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Temas Sociales

versión impresa ISSN 0040-2915versión On-line ISSN 2413-5720

Temas Sociales  no.56 La Paz mayo 2025  Epub 31-Mayo-2025

https://doi.org/10.53287/izxa9064pz89r 

APORTES

Las derechas bolivianas en el ciclo político hegemónico del MAS-IPSP*

The Bolivian Right Wing during the Hegemonic Political Cycle of MAS-IPSP

Luis Víctor Alemán Vargas1 
http://orcid.org/0009-0003-2847-8743

1Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires, Argentina E-mail: luisnada@hotmail.com


Resumen

En este artículo se pretende aportar a la discusión respecto a los factores que influyen en el fracaso o la viabilidad de los proyectos de las derechas en Bolivia. El objetivo es analizar el comportamiento de la derecha boliviana en el periodo 2005-2020 y cómo el proyecto hegemónico del proceso de cambio influyó sobre éste. A través de una revisión documental, el análisis de los resultados de las elecciones presidenciales y el estudio de los planes de gobierno de los partidos de derecha, se identifican cuatro efectos que tuvo el MAS-IPSP sobre las derechas bolivianas. Se concluye que ante la imposibilidad de construir un proyecto alternativo al MAS-IPSP, las derechas bolivianas accionaron políticamente con la ayuda de discursos difusos como “la defensa de la democracia”.

Palabras clave: Partidos de derecha; planes de gobierno; elecciones presidenciales; proceso de cambio; discursos políticos; ciclos políticos; Bolivia

Abstract

This paper aims to contribute to the discussion regarding the factors that influence the failure or viability of right-wing projects in Bolivia. The objective is to analyze the behavior of the Bolivian right in the period 2005 - 2020 and how the hegemonic project of the process of change influenced it. Through a documentary review, the analysis of the results of the presidential elections and the study of government plans of right-wing parties, four effects that the MAS-IPSP had on the Bolivian right are identified, to conclude that, faced with the impossibility of building an alternative project to that of the MAS-IPSP, the Bolivian right took political action with the help of diffuse discourses such as “the defense of democracy.”

Keywords: Right wing parties; plans for government; presidential elections; Process of Change; political discourse; political cycles; Bolivia

INTRODUCCIÓN

En la presente monografía tengo la intención de analizar el campo de las derechas bolivianas a partir de su relación e influencia mutua con el campo de la izquierda; como indica Bobbio (1996): “Tanto en el caso del predominio de la Derecha sobre la Izquierda, como en el caso contrario, las dos partes siguen existiendo simultáneamente y extrayendo cada una su propia razón de ser de la existencia de la otra” (p. 65). Esta relación de interdependencia entre las fuerzas permite abordar de manera diferente el análisis político. Los procesos de predominio/sometimiento son influidos de manera interdependiente y deben explicarse desde la relación entre las partes. Por ello, el objetivo de este trabajo es analizar a las derechas bolivianas durante el ciclo político de predominio del MAS-IPSP (desde 2005 hasta 2020) no por sus características y debilidades inherentes, sino por la influencia entre las partes. De esta manera, aspiro a dar una explicación de sus acciones y discursos políticos, que fluctúan entre el liberalismo democrático, el liberalismo conservador y la posición más conservadora1. Aunque estas acciones y discursos pueden parecer contradictorios, expresan las características de una derecha acorralada.

Algunas interrogantes que han guiado la redacción del presente artículo son las siguientes: ¿Es posible identificar ciclos políticos de supremacía de la derecha o de la izquierda en la historia reciente de Bolivia? Describo esto en el apartado del ciclo político de la derecha y el ciclo político de izquierda. El siguiente apartado intenta responder a la pregunta: ¿cuáles son las estrategias y los discursos políticos que permiten el ascenso vertiginoso del MAS-IPSP y de Evo Morales? Habiendo descrito estos elementos, ensayo en el cuarto apartado una descripción de los efectos que tiene el proyecto hegemónico del “proceso de cambio” en las derechas bolivianas. Por último, en el quinto apartado analizo brevemente el episodio de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en el año 2019, para comprender su efecto sobre las derechas bolivianas.

EL CICLO POLÍTICO DE LA DERECHA Y EL CICLO POLÍTICO DE LA IZQUIERDA

Luego de la Revolución Nacional de 1952, cuando el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tomó el poder estatal para implementar políticas como el voto universal, la derecha boliviana2 instauró un ciclo político de dominio hegemónico basado en el autoritarismo militar (1964-1980) y en sucesivos pactos partidistas (1985-2005). El politólogo René Antonio Mayorga (1991) explica este ciclo partiendo de la idea de que los periodos de estabilidad y gobernabilidad política son posibles gracias a la sobreposición de proyectos políticos ideológicos que alcanzan la dominación por consenso en la sociedad y que pueden mantener el equilibrio a través de la alianza con actores influyentes en la política. En contrapartida, el empate catastrófico es concebido por Mayorga como un “bloqueo mutuo y una incapacidad política e ideológica de las fuerzas políticas para dar solución de hegemonía y consenso en escala nacional a la cuestión estatal” (p. 23). En este sentido, en opinión de Mayorga, es mejor que la balanza se incline hacia la izquierda o la derecha para alcanzar estabilidad y gobernabilidad en la administración del Estado.

