025).
Asimismo, se tiene que el derecho al trabajo y a la participación en la vida pública, donde un ala ultraconservadora de los talibanes decidió que las organizaciones no gubernamentales (ONG) tanto locales como internacionales cesen la contratación de mujeres; en caso de desacato, se les retiraría su licencia para operar en suelo afgano, limitando así su presencia en el espacio público, sobre todo en áreas vitales como el sanitario y humanitario. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que esta decisión implicará un aumento de la mortalidad materna del 50% desde 2026, por falta de atención médica en manos de personal femenino (Follorou, 2025).
Las nuevas directivas de los talibanes vulneran múltiples artículos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) entre ellos el 2, el 5, el 7, el 10, el 11 y el 12 al perpetuar la discriminación contra las mujeres en ámbitos cruciales como la educación, el empleo, la salud, la vida política y los patrones socioculturales. Estas medidas contradicen el compromiso internacional de erradicar toda forma de desigualdad de género (OHCHR, 1979).
La respuesta de la Comunidad Internacional ha sido, como siempre, de complicidad con un sistema opresor impuesto por segunda vez por los talibanes desde agosto del 2021. Por su parte la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y otras organizaciones no gubernamentales de alcance global que velan por los derechos humanos solo han atinado a condenar la situación que enfrentan las féminas en este país. Cabe destacar la labor de ONU Mujeres en todo Afganistán, puesto que se centra en reforzar el liderazgo y la influencia de las mujeres afganas vinculándose con organizaciones de mujeres para brindar apoyo financiero, formación y tutoría; esto es una gran prioridad (ONU Mujeres, 2025).
Actualmente, ha aumentado su actividad mediante alianzas con más de 200 organizaciones de mujeres en 2024, donde sobresale la más importante iniciativa denominada “Reconstruir el Movimiento de Mujeres” financiada por la Corporación Suiza para el Desarrollo y los Gobiernos de Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Noruega, España y Suecia. Esto ha significado el apoyo concreto en las 34 provincias del país, donde se ha apoyado a 140 organizaciones de mujeres para que puedan preservar su esperanza y su visión de un futuro mejor. Hasta la fecha, el programa ha ayudado a más de 16.000 mujeres con actividades de sensibilización, formación profesional, kits de iniciación empresarial y cuidado infantil (ONU Mujeres, 2025).
Según ONU Mujeres, este el resultado de un complejo mosaico de más de 80 edictos, directivas y decretos publicados por los talibanes que han atentado directa y sistemáticamente contra los derechos y la autonomía de las mujeres (ONU Mujeres, 2025). Incluso más de un tercio de la población femenina debe soportar maltratos físicos de la pareja. El último dato que se tiene con respecto a este tema y que figura en el Gender Index 2024: Afghanistan es del año 2018, donde se indica que el 34,7% de las mujeres afganas que alguna vez estuvieron casadas habían sufrido violencia física, sexual o emocional en los 12 meses anteriores. Dicho informe también recalca que existen variaciones geográficas significativas, con tasas más altas entre las mujeres de zonas rurales (56%) que en zonas urbanas (43%) (UN Women, 2025).
Pese a todo lo anteriormente mencionado, no hay forma de poder presionar al Estado afgano para que retroceda en la aplicación de leyes que afectan los derechos de las mujeres y las dejan sin una autoridad que las represente, lo cual puede alentar la violencia intrafamiliar.
DISCUSIÓN
Esta investigación deja varios temas sobre los cuales se puede reflexionar. El primero sería la manera en la que los investigadores abordan los derechos de las mujeres en Afganistán, puesto que se ha convertido en un tema de estudio bastante controversial. Lo que significa que se podrían invisibilizar los abusos que sufren las mujeres para evitar caer en la figura del orientalismo o elegir una perspectiva crítica que denuncie los abusos a los cuales las niñas y mujeres de este país se encuentran sometidas en nombre de los patrones culturales e interpretaciones religiosas.
El segundo tema que se puede considerar es el alcance de la resistencia cultural. Por ejemplo, durante la época monárquica de Afganistán, el rey Amanullah decidió modernizar la sociedad afgana sin considerar el alcance que podría tener la resistencia cultural con el pasar de los años en las élites religiosas ultraconservadoras del país. El tercer tema podría ser el valor de la interseccionalidad como lente crítica, puesto que es muy valiosa y resulta más útil aun cuando va acompañada de un análisis histórico estructural, donde justamente el marco temporal identifica los factores interseccionales dentro de aspectos legales, socioeconómicos y políticos, tal como se ha hecho en esta investigación. Esto permite apreciar cómo, cuándo y dónde las estructuras de poder se van configurando para generar opresión.
Finalmente, la Comunidad Internacional debería repensar sus formas de salvaguardar los derechos humanos de los más vulnerables y llegar a un consenso sobre el debate de intervención vs. soberanía, lo que permitiría brindar una respuesta tangible al problema del sufrimiento de la mujer afgana. Como se ha podido apreciar en esta investigación, ni el derecho internacional ni las diferentes convenciones donde se protegen los derechos de las niñas y mujeres han podido brindar una respuesta a este problema. ¿Tal vez, en el siglo XXI, los intereses económicos seguirán primando sobre los derechos humanos en el campo de las relaciones internacionales?
CONCLUSIONES
Luego de analizar la evolución de los derechos de las mujeres en Afganistán, se puede concluir que, durante la época monárquica (1920-1973), en especial con el rey Amanullah preocupado por el acceso a la educación de las féminas, se sembraron las bases para que estos puedan desarrollarse en medio de la oposición de una clase político-religiosa ultraconservadora que veía con malos ojos la emancipación de la mujer afgana a través de la influencia occidental; sin embargo, esto desencadenó una reacción de repudio en buena parte de la sociedad afgana. Aun en los primeros años de la época republicana con Daoud Khan (1973-1978), los derechos de las mujeres en Afganistán se fueron desarrollando de manera progresiva en las principales urbes del país. Cuando se creó la República Democrática de Afganistán (1978-1992), bajo un halo socialista, se lograron más avances en los derechos de las mujeres buscando la igualdad de género. Sin embargo, conforme fue creciendo el alcance geográfico de los muyahidines, las mujeres tenían que ir adecuándose a las imposiciones de estos, limitando sus libertades esenciales; situación que se fue agravando con la incursión soviética en Afganistán, lo que significó un conflicto de diez años con los muyahidines, diluyendo el famoso Estado de derecho. Con la creación de los talibanes y la fundación del Emirato Islámico de Afganistán, los derechos de las niñas y mujeres se condicionaron por completo, tanto en la primera etapa entre 1996 y 2001 como en la segunda a partir del 15 de agosto del 2021. Siendo esta última la etapa más crítica, puesto que ha comprometido seriamente los derechos de las mujeres afganas. Tanto la ocupación soviética en 1979 como la norteamericana en el 2001 y la voluntad de imponer sus modelos culturales terminaron en un completo fracaso, comprometiendo aún más los derechos de las afganas. Ante la actual situación que enfrentan las mujeres en Afganistán, la Comunidad Internacional ha optado, como siempre, por condenar los hechos de los que son víctimas las mujeres afganas sin brindar mayor solución a sus problemas. Mientras tanto, sus derechos se encuentran condicionados por factores interseccionales como la cultura, la etnia y la religión, lo que se traduce en un impedimento para la implementación de los derechos individuales. Por ello, es necesario resaltar que el enfoque de interseccionalidad juega un rol preponderante para comprender cómo se configuran las exclusiones que las mujeres afganas deben de enfrentar día a día y que agravan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.
