INTRODUCCIÓN

La discapacidad es una condición que afecta a una parte significativa de la población en Iberoamérica, con implicaciones profundas en la vida cotidiana, la inclusión social y económica. La medición precisa de la discapacidad a través de censos, encuestas y otros estudios es crucial para diseñar políticas públicas inclusivas. Sin embargo, pese a contar con recomendaciones generales de la definición de discapacidad, la aplicación varía considerablemente entre países, lo que afecta la comparabilidad de los datos y, en consecuencia, la efectividad de las políticas basadas en ellos.

Este artículo es el resultado de la investigación “¿Quién es el sujeto de la discapacidad? Medición y desigualdad en Iberoamérica”, que analiza las diferencias y similitudes en las definiciones y metodologías utilizadas en los censos y encuestas sobre discapacidad en varios países de Iberoamérica. La pregunta central de este estudio es: ¿Cómo se conceptualiza, mide y prevalece la discapacidad en los censos y encuestas de los países de Iberoamérica, utilizando las dinámicas demográficas y las estructuras poblacionales como base para conocer la distribución y características de la población con discapacidad, y de qué manera esta información puede contribuir a la formulación de políticas públicas inclusivas? En ese sentido, el objetivo del artículo se orienta a describir la conceptualización, medición y prevalencia de la discapacidad en los censos y encuestas de los países de Iberoamérica, utilizando las dinámicas demográficas y las estructuras poblacionales como base para conocer la distribución y las características de la población con discapacidad, y cómo esta información puede contribuir a la formulación de políticas públicas inclusivas.

El aporte principal de este artículo es proporcionar una descripción de las metodologías empleadas en la recolección de datos sobre discapacidad en Iberoamérica, además de identificar los principales desafíos y limitaciones que afectan la precisión y la comparabilidad de los datos entre países. Asimismo, se examinan las pirámides poblacionales de los países de Iberoamérica, destacando las estructuras expansivas, estacionarias y contractivas, para comprender las implicaciones demográficas sobre la prevalencia de la discapacidad.

MARCO TEÓRICO

A pesar de los avances en el reconocimiento de derechos y la promulgación de leyes sobre discapacidad en América Latina, persisten brechas socioeconómicas y limitaciones en el acceso a políticas públicas efectivas. En Bolivia, los escasos estudios sobre esta población resaltan la necesidad de generar investigaciones que tengan aportes desde la Sociología. Aunque los movimientos sociales han sido fundamentales para visibilizar la problemática, aún existen desafíos en la aplicación práctica de las leyes, lo que evidencia la desconexión entre los avances normativos y la inclusión efectiva de este colectivo.

La discapacidad se ha convertido en un tema cada vez más visible en las agendas públicas de América Latina, especialmente a través del reconocimiento de derechos y la promulgación de leyes. Sin embargo, este avance no se traduce automáticamente en igualdad o en la eliminación de brechas socioeconómicas. A lo largo de los últimos años, la literatura ha reflejado cómo las personas con discapacidad siguen enfrentando desigualdades estructurales y limitaciones en el acceso a políticas públicas efectivas, lo cual plantea interrogantes sobre el compromiso de los Estados con este colectivo. Este balance busca analizar los principales avances, limitaciones y vacíos en las investigaciones relacionadas con la institucionalidad y las políticas públicas destinadas a personas con discapacidad en la región, con énfasis en Bolivia.

Los movimientos de personas con discapacidad han sido cruciales para la promulgación de leyes, como evidencia el caso peruano documentado por Núñez ^{Joyo (2019)}. Estos movimientos han logrado posicionar demandas fundamentales en la esfera pública y modificar el cambio de paradigma de la discapacidad para ^{Brégain (2022)} y han vinculado la agenda social con el enfoque de derechos humanos; sin embargo, para ^{Stang Alva (2011)}, pese al cambio de paradigma en la definición de la discapacidad, los problemas persisten debido a la falta de información desagregada que permita diseñar políticas públicas efectivas para este colectivo.

En Bolivia, los estudios sobre la institucionalidad y las políticas públicas para las personas con discapacidad son escasos. Una contribución relevante es la de ^{Del Carpio (2009)}, que enfatiza la inexistencia de un régimen jurídico institucional específico para la protección de discapacitados mentales, lo cual representa un incumplimiento del papel protector del Estado. Adicionalmente, ^{Guisbert Rosado (2016)} analiza desde un enfoque de derechos humanos la marcha de las personas con discapacidad en 2016, en la que se demandó un bono mensual de Bs 500. Este evento representó no solo una reivindicación socioeconómica, sino también un llamado al reconocimiento como parte activa del Estado, evidenciando la necesidad de implementar políticas públicas inclusivas que reparen las brechas existentes. También ^{Pinto López (2016a)} sistematiza el bloque normativo boliviano enfocado en los derechos de las personas con discapacidad.