Esto había ocurrido entre 1964 y 1980, cuando las Fuerzas Armadas de Bolivia asumieron un papel activo en la vida política boliviana y lideraron, de forma conjunta con los actores empresariales, los gobiernos dictatoriales de derecha, influidos ideológicamente por la doctrina de seguridad impulsada por Estados Unidos. De igual manera, aunque tras el breve intervalo de un Gobierno de izquierda, la derecha se consolidó en 1985 en torno a un conjunto de partidos políticos “aparentemente” distintos en lo ideológico, pero propensos a pactar. Durante ese año, la crisis económica había llegado a generar un proceso de inusitada hiperinflación y el breve Gobierno de la Unidad Democrática Popular (UDP) no había podido disminuir la inflación con las políticas implementadas, lo cual condujo tanto a una profunda insatisfacción social como a la demanda de los actores sociales de acortar el mandato del Gobierno de izquierda. Los partidos políticos tradicionales, como el MNR, o los de izquierda, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), proponían a la población diferentes recetas para superar la crisis política. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia desempeñó un papel importante en estas elecciones, al acordar con los partidos de derecha las políticas de tipo neoliberal que deberían implantarse para devolver estabilidad a la economía boliviana. De esta manera se generó, como indica Mayorga, un proyecto hegemónico de dominación.

Pero un nuevo ciclo político iniciaría con el paso hacia el siglo XXI. Un remezón social ciudadano reconfiguró el campo político en Bolivia, vigorizando a los actores representativos de la izquierda y contrayendo el espectro de la derecha. En el primer cuatrimestre del año 2000, estalló la denominada “Guerra del Agua” en la ciudad de Cochabamba, conflicto social protagonizado por organizaciones sociales y civiles contra el proceso de privatización del agua potable que había iniciado el Estado boliviano durante el Gobierno de Hugo Banzer Suarez con impulso del Banco Mundial. Posteriormente, el año 2003 se suscitó el conflicto denominado “Guerra del Gas”, a causa de la venta de gas natural a Estados Unidos a través de puertos chilenos; ante esa posibilidad, las juntas vecinales de la ciudad de El Alto y luego las organizaciones sociales de todo el país demandaron priorizar el consumo del mercado interno antes que la exportación de gas, evitando finalmente que el contrato de venta se firmara. Este movimiento social terminó con la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su huida hacia Estados Unidos.

A lo largo de este proceso de movilización social se consolidó una agenda política que se denominó “Agenda de Octubre”, dado que las últimas movilizaciones del 2003 se habían desarrollado durante este mes. Este pliego petitorio demandaba los siguientes puntos: 1. No a la venta del gas por Chile a Estados Unidos; 2. Modificación de la Ley de Hidrocarburos; 3. Nacionalización del gas y del petróleo; 4. Expulsión de las transnacionales sin indemnización; 5. Convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna para el país; 6. Oposición al ingreso al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); 7. Derogación de las leyes INRA y 1008; 8. Entrega de títulos de tierras a los indígenas originarios; 9. Eliminación completa del Decreto Supremo 21060 (políticas neoliberales implementadas desde 1985 bajo el nombre de “medidas de ajuste estructural”), y 10. Renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Esta agenda se constituyó en la plataforma discursiva del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) liderada por Evo Morales Ayma, que propugnaba un plan de gobierno acorde a las demandas expresadas en dicha agenda política. Finalmente, en las elecciones nacionales del año 2005 el MAS-IPSP ganó con el 53,72% de votación, iniciando un nuevo ciclo en la política boliviana: la izquierda étnica nacionalista conformó un proyecto hegemónico en torno a los movimientos sociales, desplazando a la derecha boliviana a los márgenes del campo político, debilitando sus partidos tradicionales y ganando preeminencia en el campo del discurso político.

EL BOOM DEL MAS-IPSP Y DE EVO MORALES

Como cierre del acto de inauguración de su campaña electoral, en un apoteósico evento celebrado en la plaza San Francisco de la ciudad de La Paz en octubre del 2005, acompañado por 15.000 almas y dirigentes de varios sectores populares, Evo Morales pronunció un efusivo discurso, asegurando: “Quiero ser presidente compañeros y compañeras, pero quiero ser un presidente para darle el poder al pueblo boliviano, para acabar con el analfabetismo en Bolivia, quiero ser presidente para nacionalizar todos los recursos naturales” (Quiroga L., 2013). El candidato del MAS-IPSP buscaba posicionarse como líder de los movimientos sociales y representar a toda la población que se mostraba crítica a las medidas adoptadas por los Gobiernos desde 1985, exigiendo “un papel activo del Estado en asuntos socioeconómicos” (Romero Ballivián, 2006, p. 41). El partido abanderado del cambio no se limitó a criticar a los partidos tradicionales, sino que interpeló la cara más racista de la sociedad boliviana, donde los privilegios de acceso al poder estaban reservados para una oligarquía blancoide que, a través de sus vínculos con el poder del Estado, impulsaba la conformación de una burguesía urbana ligada al capital extranjero y cuyo proyecto era vehementemente defendido por los partidos tradicionales. La promesa del MAS-IPSP era entregar el poder a los sectores sometidos del país para que éstos gobernaran, y Evo Morales era el símbolo del cambio, el garante de este proceso. Si llegara a ganar, sería el primer presidente indígena del país y de la región.

Luego de la elección, la gestión del MAS-IPSP desplegó un conjunto de políticas públicas que dieron certeza a la ciudadanía sobre la gestión de gobierno pues, si bien los resultados de la votación nacional mostraban un apoyo mayoritario al proyecto, el que fuera un partido nuevo y dirigido por un indígena que no había concluido sus estudios de bachillerato eran elementos que la oposición intentaba aprovechar para desacreditar al Gobierno recientemente posesionado. La primera medida política asumida por el MAS-IPSP, después de asumir el Gobierno en enero de 2006, fue la promulgación de la Ley N.° 3364 de convocatoria a la Asamblea Constituyente en marzo del mismo año. Posteriormente, el primero de mayo (Día Internacional del Trabajador) de 2006, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo N.° 28701 denominado Héroes del Chaco que, en concordancia con la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, recuperaba a favor del Estado boliviano la propiedad y el control de los recursos hidrocarburíferos del país. Adicionalmente, el Gobierno desplegó políticas redistributivas que tenían como objetivo erradicar la desnutrición infantil, la pobreza y el analfabetismo; las mismas fueron acompañadas por un paquete de bonos y proyectos productivos. El Gobierno incrementó el presupuesto del Estado inyectando recursos de la renta hidrocarburífera a través de las medidas redistributivas, alcanzando -y quizá superando- las expectativas que la población votante se había hecho del “proceso de cambio” iniciado por Evo Morales.

Si bien tanto el problema económico como la insatisfacción de los sectores populares estaban siendo abordados, quedaban puntos importantes de la “Agenda de Octubre”. Por ello, la Asamblea Constituyente inició sus funciones el 6 de agosto de 2006 y culminó sus sesiones aprobando una nueva Constitución Política del Estado (CPE) el 10 de diciembre de 2007, para luego ponerla a consideración de la población mediante un referéndum constitucional. Fue así como, en febrero del 2009, unos meses antes de las elecciones nacionales, la nueva CPE entró en vigor.

En un periodo corto de tiempo (2003-2009), el “proceso de cambio” del MAS-IPSP de Evo Morales se había consolidado como proyecto hegemónico de dominación, absorbiendo el apoyo tanto de los sectores populares del país como de los movimientos sociales más representativos. ¿Por qué la población respondió positivamente a este proyecto en tan corto tiempo? Porque gran parte de la población boliviana estaba indignada con el anterior ciclo político de la derecha y el MAS-IPSP, a la cabeza de Evo Morales, capitalizó esa indignación para llegar al poder.

Stefanoni (2021) se refiere a la indignación cuando analiza las derechas alternativas contemporáneas, las cuales “le disputan a la izquierda la capacidad de indignarse frente a la realidad y de proponer vías para transformarla” (p. 7). Así, cuando Donald Trump o Javier Milei interpelan la realidad política de sus países, tienen la capacidad de generar empatía con sus potenciales votantes, puesto que poseen la suficiente credibilidad -o la han construido en varios años- para representar a la indignación de la población en contra del statu quo. En las elecciones generales del 2005 en Bolivia, la derecha no tenía ni la credibilidad ni la capacidad de disputarle a la izquierda la indignación de los votantes; por el contrario, el MAS-IPSP criticaba duramente el ciclo de derecha que estaba concluyendo y enarbolaba una nueva forma de hacer política al mando de los sectores populares. Su discurso fresco y renovador partía de la novedad de tener a un indígena como presidente del país. Si bien esta estrategia fue anteriormente utilizada con la candidatura vicepresidencial de Víctor Hugo Cárdenas por el MNR en 1992, ahora el poder de decisión lo tendría un hombre proveniente del sindicalismo cocalero, un antiguo dirigente sindical con poca experiencia en la administración del Estado. Se consideraba, por tanto, que no estaba maleado; lo cual cosechaba empatía y confianza en los sectores populares y progresistas del país.