El análisis de las dimensiones educativas, de salud y psicológicas en relación con las personas con discapacidad es fundamental para comprender la literatura existente. Las distintas investigaciones han explorado ampliamente estos temas desde diversas perspectivas, incluyendo enfoques interdisciplinarios que resaltan la importancia de garantizar el acceso equitativo a la educación, fortalecer los sistemas de salud inclusivos y abordar los factores psicológicos que influyen en el bienestar individual y colectivo de las personas con discapacidad.

La educación inclusiva ha estado fuertemente influenciada por compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ^{(Organización de las Naciones Unidas, 2006)}. Según ^{Espinosa et al. (2012)}, en Ecuador se han implementado estrategias que garantizan el acceso financiero a la educación superior para estudiantes con discapacidad. Asimismo, en el ámbito educativo, las investigaciones han adoptado metodologías mixtas, combinando análisis estadísticos de acceso a la educación con estudios cualitativos sobre experiencias individuales. Por ejemplo, la ^{Organización de las Naciones Unidas (2020)} utiliza análisis de datos desagregados para identificar patrones de desigualdad educativa, complementado con estudios de caso que muestran cómo las barreras físicas y actitudinales afectan el desempeño de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares.

En Bolivia, el informe de la ^{Defensoría del Pueblo (2022)} sobre la exclusión educativa expone múltiples barreras que enfrentan los estudiantes con discapacidad, desde la inaccesibilidad física hasta actitudes discriminatorias por parte de docentes y compañeros. Aunque se han promulgado leyes como la Ley 070 de Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” o elaborado distintos materiales desde el Ministerio de Educación ^{(2013d,2013b,2013c,2013e,2013a,2022)}, su implementación carece de mecanismos claros para garantizar el acceso efectivo a la educación en todos los niveles. Adicionalmente, el informe sobre la educación superior inclusiva de la ^{Defensoría del Pueblo (2022)} resalta la falta de capacitación docente y de recursos accesibles como factores clave que limitan la participación de personas con discapacidad en universidades públicas. ^{Arce Loredo (2013)} evaluó la efectividad de las políticas públicas en el acceso a la educación para personas con discapacidad. Su investigación en Bolivia reveló que la falta de formación docente y de materiales pedagógicos adecuados limita la inclusión de estudiantes con discapacidad intelectual. Además, los estigmas culturales siguen siendo una barrera importante en las aulas bolivianas.

En el ámbito de la salud, los estudios en América Latina muestran profundas desigualdades. ^{Peredo Videa (2012)} destaca que los sistemas de salud en la región no priorizan los servicios de rehabilitación ni las necesidades específicas de las personas con discapacidad, lo cual perpetúa su exclusión.

En Bolivia, la situación es aún más crítica en zonas rurales, donde la atención en salud es desigual. ^{Cora (2013)} identifica que las redes de apoyo comunitario, como las impulsadas por la organización Vida Feliz en Rurrenabaque, son esenciales para suplir las deficiencias del sistema estatal. Sin embargo, estas iniciativas no cuentan con el respaldo necesario para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. También se rescatan investigaciones de caso con orientaciones aplicativas para brindar pautas sobre la salud sexual y salud reproductiva de personas con discapacidad ^{(Pinto López, 2016b)}.

El bienestar psicológico de las personas con discapacidad y sus familias es un aspecto fundamental que ha sido relegado en las políticas públicas. ^{Lima Conde (2019)} analiza la relación entre las estrategias de afrontamiento y la resiliencia en padres de niños con discapacidad en Bolivia. Según sus hallazgos, el acceso a redes de apoyo y programas inclusivos mejora significativamente la calidad de vida y la capacidad de las familias para enfrentar desafíos cotidianos. Además, dependiendo del tipo de discapacidad, éstas pueden enfrentar distintas barreras ^{(Pinto López, 2022)}. Sin embargo, estas iniciativas dependen en gran medida de organizaciones no gubernamentales, lo que refleja una falta de intervención estatal directa. Como ejemplo, la investigación de la ^{Defensoría del Pueblo (2022)} sugiere que el impacto psicológico de la exclusión educativa y social en estudiantes con discapacidad se traduce en mayores niveles de estrés y ansiedad, lo cual agrava su situación de vulnerabilidad.

Los principales vacíos incluyen: falta de datos desagregados en vista de que la ausencia de estadísticas detalladas impide un diseño adecuado de políticas públicas inclusivas; desconexión institucional, pues las leyes inclusivas, aunque avanzadas, no cuentan con mecanismos de monitoreo ni evaluación que garanticen su cumplimiento, especialmente en Bolivia, y un acceso desigual en zonas rurales, donde las personas con discapacidad enfrentan mayores barreras para acceder a educación, salud y apoyo psicológico.