En ese proceso, también ayudó el discurso nacional étnico populista que utilizó el MAS-IPSP. Como precisa Morresi (2020) sobre el caso de las nuevas derechas, en las que confluyen el nacional populismo y el neoliberalismo, son procesos políticos en los que la ciudadanía desconfía de la burocracia y de la élite política, dado que éstas se alejan cada vez más de los problemas populares. Ante esta situación, los nacional-populistas enaltecen la identidad originaria y ven con desdeño y preocupación a la gente extranjera que migra al país por diferentes razones. Aunque para el caso de la nueva derecha Morresi se refiere a la fobia hacia los migrantes, la dirección del desplazamiento siempre es de un país en vías de desarrollo hacia un país desarrollado. En cambio, lo que ocurrió en el caso boliviano fue la valoración de lo étnico, de lo originario, desdeñando la injerencia de países extranjeros y señalando como enemiga a la élite oligarca heredera de las estructuras de dominación colonial. En este sentido, el discurso étnico de Evo Morales permitió la confluencia del discurso nacional-populista con la izquierda boliviana.

La capacidad que tuvieron el MAS-IPSP y Evo Morales para capitalizar efectivamente la indignación de la población boliviana, e interpelar la cara más racista de la sociedad boliviana a través de la reivindicación étnica de su discurso nacional populista, plantó dos columnas fundamentales para la construcción del proyecto hegemónico del “proceso de cambio”. De esta manera, el MAS-IPSP y Evo Morales le arrebataron a la derecha boliviana la posibilidad de plantear un discurso nacional populista o de representar efectivamente a la indignación de la población. El “proceso de cambio” sentó autoría sobre ambos contenidos ideológicos.

LA RETRACCIÓN DE LA DERECHA TRADICIONAL Y LA EXPANSIÓN DE LA DERECHA REGIONAL

El primer efecto de la instalación del proyecto hegemónico del “proceso de cambio” fue la recomposición del sistema de partidos. La elección nacional del 2005 golpeó duramente a la derecha tradicional, principalmente a los partidos que habían sido parte de los acuerdos partidarios que implementaron la política económica neoliberal. El MNR y Acción Democrática Nacionalista (ADN) sobrevivieron con una votación marginal; en cambio, partidos de izquierda, como Conciencia de Patria (Condepa) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desaparecieron al no alcanzar el porcentaje necesario para mantenerse vigentes.

El segundo efecto fue la reducción del campo de las derechas a un tercio de la votación nacional. Sus líderes representativos, como Jorge “Tuto” Quiroga y Samuel Doria Medina, intentaron conformar una oposición al MAS-IPSP creando nuevas alianzas, aunque ambos habían participado activamente en el ciclo político previo (Quiroga como vicepresidente de Hugo Banzer Suarez, de ADN, a quien sucedería en la Presidencia después de su muerte a mediados de su gestión; por su parte, Doria Medina fue ministro de planeamiento y coordinación durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora, del MIR).

Jorge Quiroga lideró la alianza Poder Democrático Social (PODEMOS), que reunía a ADN y al Partido Demócrata Cristiano (PDC). Samuel Doria Medina fundó el partido Unidad Nacional (UN). En las elecciones del 2005, Quiroga terminó segundo con PODEMOS, alcanzando el 28,6% de la votación nacional, mientras que Doria Medina y UN quedaron en tercer lugar con el 7,8%. En las elecciones del 2009, Manfred Reyes Villa, de la Nueva Fuerza Republicana (NFR), terminó segundo con el 26,4% de votación y Samuel Doria Medina tercero con el 5,6%. Finalmente, en las elecciones nacionales del 2014, Doria Medina lideró la alianza de UN con el Movimiento Demócrata Nacional, un partido representante de la creciente derecha cruceña, denominada Unidad Demócrata (UD), con la cual alcanzó el segundo lugar con el 24,3% de la votación, y Quiroga, con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), alcanzó el tercer lugar con el 9% de votación nacional. En todas estas justas nacionales, el MAS-IPSP ganó con más del 50% de la votación.

El tercer efecto sobre las derechas se dio a través de la atracción de sus discursos y contenidos hacia el eje de la izquierda. Durante la primera y segunda gestión de gobierno (2005-2014) del MAS-IPSP, el campo político de la izquierda se convirtió en un eje de atracción para los partidos y actores políticos de derecha, influyendo en la construcción de sus discursos y propuestas de gobierno. Un ejemplo de ello es la alianza Unidad Demócrata que, en el 2014, presentó como candidatos al empresario Samuel Doria Medina y al exprefecto del departamento del Beni Ernesto Suárez Sattori. Su propuesta opositora al MAS-IPSP coincidía en muchos puntos con la propuesta de su contrincante; por ejemplo, en la centralidad del Estado boliviano, cuyo objetivo era alcanzar una ciudadanía integral para los bolivianos (es decir, una ciudadanía política), reconociendo todos sus derechos; una ciudadanía socioeconómica, que implicaba alcanzar la mayor igualdad posible, y la ciudadanía cultural, en la cual todas las culturas y naciones se reconozcan como iguales y no predomine una sobre otra (Unidad Demócrata, 2014, p. 7). La propuesta ponía énfasis en mantener las políticas redistributivas con matices liberales:

El crecimiento sólo consolidará e incrementará las desigualdades de la sociedad si no está acompañado por fuertes y bien enfocadas políticas redistributivas: Creemos en las medidas que reparten dinero directamente a la gente, porque son más eficientes que la entrega de recursos a los funcionarios responsables de la política social con el encargo de que los gasten bien (p. 9).

Todo ello sin abandonar su espíritu social, puesto que la propuesta mantenía “una irrenunciable vocación social” (p. 11) de lucha contra la pobreza y disminución de las brechas y desequilibrios sociales: igualdad, en suma.

De la misma manera, la fuerza opositora en las elecciones del 2019, la alianza Comunidad Ciudadana (CC) liderada por el historiador Carlos Mesa y el académico cruceño Gustavo Pedraza, presentó una propuesta de gobierno que planteaba soluciones a problemas que el proyecto del MAS-IPSP no había podido abordar: Una reforma a la justicia boliviana, lucha frontal contra los hechos de corrupción y diversificación de la economía boliviana a través de una apuesta fuerte por la economía naranja. Estos planteamientos evidenciaban la intención de continuar con el proceso de cambio y profundizarlo, puesto que serían mejores ejecutores que los representantes del MAS-IPSP, al abordar problemas no resueltos por ellos (Comunidad Ciudadana, 2019). Con todo, no se discrepaba del proyecto hegemónico del MAS-IPSP desde una visión liberal, neoliberal o conservadora del país.

Finalmente, un cuarto efecto fue la expansión de una derecha regional oriental en torno al discurso autonomista que generaba oposición al MAS-IPSP, pero no lo confrontaba en el campo político de la hegemonía nacional. Como plantean Jáuregui y Arequipa (2021), “La oposición se restructuró en base a los Comités Cívicos (…) enarbolando un discurso autonomista que vinculó las demandas por descentralización con los intereses de las élites empresariales tradicionales (locales)” (p. 8). Sin embargo, cabe aclarar que las élites empresariales locales no eran nuevas en política; de hecho, la cruceña, principal impulsora del movimiento autonomista, había tenido presencia en los gobiernos dictatoriales de derecha. Los gobiernos de facto de Barrientos y luego de Banzer privilegiaron claramente a un grupo de personas del departamento de Santa Cruz con la dotación de tierras de manera clientelar, consolidando la conformación de una élite cruceña y su ámbito de representación, “el Comité Cívico pro Santa Cruz” (Soruco et al., 2008, p. 66)3. Otro periodo importante de dotación de tierras fue el correspondiente al Gobierno de Jaime Paz, con un 15% de superficie otorgada al mismo grupo social (p. 69).

Mientras se conformaba la “Agenda de Octubre” entre el 2003 y el 2005, de manera paralela, el Comité Cívico Pro Santa Cruz nucleaba los intereses de los sectores dominantes del oriente boliviano (departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando), generando además un liderazgo en torno a los comités cívicos de Tarija, Potosí y Chuquisaca con el afán de defender los intereses regionales. Esto permitió la conformación de un liderazgo de organizaciones cívicas, que se mostraban como fuerza de oposición real a la hegemonía política del MAS-IPSP4, bajo el paraguas de un proyecto de descentralización regional que parecía diluir las diferencias de clase social.

Si bien este liderazgo mostró fuerza tanto en las acciones de movilización social callejera como en las concentraciones masivas, el proyecto hegemónico del MAS-IPSP supo convivir con él, absorbiendo sus demandas en diferentes etapas del proceso constituyente, para finalmente reconocer las autonomías con la aprobación del Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz promulgado el 30 de enero de 2018 mediante una ley departamental. De esta manera, las derechas regionales no pudieron consolidarse como proyecto político más allá de su territorio regional.

LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

La elección general del 2014 fue el inicio de un episodio de declive del MAS-IPSP a la cabeza de Evo Morales. En abril de 2013, el Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió que el presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera estaban habilitados para una reelección en las elecciones generales del año 2014. Recordemos que la dupla había ganado las elecciones del 2005 y había sido reelecta en 2009, después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Aunque la nueva carta magna establecía que los mandatos anteriores a su aprobación debían ser considerados, el Tribunal Constitucional emitió un fallo dictaminando que Morales y García estaban cumpliendo su primer mandato. El presidente del tribunal, Rudy Flores, señaló en declaraciones a la prensa: “El período presidencial se computa desde la refundación (...) Los siete magistrados [del TCP] de forma unánime han determinado la constitucionalidad del proyecto de ley” (Quiroga L., 2013). De esta manera, Evo Morales y Álvaro García no solo fueron habilitados para participar en las elecciones, sino que las ganaron con un 61,3% de votación, obteniendo más de dos tercios en la Asamblea Nacional y controlando ambas cámaras.

Ya en ejercicio, y con el control del poder legislativo, la Asamblea Nacional aprobó en ambas cámaras la Ley N.° 757 que convocó a Referéndum Constitucional Aprobatorio para modificar el artículo de la CPE que impedía la reelección presidencial. El 5 de noviembre de 2015, el presidente Evo Morales promulgó esta ley para que el referéndum se realice el 21 de febrero de 2016. Esta acción política del MAS-IPSP permitió a los opositores posicionar la idea de que la democracia estaba en peligro y el Gobierno de Evo Morales era autoritario, pues pretendía doblegar la institucionalidad democrática con el objetivo de perpetuarse en el poder. Un proceso similar había ocurrido con Hugo Chávez en Venezuela, y la derecha boliviana no perdió la oportunidad de comparar ambos procesos políticos.

El MAS-IPSP y las organizaciones y movimientos sociales cercanos al Gobierno se pusieron en campaña por el “SÍ”, mientras que los demás partidos del sistema político, fueran de izquierda o de derecha, se alinearon por el “NO”. Por su parte, los gobernadores y alcaldes de departamentos y municipios importantes apoyaron frontalmente el “NO”. Parecía que la opinión pública coincidía con la preocupación por la salud de la democracia, en el caso de que el “SÍ” ganara el Referéndum Constitucional Aprobatorio. Por consiguiente, la asistencia de observadores electorales internacionales fue bien vista por los líderes de oposición. Finalmente, el 21 de febrero el Órgano Electoral Plurinacional anunció que el “NO” se había impuesto con 2.682.517 votos (51,3%) contra 2.546.135 votos (48,7%) por el “SÍ”. Las primeras declaraciones por parte del MAS-IPSP después de conocerse los resultados correspondieron al vicepresidente Álvaro García Linera, quien definió el resultado como “un empate técnico”, declaración que alertó a la oposición sobre un intento de reelección de Evo Morales pese a su derrota en el referéndum.

El lunes 18 de septiembre del 2017, legisladores del MAS-IPSP y dos opositores aliados plantearon una acción abstracta de inconstitucionalidad con el fin de habilitar la reelección de Evo Morales. El martes 28 de noviembre del mismo año, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional Macario Cortez explicó que el tribunal había decidido declarar la aplicación preferente de los derechos políticos por encima de los artículos de la CPE que limitaban la cantidad de veces que una persona podía ser reelecta (BBC News Mundo, 2017). La reacción de la oposición no se dejó esperar; no obstante, como la reelección no se había consumado, el debate político mantuvo una tensa calma hasta las elecciones del 2019.

Llegado este año, el MAS-IPSP registró a Evo Morales y Álvaro García como candidatos a presidente y vicepresidente. Por otra parte, Carlos Mesa, exvicepresidente del MNR durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, lideró la alianza Comunidad Ciudadana (CC) en la que participaban el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y Soberanía y Libertad para Bolivia (SOL.Bo.). Asimismo, la oposición de derecha conservadora del Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentó al candidato surcoreano boliviano Chi Hyun Chung. El proceso electoral desarrollado el domingo 20 de octubre, finalmente, se vio empañado por un corte abrupto en el sistema electoral de conteo rápido. A las 21:00 de esa noche, la diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa no era mayor a seis puntos y el MAS-IPSP no superaba el 50% de la votación; considerando esas circunstancias, el Órgano Electoral Plurinacional debería disponer una segunda vuelta. Sin embargo, el corte del conteo rápido producido cerca de las 21:30 se extendió hasta el día siguiente y, cuando se reinició, mostraba un 47,8% de votación para el MAS-IPSP y 36,5% para Carlos Mesa, superando así los diez puntos de diferencia necesarios para que Evo Morales fuera proclamado nuevo presidente de Bolivia en su cuarto mandato de Gobierno.