La relación entre discapacidad y tecnología ha cobrado un interés creciente en las investigaciones sociales debido al impacto que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) generan en la inclusión social, educativa y laboral. En América Latina, se han realizado importantes avances en la integración de las TIC como herramientas de inclusión, pero persisten barreras significativas que limitan el acceso equitativo para las personas con discapacidad. Este balance analiza estudios relevantes en la región y en Bolivia, destacando los avances, vacíos y desafíos en la superación de la brecha digital.

La discapacidad en América Latina se aborda desde una perspectiva multidimensional que examina los desafíos relacionados con la exclusión social, la pobreza y la educación. Este análisis profundiza en los enfoques teóricos y metodológicos aplicados en países de la región como Perú, México y Argentina, para posteriormente centrarse en Bolivia, donde se enfrentan barreras significativas en la implementación de políticas públicas inclusivas.

En Perú, ^{Inquilla Mamani (2015)} estudió la relación entre discapacidad y pobreza en la región de Puno, destacando cómo las personas con discapacidad enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a la educación y al empleo. Este estudio correlacional evidencia que los contextos rurales intensifican las desigualdades, afectando particularmente a las mujeres con discapacidad. La ^{Organización de las Naciones Unidas (2020)} identificó problemas similares relacionados con la inclusión educativa. A través de análisis estadísticos regionales, se determinó que la deserción escolar en personas con discapacidad es significativamente más alta en comparación con otros grupos, especialmente en zonas rurales. Desde Argentina, ^{Pérez et al. (2023)} argumenta que las políticas inclusivas en pueblos indígenas deben considerar las cosmovisiones y prácticas culturales locales. Este enfoque decolonial enfatiza que las políticas públicas deben ser diseñadas desde un diálogo intercultural, superando los modelos capacitistas que prevalecen en la región, sobre todo en contextos donde existe discapacidad por efectos del extractivismo.

En Bolivia, ^{Crespo Chuquimia (2017)} destaca que el 3% de la población vive con alguna discapacidad. Este análisis estadístico muestra que las limitaciones son más pronunciadas en áreas rurales, donde la infraestructura y los recursos son insuficientes. En términos laborales, ^{Barroso (2018)} llevó a cabo un experimento de campo en Bolivia para analizar la discriminación en el empleo. Los resultados muestran que las personas con discapacidad tienen un 40% menos de probabilidades de ser contratadas en comparación con sus pares sin discapacidad, incluso cuando cumplen con los requisitos del puesto.

Las investigaciones sobre la discapacidad en América Latina, con especial atención en Bolivia, ponen de manifiesto la aplicación de diversos enfoques teóricos y metodológicos que abordan las barreras estructurales y sociales que enfrentan las personas con discapacidad. El modelo social de la discapacidad, el enfoque de derechos humanos y el giro decolonial han sido esenciales para identificar las principales causas de exclusión. Sin embargo, uno de los vacíos más críticos en la investigación es la ausencia de información procesada y desagregada. La falta de datos específicos sobre discapacidad, desglosados por tipo de discapacidad, género, edad y ubicación geográfica, dificulta enormemente el diseño de políticas públicas efectivas. A pesar de los avances legislativos y la creciente visibilidad del tema, la implementación de políticas sigue siendo ineficaz debido a la carencia de una base sólida de información que permita abordar de manera precisa las necesidades de las personas con discapacidad en la región.

Aunque muchas de estas teorías se basan en el modelo social de la discapacidad, integran parcialmente los aportes de ^{Mike Oliver (1998)}, sociólogo británico reconocido por desarrollar dicho modelo. Oliver reorienta el enfoque de la discapacidad, al pasar de verla como una deficiencia médica a comprenderla como una cuestión social. Su perspectiva sostiene que la discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras sociales, físicas, culturales y actitudinales impuestas por la sociedad. Según este enfoque, la discapacidad no es una característica inherente al individuo, sino una consecuencia de cómo la sociedad organiza y diseña sus espacios, servicios y normas de participación, excluyendo a quienes no se ajustan a la norma establecida. La discapacidad surge cuando la sociedad no adapta sus estructuras y actitudes para permitir la plena participación de las personas con discapacidad en la vida social, económica y cultural. Por ello, en el presente artículo se pretende explorar variables como las deficiencias individuales y las barreras sociales, físicas, culturales y actitudinales establecidas por Oliver.

METODOLOGÍA

Este estudio se fundamenta en un enfoque cuantitativo y comparativo para analizar la medición de la discapacidad en Iberoamérica a partir de los instrumentos censales y encuestas oficiales. Se hizo especial énfasis en las disparidades metodológicas y los vacíos informativos existentes, como la falta de datos desagregados y las variaciones en las definiciones de discapacidad. Se examinaron las metodologías utilizadas en fuentes de información de diferentes países de la región, considerando censos de población y vivienda, así como encuestas generales (multitemáticas y sectoriales), evaluando las metodologías y los diseños operativos utilizados en la recolección de datos.