La reacción de los descontentos se inició al día siguiente de las elecciones: los líderes de oposición condenaron el corte del sistema y denunciaron que se había perpetrado un fraude electoral. Varios sectores contrarios al MAS-IPSP protestaron contra los resultados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Día a día, el conflicto fue recrudeciendo y el repudio fue ganando más simpatizantes. Los comités cívicos jugaron un papel importante, pues brindaron apoyo para sostener la movilización política. Uno de los episodios culminantes de este proceso de movilización y conflicto ocurrió el 9 de noviembre, cuando se filtró el resultado negativo del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a la integridad de los resultados de las elecciones del 20 de octubre. Al día siguiente, Evo Morales anunció la celebración de nuevas elecciones, considerando lo sustentado por el informe de la OEA. Sin embargo, horas más tarde, la Central Obrera Boliviana le sugirió renunciar, y posteriormente las Fuerzas Armadas de Bolivia secundaron esa sugerencia. Horas más tarde, Evo Morales y Álvaro García renunciaron a sus cargos y fueron asilados en México por invitación del presidente de ese país. Este capítulo de la historia política boliviana cerró con la polémica proclamación de la senadora Jeanine Añez como presidenta de Bolivia en su calidad de segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, ante la renuncia de todas las autoridades del MAS-IPSP sobre las cuales pudo haber recaído esa designación.

Con estos antecedentes, podemos ensayar la idea de que, en el lapso entre 2014 y 2019, el problema político que el MAS-IPSP puso en debate fue la integridad de las instituciones democráticas. En este sentido, la defensa de la democracia fue la trinchera a la cual se aferraron las derechas bolivianas, así como los grupos disidentes del MAS-IPSP, que le disputaban el campo de la izquierda. De ese modo, los grupos opositores al proyecto hegemónico del MAS-IPSP recuperaron la capacidad de disputarle la hegemonía después de tres gestiones de Gobierno. Aunque Jáuregui y Arequipa (2021) consideran que el declive del proyecto del MAS-IPSP significó la restitución de la capacidad hegemónica de las derechas (p. 9), considero que la disputa de la hegemonía es de los actores opositores, puesto que la defensa de la democracia no significó la propuesta de un proyecto político alternativo de parte de la derecha. Una muestra de ello es que, en las elecciones del 2020, el MAS-IPSP superó la discusión sobre la reelección de Evo Morales con la nominación de Luis Arce y David Choquehuanca como candidatos para presidente y vicepresidente respectivamente, quienes obtuvieron una votación del 55,1%, ganando las elecciones en primera vuelta y dejando nuevamente fuera a los partidos de derecha.

LA DERECHA BOLIVIANA ACORRALADA. A MODO DE CIERRE

A pocos meses del desarrollo de las elecciones presidenciales del año 2025, las fuerzas políticas de nuestro país se han encaramado en una nueva carrera electoral. El inicio de este proceso electoral (finales del 2024 e inicios del 2025) presagiaba sorpresas en el campo político, puesto que el actual gobierno del MAS-IPSP del presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca atraviesa una crisis económica originada por el déficit fiscal debido a la disminución en los ingresos generados por la renta gasífera desde el 2016. Esto ha mermado las reservas nacionales y provocado la falta de dólares, encareciendo los productos de importación, lo cual paulatinamente viene incrementando los precios de la canasta familiar. Adicionalmente, la pugna interna entre la facción evista (conformada por los seguidores de Evo Morales, cuyo núcleo de poder se encuentra en las seis federaciones cocaleras del trópico del departamento de Cochabamba) y la facción arcista (conformada por funcionarios públicos, organizaciones y movimientos sociales cooptados por el actual Gobierno) parecía dividir al MAS-IPSP y debilitarlo políticamente. Mientras tanto, las fuerzas opositoras prometían generar un proyecto político de unidad guiado por líderes tradicionales, pero incorporando a figuras emergentes regionales del oriente y destacados profesionales economistas de corte neoliberal, para poder disputarle la hegemonía política al MAS-IPSP. Sin embargo, todo parece apuntar a que la derecha boliviana se mantiene acorralada y los resultados de las elecciones presidenciales no serán tan sorpresivos como prometían.

En una coyuntura de crisis económica, cuando se esperaría que la indignación popular por la elevación de la canasta familiar pudiera ser capitalizada por un proyecto político de derecha de carácter liberal, las fuerzas reaccionarias expresadas en diferentes partidos y alianzas políticas parecen haber perdido la capacidad de construir un proyecto político nacional. Por consiguiente, los líderes tradicionales de oposición han pasado del discurso de defensa de la democracia al discurso de salvataje de la crisis económica, aunque este último no plantea un proyecto de país que convoque a los votantes por fuera del tercio de votación electoral lograda en las anteriores elecciones presidenciales por los partidos opositores al MAS-IPSP. Mientras Jorge “Tuto” Quiroga se muestra como el legítimo representante de un proyecto liberal de derecha conservadora, Samuel Doria Medina se muestra como un representante del centro democrático más cercano al eje de izquierda. Las dos candidaturas coinciden en el salvataje de Bolivia de la crisis económica como principal idea de campaña.