Para contar con una validez y robustez de los resultados, se incorporó un enfoque metodológico integral que incluyó dos criterios de validez: saturación teórica, que permitió asegurar que los datos fueran completos y representativos, y densidad interpretativa, que facilitó una comparación detallada entre los datos cuantitativos obtenidos y las diferencias metodológicas y contextuales en la medición de la discapacidad entre los países. El análisis también abarcó, particularmente, la conceptualización del diseño y la calidad de los datos obtenidos.

Además, se construyeron distintos indicadores mediante SPSS, Excel y Power BI, realizando un análisis comparativo entre las prácticas estadísticas de los países seleccionados. Este análisis tomó en cuenta los estándares internacionales y las recomendaciones de organismos como el Grupo de Washington y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para garantizar que los métodos de medición de la discapacidad estuvieran alineados con las mejores prácticas internacionales.

RESULTADOS

2. Prevalencia de la discapacidad, pirámides poblacionales e implicancias en las políticas públicas

La prevalencia de la discapacidad en los países de Iberoamérica muestra una variación significativa debido a los diferentes contextos sociales, económicos y políticos. A partir de la revisión de fuentes y la construcción de indicadores, en la investigación se logró construir una muestra sobre la prevalencia (figura 1).

Fuente: elaboración propia, a partir de fuentes oficiales de cada país.

Figura 1. Iberoamérica: prevalencia de la discapacidad y población sin discapacidad (porcentajes) 

Se han encontrado tres categorías de prevalencia de discapacidad. En primer lugar, se abordarán los países con mayor prevalencia de discapacidad, destacando aquellos que presentan un porcentaje considerable de su población afectada por alguna forma de discapacidad, lo que sugiere la necesidad urgente de políticas públicas inclusivas. Posteriormente, se analizarán los países con prevalencia moderada, que, aunque tienen una prevalencia notable, no alcanzan los niveles de los países con mayor prevalencia, pero siguen enfrentando desafíos importantes en términos de acceso a servicios y programas de inclusión. Finalmente, se examinará los países con baja prevalencia, donde los datos pueden estar subestimados debido a problemas en la identificación y recolección de datos, lo cual refleja la necesidad de mejorar los sistemas de diagnóstico y el reconocimiento de las personas con discapacidad en esas poblaciones.

En los países con mayor prevalencia, como Argentina (12,9%) y Chile (17%), se observa una brecha significativa entre población con discapacidad y población sin discapacidad. En Argentina, el 12,9% de la población tiene alguna discapacidad, lo que implica que más de 1 de cada 10 personas enfrenta dificultades relacionadas con la discapacidad. En Chile, con 17%, esta cifra es aún mayor, reflejando un reto considerable en términos de inclusión social, servicios de salud y accesibilidad. Estos datos destacan la necesidad de implementar políticas públicas robustas que atiendan las necesidades de este grupo poblacional y aseguren su integración en todos los aspectos de la vida social y económica. En comparación con la población sin discapacidad, estos países muestran una alta tasa de marginación y exclusión que debe ser abordada de manera prioritaria.

En cuanto a los países con prevalencia moderada, como México (10,2%), Paraguay (10,2%) y Perú (10,4%), las tasas de discapacidad son significativas, aunque no alcanzan los niveles más altos observados en Argentina o Chile. Por ejemplo, en México, el 10,2% de la población tiene discapacidad, lo que indica que alrededor de 1 de cada 10 personas enfrenta alguna limitación. Esta cifra es considerable, pero aún está por debajo de las prevalencias observadas en los países con alta discapacidad. En Paraguay y Perú, con cifras similares, se observa que la discapacidad es una problemática relevante, pero los sistemas de salud, educación y empleo aún tienen espacio para mejorar la inclusión de este grupo. Aunque la prevalencia no es tan alta como en otros países, la comparación con la población sin discapacidad subraya la importancia de no descuidar las políticas de accesibilidad e integración para este grupo, que sigue enfrentando barreras significativas.

Finalmente, los países con baja prevalencia de discapacidad, como Bolivia (3,4%), República Dominicana (5,3%), Uruguay (4,9%) y Colombia (5,6%) muestran cifras notablemente más bajas en comparación con otros países de la región. En Bolivia, con solo 3,4% de la población con discapacidad, la brecha con la población sin discapacidad es especialmente amplia. Esta cifra puede ser indicativa de un subregistro o de dificultades en la identificación y diagnóstico de personas con discapacidad, lo que sugiere que muchos individuos con discapacidad podrían no ser reconocidos adecuadamente en las estadísticas nacionales. De manera similar, en República Dominicana, Uruguay y Colombia, las prevalencias bajas también podrían estar relacionadas con la falta tanto de infraestructura adecuada como de políticas de diagnóstico. En comparación con la población sin discapacidad, estas cifras reflejan una subestimación del problema, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de recolección de datos y garantizar que las personas con discapacidad sean debidamente identificadas y atendidas.

Los países con alta prevalencia, como Argentina y Chile, enfrentan una mayor necesidad de recursos y políticas públicas inclusivas para abordar las diversas necesidades de las personas con discapacidad. Las políticas pueden centrarse en mejorar la accesibilidad en todas las áreas sociales, como la educación, el empleo y la salud, y asegurar que las infraestructuras estén adaptadas a las necesidades de este grupo poblacional. Por otro lado, los países con prevalencia moderada como México, Brasil y Perú pueden continuar avanzando en la identificación de las personas con discapacidad y mejorar la calidad de vida de este grupo a través de una mayor inversión en infraestructura y programas de inclusión. Finalmente, los países con baja prevalencia, como Bolivia, República Dominicana, Uruguay y Colombia, deben enfocarse en mejorar los sistemas de recolección de datos, asegurando que las personas con discapacidad sean correctamente identificadas. Esto es esencial para que las políticas públicas sean más efectivas y reflejen con mayor precisión las realidades de la población con discapacidad.

Para entender al sujeto de la discapacidad, se han construido pirámides poblaciones a partir de las fuentes consultadas. Se han encontrado tres tipos de pirámides que caracterizan a la población con discapacidad en los distintos países: expansivas, estacionarias y contractivas.

2.1. Pirámide poblacional expansiva de personas con discapacidad

Las pirámides expansivas, caracterizadas por una base ancha y una cima estrecha, reflejan una alta tasa de natalidad. Este modelo de pirámide es común en países con acceso limitado a servicios de salud y donde las condiciones socioeconómicas son más desafiantes. En este contexto, la prevalencia de discapacidad es más alta en los grupos más jóvenes, principalmente niños y adolescentes, debido a factores como la mortalidad infantil, la falta de atención médica adecuada y enfermedades prevenibles.

En la mayoría de los países mencionados, las pirámides expansivas muestran una población con una alta proporción de niños y jóvenes. Esta estructura es común en países en vías de desarrollo o en aquellos que atraviesan transiciones demográficas. La prevalencia de discapacidad en estos países es indicativa de la falta de infraestructura adecuada para garantizar la atención médica temprana y la prevención de enfermedades en la infancia.

La pirámide poblacional de Bolivia muestra una alta tasa de natalidad y una significativa proporción de jóvenes en la población. En años recientes, especialmente en datos que corresponden al periodo 2010-2020, se observa que la población infantil presenta una mayor prevalencia de discapacidad debido a la escasa infraestructura de salud en áreas rurales. Las desigualdades socioeconómicas contribuyen a esta situación, limitando el acceso a servicios médicos esenciales. Esto genera una mayor incidencia de enfermedades prevenibles que afectan a la población joven (figura 2).

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del ^{Instituto Nacional de Estadística (2012)} de Bolivia.

Figura 2. Bolivia: pirámide poblacional de personas con dificultad permanente, Censo 2012 

Guatemala, con una pirámide expansiva similar a la de Bolivia, enfrenta una alta prevalencia de discapacidad entre los jóvenes. Los datos más recientes indican que la población infantil y juvenil se ve afectada por la falta de servicios médicos adecuados y la elevada mortalidad infantil. A lo largo de la última década (2010-2020), las tasas de natalidad han permanecido altas, lo que refuerza la estructura piramidal y, lamentablemente, la prevalencia de discapacidades que afectan el desarrollo de los niños y adolescentes (figura 3).

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del ^{Instituto Nacional de Estadística (2016)} de Guatemala.

Figura 3. Guatemala: pirámide de población de personas con discapacidad, 2016 

La pirámide de Ecuador también refleja una población joven considerable, con un porcentaje significativo de discapacidades en la población infantil. Entre los años 2010 y 2020, las tasas de natalidad fueron altas, mientras que la mortalidad infantil aún representaba un reto considerable. El acceso limitado a atención médica adecuada en algunas áreas rurales contribuye a una mayor prevalencia de discapacidades. El sistema de salud ecuatoriano ha comenzado a mejorar, pero aún existen disparidades que afectan a los más jóvenes (figura 4).

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del ^{Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2024)} de Ecuador.

Figura 4. Ecuador: pirámide de población de personas con discapacidad, 2022 

Al igual que los demás países con pirámides expansivas, Panamá enfrenta altos índices de natalidad y una mayor prevalencia de discapacidad entre los jóvenes. En los últimos años (2010-2020), la pirámide poblacional de Panamá muestra una base ancha, lo que indica una población joven en crecimiento. Sin embargo, el acceso a servicios de salud sigue siendo desigual, especialmente en áreas rurales, lo cual contribuye a una mayor prevalencia de discapacidad (figura 5).

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la ^{Secretaría Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (2006)} de Panamá.

Figura 5. Panamá: pirámide de población de personas con discapacidad, 2006 

La pirámide expansiva de Perú refleja una alta tasa de natalidad, especialmente en los últimos 15 años. Al igual que en los otros países de la región, la prevalencia de discapacidad en los jóvenes es significativa debido a la falta de acceso a servicios de salud de calidad, lo que implica una mayor incidencia de enfermedades prevenibles y una alta mortalidad infantil. A pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema de salud en las últimas décadas, las desigualdades siguen siendo una barrera importante (figura 6).