Sin embargo, ambos candidatos a presidente por el campo de la derecha, y quizás algunos candidatos opositores más, carecen de la capacidad de representar un proyecto político que le dispute a un MAS-IPSP debilitado la hegemonía política en el país. Más probable parece ser la unificación de las fuerzas de izquierda bajo una candidatura renovadora que alcance nuevamente la hegemonía política. ¿Por qué ocurre esto en nuestro país? ¿Por qué el campo de la izquierda parece tener la capacidad de rearticularse mientras el campo de la derecha tropieza con la misma piedra? En mi opinión, esto tiene que ver con procesos históricos políticos largos que Bolivia ha atravesado y permiten ver en perspectiva que, después de 1952, el país ha ido construyendo una ciudadanía política mestiza de núcleo étnico que ha ganado derechos civiles y políticos en comparación con la historia política larga colonial y republicana5. Sobre esta construcción de ciudadanía se conforman segmentos mayoritarios de preferencia electoral de izquierda, es decir, inclinación por proyectos de igualdad política que superen las tradicionales diferencias étnicas, económicas y políticas6. Las elecciones presidenciales serán, finalmente, las que aporten datos respecto a esta potencial línea de investigación.

REFERENCIAS

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NOTAS

1 Para hacer una descripción de la derecha boliviana, Jáuregui y Arequipa (2021) recurren a la diferenciación de tres tipos: “La primera, de corte dominante es la democrático-liberal y la de la política de las identidades, que enarbola la defensa de las instituciones democráticas e integra selectivamente algunos tópicos propios del ‘Proceso de Cambio’ (la democracia, el medio ambiente, los indígenas, las mujeres, etc.). Su base social se asienta en las élites occidentales y las clases medias tradicionales. La segunda, emergente, comprende una oposición más regionalizada que reivindica el emprendedurismo y el capital privado, enarbolando un discurso de eficiencia, transparencia y descentralización. Su soporte depende las oligarquías del oriente y de algunos segmentos medios y ascendentes regionalmente articulados. Finalmente, la tercera, propiamente recuperada, corresponde a la reacción conservadora frente a los procesos de democratización impulsados desde el feminismo, los colectivos LGTB, y la laicidad del Estado y que procura restituir el papel de la familia, la religión y la autoridad. Esta permea las diferentes capas sociales y se vincula de modo suplementario a las anteriores” (p. 12).

2 Entendemos la división entre izquierda y derecha en el sentido que Bobbio (1996) le otorga a esta diferenciación. Primero, como dos partes de un todo: “Izquierdas y derechas son términos antitéticos que se utilizan para designar las dos partes conflictivas en las que se divide el universo del pensamiento y las acciones políticas” (p 49). En segundo lugar, por la posibilidad de cambio en la estructura social, donde las posiciones que defienden la igualdad son de izquierda y las posiciones que defienden la jerarquía son de derecha: “‘jerarquía’ para la derecha, ‘igualdad’ para la izquierda” (pp. 121-122).

3 “Así la transferencia de excedente desde el Estado al sector agroindustrial, racionalizado entre 1952 y 1970, se dispara en este gobierno. Solo en cuanto a la dotación de tierras, en esta gestión se entrega el 42% del total de tierras distribuidas entre 1952 y 1993” (Soruco et al., 2008, p. 66).

4 “En la Asamblea de la Cruceñidad, realizada el 28 de agosto de 2006 en Santa Cruz, se le otorgan plenos poderes al Comité Pro Santa Cruz para que tome decisiones en caso de verse amenazado el ‘Sí’ autonómico y la Asamblea Constituyente se convierta en una amenaza para la región. También rechaza el plan de distribución de tierras fiscales y el carácter ‘originario’ de la Constituyente y el voto por mayoría absoluta que el Gobierno y el MAS buscan imponer, y llama a los bolivianos a defender la actual Constitución Política del Estado (CPE), por reconocer los derechos y respetar las libertades individuales (Resolución de la Asamblea de la Cruceñidad, 28 de agosto de 2006)” (Frenkel, 2011, pp. 5-6).

5 Véase Hirschman (1991). En especial, la tesis de T. H. Marshall sobre el “desarrollo de la ciudadanía” en Occidente, recuperada por Hirschman para el desarrollo de su texto.

6 Nótese que los únicos candidatos presidenciales que lograron superar el 50% de votación en una elección nacional fueron los candidatos del MNR en las elecciones de 1952 y los candidatos del MAS en 2005, 2010, 2015 y 2020.

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Declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés que haya influido en mi artículo.

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