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del ^{Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018b;2018a} de Perú.

Figura 6. Perú: pirámide de población de personas con discapacidad, 2017 

Las altas tasas de discapacidad en jóvenes afectan significativamente su integración social, debido a barreras en educación, salud y accesibilidad, lo que incrementa la desigualdad, especialmente en familias vulnerables. Económicamente, esto reduce la participación laboral futura, disminuye la productividad y aumenta el gasto público en salud y rehabilitación. Asimismo, en países como Bolivia, Guatemala, Ecuador, Perú y Panamá, la discapacidad parece afectar principalmente a niños y adolescentes, especialmente a las niñas, debido a desigualdades de género. Las barreras en el acceso a atención médica prenatal y postnatal, junto con la falta de infraestructura de salud y educación inclusiva podrían aumentar los riesgos de discapacidad y reforzar las desigualdades sociales.

2.2. Pirámide poblacional estacionaria de personas con discapacidad (distribución equilibrada de la población por edad)

Las pirámides estacionarias presentan una distribución más equilibrada, lo que significa que no hay una gran concentración de la población ni en las edades jóvenes ni en las avanzadas. En estas pirámides, la discapacidad se distribuye de manera más uniforme a través de los diferentes grupos etarios, lo que refleja una población estable con una baja fecundidad y una alta esperanza de vida. Este patrón es característico de países con un crecimiento poblacional moderado, en los que las tasas de natalidad son bajas y la esperanza de vida ha aumentado significativamente.

La pirámide de Chile presenta una distribución equilibrada entre los jóvenes y los adultos mayores con discapacidad. Este equilibrio refleja una población que ha experimentado una baja fecundidad, con un aumento significativo en la esperanza de vida. La prevalencia de discapacidad se distribuye de manera más uniforme, aunque se observa un ligero incremento en las personas mayores debido al envejecimiento poblacional y enfermedades crónicas (figura 7).

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del ^{Servicio Nacional de la Discapacidad (2023)} de Chile.

Figura 7. Chile: pirámide de población de personas con discapacidad, 2022 

La pirámide de Costa Rica también muestra una distribución equilibrada de discapacidad, con un incremento en la proporción de personas mayores debido al envejecimiento de la población. La esperanza de vida en Costa Rica ha aumentado, lo cual ha implicado un crecimiento en la población con discapacidad en edades avanzadas, reflejando enfermedades crónicas típicas de la vejez (figura 8).

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del ^{Instituto Nacional de Estadística y Censos (2024)} de Costa Rica.

Figura 8. Costa Rica: pirámide de población de personas con discapacidad, 2023 

La pirámide de Uruguay es más equilibrada, con una prevalencia destacada de discapacidad en los adultos mayores. Esto refleja los avances en la calidad de vida y una alta esperanza de vida en el país, factores que generan una mayor proporción de personas mayores con discapacidad (figura 9).

Fuente: elaboración propia, partir de datos del ^{Instituto Nacional de Estadística (2004)}, Uruguay.

Figura 9. Uruguay: pirámide de población de personas con discapacidad, 2004 

La pirámide de México muestra una distribución equilibrada de personas con discapacidad en todas las edades, lo que refleja un crecimiento moderado de la población. A pesar de que el acceso a los servicios médicos ha mejorado en las últimas décadas, hay un aumento progresivo en la discapacidad relacionada con la edad, especialmente en los grupos de adultos mayores (figura 10).

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del ^{Instituto Nacional de Salud Pública (2013)} de México.

Figura 10. México: pirámide de población de personas con discapacidad, 2010 

De modo similar a México, la pirámide de Colombia tiene una distribución equilibrada, aunque con una mayor prevalencia en las personas mayores. Este patrón es típico de una población que ha experimentado una mejora en la esperanza de vida, lo que ha generado un aumento en la proporción de personas mayores con discapacidad (figura 11).

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del ^{Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2022)} de Colombia.

Figura 11. Colombia: pirámide de población de personas con discapacidad, 2022 

En países con pirámides poblacionales estacionarias, la discapacidad está distribuida entre todas las edades, pero el envejecimiento poblacional acentúa los desafíos sociales y de inclusión, especialmente para adultos mayores. Económicamente, aumenta la presión sobre sistemas de salud, pensiones y seguridad social, debido a la mayor demanda de atención médica y apoyo financiero. En países con pirámides estacionarias como Chile, Costa Rica, Uruguay, México y Colombia, si bien existe una distribución de la población por edad, las mujeres adultas mayores pueden tener una mayor prevalencia de discapacidad debido a enfermedades crónicas relacionadas con la edad y también podrían enfrentar barreras en el acceso a servicios médicos adecuados, especialmente debido a pensiones bajas y falta de apoyo institucional.

2.3. Pirámide poblacional contractiva (alta prevalencia en adultos mayores)

Las pirámides contractivas tienen una base estrecha y una parte superior más ancha, lo que indica una alta concentración de la población con discapacidad en las edades avanzadas. Este patrón es común en países con bajas tasas de natalidad y alta esperanza de vida, lo que conduce a un envejecimiento significativo de la población. En este contexto, los países con pirámides contractivas enfrentan una alta prevalencia de discapacidad en los adultos mayores, lo cual genera retos en términos de atención sanitaria y capacidad de integración social de este grupo.

La pirámide de Argentina refleja un envejecimiento de la población, con una alta prevalencia de discapacidad en los adultos mayores. Este patrón es consecuencia de la alta esperanza de vida en el país, que ha llevado a una creciente proporción de personas mayores con condiciones de salud crónicas y discapacidades asociadas a la edad (figura 12).

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del ^{Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010)} de Argentina.

Figura 12. Argentina: pirámide de población de personas con discapacidad, 2010 

Brasil también presenta características contractivas en su pirámide poblacional, con una mayor prevalencia de discapacidad en los adultos mayores debido a un aumento de la longevidad y las enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento. La población adulta mayor está creciendo rápidamente, lo que implica desafíos significativos en términos de cuidado y recursos para la atención sanitaria (figura 13).

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del ^{Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (2022)}.

Figura 13. Brasil: pirámide de población de personas con discapacidad, 2022 

La pirámide de la República Dominicana muestra una concentración de discapacidad en las personas adultas mayores. Este fenómeno se debe a la alta esperanza de vida en el país y al aumento de las enfermedades crónicas en este grupo de edad, lo cual está generando una mayor demanda de servicios médicos y de cuidado a largo plazo (figura 14).

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la ^{Oficina Nacional de Estadística (2022; 2023)} de República Dominicana.

Figura 14. República Dominicana: pirámide de población de personas con discapacidad, 2022 

En países con pirámides contractivas, la alta discapacidad en adultos mayores genera desafíos sociales como la necesidad de atención geriátrica, cuidados prolongados y adecuación de infraestructuras accesibles. Las familias enfrentan altos costos y barreras sociales para la integración plena de sus mayores. Económicamente, la baja natalidad y el envejecimiento reducen la fuerza laboral y aumentan la presión sobre pensiones y sistemas de salud, elevando el gasto público. En comparación con las pirámides estacionarias de Chile, Costa Rica, Uruguay y México, donde la discapacidad se distribuye de manera equilibrada entre los grupos de edad, en las pirámides contractivas de Argentina y Brasil, la discapacidad se concentra principalmente en los adultos mayores, en especial en las mujeres, debido a su mayor esperanza de vida; ellas pueden enfrentar enfermedades crónicas, lo que podría aumentar la presión sobre los sistemas de salud y pensiones. Como síntesis se presenta el cuadro 1.

Cuadro 1. Resumen de clasificación de pirámides poblacionales 

Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación ponen en evidencia la persistente heterogeneidad metodológica en la medición de la discapacidad en Iberoamérica, particularmente en la aplicación del modelo biopsicosocial promovido por la OMS. Mientras países como México, Chile y Uruguay han avanzado hacia una conceptualización más integral que reconoce la interacción entre deficiencias y barreras sociales, otros como Bolivia, Guatemala y Paraguay mantienen enfoques centrados en limitaciones físicas, lo cual restringe tanto la visibilidad estadística de las discapacidades psicosociales como la posibilidad de diseñar políticas inclusivas efectivas. Esta fragmentación en los marcos censales representa un obstáculo estructural, ya señalado por ^{Stang Alva (2011)yNúñez Joyo (2019)}, pero que aquí se evidencia comparativamente, constituyendo un aporte clave del presente trabajo: mostrar cómo la disparidad conceptual incide directamente en la calidad y utilidad de los datos estadísticos y, por ende, en el alcance de las políticas públicas.

A diferencia de estudios previos de carácter monográfico o focalizados en un solo país, esta investigación propone una mirada regional comparada que vincula metodologías estadísticas, estructuras demográficas y condiciones de vida de las personas con discapacidad. Al incorporar el análisis de pirámides poblacionales, se revela cómo la prevalencia y el impacto social de la discapacidad se configuran de manera diferenciada según el tipo de estructura etaria predominante (expansiva, estacionaria o contractiva). Esta lectura transversal aporta una innovación analítica que llena un vacío en la literatura latinoamericana, usualmente centrada en diagnósticos fragmentarios. Además, al articular dimensiones como educación, salud, trabajo y TIC con los instrumentos censales, se ofrece un marco más robusto para interpretar la exclusión social de las personas con discapacidad en su multicausalidad estructural, lo que abre nuevas posibilidades para una planificación de políticas públicas basada en evidencia intersectorial.

No obstante, el estudio también enfrenta limitaciones importantes. En primer lugar, la dependencia de fuentes secundarias y la ausencia de datos desagregados en muchos países -especialmente en Bolivia- restringe la capacidad de análisis en torno a categorías cruciales como género, etnicidad y tipo de discapacidad. Además, el enfoque predominantemente cuantitativo deja de lado perspectivas cualitativas que podrían enriquecer la comprensión de las experiencias vividas por las personas con discapacidad frente a los sistemas censales y de salud. En este sentido, un reto central para futuras investigaciones será desarrollar metodologías mixtas que integren indicadores estructurales con narrativas subjetivas, permitiendo así una representación más completa y justa de esta población. Asimismo, urge establecer estándares metodológicos comunes en la región que armonicen definiciones, formularios y procesos de capacitación censal, para superar la actual disparidad técnica que perpetúa la invisibilización estadística de vastos sectores de la población con discapacidad.

CONCLUSIONES

El artículo pretendió evidenciar que la conceptualización y medición de la discapacidad en Iberoamérica carece de homogeneidad, lo cual puede repercutir en la formulación de políticas públicas inclusivas. Aunque muchos países han adoptado el modelo biopsicosocial recomendado por la OMS, su aplicación práctica varía significativamente entre los países analizados. Mientras países como México, Chile y Uruguay han logrado incorporar enfoques que consideran tanto limitaciones funcionales como barreras sociales, otros como Bolivia, Paraguay y Guatemala aún mantienen un enfoque predominantemente médico, centrado en deficiencias físicas. Esta divergencia evidencia un vacío crítico en la implementación coherente de estándares internacionales y compromete la comparabilidad de datos en la región.

En relación con las pirámides poblacionales, el estudio permitió vincular estructuras demográficas con la prevalencia y visibilización de la discapacidad. En países con pirámides contractivas, el envejecimiento poblacional conlleva una mayor carga sobre los sistemas de salud y pensiones, mientras que, en países con pirámides expansivas, la discapacidad en jóvenes compromete el desarrollo del capital humano. Esta lectura demográfica integrada a la medición estadística de la discapacidad representa un aporte novedoso al campo, al mostrar cómo la distribución etaria determina tanto las condiciones de vida, como las políticas necesarias para una inclusión real.

Un aporte que se propone es el análisis metodológico de las herramientas censales utilizadas, permitiendo identificar las fallas más comunes: cuestionarios mal formulados, muestreo sesgado, escasa cobertura en zonas rurales y ausencia de desagregación por tipo de discapacidad, género y etnicidad. En este punto, el estudio llena un vacío importante al sistematizar y comparar críticamente la arquitectura técnica de los censos y encuestas, lo que permite establecer una base para propuestas de mejora metodológica alineadas con los principios del Grupo de Washington y la Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM).

No obstante, el articulo presenta ciertos límites. El escaso acceso a fuentes de información desagregada dificultó obtener datos detallados sobre las diversas dimensiones de la discapacidad, como el tipo de discapacidad, género, edad o ubicación geográfica. La falta de estadísticas desagregadas ocasiona que los censos y encuestas no reflejen con precisión la realidad de la población con discapacidad. Además, la ausencia de datos desagregados contribuye a la subestimación de la prevalencia de ciertas discapacidades.

Se evidencia cómo la medición de la discapacidad en Iberoamérica, a pesar de los avances legislativos, aún enfrenta disparidades en su conceptualización y recolección de datos, lo que limita la efectividad de las políticas públicas inclusivas. Siguiendo el modelo social de Mike Oliver, que entiende la discapacidad como una interacción entre las deficiencias del individuo y las barreras sociales, se destaca la necesidad de mejorar la recolección de datos desagregados. Además, se subraya la importancia de adoptar una perspectiva decolonial que tenga en cuenta las realidades socioeconómicas y culturales de la región para garantizar una inclusión plena de las personas con discapacidad.

Se recomienda establecer un sistema estandarizado de recolección de datos desagregados en los censos y encuestas sobre discapacidad en Iberoamérica, abarcando factores como género, edad, tipo de discapacidad y ubicación geográfica. Organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) deben jugar un papel clave en la implementación de este sistema, proporcionando directrices y capacitando a los equipos encargados. Asimismo, es esencial fortalecer la colaboración con universidades y centros de investigación, como la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en Bolivia, para orientar la recopilación y el análisis de datos. Las universidades también pueden ofrecer programas de capacitación en metodologías inclusivas para mejorar la precisión de los censos. Finalmente, las políticas públicas deben basarse en datos actualizados y fiables, implementando mecanismos de monitoreo y evaluación que aseguren su efectividad y adaptación a las necesidades cambiantes de las personas con discapacidad. Además, es fundamental profundizar las investigaciones sobre esta problemática, que contiene temas que quedan pendientes de análisis y que no han sido estudiados con profundidad.